Racismo en la Milagrosa: blindemos los derechos sociales

Estos últimos días la comunidad rumano-Gitana está de actualidad en los medios de comunicación, y no precisamente de forma positiva. La detención de varias personas miembros de este colectivo ha desatado un río de opiniones muy negativas, relacionadas con el hecho de que estas personas hubieran poblado el asentamiento en una parcela propiedad al 90% del Club de Tenis de Iruña. El tema es complicado y no es fácil ser ecuánime a la hora de dar una opinión, pero deberíamos reflexionar un poco sobre lo que decimos antes de abrir la boca. Los medios de comunicación deberían ser más responsables a la hora de difundir ciertos mensajes, dejando el rédito político-editorial a un lado.

No podemos caer en vincular la comisión de delitos con el origen de las personas, porque es sin duda es una forma de criminalización y estigmatización y porque alimenta el miedo y el odio y quiebran la cohesión social. Mucho menos podemos permitir que esto sirva de excusa para criticar las medidas de inclusión social, y más cuando la única solución que se propone es la expulsión de estas personas de Navarra, del Estado. Es decir, ante nuestra impotencia, deslocalizar lo que consideramos un problema ajeno, dirigirlo a otra geografía y nos desentendemos de él.

Las medidas de protección social deben ser tratadas como lo que son: derechos que las Administraciones públicas deben garantizar sin exclusiones, no pueden estar supeditados al origen ni a la condición de las personas, debemos blindarlos.

Los derechos fundamentales y su cobertura no puede condicionarse a un supuesto merecimiento moral de la persona perceptora

Debemos tener en cuenta también que este totum revolutum donde se mezclan la pobreza, la exclusión, la necesidad y la delincuencia como ingredientes, otorga legitimidad a la clase dirigente, cuando en lugar de cuestionar una sociedad desigual, se criminaliza a todo un colectivo.

No podemos criticar que el Ayuntamiento ponga unas letrinas, que el Gobierno de Navarra conceda una renta garantizada, que facilite una vivienda a quien no la tiene o que permita el acceso a la sanidad y a la educación a todas las personas. Criticar esto es echarnos piedras a nuestro propio tejado, el tejado de todas las personas que aquí vivimos. Se trata de derechos fundamentales y su cobertura no puede condicionarse a un supuesto merecimiento moral de la persona perceptora.

Negar estos derechos humanos a un colectivo de personas es negárnoslos al conjunto de la sociedad. Preguntémonos cuántas personas están en riesgo de exclusión social, muchas de ellas navarras, en nuestra comunidad. Dejar que un caso tan extremo marque nuestras pautas de actuación es abrir las puertas de par en par a la xenofobia y a la aporofobia (el odio a las personas pobres por el mero hecho de serlo).

Hay unos protocolos de acogida y de lucha contra la exclusión social, marcados por la ONU, UE,etc y que son aplicados por las instituciones y ONGs que trabajan en este campo (Cruz Roja, Caritas, ACNUR). Los protocolos no son perfectos pero son herramientas de trabajo para solucionar los problemas. Lo que no es una solución es decir “Rumanos kanpora”, tal y como estamos pudiendo leer y oír. No es de recibo criminalizar a toda una comunidad, juzgando la excepción como regla. Que nos enfrentemos a problemas que nos parecen de difícil solución no puede llevarnos a mirar a otro lado. Tenemos que dedicarle trabajo, tiempo y medios, generando espacios de encuentro, tejiendo redes de apoyo mutuo desde esa diversidad que nos enriquece y nos hace mas fuertes.