Fronteras
La doctrina del shock que Grecia aplica en sus fronteras

Recibo una llamada de Feisal (nombre ficticio). “Alba, dime, ¡¿nos van a deportar?!”. Me llama desde Patras, la ciudad portuaria del Peloponeso donde nos conocimos el pasado noviembre mientras yo estaba colaborando con la organización No Name Kitchen. Allí hay un número considerable de personas en tránsito viviendo en fábricas abandonadas en condiciones muy poco salubres, donde son frecuentemente agredidas y perseguidas por la policía local.

El número es cambiante de una semana a otra, pero podríamos decir que en el último año varía entre 100 y 200 personas, lejos de las más de mil personas que llegó a haber en 2009 o 2013. Casi todas ellas de nacionalidad afgana pero también hay grupos más pequeños que vienen de países del Norte de África; claro, viven en lugares diferentes los unos de los otros. Entre otras razones, porque varias zonas del puerto están controladas por traficantes a quienes debes pagar si quieres “intentarlo” por medio de “su” territorio. Desde aquí pretenden llegar a Italia en los ferrys que atraviesan el Adriático, y no precisamente en calidad de crucero todo incluido. Se meten de polizones en los camiones que montarán luego en el barco si, con suerte, no les pillan las autoridades pertinentes. Eso si no te confundas de tráiler que puedes terminar en la frontera con Bulgaria, como le ha pasado a más de uno.

En el Puerto de Patras son tres los cuerpos policiales que operan: la Guardia Costera Griega, Policía Nacional y seguridad privada. Por los testimonios de los chicos, en las últimas semanas éstos últimos son los más brutales a nivel de violencia, lo cual no quiere decir que sean los únicos ni que exima de responsabilidad a aquellos que debieran garantizar que se cumplan las leyes también en este espacio portuario. Las agresiones son de diversa índole: usan perros para atacar a las personas en tránsito que intentan montarse clandestinamente en los camiones, emplean electroshocks, porras, patadas, puñetazos, insultos.

De un tiempo a esta parte los puntos calientes fronterizos se han convertido en zonas grises donde el vanagloriado imperio de la ley ha dado paso al pillaje del racismo institucional que, si no legalizado, sí está aceptado y legitimado

De un tiempo a esta parte los puntos calientes fronterizos se han convertido en zonas grises donde el vanagloriado imperio de la ley ha dado paso al pillaje del racismo institucional que, si no legalizado, sí está aceptado y legitimado. En Patras, no es algo especialmente nuevo: viene pasando desde principios de la década de los 90, cuando la ciudad era la principal entrada a Europa y todavía no se hablaba de las rutas migratorias como fenómenos casi de masas. Una problemática enquistada que ha pasado a formar parte del organismo europeo. Entonces, la demografía migratoria era diferente, pues eran sobre todo kurdos —todavía queda esa reminiscencia en el imaginario de Patras, pues mucha gente se refiere a los migrantes como “kurdos”— que huían de la primera guerra de Irak.

Feisal llevaba en Patras más de medio año viviendo en ese limbo en el que la mayoría de chicos que quieren seguir su camino hacia Francia, Italia o Alemania se ven abocados a terminar, ya que el Reglamento de Dublín te obliga a permanecer en el primer país europeo al que llegas, donde tu procedimiento para lograr la protección internacional será tramitado. Lo de la libertad de movimiento dentro del espacio Schengen se antoja imposible para aquellos que, como él, llegan en calidad de “refugiados”.

Vuelvo a la llamada. Están asustados, él y prácticamente todos los chicos viviendo en estas fábricas abandonadas, porque les ha llegado la noticia de que están deportando a otros chicos a Turquía desde varias ciudades del norte de Grecia. La puesta en marcha de este tipo de operaciones parece responder a una táctica que bien podría considerarse una “doctrina del shock en frontera”. Expulsan a un grupo pequeño, pero el miedo se implanta en toda la comunidad.

