Legislación
Más de 50.000 firmas en contra de la Ley Ómnibus de Ayuso

Tan solo 20 días han sido necesarios para que más de 50.000 personas —51.700 en total— hayan mostrado su rechazo a la Ley Ómnibus con la que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende modificar 33 leyes y cinco decretos autonómicos que regulan áreas tan dispares como urbanismo, parejas de hecho, medio ambiente o contratación de suministros, bienes y servicios sanitarios.

Esta mañana, miembros de 47 colectivos sociales se han dado cita en la Puerta del Sol para entregar a la presidenta de la Comunidad de Madrid las firmas recogidas y exigir que se escuche la voz de la ciudadanía. Entre ellos, asociaciones ecologistas, vecinales, urbanistas, de defensa del patrimonio cultural, en defensa de la sanidad pública, sindicatos o asociaciones del taxi. Todos representan sectores afectados por  el Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid.

“Bajo el falso enunciado de ‘impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid’, se introducen un conjunto de medidas que en realidad facilitan la destrucción de la naturaleza —permiten la caza en zonas hasta ahora prohibidas de espacios protegidos, la tala de bosques sin autorización— desregula el urbanismopara poder construir en cualquier parte independientemente de su protección, y suponen otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos —sanitarios, del transporte público— y áreas de gobierno en la región afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes”, señalan desde Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que ha participado en la recogida de firmas.

Estas organizaciones han formado un frente común para paralizar la aprobación de esta ley y, para ello, también tienen planteado entrar en contacto con los grupos parlamentarios por si fuera necesario recurrir la nueva ley ante el Tribunal Constitucional ya que el gobierno autonómico presentó el anteproyecto de ley a información pública el 23 de diciembre y dio tan solo siete días ara presentar alegaciones, entre ellos Nochebuena y Nochevieja, cerrando el plazo el 3 de enero, y después ampliándolo hasta el 7 de enero.

Algunos de los cambios que contempla la ley supondrán que los promotores no se vean obligados a ceder suelo a los ayuntamientos o la creación de un “chiringuito sanitario” encargado de la contratación de suministros, bienes y servicios sin control parlamentario. También supondrá desproteger áreas naturales de la comunidad.