Madrid
El Sindicato de Inquilinas logra frenar el segundo intento de desahucio de Rahman, vecino de Lavapiés

Victoria agridulce para el Sindicato de Inquilinas, que ha logrado paralizar temporalmente este miércoles el segundo intento de desahucio de Rahman, su mujer y sus dos hijos menores en Calle Amparo, 81, en el barrio de Lavapiés. El poder de convocatoria que ha tenido esta mañana la acción en puerta contra la ejecución explica este éxito parcial. Desde las 8.00 horas, cerca de 80 personas procedentes de distintos colectivos sociales como la Red Inter Lavapiés, Territorio Doméstico, Valiente Bangla y organizaciones como el Sindicato de Inquilinas de Madrid se han agolpado en los aledaños de la vivienda para presionar hasta evitar la expulsión al grito de ‘Rahman no estás solo, estamos contigo’.

“Hemos conseguido parar este segundo intento de desahucio y ha salido todo bien gracias a la labor que se ha hecho de difusión y del trabajo con las alianzas del sindicato en el barrio. Hemos estado muchas vecinas y es una demostración de que unidas somos capaces de parar las barbaridades del sistema rentista”, celebra Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas. El lanzamiento se ha pospuesto hasta el 14 de noviembre, por lo que ahora las inquilinas que luchan junto a Rahman disponen de un tiempo extra para negociar un contrato de alquiler social y seguir presionando a la propiedad.

“Lo que Rahman sufre es una estafa, porque el propietario que deja de serlo no le avisa y la Caixa decide echarlo a pesar de que ha pagado religiosamente su cuota de alquiler durante años”: denuncia el Sindicato

El de Rahman es un caso anómalo en relación a las formas habituales de expulsión inmobiliaria: Él y su familia llegaron a España desde Bangladesh y llevaban desde 2015 residiendo en su actual piso en régimen de alquiler. El propietario de la vivienda contrajo una deuda, entró en ejecución hipotecaria y perdió la propiedad del piso, de manera que éste pasó a pertenecer legalmente a la Caixa, hoy CaixaBank. Nadie notificó a Rahman de este cambio sustancial y, por ello, a pesar de haber pagado religiosamente los 700 euros de renta a quien creía que era su casero, recibió una orden de desalojo. “Lo que Rahman sufre es una estafa, porque el propietario que deja de serlo no le avisa y la Caixa decide echarlo a pesar de que ha pagado religiosamente su cuota de alquiler durante años. Se trata de un caso aún cruel de la violencia que sufrimos cada día con la crisis inmobiliaria actual”, denuncia Gonzalo Álvarez, portavoz del Sindicato de Inquilinas y militante en el nodo centro, espacio donde Rahman llevaba los últimos meses organizándose para combatir esta situación.

Pese a los infructuosos intentos de negociación por parte de sus compañeras, tanto de esta organización como de Valiente Bangla, que han estado al pie del cañón para intentar mediar con Caixabank, las vías de diálogo quedaron “totalmente rotas” desde el primer minuto. De hecho, las inquilinas en lucha llegaron a proponer la firma de un contrato de alquiler bastante alto “porque Rahman a pesar de no tener grandes ingresos lo podía asumir y se estaba intentando en beneficio de la estabilidad de la familia, pero hasta el día de hoy la Caixa no ha querido escuchar”, explica Carolina Vilariño, abogada y portavoz del Sindicato, que ha seguido de cerca estos meses el caso de esta familia y ha facilitado la mediación con la propiedad.

El por qué de la intransigencia del banco a la hora de llegar a un acuerdo se debe, intuyen sus compañeros, a la voluntad del banco de continuar especulando con la vivienda alquilándola a precios desorbitados. La hipótesis compartida por la mayoría es que pretenden destinar el edificio entero al alquiler turístico. Al menos esa ha sido la tónica general en el barrio de Lavapiés, donde cada vez más familias migrantes como la de Rahman están siendo arrancadas de sus barrios mientras especuladores y turistas van ganando terreno. Aunque la forma en que Rahman ha sido expulsado es del todo infrecuente, no lo es el modus operandi de la entidad bancaria, que lleva años dejando en la calle a miles de vecinas para aumentar sus beneficios comprando bloques enteros.

