Ley de Seguridad Ciudadana
Las multas al fotógrafo Javier Bauluz vuelven a poner el foco sobre la Ley Mordaza

El 29 de noviembre de 2020, en el muelle de Arguineguín, el fotógrafo Javier Bauluz estaba fotografiando un barco de Salvamento Marítimo que arribaba a la costa, llevando a decenas de personas migrantes rescatadas del mar, cuando dos agentes se acercaron y le impiedieron continuar su labor desde donde estaba. Se trataba del primer día en el que se había abierto el muelle de Arguineguín al público después de que la intervención del Defensor del Pueblo acelerase el desmantelamiento de las instalaciones donde durante tres meses se había retenido a las personas migrantes en lo que se llamó “el campamento de la vergüenza”. 

Periodistas y fotógrafos dejaron constancia de la situación que se vivía en aquel muelle. Uno de esos fotoperiodistas era Bauluz, ganador de un premio Pulitzer. En un vídeo de aquel día, que él mismo compartió en su momento, se ve cómo habla con un agente, con el barco de Salvamento Marítimo de fondo. Otro agente acude y entre ambos, le empiezan a agarrar para alejarle del lugar. Bauluz, que ya se está moviendo, se zafa de la mano del agente que le ha tomado del brazo y le dice que no le toque. Cuando ya se se ha alejado un poco, el mismo agente le retiene por el brazo y le pide la documentación anunciándole que va a sancionarle. Un tercer agente se interpone entre algunas cámaras que graban el momento y la conversación. 

El agente cumplió con la amenaza: un año y medio después el propio Bauluz denunciaba este fin de semana en las redes que le han sancionado con 1.000 euros. Se trata de dos multas, según detallaba el fotógrafo a Eldiario.es, la primera una infracción leve por “falta de respeto al agente”, y la segunda una falta grave por “negarse a ser identificado”, ambas en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana. Bauluz afirmaba a este mismo diario no haberse negado a ser identificado. En el vídeo que ha difundido se le llega a ver sacando su cartera. 

Me aplican #LeyMordaza sin derecho a juez, testigos, pruebas.

Indefensión = 1.000 euros

No es un caso aislado...

Vamos con #PeriodismoSinLeyMordaza🐎🐎🚩#DerechosHumanos #LeyMordaza

PD En https://t.co/9fngLrXZwp encuentras el "temido" FotoLibro #LaRutaCanaria https://t.co/qhF7DQkGEn

— Javier Bauluz (@javierbauluz) June 13, 2022

La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana fue uno de los compromisos del gobierno de coalición, sin embargo solo ha sido objeto de una reforma que no evita situaciones como la protagonizada por Bauluz. En una cuestión como la migratoria y en momentos de vulneración de derechos humanos como los que se denunciaron y documentaron en Arguineguín, el trabajo de fotógrafos y periodistas es fundamental para poder fiscalizar a las autoridades, subrayaba Amnistía Internacional en sus redes sociales. El tweet de la organización se sumaba a una cadena de reacciones de solidaridad de personalidades, colectivos y profesionales de la comunicación con el fotógrafo, que con el hashtag #PeriodismoSinLeyMordaza, denunció en sus redes: “Me aplican #LeyMordaza sin derecho a juez, testigos, pruebas. Indefensión = 1.000 euros. No es un caso aislado…”. 

En este sentido, la Plataforma No Somos Delito se ha manifestado esta mañana con un comunicado en el que condena la sanción al fotógrafo: “Denunciamos seis años de bloqueo parlamentario de la reforma de la #LeyMordaza y reclamamos a los partidos políticos revertir el grave retroceso en #LibertadDeExpresión”, compartían en un tuit. “Si los fotoperiodistas no pueden hacer su trabajo, se ciega a toda la sociedad”, se adherían desde SOS Refugiados Europa. 

Llama la atención que mientras la denuncia en Arguineguín por el hacinamiento de las personas migrantes fuera archivada definitivamente por la Audiencia de Las Palmas el pasado enero, quien sí acabe siendo sancionado resulte uno de los fotógrafos que más hiciera por documentar las vulneraciones que se dieron en aquel momento. De hecho, Bauluz publicó el pasado un año La Ruta Canaria en el que recoge sus fotografías, tomadas a pesar de los obstáculos interpuestos por las autoridades, sobre la llegada de personas migrantes al archipiélago y la manera en la que fueron y son recibidas.