Días para la memoria y la resistencia en Argentina

En Argentina, el pasado sábado 25 de noviembre fue otro día guardado con indignación y tristeza en la memoria de la lucha colectiva de los sujetos populares por derechos, libertades y dignidades no reconocidas, usurpadas y reprimidas a lo largo de la historia.

Ese sábado, mientras el cuerpo de Santiago Maldonado era velado en su localidad natal (en la provincia de Buenos Aires), y en la ciudad porteña tenía lugar el homenaje a Carlos Slepoy, activista incansable de la justicia universal, en el sur patagónico, cerca del lago Mascardi, los “Albatros” —unidad de operaciones especiales bajo el mando de la Prefectura Naval argentina— y la Policía Federal mataban a Rafael Nahuel, de 22 años, y herían de bala a otros dos compañeros mapuches.

Rafael Nahuel era asesinado en un segundo operativo represivo, ordenado por el juez Gustavo Villanueva, para desalojar a integrantes del Lof Winkul Lafken Mapu de la toma, del acampe, que esa comunidad mapuche y compañeros que apoyan el reclamo, llevaban a cabo desde hacía dos meses por la recuperación de territorio.

Tras las detenciones del jueves, el operativo del sábado pretendía, teóricamente, terminar con el desalojo y continuar con las detenciones del grupo que se había resguardado en el monte del Parque nacional Nahuel Huapi. Los operativos policiales cortaron la ruta 40 y terminaron disparando monte arriba donde estaban afincadas personas con la intención de volver al acampe tras el operativos de desalojo.

Disparar con plomo, rodilla al suelo desde la carretera con armas largas en ningún caso es una defensa ante un lanzamiento de piedras, eso no es un enfrentamiento, como apuntó el Gobierno

Puede ser que un grupo lanzara piedras desde la ladera de la montaña para marcar el límite del avance del operativo, pero ni un solo policía fue herido. Como cualquiera que haya sufrido una carga policial sabe, los operativos especiales tienen una protección pensada para que una piedra no sea un riesgo. Disparar con plomo, rodilla al suelo desde la carretera con armas largas, como testificó un guía turístico que estaba en la fila de coches del corte de carretera de la policía, en ningún caso es una defensa ante un lanzamiento de piedras, eso no es un enfrentamiento como apuntó el Gobierno, ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y la prensa.

La desproporcionalidad atestigua que es una orden de un mando, que se efectúa. Sea como fuere, la balacera de plomo terminó con el asesinato de Rafael y otros dos heridos de bala. La versión oficial, con multitud de voces mediáticas a coro, justifica la masacre como la respuesta a una “emboscada” de un “grupo violento”, con las palabras ridículas de la vicepresidenta, Michetti, en una entrevista. Grupos “terroristas”, siguiendo la estela delirante y mezquina orquestada a partir del caso de Santiago. Pero los testimonios y los hechos materiales no acompañan la propaganda, de gran penetración ideológica.

No olvidemos que el cuerpo de Maldonado apareció el 18 de octubre, 78 días después de aquella carga en la que desapareció, una cifra que no es consistente con las aportadas por la autopsia

El velatorio del cuerpo de Santiago tuvo lugar ese mismo día, tras el informe final de la autopsia oficial que señaló como causa de la muerte ahogamiento tras hipotermia, estipulando que habría estado sumergido en el agua un máximo de 53, 60 o 73 días. Es decir, existen distintas dataciones de días límite de sumersión en el agua según el uso de tres técnicas distintas. El sábado, a un día y cuatro meses de la carga de la gendarmería en la que desapareció Santiago, el 1 de agosto, hubo, una vez más, reclamo de verdad y justicia por Santiago y Rafael Nahuel en diferentes localidades del país. No olvidemos que el cuerpo de Maldonado apareció el 18 de octubre, 78 días después de aquella carga en la que desapareció.

