Opinión
Los monstruos y los pactos lampedusianos

El último artículo publicado por Julio Anguita, una semana antes de fallecer el pasado mes de mayo, se titulaba “Decía Gramsci”. En él hacía referencia, el viejo profesor de historia, a una de las ideas del intelectual y militante marxista, fundador –hace un siglo– del PCI: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”.

Los conocemos bien de otros inenarrables claroscuros del “corto siglo XX” (E. Hobsbawm). Narrados, no obstante, desde el deber de memoria en el testimonio de los sobrevivientes.

En esta España, quedaron impunes y con medallas. Como en el caso de Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, el conocido policía torturador de la brigada político-social, que murió por covid-19 en medio del drama colectivo vivido por las 26.000 víctimas mortales confirmadas por entonces en el país.

En estos meses de pérdidas y pandemia, fue también el coronavirus quien se llevó –algunas semanas antes de morir el victimario– a uno de los luchadores antifranquistas que fueron víctimas de las torturas de González Pacheco. En nuestra memoria resistente está presente José María Galante, Chato.

En esta historia, la constante ha sido la impunidad de los funcionarios responsables y represores de la dictadura. El torturador, Billy el Niño, terminó sus días sin haber siquiera declarado ante la jueza argentina que lleva la causa de la querella por los crímenes del franquismo

Así danzaron los juegos macabros del devenir histórico, al final convertido en destino de una generación –la nacida en los 40–. No solo víctima y victimario fallecieron como consecuencia de la misma epidemia, sino que la noticia de la muerte del verdugo –con los subsiguientes comentarios de honor de agentes del cuerpo policial en las redes– se daba en la arena pública al día siguiente de la publicación del citado y último artículo de Anguita, también militante clandestino del antifranquismo de los 70.

En esta historia, la constante ha sido la impunidad de los funcionarios responsables y represores de la dictadura. El torturador, Billy el Niño, terminó sus días sin haber siquiera declarado en indagatoria ante la jueza argentina que lleva la causa de la querella por los crímenes del franquismo según el principio de justicia universal, María Servini de Cubría. González Pacheco murió impune sin haberse sentado en un banquillo, ni siquiera en indagatoria ante la jueza, después de diez años de constantes intentos. Años en los que Chato, de tenacidad incansable en su lucha contra la dictadura franquista y su impunidad, no cesó de denunciarlo, como sobreviviente torturado, junto a sus compañeras y compañeros. Lo hizo tanto en Argentina como en juzgados españoles, así como ante la justicia europea y en la corte penal internacional.

Sin embargo, el sádicamente célebre torturador de la policía política franquista no fue extraditado para declarar en ninguna de las ocasiones en las que lo requirió la jueza encargada del caso. Mientras, las más de 30 denuncias interpuestas en juzgados españoles, durante los dos últimos años, eran desestimadas una detrás de otra, a excepción de un juzgado de Valencia, en el que se aceptó investigar las torturas sufridas dentro del marco imprescriptible de la lesa humanidad.

El hecho es que González Pacheco no solo murió sin sentarse ante un juez para ser indagado por sus torturas y asesinatos, sino que se fue a la tumba con cinco medallas, otorgadas por sus servicios, cuatro de ellas después de la muerte de Franco

El hecho es que, como sabemos, González Pacheco no solo murió sin sentarse ante un juez para ser indagado por sus torturas y asesinatos, sino que se fue a la tumba con cinco medallas, otorgadas por sus servicios —más las recompensas salariales públicas que éstas suponían, lo cual duplicaba su pensión—. Cinco medallas y un 50% más de pensión pública, cobrada durante 40 años, por torturar a oponentes a la dictadura, militantes y otros “delincuentes” según la legislación del régimen. Por si fuera poco, cuatro de las cinco medallas fueron otorgadas después de la muerte de Franco. Dos de ellas, en los 80, cuando este sistema político de democracia liberal en el que vivimos llevaba algunos años regido por la Constitución vigente, la de 1978, tras la finalización de la transición pactada.

