Madrid
La presión social logra la suspensión provisional del desahucio de la activista Paca Blanco

Ha sido la presión social y la organización colectiva —una movilización y respaldo de más de 150 organizaciones y colectivos de todo el Estado— lo que ha logrado paralizar el desahucio de la histórica activista Paca Blanco, previsto para el próximo lunes. A pesar de que esto supone una victoria fruto de la movilización y del respaldo, no pone fin al conflicto ya que sigue en riesgo inminente de desahucio.

En diciembre de 2025, entidades sociales alertaban de las cartas de desahucio que estarían recibiendo 260 familias vulnerables de 167 inmuebles de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), que son parte del Programa de Alojamiento Alternativo y Temporal, un convenio de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad que lleva funcionando desde 2012. Una de esas cartas era para el hijo de Paco Blanco, el adjudicatario del piso y que actualmente se encuentra ilocalizable. En la misiva se indicaba un número de cuenta para pasar los recibos del alquiler. “Llevo un año pagando religiosamente el alquiler porque antes no me lo han querido cobrar”, asegura e insiste en que no exige ni siquiera un contrato a su nombre. “Lo que quiero es seguir pagando y seguir viviendo aquí hasta que me muera. Tengo 77 años y quiero que me dejen en paz”, dice.

La amenaza de desahucio ha seguido pendiendo sobre sus espaldas pese a llevar años solicitando la regularización de su situación mediante la subrogación del contrato y habiendo abonado el alquiler durante el último año. Los últimos días tanto ella como su abogada han intentado reunirse con la EMVS sin éxito y la información que ha recibido Blanco a través de Servicios Sociales, Juzgados y la propia Empresa Municipal de Vivienda ha sido contradictoria e insuficiente.

“La paralización del desahucio no puede interpretarse como una solución, sino como una tregua arrancada por la movilización que nos da fuerza para seguir luchando”

De acuerdo a Ecologistas en Acción, una de las organizaciones en las que Paca ha militado, y una de las 150 firmantes en su apoyo, “la paralización del desahucio no puede interpretarse como una solución, sino como una tregua arrancada por la movilización que nos da fuerza para seguir luchando” y subrayan que la suspensión no se ha recibido por escrito sino que los documentos judiciales en los que se afirma la suspensión fueron filtrados a periodistas “a la vez que se negaba el acceso a los mismos a la persona que reside en la vivienda. Esto es una muestra de un maltrato institucional flagrante”.

Con todo ello, las organizaciones que apoyan a Blanco advierten que seguirán organizándose y movilizándose hasta que se reconozca definitivamente el derecho de Paca Blanco a permanecer en su hogar “con un alquiler social adecuado a sus ingresos”. No se han olvidado de señalar que los desahucios siguen produciéndose a diario con la complicidad de Gobiernos estatales, autonómicos y municipales que “continúan protegiendo este modelo injusto, como se ha visto recientemente en el desahucio de cerca de un centenar de personas de un bloque propiedad de la Sareb en Villalba. Un nuevo ejemplo de cómo las instituciones priorizan los intereses inmobiliarios frente al derecho a una vivienda digna”.

El caso de Paca Blanco “no es una excepción, sino la expresión de una política estructural que expulsa a las clases populares de sus barrios y convierte la vivienda en un negocio al servicio de unos pocos”

Reconociendo que se ha logrado un pequeña victoria admiten que el apoyo social recibido demuestra que el caso de Paca Blanco “no es una excepción, sino la expresión de una política estructural que expulsa a las clases populares de sus barrios y convierte la vivienda en un negocio al servicio de unos pocos”. La paradoja del caso de Blanco es que, siendo una activista que ha dedicado toda su vida a la defensa del territorio, del medio ambiente y de los derechos colectivos, a sus 77 años y con un estado de salud delicado, se pretende expulsarla de su casa.

Por todo ello, se exige la retirada definitiva del desahucio, el reconocimiento de su derecho a la subrogación del contrato y el acceso a un alquiler social justo. “Defender a Paca Blanco es defender el derecho a la vivienda de toda la clase trabajadora”, concluyen.