Mientras, en Mascardi, eran detenidos Fausto Jones Huala y Lautaro González, los dos compañeros que bajaron a Rafael ante su gravedad de la ladera de la montaña para intentar que le salvaran la vida. “No me dejen peñis”, les dijo, según la abogada de ambos, Sonia Ivanoff, en referencia a las declaraciones de Lautaro ante el mismo juez que ordenó el operativo de desalojo y que lleva la causa, cuyo expediente caratuló en un primer momento pese a que Rafael murió de un tiro de la policía como “NN sobre muerte dudosa”: “No le veían sangre, pero los ojos se le ponían en blanco. (…) Le levantan la remera y Fausto ve un globo de sangre bajo la axila. Ahí se dan cuenta que estaba grave” y deciden bajarlo en una improvisada camilla para intentar salvarlo.

Pocas horas después, sin noticias de lo que había sucedido en el sur, en el Centro Gallego de Buenos Aires tenía lugar, como decíamos, el homenaje a Carlos Slepoy, fallecido el pasado abril. Este abogado laboralista que en sus años de exilio —tras haber sido secuestrado y torturado en la ESMA, para después ser “blanqueado” en la cárcel y finalmente expulsado del país— recibió un disparo de bala por parte de un guardia civil. El agente fuera de servicio, al ser increpado por Carli —como le llamaban sus amigos— por amenazar con su arma a unos chicos en una plaza del Madrid de 1982, le disparó por la espalda, en un claro ejemplo de la impunidad de la figura policial y de las prácticas de la Ley de Fugas franquista. El disparo le provocó una lesión de vértebra y médula que lo dejaría con el tiempo en silla de ruedas y con problemas de salud el resto de sus días.

Referente de la lucha por la justicia universal de los derechos humanos, el trabajo de Carlos Slepoy fue clave para los juicios a los represores argentinos en Madrid

Referente de la lucha por la justicia universal de los derechos humanos, su trabajo fue clave para los juicios a los represores argentinos en Madrid, para el trabajo de la querella argentina de los represaliados, víctimas, del Franquismo, a partir de 2010; y para otros tantos casos como los de Chile, Honduras o Guatemala. Su recuerdo en las palabras de compañeros, familiares y amigas se trenzaba con la tristeza de la ausencia, la amargura de la coyuntura y la dignidad que sienten por esa lucha. Un camino que ligaba el alegato de Slepoy ante la Audiencia Nacional de Madrid sobre la represión de la dictadura cívico-militar argentina y los “vuelos de la muerte” —a partir de las declaraciones confesas de Scilingo condenado en España— con la mirada puesta en la próxima sentencia del juicio ESMA III —dentro de la megacausa ESMA— en el que se juzgaba a 54 represores (fallecieron 11 de los 65 imputados en los cinco años de juicio) por delitos de lesa humanidad contra 789 víctimas, entre ellos, por vez primera en Argentina, por los “vuelos de la muerte”, sistema implementado por la Armada.

De esta forma, en la memoria invocada en nombre de Slepoy —en la ESMA un oficial, con su arma apoyada en la cabeza de Carli, le dijo: “Si perteneces a la subversión vas a aparecer en el río”—, se alumbraba el trazo de dos nudos de una soga, trenzada por décadas, que unía el trabajo contra la impunidad de la década pasada con esta, ya que cuatro días después de ese sábado de sangre, entierro y recuerdo, el pasado miércoles, 29 de noviembre, fueron condenados a cadena perpetua 29 victimarios, entre los que se encuentran nombres tan siniestramente célebres por su accionar represivo como Astiz, el “Tigre” Acosta, Donda, Mason y Cavallo.

