México
Ante el Mundial, la limpieza: resistencia de una comunidad migrante en Ciudad de México

Era un jueves de finales de febrero de 2026, cuatro meses antes del inicio del Mundial de fútbol 2026, en el que Ciudad de México es una de las sedes. Temístocles Villanueva, titular de la Coordinación General de Movilidad Humana del gobierno de la Ciudad de México, llegó al Campamento Vallejo, un asentamiento informal sobre terreno ferroviario en la alcaldía Gustavo A. Madero, y anunció a las personas que vivían allí que tenían 24 horas para desalojarlo. No presentó ningún documento jurídico que respaldara la orden. No hubo aviso previo. No hubo posibilidad de diálogo. Era una amenaza.

Esa misma tarde, junto a un equipo de abogadas y personas solidarias, se recogieron las firmas de las personas que se encontraban en el campamento, el 70% de sus habitantes, porque muchas estaban trabajando. Se presentó un amparo ante el Juzgado Noveno. A las 4:30 de la madrugada, un actuario judicial llegó a notificar la suspensión del desalojo con el amparo 247/2026. A las 5:00 de la mañana, sin embargo, los tractores ya estaban apostados en la calle.

A las 7:30 llegó Villanueva a decir que, “por humanidad”, no ejecutaría el desalojo ese día. El campamento sigue en pie. Las familias que viven allí saben que el ultimátum volverá.

El Campamento Vallejo no es un lugar de tránsito. Es un barrio. Hay 240 personas, la mayoría solicitantes de refugio ante la COMAR: 70% venezolanas, el resto hondureñas, guatemaltecas, colombianas, ecuatorianas, haitianas. Noventa y dos son menores de edad. Diez de ellas son ciudadanas mexicanas, nacidas aquí.

Las personas que viven en Vallejo salieron de sus países por la inseguridad, de la falta de oportunidades, de la persecución por parte del crimen organizado o de bandas, de la violencia política, de la discriminación por ser LGBTQ+. Honduras, Guatemala, El Salvador con sus situaciones particulares; años, a veces décadas, de migración acumulada. Venezuela con el colapso económico y político que forzó a millones a moverse.

El precio a pagar por llegar hasta México ha sido alto. Familias venezolanas que pasaron por Colombia, Perú, Ecuador, Chile u hondureñas y guatemaltecas con años de tránsito se han encontrado en la ruta con extorsión sistemática, secuestros, agresiones sexuales, asesinatos. El Darién como síntesis de todo eso: días de selva, ríos crecidos, serpientes, robo, agresiones sexuales, muerte. Cruzar México también resulta en mucha violencia. Lo que llega a Vallejo es lo que queda después de todo aquello. Llegan a Ciudad de México con todo esto a cuestas, con lo que les quedó del camino.

Perfiles diversos 

Una mujer guatemalteca de 20 años llegó al campamento en enero de 2024: “Mi hija cuando nosotros nos venimos a vivir aquí a los rieles, mi hija tenía 15 días de nacida”. La niña tiene hoy dos años. Ha crecido en el campamento. “La gente la conoció aquí y hay muchas personas que la conocieron así, chiquitita, y pues me traen cosas para ella”. Es ciudadana mexicana. No tiene dónde ir.

“Lo único que hicimos fue comprar una lona entre otras familias y nosotros. Ellos pusieron la mitad y nosotros la mitad. Y nos fuimos por el lado de allá a los rieles”, relata una mujer de origen venezolano

Una venezolana de 23 años tiene residencia permanente, el Estado la reconoció como refugiada, y sigue viviendo sobre los rieles. Llegó en 2023, deportada a Villahermosa por Estados Unidos. En la terminal de autobuses durmió un mes y medio. Cuando llegó a Ciudad de México, hizo lo que podía: “Lo único que hicimos fue comprar una lona entre otras familias y nosotros. Ellos pusieron la mitad y nosotros la mitad. Y nos fuimos por el lado de allá a los rieles”. Tiene residencia permanente y sigue sin poder rentar: sin RFC, sin aval, ningún arrendador acepta a estas familias. El documento existe, la puerta, no.

Hay otra mujer venezolana de 42 años que vive en el campamento con sus hijos y su nieta. Frente a la amenaza de desalojo dice: “No estoy pegada a los materiales… pero imagínate, yo trabajé ocho meses en una construcción, donde estoy montada, montada, llegué a un piso 40, arriesgándome a todo, y que yo tengo una neverita que vinieron vendiéndola, la compré, tengo un ventilador, un ventilador, el colchón… Entonces claro, no se me hace justo que no, te tienes que ir y todo eso se pierde”.

Desmantelar Vallejo no es ordenamiento urbano. Es el desplazamiento de una comunidad establecida, con niñas que no conocen otra casa, infancias matriculadas en escuelas cercanas, vecinas que se cuidan mutuamente, personas que han trabajado, ahorrado, perdido y vuelto a empezar. Además, con la llegada del mundial y la gentrificación, el mercado de vivienda complica aún más cualquier salida. Los arrendadores cobran a las personas migrantes hasta dos veces y media el precio estándar.

