Mar Menor
Mar Menor, última (y agónica) llamada

Demasiados avisos. La naturaleza es poderosa, sabe salir de complicados atolladeros, pero los ecosistemas, cuando sufren un ataque constante, colapsan. Y por si a algún humano le quedaban dudas, el Instituto Español de Oceanografía (IEO), un organismo público de investigación adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ponía sobre la mesa este martes, tras analizar exhaustivamente el último episodio crítico de agosto que ha sufrido el paraje, que el ecosistema lagunar ha perdido su capacidad de autorregulación. 

Los episodios críticos de la albufera que constituye la laguna salada más grande de Europa —foco de biodiversidad y con múltiples figuras de protección medioambiental— empezaron en 2016 con lo que entonces se llamó “sopa verde”. Desde entonces se ha señalado a todo tipo de culpables. En 2019, por ejemplo, se apuntó a las lluvias torrenciales de la Gota Fría. Y este verano le ha tocado el turno a las altas temperaturas, como se aventuraron a señalar los técnicos de la Región de Murcia, que vieron como “plausible” esta hipótesis tras aparecer miles de peces muertos una vez más.

Nada de eso. El informe del IEO descarta, “en un verano más fresco de lo habitual” (sic), que la temperatura del agua haya sido el desencadenante de la mortalidad masiva de peces que se vio en agosto. Su dictamen es claro, y coincide con lo que las organizaciones sociales y ecologistas de la zona llevan años señalando: “La entrada de nitrógeno y fósforo de la agricultura intensiva y otras actividades humanas en el entorno de la albufera provocaron un afloramiento masivo de fitoplancton iniciado en torno a la rambla del Albujón”. De ahí, la cadena de acontecimientos es conocida: “El exceso de fitoplancton ha limitado la entrada de luz y afectado tanto a la fotosíntesis como a la disponibilidad de oxígeno disuelto hasta niveles próximos a la hipoxia”.

En román paladino: los fertilizantes de la agricultura intensiva de la zona han llegado a la albufera, colapsándola con un exceso de nutrientes que ha provocado una masificación de algas y microorganismos que ha acabado con el oxígeno. Y si no hay oxígeno, no hay peces. También ha acabado con la luz que da vida a la flora autóctona de los fondos.

Kilométrica cadena

La emergencia de una situación que no deja de repetirse y el hartazgo de las organizaciones de la zona preocupadas por el entorno ha derivado en un incremento de las acciones de protesta y movilización. A las constantes manifestaciones se sumó el 29 de agosto un abrazo al Mar Menor en el que participaron miles de murcianos —70.000 según las organizaciones convocantes— y supuso una kilométrica cadena humana, vestida de luto, en el perímetro de la laguna.

El abrazo humano a un entorno permanentemente atacado incluía una propuesta: la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca el sorpresivo fin de dar derechos a un ecosistema. El objetivo es “dar personalidad jurídica al Mar Menor, que tenga los mismo derechos que una persona o una empresa”, explica Rocío García, una de las ocho personas —la mitad de ellas juristas pero entre las que hay, además de activistas, científicos— que está detrás de la propuesta.

“El Gobierno regional está muy secuestrado y muy influenciado por el lobby, y todo lo que hace es para intentar no tocarle un pelo a ese lobby”, denuncia Pedro Luengo

Necesitan medio millón de firmas antes del 27 de octubre para presentarlas a la mesa electoral y para que esta las remita al Congreso para su consideración como proyecto de ley. Ya tienen en su poder 300.000, aunque si contasen con muchas más manos ya tendrían todas. A pesar de que el medio millón de firmas ya existe, la logística hace difícil que puedan recepcionar todos los pliegos con firmas repartidos por espacios de todo el Estado. “Si nos trajesen aunque sea la mitad, sobrepasaríamos las 500.00”, comenta la activista.

