Especulación urbanística
Más de 200 familias de pisos vendidos por la Iglesia se organizan para no terminar en la calle

Hace meses 14 edificios gestionados por la Iglesia en Madrid eran vendidos a entidades privadas. Hoy, sus inquilinos se han organizado para no ser expulsados de sus viviendas.

Carlos Osorio, arzobispo de Madrid y presidente del patronato de Fusara, junto con Felipe de Borbón.
Carlos Osorio, arzobispo de Madrid y presidente del patronato de Fusara, junto con Felipe de Borbón. Casa Real
13 dic 2019 12:01

El 28 de septiembre, 200 familias repartidas en 14 edificios gestionados por la iglesia eran informados por un burofax que las viviendas en las que vivían habían sido vendidas dos meses antes a 14 empresas distintas, todas con un socio común, Tapiamar Partner SL.

Los 14 bloques, situados en el centro de Madrid, pertenecían a una fundación civil gestionada por la Iglesia, la Fundación de Santamarca y San Ramón (Fusara), en cuyo patronato se encuentra Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital y Paz García Vera, delegada de Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre otros.

Ante el peligro inminente de que estas familias sean desalojadas, la asociación de Inquilinos Afectados por Fusara, junto con el Sindicato de Inquilinos de Madrid, la Asamblea de Bloques en Lucha del Centro Histórico, Lavapiés ¿Dónde Vas? y PAH Centro han convocado este 15 de diciembre a las 11h una concentración frente al Arzobispado “para dar a conocer a la opinión pública la venta del patrimonio inmobiliario de Fusara a empresas privadas” dejando a centenares de familias en “situación de vulnerabilidad”.

Todos los edificios propiedad de Fusara fueron donados en su momento por particulares “bajo unos claros objetivos”: el mantenimiento de un orfelinato y la obtención de fondos para que niñas huérfanas pudieran realizar estudios. “El objetivo fundacional nunca tuvo ánimo de lucro”, explican en un comunicado las organizaciones que están luchando para que estas 200 familias no terminen en la calle.


Según detallaba un artículo publicado recientemente en El País, las 14 empresas implicadas en la compra de los bloques se crearon entre el 2 de abril y el 13 de junio de 2019, semanas antes de que se ejecutara la compra de los inmuebles. Todas ellas tenían en principio una misma administradora, María Elena García Pastrana, que cuenta con 1.012 empresas vinculadas a su nombre. Pocos días después, las 14 sociedades cambiaban de administrador y pasaban a depender de otra sociedad limitada: Tapiamar Partners SL.

A día de hoy, señalan en el comunicado de los inquilinos afectados y las organizaciones que se solidarizan con esta causa, “tanto el comprador final como el importe de la operación siguen siendo desconocidos y los inmuebles no han podido registrarse en el Registro de la propiedad debido a irregularidades”.

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3 Comentarios
#47580 12:09 17/2/2020

mera woioooooooo

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#44663 4:20 14/12/2019

“El objetivo fundacional nunca tuvo ánimo de lucro”
pero hay gente que quiere vivir toda la vide de esta frase

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#44653 19:44 13/12/2019

A los componentes de la secta de la iglesia católica lo único que les interesa es el dinero (miles de inmatriculaciones irregulares a su nombre de inmuebles, no pagan el IBI, tratan de sacar todo lo posible del Estado ya sea con la asignacion directa o con el porcentaje del IRPF, profesores de religión pagados por el Estado que no pasan por oposiciones sino que los nombran a dedo los obispos y así tantas cosas). Si viniese Cristo los arrojaba fuera a todos con el látigo, pues predican todo lo contrario a lo que Cristo predicaba. Eso sí, la iglesia católica rezuma pederastia por los cuatro costados. Pero no pasa nada, ellos lo tapan tambien a base de dinero.

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