No fue hasta un mes después de su muerte, el pasado 10 de junio, cuando el Congreso retiró las medallas a su nombre. El PSOE llegó, por enésima vez, tarde y mal —cuando llega—, en materia de memoria, verdad y justicia. Tarde y deficiente, siempre, incluso en lo simbólico, mientras continúa reproduciendo en lo real la impunidad sistemática de los que encarnaron la reproducción de la dictadura. La última vez es bien reciente, justo antes de la crisis sanitaria: el Estado impidió —con ministra del PSOE en la cartera de Exteriores— lo que Chato y sus compañeros habían conseguido concretar para el pasado 20 de marzo —diez días antes del fallecimiento de Galante por covid-19; a mes y medio de la muerte de Pacheco por el mismo virus—, esto es, la testificación de Martín Villa, ministro de Interior franquista durante la transición, responsable, entre otros casos, de la masacre de Vitoria-Gasteiz.

No es menor para contextualizar esta realidad, el hecho de que el PSOE terminara siendo el partido del régimen político, monárquico y liberal, que se articuló tras la reforma política. El que parió aquel proceso transicional —caracterizado por la reforma desde arriba, aunque empujada desde abajo— a partir de la firma de los Pactos de la Moncloa.

Tras la hegemonía de la gestión política, mantenida por el reformismo franquista durante los años de transición —estructuralmente lampedusiana: “que todo cambie para que todo siga igual”—, el PSOE cogió el relevo y la mantuvo intacta de 1982 a 1996. Durante todo el proceso de la llamada “modernización europeísta” del país de la mano de la Comunidad Económica Europea (Unión Europea a partir de 1993).

Entre las legitimidades del consenso y el pacto, construidas férreamente en el marco nacional a partir del promocionado éxito oficial del modelo transicional —en función de su narrativa hegemónica de reconciliación nacional con eje en la guerra civil del 36—, se ubicó la apelación del Gobierno de Sánchez a una reedición de los Pactos de la Moncloa, el pasado mes de abril, mientras impactaba fuerte la epidemia y sus consecuencias. Declaración implícitamente apoyada, en un segundo plano, desde Unidas Podemos, como consecuencia de la apelación a la Constitución del 78 que comenzaron a hacer el año pasado. Concretamente a los derechos sociales arrancados sobre el papel —mojado— que están presentes en el texto —influenciado por constituciones europeas como la alemana, la portuguesa o la italiana—. Un giro, un cambio discursivo de calado por parte de Pablo Iglesias a partir del período electoral. Una fractura a la crítica del régimen del 78 que hicieron intentando mantener, no obstante, continuidad con una de las ideas originarias de Podemos. Esto es, la necesidad de su entrada en las instituciones para defender los derechos sociales, incumplidos por el PSOE cuando éste gobierna en solitario.

Pues bien, el pasado 4 de abril, ante la crisis económica incipiente, Pedro Sánchez apeló, en esa referencia, a la legitimación del pasado de aquella transición y, así, a poner los pactos de Estado por encima, y en contraposición discursiva, a las divisiones partidistas. La llamada a la unidad por la necesaria reconstrucción, y la referencia a la fortaleza de la unidad frente a un enemigo común, el virus, con lenguaje bélico y escenografía militar incluida, se hizo prontamente debido, por un lado, a la conexión con simplificaciones universalizadas hechas sentido común y su utilidad. Y, por otro lado, a la clara depresión económica que implica la pandemia. O, mejor dicho, las consecuencias que acarrea en este sistema la interrupción de las dinámicas económicas durante una cuarentena por la salud poblacional.

Dicho de otro modo, ante el cobro en el cuerpo social que este sistema implica, también, cuando se aplican las medidas necesarias para controlar la epidemia de un virus —que de nuevo es consecuencia del mismo desarrollo del modo de producción capitalista—, con el fin de evitar muertes, al continuar en el centro el mantenimiento de la rueda de beneficio, desigualdad, exclusión y explotación de la “normalidad”.