Sin más opciones

El proyecto es, para García, “la última opción para protegerlo”. La promotora de la plataforma ILP Mar Menor, quien participa además en una de las organizaciones que apoya la iniciativa, SOS Mar Menor, enumera las figuras de protección que posee la albufera, “todas las que hay para la naturaleza a nivel internacional, estatal y regional, pero se siguen vertiendo residuos al Mar Menor”. Nada de eso ha conseguido cambios de calado ni revertir la situación: “Llevamos muchos años denunciándolo, con pruebas e investigaciones, a la Fiscalía, a Salud Ambiental, a Salud Pública, al Ministerio, ayuntamientos… A todas las administraciones públicas, y todas las denuncias se archivan. No tenemos otra opción”.

Si la ILP prospera, continúa García, podrán defenderlo en un juzgado “y si alguien vierte o contamina tendrá que pagar y reparar los daños causados”. La concreción de esos derechos supondría la creación de tres figuras: una representación legal de la laguna, formada por un representante ciudadano y uno de las administraciones públicas; una serie de guardianes y guardianas, ciudadanos que formarían una comisión de seguimiento; y un comité científico independiente, “que no esté comprado como el que está ahora ni siga las órdenes que les mande su jefe”, remarca la portavoz.

Ecosistema en peligro de desaparición

Una de las últimas propuestas para scontribuir a salvar el entorno proviene de Ecologistas en Acción (EeA), una organización que este martes, tras el mazazo que suponía el informe del IEO, denunciaba que considera “incomprensible” que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no haya declarado todavía las lagunas costeras como primer hábitat en peligro de extinción en el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición, remarcando que el Mar Menor representa el 40% de la superficie de este tipo de hábitats en España.

La confederación ecologista, tras un análisis de los usos del suelo en la zona perimetral, ha presentado una propuesta de franja renaturalizada al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MIteco). El proyecto plantea que se limite la actividad agrícola y urbanística y se promueva la renaturalización en el 12% de la cuenca vertiente, en concreto 14.669 hectáreas, creando una zona libre de cultivos y construcciones para recuperar la vegetación natural y sus funciones ecológicas. El objetivo: “Contribuir a la resolución de la crisis eutrófica en la que se encuentra la laguna salada, que ha sido originada principalmente por los aportes de abonos agrícolas”, señalan desde EeA.

El objetivo de la ILP es “dar personalidad jurídica al Mar Menor, que tenga los mismo derechos que una persona o una empresa”, explica Rocío García

La llegada de humedales a áreas inundables y matorral propio de la zona a otras áreas del perímetro, conseguiría frenar de manera eficaz las entradas de abonos y sedimentos a la laguna, además de otros beneficios, según aseguran los ecologistas. Tal como indican, “una parte importante de la entrada de nutrientes se produce cuando las avenidas [fluviales] arrastran los contaminantes acumulados en la cuenca durante meses o años, y los humedales naturales son los únicos sistemas capaces de reducir los nutrientes arrastrados durante las avenidas”. Tal como remarcan, “ninguna obra civil puede superar la comparativa de un análisis de coste/eficacia”. 

La franja renaturalizada perimetral del Mar Menor propuesta haría además funciones de retención de sedimentos y actividad desnitrificadora natural. Asimismo, reduciría los daños por inundaciones, al mejorar la gestión de las zonas inundables y retener una parte del agua y los sedimentos que ahora alcanzan tanto la laguna como las poblaciones del entorno del Mar Menor, “algo difícil de conseguir con obras de cemento”, señalan desde EeA.

Plan fracasado

La propuesta vendría a ampliar de forma importante y mejorar el muy criticado plan autonómico, llevado al ordenamiento legal con la ley de Protección Integral del Mar Menor, que plantea limitaciones a ciertos fertilizantes químicos en una franja de 1.500 metros alrededor de la albufera. De hecho, ante la falta de resultados la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba en agosto, un año después de la aprobación de la ley regional, que la Estrategia Integral de Recuperación del Mar Menor estatal incluiría el veto a fertilizantes orgánicos e inorgánicos a 1.500 metros de la orilla de la laguna tras haber declarado el acuífero en situación de riesgo químico.

