Libertad de expresión
Hay tanta libertad que no se puede respirar

Este pasado fin de semana el artista Elías Taño ha realizado un mural alusivo al caso Altsatsu en el barrio del Carmen, en Valencia. Un inspector de la empresa concesionaria municipal de limpieza decidió que ese mural era claro mensaje de enaltecimiento del terrorismo y mandó a los empleados borrarlo. No había escuchado antes esa pasarela de funciones que existe entre inspector de limpieza y juez de la Audiencia Nacional, así que debo seguir estudiando la burocracia.

La cosa sería anecdótica si el caso de los chavales de Altsatsu no fuera tan grave ni sus consecuencias tan serias, ni las comparaciones con las penas que se han decretado para otros delitos más graves tan dolorosas. Deducimos de la actitud y proceder del inspector dos cosas. A) No se enteró que en la sentencia se descarta el terrorismo, ergo, no pudo haber enaltecimiento de tal. Y b) que interpreta que la ley mordaza es algo así como la del oeste, que te permite ponerte a declarar enaltecimientos del terrorismo mientras almuerzas.

Un inspector de la empresa concesionaria municipal de limpieza decidió que ese mural era un claro mensaje de enaltecimiento del terrorismo y mandó a los empleados borrarlo

Pasó otro sábado por la tarde, en Madrid, carnaval de hace dos años. Aquel día la ley mordaza cruzó el límite de parar una obra artística para detener a sus intérpretes. Raúl García y Alfonso Lázaro no pudieron terminar la función con títeres que estaban desarrollando en la Plaza de Castilla. La parodia se hizo realidad y tras mostrar un cartel con la palabra Alkaeta —en el espectáculo el cartel es un montaje fabricado por la policía para detener a una bruja—, fueron detenidos y conducidos al juzgado, y no a cualquiera. Llegaron acusados de enaltecimiento del terrorismo a la Audiencia Nacional, ese vestigio franquista que sigue dictando sentencias de excepción.

Era el tercer año de la ley mordaza, y pese a que este caso concreto fue archivado, Raúl y Alfonso se comieron cinco días gratuitos de prisión preventiva. El clima que alimenta esa actitud censora que vincula crítica al poder con enaltecimiento del terrorismo está ahí. Sigue entre nosotros como hemos visto en la censura de la obra de Santiago Sierra en Arco, en los casos de César Strawberry, Valtònyc, La Insurgencia, Pablo Hassel y tantos otros. 

Esta pestilente atmósfera autoritaria viene de la ley firmada por un ministro, Fernández Díaz, que siempre olerá a cloaca y se sirvió mediáticamente como venganza soterrada para la entonces delegada de gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, tras sus derrotas judiciales con las multas del 15M. 

A nadie se le escapa por aquí que si amenazas con escopetear a tus rivales políticos, puedes tener consecuencias penales salvo que seas un acomplejado storyteller de la alt right , la old right , o todas las right a la vez. Si es usted de esas personas que alberga pensamientos subversivos en su interior, seguramente se ha dado cuenta. Hay un riesgo nuevo en su vida. Lleve cuidado al despotricar en Twitter, tenga precaución con los flows que los carga el diablo. No se la juegue y no saque de sus cabeza esas ideas. Las autoridades sanitarias advierten que ejercer su libertad puede tener consecuencias penales. 

Han ido a por tuiteros, a por raperos, han forzado hasta el absurdo las acusaciones y con eso han generado en la peña un cacao mental sobre dónde está el límite de lo legal

Han ido a por tuiteros, a por raperos, han forzado hasta el absurdo las acusaciones y con eso han generado en la peña un cacao mental sobre dónde está el límite de lo legal. Porque lo peor no son estos pequeños grandes censores, esos guardias civiles que se toman una jota navarra cantada por el más veterano del punk estatal como algo personal, no. Bueno, sí, son lo peor, pero entendedme, me refiero a que es una gran cagada la autocensura que nos lleva a no jugárnosla en Twitter con hacer un chiste sobre Carrero Blanco y el nuevo ministro astronauta.

Nos han puesto unos límites que nos han dejado limitados. La interpretación de que los delitos de odio pueden tener como víctimas a los representantes del poder, cuando este concepto se creó para proteger a las minorías, ha supuesto en la práctica una suerte de defensa extra del orden establecido. Cuantos más años dejemos activo este artefacto sofisticado que fríe a multas y cárcel, más se integrarán estos topes a nuestro espacio de crítica de forma inconsciente, y eso sería lo realmente trágico.