Derechos reproductivos
¿Tenemos un derecho efectivo al aborto en Castilla y León?

Ya vamos adelantando la respuesta. No. Aunque el aborto es legal desde hace 35 años, el ejercicio de este derecho es sometido a muchas trabas. En Castilla y León, las mujeres que quieren llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) son sometidas a un peregrinaje por toda la comunidad autónoma, que las deriva a clínicas privadas de otras provincias.

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo lo estipula claramente: la IVE es una prestación más del servicio sanitario público y está incluida en la cartera de servicios de las instituciones sanitarias. La realidad es bastante diferente: solo un Hospital en Castilla y León, el Santiago Apóstol (Miranda de Ebro) lleva a cabo este procedimiento. Para garantizar el servicio, la Junta de Castilla y León ha optado por externalizar el servicio, derivándolo a clínicas privadas con las que se ha establecido un concierto. 

Que no era fácil abortar en nuestra provincia era un secreto a voces, por eso desde Movimiento Feminista de Salamanca solicitamos testimonios anónimos a través de las redes sociales y realizamos las jornadas “Calla y Empuja” en el marco de las actividades previas al 8 de marzo. Estas jornadas se celebraron el 13 de febrero y en ellas se invitó a matronas, médicas y a activistas de la asociación Parto Respetado Salamanca para que hablaran sobre violencia obstétrica, derechos reproductivos, parto respetado e infantilización de las madres.

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“Esta crisis no debe usarse como una excusa para negar a las mujeres su seguridad reproductiva y su libertad para tomar decisiones”, advierten desde la Federación Internacional de Planificación Familiar.

A las jornadas acudieron estudiantes de medicina, personal sanitario, madres y otras personas interesadas en la temática. Las expertas invitadas consiguieron también testimonios de sus propias pacientes y los compartieron de manera anónima en las jornadas. Lo hicimos con la intención de comprender qué estaba sucediendo en nuestra comunidad autónoma y llegamos a una serie de conclusiones que queremos compartir.

La objeción de conciencia

En 2018, en Salamanca, se han realizado 175 IVEs, ninguna de ellas en el Servicio Público de Salud. La excusa que se da es la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, sobre la cual el artículo 19 de la ley establece lo siguiente: “El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito”.

El Salamanca, la mayor parte de profesionales no se habían planteado realizar una objeción de conciencia, simplemente pensaban este servicio no se llevaba a cabo en su hospital

Evidentemente, no estamos en contra de la objeción de conciencia, pero sí sabemos que el servicio debe estar garantizado en nuestros hospitales públicos. La objeción de conciencia es de carácter individual, sin embargo, en Salamanca la decisión la toma la jefatura de servicio. La mayor parte de profesionales no se habían planteado previamente realizar una objeción de conciencia, simplemente pensaban que la prestación de este servicio no se llevaba a cabo en su hospital.  

También nos preguntamos si se aceptaría la externalización de otros servicios médicos, como una operación de cataratas o una hernia inguinal, o cualquier otro caso que no vaya directamente relacionado con los derechos reproductivos de las mujeres.

El viaje

A esta situación, que ya complica el acceso a una IVE, tenemos que unirle el desplazamiento. Pese a la existencia de conciertos con clínicas privadas en la provincia de origen, se obliga a las mujeres a desplazarse a clínicas de otros lugares: las mujeres de Salamanca tienen que ir a Valladolid y hasta hace un par de años, a Madrid, cuando existe un concierto con una clínica privada de aquí, a la que acuden mujeres de otras provincias.

Una mujer que quiera abortar necesitará necesariamente coger transporte público o pedirle a alguien que la lleve a la clínica, pues al tratarse de una intervención quirúrgica no podrá conducir de regreso. Tras la intervención, y pasadas unas horas para comprobar que no hay ninguna complicación, podrá volver a casa. Los gastos correrán por su cuenta, aunque podrá pedir un reembolso que implicará más papeleo y tardará meses en realizarse. Esto supone, además, una discriminación a las mujeres sin recursos, que tendrán que abonar el dinero del traslado previamente. 

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La libre decisión de las mujeres sobre el futuro de su embarazo está contemplada en la ley española, pero otros factores como el tabú social en torno al aborto o la obligatoriedad del proceso de reflexión condicionan su autonomía.

El estigma

Todo esto va directamente relacionado con el estigma que supone, incluso hoy en día, abortar. Se obliga a las mujeres a trasladarse lejos de su casa para evitar que alguien las reconozca y sepa lo que han hecho. Se las codifica bajo un número para proteger su anonimato. No se registra en la historia clínica del paciente. Con un poco de suerte, las mujeres que aborten podrán reincorporarse a su vida cotidiana a media tarde, cerrando un capítulo de sus vidas del que parece que deberían avergonzarse y ocultar para siempre.

Reconocido sí, efectivo no

El aborto es un derecho reconocido por la ley, pero toda esta situación que denunciamos lo aleja de ser un derecho efectivo. Someterse a una IVE es una elección que debe de ser desestigmatizada y realizada conforme a los propios términos de la ley, del “modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención”.

No consideramos que tener que desplazarse a una clínica privada en otra provincia sea el modo más favorable. Tampoco consideramos que sea necesario establecer conciertos con clínicas privadas: el número de abortos en Salamanca en 2018 fue de 175, lo cual es perfectamente asumible por el Servicio Público de Salud. También se están conculcando los derechos de las y los estudiantes, médicas, enfermeras y matronas a ser formados en esas prácticas. En las jornadas “Calla y Empuja”, varias estudiantes de Medicina de distintos cursos de la Universidad de Salamanca denunciaron que, durante la carrera, el aborto se está enseñando de manera deficiente en las correspondientes materias y que conocen casos de otras universidades donde directamente no se da.

Varias estudiantes de Medicina de distintos cursos de la Universidad de Salamanca denunciaron que el aborto se está enseñando de manera deficiente

Por todo ello, por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, hemos presentado una carta dirigida al Procurador del Común, al Defensor del Paciente y al Director Provincial de la Gerencia Regional de Salud. Es la segunda vez que presentamos una carta de este tipo para denunciar la situación. 

Cómo decíamos al principio, hace 35 años que el aborto es legal en España, pero todavía estamos lejos de que sea un derecho efectivo. Necesitamos un aborto seguro, libre, público y gratuito, que permita que las mujeres puedan tomar decisiones sobre sus cuerpos con total libertad.