Madrid
Sinhogarismo en el aeropuerto de Barajas: ¿cómo se ha llegado hasta aquí?

Barajas, epicentro de la descoordinación administrativa y principal aeropuerto de España, ha vuelto a poner en evidencia la fragilidad del actual modelo de atención social primaria para las personas en situación de sinhogarismo. Lejos de ser un hecho aislado, Barajas es reflejo de una causa social que percibe la vivienda como un premio material y no como un derecho básico.

La imagen extendida de que vivir en la calle es una decisión personal choca con la realidad de los datos. Más del 40 % de las personas que hoy duermen al raso en España fueron propietarias de una vivienda hace apenas unos años. En la última década, el sinhogarismo ha aumentado un 25 %, impulsado por un mercado inmobiliario que, en solo seis años, ha encarecido sus precios hasta un 21 % en comunidades autónomas como Madrid, de acuerdo al Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda.

Ante este panorama, los centros colectivos —albergues y recursos de emergencia temporal— se han convertido en la respuesta predominante para intentar recuperar la autonomía de quienes han perdido su hogar. Esta deriva ha ido apartando, de forma sostenida, la inversión y el interés político por la vivienda social o protegida. En 1985, este tipo de parque representaba el 67 % del total; hoy, cuatro décadas después, apenas llega al 9,3 %, dejando un vacío que los recursos de emergencia han tratado —sin éxito— de cubrir. No es casualidad que, en paralelo, el presupuesto destinado a centros temporales haya pasado de 144 a 345 millones de euros entre 2014 y 2020.

El modelo tradicional de “escalera”: la vivienda como recompensa

Estos centros colectivos siguen el modelo tradicional de “escalera”, en el que la vivienda, lejos de reconocerse como un derecho, se presenta como una recompensa al final de un itinerario condicionado. El acceso a un techo propio queda supeditado a superar un calvario burocrático, cumplir fases y requisitos arbitrarios. El proceso exige, primero, tratamiento; después, seguimiento; y, solo si la oferta lo permite, un alojamiento casi siempre temporal y precario. Mientras tanto, las personas esperan su turno en recursos gestionados mayoritariamente por entidades privadas y organizaciones religiosas, que concentran el control de la llamada “caridad”.

Según la Encuesta de Centros para Personas Sin Hogar de 2020, el 75,3 % de los más de mil centros en España son de titularidad privada. De los 790 que ofrecen alojamiento —más de 20.000 plazas— apenas el 37,1 % son públicos y el 62,9 % privados, muchos de ellos financiados con fondos públicos.

De los más 790 centros y albergues con plazas para personas sin hogar,  apenas el 37,1 % son públicos y el 62,9 % privados, muchos de ellos financiados con fondos públicos

En la última década, la red de recursos ha cambiado de forma desigual. Aunque han crecido los pisos y apartamentos como alternativa, la maquinaria institucional sigue orientada a la atención de emergencia. Entre 2014 y 2020, el número de albergues y centros de acogida nocturna aumentó un 44,2 %, frente a un 27,9 % de incremento medio en los pisos. La estadística dibuja un patrón claro: el recurso rápido y temporal sigue imponiéndose sobre las soluciones estables.

Housing First: el sistema que desafía el modelo tradicional

Lo confirman desde Hogar Sí: “La prioridad institucional sigue siendo la atención de emergencia, mientras que los modelos estables, que reconocen la vivienda como un derecho y no como una recompensa, permanecen minoritarios. Nuestro enfoque es claro: ofrecer lo antes posible, mediante el modelo Housing First (primera vivienda, en inglés), una vivienda individual, estable e independiente. Porque el 82% de las personas sin hogar asegura que esa es la clave para salir de la calle, y que los albergues no solucionan su situación”.

Este modelo, basado en garantizar una vivienda lo antes posible a las personas con perfiles más vulnerables, ha ido ganando terreno en España principalmente gracias al programa Hábitat, impulsado desde 2014 por la Fundación RAIS, diseñado para atender a quienes, debido a la complejidad de su exclusión, suelen quedar fuera del alcance de los sistemas tradicionales.

Provivienda y Hogar sí, confirman que el coste del modelo Housing First (HF) es solo un 1,6 % superior al de los albergues tradicionales, pero con beneficios evidentes para las personas atendidas. Desde el inicio, quienes participan en HF muestran menor dependencia de los servicios sociales y alcanzan una tasa de retención en la vivienda del 96 % a los 18 meses. En cambio, en el grupo que permanece en los albergues, un 27 % vuelve a dormir en la calle. Además, el uso de recursos sociales entre los participantes de HF disminuye del 14 % al 4 %, mientras que en quienes recurren a recursos temporales se mantiene o incluso aumenta.

“Estos datos reflejan la mayor eficiencia y el impacto positivo de Housing First frente al modelo tradicional, basándose en evidencia científica que demuestra que la solución está en la vivienda en entornos comunitarios, no en centros colectivos”, concluyen desde las organizaciones.

España, a la cola de Europa en vivienda social

A pesar de ello, la respuesta institucional sigue estancada en la emergencia y la temporalidad. En 2024, el Observatorio de Vivienda y Suelo registró 4.678 solicitudes de vivienda social por parte de personas en situación de emergencia en la Comunidad de Madrid. Aunque esta comunidad cuenta con el parque más amplio de vivienda social en España, apenas dispone de 2 viviendas sociales por cada 1.000 habitantes. Una cifra que contrasta con la demanda creciente y evidencia la insuficiencia estructural del sistema.

En 2024, el Observatorio de Vivienda y Suelo registró 4.678 solicitudes de vivienda social por parte de personas en situación de emergencia en la Comunidad de Madrid

Los datos proporcionados por Eurostat y el Observatorio Housing Europe corroboran que el parque de vivienda en alquiler social en España se sitúa en torno al 3,3% de las viviendas principales, casi cinco puntos porcentuales por debajo de la media de los países de la Unión Europea, que ronda el 8%.

Medidas y promesas: ¿la respuesta será suficiente?

Ante la urgente necesidad de ampliar el parque de vivienda social, la Administración General del Estado anunció a principios de año la transferencia de más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la Empresa Pública de Vivienda. Además, según declaraciones del Ministerio de vivienda, pondrá a disposición de la ciudadanía más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos con capacidad para albergar 55.000 viviendas, protegidas permanentemente.

Aena recuerda que los aeropuertos “no están pensados para albergar a nadie. Son infraestructuras de paso, carentes de las mínimas condiciones para pernoctar”. Sin embargo, la realidad es que los albergues, tampoco cumplen con su función esencial: garantizar un techo digno y estable. Esta doble evidencia desnuda la fragilidad de un sistema que falla en lo más básico: reconocer la vivienda como un derecho y no como un privilegio.

Tras la prohibición de pernoctar en el aeropuerto de Barajas, aún permanecen unas 24 personas durmiendo en sus inmediaciones, según confirma la asociación Bokatas a Servimedia. Aena además, ha anunciado el desalojo de diez personas instaladas en un parque cercano a la Terminal 1, así como de otras 14 que pasan las noches en los pasillos de acceso al parking de la Terminal 4. La asociación sigue intentando localizar a quienes se han dispersado por Madrid, aunque solo el 11% ha sido acogido en el centro del Pinar de San José, ya que para acceder es necesario estar previamente vinculado a los servicios sociales del Ayuntamiento, generalmente mediante empadronamiento en la ciudad.