Así la crisis económica, o su profundización, exigen medidas excepcionales —en este caso de corte keynesiano— que terminarán en ajuste. Un ajuste cuya reacción social de oposición ya tiene dispositivos trabajando a favor simbólicamente. Me refiero a los ya desplegados ideologemas que acicalan las propicias condiciones heredadas para el mencionado canto unitario, tan propio de las narrativas e identidades del Estado-nación, frente a la clase, aún más funcionales en los países periféricos del viejo continente.

Pedro Sánchez hizo la apelación a la reedición de unos nuevos Pactos de la Moncloa consciente, no obstante, de la estrategia de presión contra el Gobierno de coalición progresista practicada tanto por la ultraderecha de Vox como por el Partido Popular. Sin olvidar que el PP tiene su propia historia de mentiras conspiranoicas para mantener un poder patrimonializado en sus imaginarios y prácticas sociales, como quedó constatado con el caso de los atentados yihadistas del 11M. Ni entonces, ni su rastro de mentiras y manipulaciones durante el juicio por aquel atentado en Atocha, les salió bien, pese al aumento exponencial de prensa, escrita y televisiva, reaccionaria y casposa, que plagó el espectro de la opinión pública.

Así pues, la apelación a la unidad para la reconstrucción nacional ante la depresión económica, después del desborde sanitario, por parte del presidente del Gobierno, incluía esa referencia al pacto y el consenso dentro de su significación en la historia oficial reciente del país, con el fin de fortalecer la imagen del PSOE como partido de Estado.

Lejos estaba el Partido Popular de entrar en una posible apuesta de gobierno de concentración como forma para sacar al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos de La Moncloa, lo que hubiera implicado eliminar del Ejecutivo al indeseado socio menor. La estrategia del PP fue dejar esa posibilidad como una ensoñación perdida —con el referente del relato transicional también de fondo— para culpar de su imposibilidad al Gobierno, dada su “ideologización y negligencia dolosa” en la gestión de la epidemia. Mientras despreciaban el guante simbólico de la táctica del PSOE en el Gobierno, han perfilado y mantenido una estrategia de desgaste, junto a Vox, usando políticamente los fallecidos, con bulos, mentiras y la construcción del chivo expiatorio en las marcha feminista del 8M, como sabemos.

Los discursos desplegados intentaban alimentar la imagen de ensoñación de un pasado de consenso transicional perdido en el desastre del presente, tras esta década de crisis de régimen y bipartidismo

Por tanto, el PP, con su estrategia, ha dejado todo el espacio de la llamada centralidad —sea lo que sea eso— para el PSOE en solitario. Así, a pesar del impacto de la epidemia en los imaginarios, desde el Gobierno han podido irradiar la imagen de ser el único partido de Estado, pese a su apariencia de debilidad o sus errores. En ese sentido, la estrategia de las derechas —exceptuando al debilitado Ciudadanos— le ha dejado ese campo al PSOE en este nuevo punto de inflexión histórico que atravesamos. Sin embargo, no debemos olvidar que en los votantes del bloque de la derecha, el retorno al voto útil concentrado en el PP ha de tenerse en cuenta de cara a los nuevos capítulos de la estrategia del partido —su búsqueda de una repetición electoral antes del final de esta legislatura—, tras el apoyo que brindaron a la aprobación del decreto de la llamada ‘nueva normalidad. Y es que, como consecuencia de la partida en Europa, la táctica parece haber abierto una nueva fase aún por perfilarse.

No obstante, en el manejo de evocar esa supuesta ensoñación perdida de un pasado de diálogo y unidad, consenso y pacto —mirando al documento de cultura de la transición, mientras se oculta el documento de barbarie del mito transicional (W. Benjamin)—, los sectores de la derecha vinculados al PP, no estuvieron solos. En ello han estado las corporaciones mediáticas hegemónicas en los imaginarios progres. Pareció nítida una suerte de colaboración —aunque, por supuesto, alumbrada con indignación ante el espectáculo político— con la estrategia de desgaste del Gobierno de coalición desplegada por las derechas, especialmente durante mayo, frente a algunos de los episodios que tuvieron lugar.