“Todo lo que plantea el Gobierno regional es tramposo, tiene letra pequeña y está pensado para no incomodar al sector agroindustrial”, denuncian desde Ecologistas en Acción

“Nuestra propuesta es mucho más porque el Gobierno regional lo que plantea son dos franjas, una de 500 metros y otra de 1.500 metros, y en la primera hay muy poco cultivo y en la segunda hay pero tampoco demasiado”, apunta Pedro Luengo, coordinador de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia. En el primer medio kilómetro de perímetro tan solo el 10% está dedicado a cultivo de regadío, mientras que en el cinturón de hasta 1.500 metros este ocupa solo la mitad. En el resto del área propuesta por Ecologistas en Acción la agricultura supone el 85% del uso del terreno.

El plan de los ecologistas, de hecho, ocupa más del doble que el planteado por el Gobierno regional. “De esas 15.000 hectáreas, 3.000 formarían parte de una posible oferta de compra, o la fórmula que se busque, para renaturalizarlas, rescartarlas y revegetarlas, y en el resto habría restricciones a los usos para primar la función de freno de avenidas y filtración de nutrientes que tiene la vegetación natural”, amplía Luengo.

“Gobierno secuestrado”

El coordinador critica asimismo las últimas medidas del Ejecutivo murciano. “Todo lo que plantea es tramposo, tiene letra pequeña y está pensado para no incomodar al sector agroindustrial”, denuncia. “No hay mucha voluntad en poner un freno real a este crecimiento desmesurado de las técnicas que se están utilizando por parte de la agroindustria y hay muchas trampas. Por ejemplo, cuando se habla de que no se va a utilizar abonos de síntesis, eso no quita que no utilices otro tipo de abonos que contaminan. La cuestión no está en el tipo de abono solo, sino en qué, cómo y cuánto”. 

Luengo remarca que “todos los esfuerzos del Gobierno regional están ahora en el propio Mar Menor, en la retirada de fangos, y esto es algo polémico porque puede tener impactos importantes en según que zonas y ya se ha demostrado que dañan las praderas, que son el reservorio de lo que va a tener que reconquistar los fondos del Mar Menor. Si nos cargamos eso con unas dragas mal planificadas estamos perjudicando al Mar Menor. Es poner el foco en los síntomas, y no en el origen del problema”.

Del mismo modo, rechaza las obras del llamado Colector Norte, “una obra faraónica para llevarse agua de la Rambla de Albujón y del acuífero a una planta en el borde del Mediterráneo que produciría una desalación que sacaría agua para los regantes pero de la que saldría un rechazo de la desaladora que sería una salmuera con muchos nitratos que habría que desnitrificar en una planta centralizada”. Dicha planta tendría, según el coordinador de EeA Región de Murcia “un caudal y una dificultad, que es muy difícil conseguir. No existe ninguna planta ni construida ni en fase que haga prever que eso pueda ser factible a esos niveles”.

Luengo asegura que ese sobrante acabaría en el Mediterráneo, en una zona que ya sufre una eutrofización incipiente por el exceso de nutrientes. “Trasladaríamos parte del problema al Mediterráneo y para más inri ni siquiera sería la solución para el Mar Menor, porque después de todo ese despilfarro seguiría recibiendo toneladas y toneladas de nutrientes que entran por otras vías de forma difusa y que esta obra no pararía”.

Desde los colectivos en defensa de la laguna salada apuntan al modelo agrícola como principal fuente del problema —aunque no única— y denuncian la negativa del Gobierno murciano a enfrentarse al sector agroindustrial. “El Gobierno regional está muy secuestrado y muy influenciado por el lobby, y todo lo que hace es para intentar no tocarle un pelo a ese lobby”, denuncia Luengo.

En cualquier caso, los movimientos sociales embarcados en esta lucha ya han planteado dos nuevas citas que pretenden ser multitudinarias para mantener el pulso a unas administraciones muy tocadas por esta crisis ecológica. Ambas serán en Murcia, el 18 de septiembre y el 7 de octubre.