Las fronteras deberían entenderse más allá de las delimitaciones de los territorios entre Estados. También son fronteras las restricciones que, dentro de un mismo país, determinan quién está dentro de considerarse ciudadano de pleno derecho y quién no. Esas fronteras que cobran vida en cada uno de los cuerpos y mentes de las personas en tránsito al ser maltratadas y forzadas a vivir de forma clandestina en la marginalidad de la sociedad donde están anclados. Esas fronteras que se crean en y con cada violación de los Derechos Humanos en pro de la anhelada seguridad de una Europa cómplice, si no verduga. Esas fronteras que funcionan gracias al miedo, a la conmoción, al shock. En definitiva, al despojo de la dignidad de quien osa cruzarlas sin un papel en regla. Algún día, a lo mejor, nos preguntaremos quién perdió la dignidad en estos tiempos de la Europa Fortaleza.

Interior intenta una deportación colectiva prohibida por la legislación internacional

Mathias Rodríguez

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Interior intenta una deportación colectiva prohibida por la legislación internacional

Mathias Rodríguez

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Más de 600 personas de nacionalidad tunecina que llevan cerca de ocho meses hacinadas en el CETI de Melilla esperando a ser trasladados a la península y que ahora se ven inmersas en este anuncio de deportación colectiva.

Las devoluciones en caliente llevan años siendo habituales en la región del Río Evros que separa Grecia y Turquía, así como lo son en otras fronteras externas de la Unión Europea e incluso internas, por ejemplo entre Francia e Italia o entre Francia y España. Según un oficial de la policía fronteriza griega que estuvo destinado allí en 2012 y que prefiere permanecer en el anonimato, estas prácticas eran sistemáticas y ocurrían todos los días mientras él permaneció en esta zona. Conducidas de manera no oficial, funcionaban como “acuerdos silenciosos” cuya responsabilidad es difícilmente rastreable. Las órdenes dependen del jefe de cada comisaría y, según la fuente, el criterio con el que se ordenan no es claro. Claro que, si consideramos que son una vulneración del derecho internacional, europeo y nacional y que podría, por tanto, haber consecuencias penales sobre los ejecutores o responsables, se entiende que el oscurantismo de cara al público, e incluso a nivel interno, sea sustancial.

Si bien es cierto que antes la mayoría de estas prácticas se llevaban a cabo afectando a las personas que intentaban llegar al interior de Grecia desde Turquía de forma irregular. Sin darles así la oportunidad si quiera de reclamar su derecho a pedir asilo y violando así el principio rector de non-refoulement contemplado en la Convención de Ginebra, así como en la propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, por ende, la legislación nacional de los Estados miembros de la UE, en este caso Grecia. Pero durante los últimos meses se está atestiguando una nueva escalada. No tanto por el número de devoluciones, sino por el descrédito que, desde el Gobierno griego, se está dando a la protección internacional. Ya no solo deporta de forma ilegal a aquellos que hayan sido “cazados” tras cruzar la frontera, sino que también deporta a solicitantes de asilo que llevaban meses en Grecia.

Grecia ya no solo deporta de forma ilegal a aquellos que hayan sido “cazados” tras cruzar la frontera, sino que también deporta a solicitantes de asilo que llevaban meses en su territorio

Desde finales de marzo hasta mayo, activistas de Mobile Info Team, Wave Thessaloniki y No Name Kitchen han recogido varios testimonios en los que los entrevistados aseguran haber sido devueltos ilegalmente a Turquía desde varias localizaciones de todo el norte de Grecia. Según estos informes, publicados por la red Border Violence Monitoring que funciona de paraguas para las organizaciones independientes que documentan la violencia en frontera en los Balcanes y Grecia, más de 350 personas habrían sido devueltas sin ningún tipo de base legal, pero podrían ser muchas más ya que no existe un monitoreo oficial.

Josoor, que opera en Edirne (Turquía), cerca de la frontera con Grecia, asegura que superarían las 500. En estos procedimientos no oficiales, los entrevistados aseguran haber sido duramente golpeados, forzados a desnudarse y atacados con electroshocks antes de devolverles a Turquía. Básicamente son tres las localizaciones desde donde se concentran las devoluciones: el campo de refugiados de Diavata, cerca de Salónica; el centro de detención y pre-expulsión de Paranesti en Drama, e Igoumenitsa.

Ésta última es la otra ciudad, además de Patras, desde donde salen las conexiones con destino a Italia y donde se concentran aquellos que intentan salir de Grecia por mar. Los dos enclaves portuarios comparten varios rasgos como puntos calientes de la ruta migratoria; entre otros, las continuas expulsiones desde Italia a Grecia.