Los discursos desplegados intentaban alimentar la imagen de ensoñación de un pasado de consenso transicional perdido en el desastre del presente, tras esta década de crisis de régimen y bipartidismo. Usaron, por supuesto, el retorno de fantasmas de pasados anteriores, siempre recurrentes en una constante. Fantasmas imaginarios, sobre experiencias colectivas desgarradoras y traumáticas, que estuvieron también presentes durante la transición. De hecho, su presencia contó con una función esencial para la sucesión y legitimidad del proceso, que incluyó, por supuesto, al miedo a su retorno. Un fantasma, por tanto, siempre amenazante, que es núcleo central de los relatos sobre el pasado, sólo aparentemente explicativos. Me refiero a la mención de una supuesta naturaleza cainita de los españoles, con referencias al guerracivilismo, lo cual retrotrae a la guerra civil del 36 y, antes, a las que atravesaron el siglo XIX.

El punto álgido de este despliegue discursivo en los medios masivos del arco progresista tuvo lugar, como decíamos, en mayo, con la reacción que desplegaron ante el acuerdo parlamentario de derogación ‘íntegra’ de la contrarreforma laboral del PP. Una reforma laboral que implicó competir, como país en la escena global, a través del abaratamiento sistemático del despido —profundizando en la conformación de un precariado, creciente, explotado y temporario— como respuesta al rescate bancario por parte de la Unión Europea.

El acuerdo parlamentario de derogación fue presentado, así, como abominable por ser con Bildu, un clásico, por parte de prensa de todas las tendencias hegemónicas en los imaginarios del país. Y esto, pese a estar, dicha derogación, en el programa electoral del PSOE —lo cual en la hegemonía neoliberal que convirtió a la socialdemocracia en socioliberales, viene siendo papel mojado en lo estructural desde hace décadas—; así como en el pacto de Gobierno firmado con Unidas Podemos.

El PSOE, desde el Gobierno, se desdijo rápido. Lo hizo a cargo de Nadia Calviño, la tecnócrata economicista —representante fetiche de la elite económica de la UE en el gobierno— que recibió, de hecho, el apoyo del PP como candidata a presidir el Eurogrupo, después de que “los patriotas de la rojigualda” se alinearan en la Comisión Europea con los liberales del norte en las exigencias de recortes y ajuste al Estado español para percibir las ayudas del fondo europeo, que paliarían el primer impacto de la depresión económica.

Esa Unión Europea que ha dejado en barbecho la ortodoxia de la llamada austeridad nacional —tras las políticas de endeudamiento exponencial y posterior crisis de deuda, convertida por la dinámica de la estafa, en crisis de deuda soberana—, exclusivamente, por imperativo. Es decir, ante la necesaria respuesta estatal durante las cuarentenas, primero, y, después, frente a la depresión que acarrea la pandemia por su impacto sobre las dinámicas de este sistema capitalista en fase posfordista y neoliberal en crisis global, en el nos encontramos. Y es que en Bruselas se reproduce sin fisuras, aunque con contradicciones, tanto los intereses para la acumulación de capital de las oligarquías nacionales globalizadas de los Estados, como la relación subalterna del centro-periferia existente dentro de esa ‘Europa de los mercaderes’ de Maastricht (1992) y de la troika del post 2008. Aquellos que “salvaron” explícitamente los bancos del norte —y del sur—, a costa, específicamente, de los pueblos endeudados, tercerizados y dependientes del mediterráneo.

Bildu y Unidas Podemos presionaron entonces tácticamente, en la coyuntura de la quinta prórroga parlamentaria del Estado de alarma, por una derogación ‘íntegra’ —de nuevo sin efectividad final—. Lo cual habría significado recuperar derechos perdidos que, con las dos jornadas de huelga general —sin excesos— de aquel año 2012, no conseguimos parar. Sencillamente, el cumplimiento de una promesa a los trabajadores del país en medio de una crisis de paro impactante, como consecuencia de tener una economía fuertemente tercerizada.

