Madrid
Concentración contra CaixaBank por vender viviendas de alquiler social a fondos buitre

“Nuestras casas no se venden, nuestras casas se defienden”. Medio centenar de personas se ha concentrado el miércoles por la tarde en la madrileña plaza de Colón, delante de la oficina All in one de CaixaBank. Con gritos de “Caixa culpable, Gobierno responsable”, “no nos vamos, nos quedamos” y pancartas con las palabras “nuestros hogares no son un negocio”, han denunciado al abrigo de las luces navideñas que la entidad bancaria ha vendido sus viviendas a dos fondos de inversión, y que estos pretenden rescindir los contratos de alquiler y dejar sin techo a cientos de familias, a algunas durante estas mismas fiestas.

Los afectados son vecinos y vecinas de los bloques de los distritos de Vallecas, Vicálvaro y en el municipio Pinto. Con diversas edades, orígenes e historias, todos tienen algo en común: venían de la Obra Social “La Caixa”, el programa destinado a hacer asequible la vivienda para colectivos con dificultad de acceso, y que terminó cancelándose después de la fusión de La Caixa y Bankia. Pese a haberse beneficiado de subvenciones públicas y desgravaciones fiscales para desarrollar su obra social, hay sospechas de que tras la fusión CaixaBank empezó a extinguir esos contratos para liberalizar los precios de esos edificios y venderlos. En el caso de estos tres bloques, han sido vendidos a dos fondos de inversión (Mosaic Propco S.L.U. y Farley ITG S.L.).

Los vecinos y vecinas han sufrido subidas de alquiler abusivas, dificultad a la hora de renovar el contrato y, como colofón final y más reciente, la temida noticia de que sus alquileres no se prolongarán

A partir de esta venta, los vecinos y vecinas de las tres promociones han sufrido un cambio gradual pero dramático en su situación habitacional: subidas de alquiler abusivas, dificultad a la hora de renovar el contrato y, como colofón final y más reciente, la temida noticia de que sus alquileres no se prolongarán. También denuncian que en sus edificios ya hay pisos de alquiler de temporada por el doble de lo que ellos pagaban, o anuncios de compra a precios que consideran abusivos.

Desahucios invisibles

Los cientos de afectados ven día a día acercarse la temida fecha de fin de contrato de alquiler, para algunos muy próxima: para quienes firmaron el contrato en 2018, la fecha para dejar las llaves es del 31 de diciembre; para quienes lo acaban de firmar ahora, los contratos aún se prologan hasta seis años. Entre los afectados hay familias con hijos, madres solteras, personas mayores y personas con discapacidad. El temor más expresado es la imposibilidad de encontrar otra alternativa habitacional con los precios de alquiler disparados.

“La Caixa me ha avisado de que el 31 de este mes, unos días después de Nochebuena, tengo que abandonar la vivienda porque ha decidido vender mi casa y la de mis vecinos a un fondo buitre para seguir engrosando sus beneficios millonarios”, dice Susana, una vecina de Vallecas 

Una de las personas que ha hablado es Susana, vecina del bloque del Ensanche de Vallecas desde 2009. Ella fue de las primeras que entró a vivir en su promoción con un alquiler social que fue renovando primero a los cinco años, después otros cinco y después siete, hasta que recibió la carta con la noticia temida: no habría más renovaciones. “La Caixa me ha avisado de que el 31 de este mes, unos días después de Nochebuena, tengo que abandonar la vivienda porque ha decidido vender mi casa y la de mis vecinos a un fondo buitre para seguir engrosando sus beneficios millonarios”, dice. “Después de promocionar durante años la obra social, ahora CaixaBank juega con nosotros y aprovecha el alza del precio de la vivienda para sacar esas promociones sociales al libre mercado y hacerse de oro. Somos más de 500 familias a las que la Caixa quiere dejar en la calle”.

Idéntica suerte han corrido los bloques de Vicálvaro y Pinto, que pasaron de las manos de InmoCaixa (la rama que gestiona las viviendas de la empresa) a las de los dos fondos de inversión, sin informar convenientemente a los inquilinos, sin darles posibilidad de renovar sus alquileres y ofreciéndoles opción de compra por precios que rondan los 350.000 euros, que muchos consideran inviable. “Si me pides como obra social que no supere unos ingresos para optar a estos pisos, ¿cómo dejas que un fondo de inversión me pida eso?”, dice Vanesa, una vecina de Pinto, que destaca la ironía de que, justo al lado de su bloque, están construyendo un Plan Vive en el que ofertan 400 viviendas mientras las 166 de su bloque se quedan “en la calle”.

“No nos vamos”

Por todo ello, las familias, acompañadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Vallekas y el Sindicato de Vivienda de Moratalaz, han anunciado que presentarán una denuncia contra los fondos propietarios de las viviendas. Durante la concentración, con gran presencia de la policía, que ha colocado un furgón en la misma puerta de la sede de CaixaBank, los manifestantes han reclamado su derecho a la adquisición preferente de los pisos frente a las empresas que los compraron y anunciado que impugnarán 14 cláusulas “abusivas” de sus contratos.

“Es un listado de malas prácticas muchas de ellas habituales, no solo de grandes empresas sino también particulares”, explica Diego Redondo, el abogado de las familias. Prácticas que obligan al inquilino a asumir todas las reparaciones y los gastos, que renuncie a las prórrogas voluntarias del contrato, o cláusulas de mala praxis de entidades financieras como obligar a tener una cuenta en su propio banco. Aunque CaixaBank fue quien estableció esas cláusulas, la demanda la dirigen hacia los dos fondos de inversión, actuales propietarios.

“Vamos a presentar esa demanda, pero también cuando el fondo intente desahuciar a cualquiera de las vecinas que se les vayan acabando los contratos, no nos vamos a mover hasta que lleguemos un acuerdo para renovar”, explica el abogado de las inquilinas

Una demanda de juicio ordinario es lenta, pero Redondo explica que la estrategia que van a adoptar es global: forzar a que todos los vecinos y vecinas se queden pagando sus alquileres. “Vamos a presentar esa demanda, pero también cuando el fondo intente desahuciar a cualquiera de las vecinas que se les vayan acabando los contratos, no nos vamos a mover hasta que lleguemos un acuerdo para renovar”. Él está en contacto con los tres bloques, y percibe que hay solidaridad, gente cuyo contrato no vence hasta dentro de varios años que, aún así, se ha unido a la demanda, y conciencia de que hay que luchar juntos. “Al final, si no hay una unión y una pelea conjunta, gente con tanto poder adquisitivo te come, ellos lo saben. Las casas ahora mismo son nuestras y no las vamos a soltar, hasta que lleguemos a un acuerdo”, dice el abogado.

CaixaBank es, junto al fondo estadounidense Blackstone, el mayor casero del país, con cerca de 22.000 pisos en alquiler. En 2024 alcanzó beneficios récord de 5.787 millones de euros, encadenando cinco años consecutivos de máximos desde la fusión. Durante el acto, los manifestantes también han recordado la responsabilidad del Estado, ya que mantiene una participación cercana al 18 % de CaixaBank, “lo que lo vincula institucionalmente con las decisiones del grupo. A través de las acciones en la entidad, el Estado ha percibido de media 339 millones por año, alcanzando en 2024 los 1.697 millones de euros”. Por eso, creen que no solo debe interceder para frenar esta operación, sino que podría hacerse cargo de la adquisición de estas viviendas, “por ejemplo, a través del SEPES, garantizando su incorporación al parque público”.