En Igumenitsa, los jóvenes (son todos hombres que viajan solos) viven en la loma de una montaña desde donde se avista el puerto, en tiendas de campaña cuando las hay. Están alejados del núcleo urbano como bien manda la política segregacionista auspiciada por la xenofobia de una ciudadanía temerosa de encontrarse frente a frente y de igual a igual con personas que se diferencien por sus rasgos, religión o simplemente, procesos vitales.

Los grupos de solidaridad locales, activos sobre todo entre 2010 y 2016, ya no tiene mucho contacto con la gente que está haciendo el game, como se conoce entre los chicos el intento de cruzar clandestinamente las fronteras. Hubo un tiempo en el que miembros de Antarsia y el “Papa Theodor”, un cura de la iglesia ortodoxa local, se juntaban para cocinar hasta 700 raciones de comida al día. Lejos de estos números, este mismo año y antes de que estas deportaciones ilegales se llevaran a cabo, en el campamento improvisado había alrededor de 70 personas. Quedan 4. A diferencia de Patras, donde la amenaza de ser deportados es todavía un temor y no un hecho, aquí sí se han llevado a casi todos.

Uno de ellos es Avi (nombre ficticio), viene de una pequeña localidad del Kurdistán iraní donde se dedicaba a limpiar coches y su mujer e hijo de 3 años le esperan en Roma. El viernes 22 de mayo consiguió llegar al puerto italiano de Ancona; a las pocas horas se encontraba otra vez, esta vez de vuelta, en el mismo Grimaldi que le llevó a Italia. De poco le sirvió expresar repetidamente su deseo de llegar a Roma a reunirse con su familia, ser interrogado, permitir que le tomaran fotos, dar sus huellas dactilares, luchar por expresarse a duras penas sin un traductor oficial como debiera ser condición sine qua non durante estos procedimientos. Una vez que le tomaron todos estos datos, Avi asegura que, después de golpearle, se lo llevaron a una celda donde lo retuvieron durante horas, donde apenas le dieron un trozo de pan, para después trasladarlo esposado de vuelta al barco. Una vez en Grecia, pasó 5 horas en una sala del puerto de Igoumenitsa donde le obligaron a ponerse de rodillas, amenazándole con pegarle si levantaba la cabeza. De hecho, nos contaba que cuando intentaba apartarse el pelo de la cara, recibió un bofetón.

Volvió a la “jungla” el domingo, evidenciando una vez más cuál es la altura de miras de una estrategia perversa que pone mares entre padres e hijos. Con sus gestos de manos y cara expresaba una y otra vez lo que debe ser estar ausente durante el crecimiento de un hijo. Además, decía: “¿terrorista, yo? Yo en Irán...” cerraba los ojos y se ataba una soga invisible al cuello de la que parecía ahorcarse, como si fueran sus manos el régimen iraní que ejecuta a los prisioneros kurdos. Al fin y al cabo, salvar su vida es lo que le movió a intentar llegar a Italia a “limpiar lamborghinis”.

A las expulsiones a Turquía desde el continente habría que sumar las llevadas a cabo en aguas del Mar Egeo e, incluso, desde las costas de las islas griegas

A las expulsiones a Turquía desde el continente habría que sumar las llevadas a cabo en aguas del Mar Egeo e, incluso, desde las costas de las islas griegas. De nuevo, es la sociedad civil la que documenta, denuncia y publica estos hechos. En contraposición, la corriente desde las instituciones parecen aprobar, promover e incluso felicitar estas prácticas. Por ejemplo, la enhorabuena que la Guardia Costera griega ha recibido por parte de los alcaldes de las capitales de las islas de Lesvos, Chios o Samos por su “valentía y abnegación vigilando las fronteras marítimas”. No sorprende considerando que ya, a principios de marzo, cuando Grecia desplegó a su ejército en la frontera con Turquía, la propia Presidenta de la Comisión Europea Ursula Von Del Leyen felicitó a Grecia por su buen desempeño como “escudo de Europa”.