Lo hicieron —pugnaron tácticamente— en este momento de inflexión histórico en el que no podemos dejar pasar, con las relaciones de fuerza que tenemos, ninguna oportunidad para que esta crisis no la paguen los de siempre con sus cuerpos y sus vidas. Sin embargo, el equilibrio en lo político es precario porque la hegemonía ideológica (sistémica) de la economía política —consciente e inconsciente— es férrea, y se dispara ante las previsiones de pérdida de PBI de un 10% con más de cuatro millones de nuevos desempleados. En otras palabras, la alienación, diría el joven Marx, por estos lares, es potente.

No obstante, encontramos ciertos límites pragmáticos en las derechas: el miércoles 10 de junio se aprobaba, en el Parlamento, el decreto gubernamental del Ingreso Mínimo Vital, sin votos en contra. Las derechas, después de haber seguido la estrategia de opacarlo tras bombas de humo de crisis institucional y criticar ideológicamente la medida con ferocidad —la paguita a cambio del voto—, transigieron: Vox con la abstención y el PP votando a favor —con el tiempo y dentro del juego político, intentarán apropiárselo—.

Como dijo Anguita, no podemos permitirnos las soluciones lampedusianas esta vez, menos con los ‘monstruos del claroscuro’. Y cual faro benjaminiano desde los pasados presentes, sedimentados, olvidados, desentrañados, nos acompaña la exigencia de memoria, verdad y justicia

En este nuevo impasse histórico que enfrentamos a nivel mundial, una de las contradicciones esenciales —estructural en su núcleo debido al desarrollo del sistema mundo en el cual vivimos (Wallerstein)— está presente, todavía en el caso español, dentro del Gobierno, aunque no sea de forma antagónica. De hecho, en la última pugna, este 25 de junio, el PSOE volvió a imponerse dejando fuera en este momento hasta la propuesta de impuestos a las grandes fortunas, mientras se percibe un acercamiento al giro de Ciudadanos, y el PP reconsidera la táctica pendular para quizás habilitar algún acuerdo en la comisión parlamentaria para la reconstrucción. No es baladí porque estamos avocados, como siempre, a pugnar por nuestros derechos con la urgencia —mediada siempre con la relación de fuerzas— tanto de la coyuntura económica como de la emergencia ecológica mundial. Habremos de pugnar por un cambio radical a un sistema que ponga en el centro la vida, siempre colectiva. Pero lo haremos como en cada momento histórico, aquí y ahora, con los mimbres que tenemos, desde las condiciones existentes.

En plata, para conseguir que con un nuevo ajuste nacional e internacional no continúen profundizando la insoportable explotación, exclusión y desigualdad de las vidas en el planeta, el Estado —los sujetos que encarnan sus poderes no explícitamente reaccionarios (lo implícito es otro cantar)— debería asegurar los recursos generales de los países a partir de aquello que tienen los que acumularon y acumulan beneficios, y no de las sociedades. Pueblos que vivimos desde hace décadas en el Estado-mercado que la hegemonía neoliberal y la globalización nos ha ido dejando ininterrumpidamente a partir de los 70.

No es un falso dilema la oposición entre salud —del género humano— y economía —capitalista—. Esa es la evidencia que nos deja más al descubierto, respecto a la ‘normalidad’ sistémica, la pandemia. Lo hace además en la antesala de la emergencia climática, consecuencia también de nuestro modo de producción. Es más, la contraposición descarnadamente verdadera entre confinamiento y tener suficiente pasta para seguir adelante en el día a día sigue pasando por la intervención impositiva seria de los recursos de quienes tienen capital acumulado. Aquellos que, de hecho, siguen en la rueda del beneficio o reaccionan prontamente para, ya no evitar perder dinero, sino no perder el índice de beneficio que recaudan ahora y en su proyección de futuro, por no hablar de los que hacen negocio incrementándolo. Y lo cierto es que la respuesta keynesiana, planteada hasta ahora por los estados de la UE, siendo un giro histórico, sigue esos dictámenes de interés.

Por ello, como dijo Anguita, no podemos permitirnos las soluciones lampedusianas esta vez, menos con los ‘monstruos del claroscuro’. Y cual faro benjaminiano desde los pasados presentes, sedimentados, olvidados, desentrañados, nos acompaña la exigencia de memoria, verdad y justicia.