El pasado de la resistencia y la lucha por los derechos laborales se encontraba, ese mismo miércoles, con un presente de reformas estructurales en un nuevo ciclo de acumulación por desposesión

El pasado de la resistencia y la lucha por los derechos laborales se encontraba, ese mismo miércoles, con un presente de reformas estructurales en un nuevo ciclo de acumulación por desposesión: tenía lugar una contundente marcha de aquellos sindicatos que no están dispuestos a negociar y asegurar la gobernabilidad del ajuste a Macri ante la reforma de las pensiones y la reforma laboral que están preparadas para aprobarse antes de las vacaciones estivales. Un diciembre de “reformismo permanente”, según la denominación oficial, que deja a jubilados y trabajadores en la cuneta de la pobreza y la explotación, aún más, para mantener la cuota de ganancia del modelo de los principales sectores propietarios.

Mientras la manifestación sindical tenía lugar en la plaza del Congreso, la concentración en la puerta de los juzgados, como en cada sentencia de juicio a los genocidas y hablando de la historia de la lucha contra la impunidad de un sistema de eliminación necesario para el comienzo de la implementación de las políticas neoliberales en la Argentina, de mano de las Juntas militares en los 70, se echaba en falta y se les hizo presentes en la memoria —como a “los 30.000 detenidos-desaparecidos, presentes, ahora y siempre”— a otros referentes de la memoria, la verdad y la justicia que también se han ido recientemente. Como “Cachito” Fukman, ex detenido-desaparecido, testigo fundamental en las causas de la ESMA, militante incansable, que se fue el año pasado.

Y este mismo mes, Marta Vásquez, Madre de Plaza de Mayo (línea fundadora), y Nilda Eloy, testigo fundamental como ex detenida-desaparecida en la misma causa por la que Jorge Julio López fue desaparecido, por segunda y definitiva vez, en 2006, por testificar contra el jefe de policía del sistema desaparecedor de La Plata durante la misma dictadura, Miguel Etchecolatz, el primer represor llevado a juicio tras la derogación de las leyes de impunidad por parte del ejecutivo de Néstor Kirchner, confirmado después por el Tribunal Supremo. Gobiernos, los de los Kirchner, durante los cuales, como recordaba Nilda en su militancia constante, nunca se esclareció la desaparición definitiva de López.

Carlos defendió, una vez más, la consideración del plan de eliminación sistemática implementada por la dictadura como genocidio

Tanto Nilda Eloy como Carlos Slepoy también testificaron en el juicio por la Unidad 9 penitenciaria de La Plata, hace siete años. Carlos defendió, una vez más, la consideración del plan de eliminación sistemática implementada por la dictadura como genocidio. Argumentaba el límite de la definición del concepto por intereses y relaciones de poder infundadas en la teoría, incluyendo al genocidio político. Tal y como el nombre de la organización a la que pertenecía Nilda apuntaba: ex detenidos-desaparecidos por razones políticas. Nilda, durante el juicio por la Unidad 9, denunció enérgicamente, una vez más, no solo desde los organismos de derechos humanos en los que era activista sino también desde su condición de sindicalista, las nuevas amenazas que sufrieron los testigos de aquel juicio: “Cuántas medidas se tomaron de inteligencia, de investigación, sobre estos sujetos que están hoy en el banquillo, y tantos otros que están libres (…) sigue estando en manos del Gobierno nacional y provincial que, por una vez, los blancos no seamos nosotros sino ellos”.

¿Estamos en un momento en el que, en función de un plan de disciplinamiento social a medio plazo por parte del Gobierno, el sistema represivo del Estado tiene en la mira nuevos blancos que son los de siempre? ¿Qué hay de los trabajos de inteligencia?

La situación de la militancia en el Sur es muy preocupante, de hecho, al día siguiente de la histórica sentencia por los “vuelos de la muerte” y de la marcha sindical contra el ajuste neoliberal en ciernes, en la capital del país, otra protesta de trabajadores estatales tercerizados (subcontratados) de un hospital, era fuertemente reprimida, con varios heridos con balas de goma y una de plomo en un pié, en Neuquén. A la memoria venían los duros años 90.