El papel que no existe

La mayoría de quienes viven allí quería pedir protección en Estados Unidos a través del programa CBP One. Cuando Trump llegó al poder en enero de 2025, esa puerta se cerró de un día para otro. Fue entonces cuando iniciaron su proceso ante la COMAR. Algunas familias presentaron su solicitud el 31 de enero de 2025. Hoy, un año y cuatro meses después, todavía esperan su entrevista de elegibilidad.

El proceso de asilo en México obliga a las personas a firmar ante la COMAR cada diez días. “Si pasan los 10 días ya pierdes todo y ya empieza desde cero. Te sacan del sistema. Y no te dan chance, tú la ves para atrás, te eliminan todo”, explica un venezolano de 31 años que vive en el campamento con su mujer y sus dos hijos. La hija cursa la secundaria en una escuela cercana.

En 2025 hubo 79.552 solicitantes ante la COMAR. Solo 13.515 recibieron la tarjeta que debe entregar el Instituto Nacional de Migración (INM), solo 5.238 en Ciudad de México

Mientras tanto, la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), el documento que permite trabajar formalmente, abrir cuenta bancaria y sacar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), debería ser entregada a toda persona solicitante de asilo. En 2025 hubo 79.552 solicitantes ante la COMAR. Solo 13.515 recibieron la tarjeta que debe entregar el Instituto Nacional de Migración (INM), 5.238 en Ciudad de México. Ocho de cada diez personas con derecho legal a ese documento no lo recibieron: sin tarjeta, sin posibilidad de abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato, tramitar una licencia de manejo, ni registrar la moto con la que trabaja.

Las puertas que no se abren

Un hombre hondureño de 29 años ganó su caso de asilo mediante un amparo, proceso legal de protección judicial, después de que COMAR lo diera por abandono por llegar quince minutos antes del cierre. “Llegué a las 4 y 45, faltaban 15 minutos para las 5 y no me dejaron firmar. No quisieron”. Lleva dos años intentando que su residencia permanente sea efectiva. El INM cometió un error al transcribir su mes de nacimiento: julio se convirtió en junio. Para corregirlo necesita una cita en la oficina. “He echado 7 viajes a quererlo meter y no he podido meterlo, nunca alcanzo cita”. Ir al trámite significa faltar al trabajo. “Si me doy ese lujo, ¿cómo sostengo mi casa? Los niños no me esperan, la leche no me espera, los pañales tampoco”.

Él lo resume con precisión: “Las puertas nunca se desbloquean mientras no tenga los papeles. Yo siento como que esas son las llaves de toda la vida de uno. Sin papeles no hacemos nada”.

El Mundial de la limpieza

Ciudad de México es sede del Mundial de Fútbol 2026. Ese hecho explica, aunque no justifica, la cronología del presente.

Con el Mundial la presión sobre el campamento tiene una lógica específica. En un intercambio con el personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Yedra planteó lo que el gobierno no ha refutado: no se quiere que el campamento sea visible cuando lleguen las cámaras internacionales. Vendedores ambulantes, personas en calle, migrantes sobre los rieles, todo lo que “estorba” a la imagen de la ciudad.

La ironía es concreta: México recibirá al mundo en 2026 con pantallas gigantes, estadios llenos con personas provenientes de todo el mundo. Las personas que modernizaron esos estadios, y que levantan los edificios de la ciudad en empleos informales de alto riesgo, sin contrato, sin seguro, serán retiradas de la vista antes de que lleguen las cámaras. Personas que trabajan como repartidoras de plataforma, vendedores ambulantes perseguidos por agentes de migración a pesar de ser una Ciudad Santuario. Separadas de sus familias, detenidas y llevadas a Tapachula y Villahermosa, abandonadas a su suerte.

La alternativa que ha ofrecido el gobierno son dos albergues en Tepito que fueron denunciados por sus condiciones, por debajo de cualquier estándar de derechos humanos. El INVI, Instituto de Vivienda, ofreció un subsidio de renta cuyos requisitos incluían credencial del INE (documento exclusivo de ciudadanos mexicanos), acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Se pidió un comprobante de domicilio a personas que viven en la calle.

Lo que piden las personas afectadas es que no se lleve a cabo ningún desalojo sin alternativa real. Tan solo basta con cumplir la ley: respetar los tiempos del proceso de refugio ante la COMAR, registro, entrega de constancia y CURP el mismo día de la primera solicitud, entrevista de elegibilidad, entrega de resolución, sin pre-registros, sin firmas, sin vulneración de derechos. Además de la entrega de la TVRH a todas las personas solicitantes de refugio. Dar las residencias permanentes a las 28 personas ya reconocidas como refugiadas y que siguen sin tarjeta luego de 5 meses. Monitoreo independiente de cualquier proceso que afecte al campamento.

El futuro

Una niña de dos años creció en el Campamento Vallejo. Llegó con 15 días de vida. Es ciudadana mexicana. Ha sido vacunada por organizaciones que pasaron por allí. La conoce la comunidad que la vio nacer. “Quiero demostrarle a su papá que no lo necesitamos a él”, dice su madre, de 20 años. Para eso necesita papeles. Para tener papeles necesita tiempo. Para tener tiempo necesita no ser desalojada.

El Mundial en México a comenzó y el desalojo de Campamento Vallejo no se ha consumado, sin embargo la presión sobre sus habitantes continúa. La pregunta al gobierno es sencilla: ¿a dónde tiene que ir ella?