Han sido Watch the Med – Alarmphone y Aegean Boat Report las que han reportado la expulsión de 11 pateras desde aguas territoriales griegas entre el 20 de abril y el 2 de junio, llegando a ser deportadas 213 personas, incluidos 28 menores. Si bien estas prácticas llevan perpetuándose impunemente desde hace varios años como señalaba ya un informe de ProAsyl en 2013, no era tan común asistir a la devolución en caliente de los desembarcos. Desde abril se ha podido registrar la expulsión de 174 personas que ya habían conseguido arribar a algunas islas como Samos o Chíos. En este último caso, de nuevo una organización no gubernamental como es Mare Liberum es quien ha analizado pormenorizadamente lo ocurrido. El hecho de que les metan en balsas y manden de vuelta a Turquía desde las costas, es algo sin precedentes.

Cuando analizas en conjunto lo que ocurre tanto en el continente como en las islas, puedes trazar ciertos paralelismos que dan cierta fe de que detrás de estas devoluciones hay una estrategia, que no son sólo acciones aisladas. Por ejemplo, los oficiales que emplean las prácticas más violentas registradas suelen llevar un pasamontañas negro cubriendo la cabeza. Ya sea en la destrucción de motores de las lanchas en el mar o golpeando a las personas en tránsito en el Delta del río Evros, en una sala que ha sido descrita “como el lugar perfecto para cometer crímenes”.

También llama y mucho la atención que en ambas áreas Frontex, la Agencia Europea de Fronteras ha desplegado una serie de misiones, como la “Operación Poseidón” o la última intervención rápida en la frontera terrestre. Si bien la agencia no se ha pronunciado sobre estas denuncias, sí lo ha hecho el Gobierno griego al negar lo ocurrido cuando ha sido preguntado por el diario alemán Deutche Welle.

Tanto en las expulsiones por mar como por tierra, al negar el derecho de las personas en tránsito de acceder a un proceso de asilo justo, el Estado griego incurre en la violación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 1951), concretamente en sus artículos 32 y 32 sobre no-devolución; así como en el no cumplimiento de la Directiva 2008/115 de la Unión Europea sobre normas y procedimientos para el retorno de personas en situación irregular a terceros países que, por defecto, debería ser parte del cuerpo legislativo nacional. Además de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en los artículos 18 y 19.

El hecho de que el Gobierno de Grecia suspendiera el derecho a asilo el 2 de marzo por un mes, prorrogado por las restricciones ante el covid-19 y que dicha medida siga vigente hasta la fecha de escritura de este artículo, debería ser, según organizaciones como UNHCR o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Grecia, un agravante y no una coartada.

A pesar de la infracción de todas estas normas, entre otras, no existe un cauce claro que facilite la denuncia por parte de las víctimas. De hecho, la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las devoluciones en caliente en Melilla tras la apelación del Estado español, hace temer que la impunidad permanezca intocable.

El cierre de fronteras impide los rescates de personas migradas

Mathias Rodríguez

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El cierre de fronteras impide los rescates de personas migradas

Mathias Rodríguez

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Barcos de rescate de personas refugiadas denuncian que el estado de emergencia actual les impide continuar con sus operaciones de rescate, dejando a la deriva a las personas que intentan escapar de la guerra en Libia y solicitar asilo en Europa.

Cuando hablábamos para hacer la entrevista, Mati (nombre ficticio), un joven que fue transferido desde el campo de Diavata, nos preguntaba por teléfono si referir su caso y denunciar mediante el Greek Council for Refugees le ayudaría a volver a Grecia. Ya nos habían dicho los abogados de dicha organización, que de ningún modo la reparación contempla la vuelta de estas personas al lugar desde donde fueron expulsadas.

¿A qué protección se pueden aferrar estas personas si ni siquiera se respeta el principio rector de la protección internacional como es la no-devolución? Lo cierto es que este paso adelante en el descaro con el que las autoridades griegas perpetúan las devoluciones no hace sino demostrar la nula voluntad política de acabar con esta vulneración de derechos humanos. En vez de considerar las acusaciones, abogar por una investigación interna que pudiera clarificar lo sucedido o promover mecanismos de prevención, la táctica es, una vez más, abogar por ocultar lo sucedido con el beneplácito de las instituciones europeas.

A la hora de enviar este artículo, Feisal ya había conseguido salir de Patras. Se encuentra en Francia esperando la próxima etapa de su viaje, la recta final: obtener la regularización de su situación cuando el lento sistema de asilo lo permita. Lo mejor sería conseguirla ya. Para él, para Avi, para Mati. Para todas.