Pero, además, siguiendo la hipótesis devenida en tesis de que existe una estrategia del ejecutivo de disciplinamiento social, a golpe de represión, de una sociedad con importante capacidad de movilización y presión social, y que llega, me temo, a esta semana en la que hay reuniones con la OMC de cara a la presidencia de Argentina de la reunión del G20 el próximo año, con preocupantes engranajes para los sectores populares y militantes de este país, con algo que nos recuerdan los militantes contra la impunidad de la dictadura, que además en su mayoría contaron con una militancia en los 70. Hubo agentes de inteligencia infiltrados durante todo el año, en la primera fase de marzo, en la que apenas había presencia policial de agentes uniformados en las marchas que tuvieron lugar, mientras la ciudad se plagaban todavía más de agentes cada esquina de la ciudad.

Una amiga me confirmó la sospecha sin temer acusaciones de paranoia y ante mi sorpresa de no ver casi presencia policial en un mes de mucha movilización como fue marzo. Entonces me señaló que había que estar muy atento porque después de una de las marchas por la educación pública, al desconcentrarse la manifestación, de casualidad vio a un grupo de jóvenes estéticamente caracterizados a la perfección, que caminando por la avenida tenían un comportamiento que cambió radicalmente al girar una calle en la que había furgonas de la policía. Saludaron a los agentes como compañeros y entraron en sus furgones.

Asesinatos de activistas por el derecho a la tierra de los pueblos originarios, guerrilla y terrorismo, la construcción del “enemigo interno” recuerdan a la doctrina de la seguridad nacional

Al poco tiempo, lo pude comprobar con mis propios ojos: vi informantes a la policía en el pequeño corte en Callao y Corrientes, pleno centro de Buenos Aires, tras los allanamientos simultáneos de locales de partidos políticos y organizaciones de izquierda por parte de la policía, con intimidación incluida a militantes, en Córdoba, justo el día de antes de la marcha que terminó con carga policial y decenas de detenidos al mes que hubiera desaparecido Santiago Maldonado. Y es que con el cambio de escenario, a lo largo de todos estos meses, pudimos encontrar las evidencias de las órdenes de una acción de los servicios de inteligencia en las imágenes de los vídeos: en la represión y detenciones de la marcha por Santiago al mes de su desaparición, parece que hubo infiltrados caracterizados como anarquistas, colectivo especialmente movilizado por las concepciones políticas de Maldonado por la lucha social y no partidaria, que también está sirviendo de chivo expiatorio en montajes tanto materiales como ideológicos.

El blanco por la mirilla del arma, asesinatos de activistas por el derecho a la tierra de los pueblos originarios, guerrilla y terrorismo, la construcción del “enemigo interno” que recuerda a la doctrina de la seguridad nacional, acciones de inteligencia, de infiltrados en acción y de allanamientos a sedes de partidos y organizaciones, un protocolo antipiquetes aprobado hace más de un año que quieren aplicar caiga quien caiga, la organización del G20 y la llegada esta semana de la OMC a Buenos Aires con la consiguiente respuesta del tejido organizado, a mi mente llega el estado de excepción o de sitio que a todo aquel participante del movimiento estudiantil en los años de antiglobalización tras el G8 de Génova en 2001. La invocación a la ley, la nación y el estado de derecho, tras la victoria en las urnas de Cambiemos en las legislativas con el 40% de los votos emitidos, a una no le pueden dejar de dar escalofríos. De la misma forma que éstos no pueden dejar de ser arropados por la calidez de los nuestros “ahora y siempre, presentes”, que no dejan de recordarnos la dignidad de las luchas por la justicia.

En las actuales dinámicas de las estructuras de poder y de los intereses de las clases propietarias, la ley y el orden imperantes, reproducen explotación y, ahora, en Argentina están produciendo la reactivación de una planificación estratégica de la práctica cotidiana de la violencia institucional, estatal. En estas circunstancias la ley y la concepción colectiva de justicia se ven en juegos de opuestos y la dinámica nos la pueden enseñar las pintadas de mi calle: “Si el desalojo es ley, la ocupación es justicia”.