Building Center, inmobiliaria encargada de gestionar los activos inmobiliarios de la Caixa e intermediaria en el caso de Rahman, acumula 25.000 propiedades residenciales en régimen de arrendamiento por valor de 135 millones de euros

De hecho, Building Center, inmobiliaria encargada de gestionar los activos inmobiliarios de CaixaBank e intermediaria entre Rahman y el banco propiamente dicho, acumula viviendas por valor de 135 millones de euros según el portal Idealista. En total, una cosecha de 25.000 propiedades residenciales en régimen de arrendamiento. En los últimos años las vecinas han denunciado prácticas inmobiliarias como clausulas abusivas, subidas desproporcionadas del alquiler (e ilegales según la Ley de Arrendamientos Urbanos) y dejación del mantenimiento de zonas comunes, en muchos casos para forzar la salida voluntaria de las vecinas. De ahí que organizaciones antirrentistas como el Sindicato de Inquilinas lleven años realizando campañas para advertir de las malas praxis de esta entidad, que ya posee el mayor parque inmobiliario del Estado.

El primer intento de desalojo se produjo el pasado mes de julio pero dos razones fueron determinantes para evitar el desenlace: Por un lado, el enorme poder de convocatoria que tuvo la acción colectiva contra la expulsión, ya que ese día se congregaron a las puertas de la vivienda decenas de personas venidas de distintos puntos de la capital para defender al inquilino. Por otro, se produjo un fallo en la notificación por parte del juzgado a la comisión judicial, lo que complicó todavía más los intentos de ejecutar el lanzamiento.

Las inquilinas en lucha, que han coreado consignas como “ni casas sin gente ni gente sin casas”, “vecina, despierta, desahucian en tu puerta” o “los caseros nos roban el sueldo”, así como cánticos en bengalí, seguirán las próximas semanas presionando para llegar a un acuerdo. De romperse todos los puentes de negociación por tercera vez, Rahman y su familia no sólo perderían lo que estos últimos años ha sido su hogar, también sus anclajes con el propio barrio. La jurista incide particularmente en la situación de los dos hijos adolescentes, que llegaron hace poco más de un año y medio a Madrid desde Bangladesh: “Podrían entrar en un proceso de una precariedad habitacional absoluta, pero también de incertidumbre permanente al tener que estar en un alojamiento temporal y a los dos días irse (como ya se vivió un año atrás en el caso de Zohra y su expulsión del albergue Las Caracolas), sabiendo como influye eso también sobre todo en los menores, en su red, en el colegio, en todo en definitiva”.

Los hijos de esta familia, de 15 y 17 años, han vivido todo este tiempo una integración muy positiva y “una acogida buenísima” en el colegio de su barrio, que dispone de un aula de apoyo y había facilitado que ambos puedan aprender castellano en un tiempo récord. En estos momentos, si se efectúa finalmente el desalojo en noviembre, podría romperse ese proceso de adaptación, así como las redes de apoyo que han ido tejiendo sus padres este tiempo en Lavapiés con otras personas de la comunidad bangladesí.

Además, admiten sus compañeras, no es fácil encontrar alternativas habitacionales en una ciudad devorada por la especulación y los precios irrisorios, más para la población racializada. Rahman lleva meses buscando con desesperación un techo para anticiparse a un posible desalojo pero su acento actúa de barrera ante inmobiliarias y caseros que le discriminan por su nacionalidad: “Nos encontramos ante un mercado absolutamente hostil e insostenible, lo que se multiplica por mil en el caso de las personas migrantes y racializadas, ya que el componente de la crisis inmobiliaria actual tiene una connotación racista clarísima”, destaca Álvarez, que hace hincapié en el racismo inmobiliario que hoy predomina en el mercado del alquiler.

Vilariño, por su parte, confiesa haber presenciado llamadas telefónicas entre Rahman y las distintas inmobiliarias con las que contactó para buscar piso. “En algunas ha hablado él primero y después he cogido yo el teléfono y ahí vemos que cambia todo, sobre todo el tono: primero se niegan, dicen que todavía no están agendando visitas, pero cuando he llamado yo dicen que sí, que empezarán a llamar la semana que viene para visitas”, relata la activista. Otras veces directamente le denegaban la visita y cuando llamaba posteriormente una persona con acento español sí se la concedían la visita.