Madrid
Cuando la Seguridad Social es tu casero y pretende desahuciarte, pero no piensas permitirlo

Durante 18 años, 28 familias han vivido en pisos propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en bloques situados en distintos barrios de la capital: Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico. Ahora se enfrentan a lo que llaman un “desahucio invisible”, la no renovación de sus contratos y una expulsión silenciosa de lo que fue su hogar en las dos últimas décadas. Pero han decidido que su salida no va a ser silenciosa. Es más, no tienen pensado irse. Las 28 familias se han organizado en el Sindicato de Inquilinas de Madrid y han decidido resistir en el marco de la campaña del sindicato “Nos quedamos”.

“No se trata solo de defender sus casas”, dicen desde el sindicato, sino de “plantar cara a un modelo que busca privatizar la vivienda pública”. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez afirma tener entre sus propiedades contar con un parque público para poder actuar en la crisis de vivienda, la TGSS se lanza a expulsar a vecinos de sus casas para “ponerlas en manos de intereses privados o fondos buitres”.

Mientras el Gobierno de Sánchez afirma tener entre sus propiedades un parque público potente, la Seguridad Social se lanza a expulsar a vecinos de sus casas para “ponerlas en manos de intereses privados o fondos buitres”

Las viviendas, propiedad del Estado, fueron gestionadas inicialmente por la Sociedad Pública del Alquiler, un programa de la era Zapatero que promovió vivienda para jóvenes y, después de su disolución, los pisos terminaron en manos de la Seguridad Social. Desde entonces, los alquileres han subido un 30% y ahora, denuncian las familias organizadas, el Estado pretende vender estos inmuebles “a precios especulativos, sin ofrecer alternativas viables a las vecinas”.

La única opción que ha dado el Estado a los habitantes de estas viviendas es que las compren “por encima del valor catastral en un mercado viciado”, denuncian desde el sindicato. En algunos casos, el precio ofertado para quedarse en sus casas supera el millón de euros, según afirman.

Los vecinos llevan meses intentando negociar con la TGSS, pero sin resultado. “El Estado prefiere subastar estas viviendas y dejarlas caer en manos de fondos buitres o promotoras inmobiliarias que las reforman y las destinan a pisos turísticos, o las dejan vacías y abandonadas”, señala esta organización. 

Los vecinos llevan meses intentando negociar con la TGSS, pero sin resultado. “El Estado prefiere subastar estas viviendas y dejarlas caer en manos de fondos buitres o promotoras inmobiliarias”

Estos no son los únicos pisos que tiene la Tesorería General de la Seguridad Social. Según el periódico El Mundo, posee 800 viviendas vacías, “muchas de ellas abandonadas desde hace más de una década”, que han generado un coste 143 millones de euros al Estado.

Según el portal de la Seguridad Social, en la actualidad el Estado tiene a la venta un total de 359 viviendas a través de un proceso de subastas en donde quién más paga se queda con los lotes, la mayoría de ellos procedentes de embargos.

La acción de las inquilinas de la TGSS se suma a la huelga de alquileres que se está llevando en Catalunya contra la Caixa, que pretende privatizar viviendas de protección pública. 

A pesar de sus discursos sobre el derecho a la vivienda y la necesidad de ampliación del parque público de alquiler, el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez “contribuyen activamente a la especulación inmobiliaria”, acusan desde el Sindicato de Inquilinas. Para esta organización, este caso vuelve a dejar claro, una vez más, que “el Estado no es la solución a la crisis de vivienda, sino uno de sus principales impulsores”.

En 2012, el Ministerio de Fomento de Ana Pastor (PP) lanzó un plan de recortes que incluyó la extinción de 27 entidades estatales, entre ellas la Sociedad Pública de Alquiler con el argumento de que era un “negocio ruinoso” y que “cada vivienda que alquila es más gasto para la sociedad”. Desde entonces, el Estado no ha establecido mecanismos que hayan servido para regularizar la situación de estas viviendas del Estado como parte del parque público. Desde el Sindicato de Inquilinas creen que este conflicto abierto puede servir para hacerlo de una vez.