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Laboral
Presente y futuro del empleo tras el covid-19, ¿hacia dónde vamos?

La “nueva normalidad” no está escrita. Su forma y fondo serán el resultado de si se imponen los intereses de la patronal o de las trabajadoras y trabajadores. Por ello, recuperar la fuerza del sindicalismo es imprescindible para salir de esta crisis con más derechos.

Federación Estatal de Sindicatos de la Industria Metalúrgica

16 may 2020 06:00

Tras más de cincuenta días de confinamiento, e iniciando la primera fase del desescalamiento, los datos de personas desempleadas (casi cuatro millones), en situación de ERTE (otros cuatro millones) o autónomas en cese de actividad (cerca de un millón), no dejan de escalar a velocidad de vértigo. En total, ocho millones de personas que en estos momentos están recibiendo, o a la espera de recibir, algún tipo de prestación o subsidio ligado al empleo.

Es una de las consecuencias más inmediatas de una crisis que, con origen sanitario, ha hecho saltar por los aires las costuras de un modelo económico y de empleo basado en la estacionalidad y muy dependiente del exterior. Un modelo que azota nuestro país desde hace décadas, y que en los últimos años no ha sido capaz de bajar la tasa de desempleo por debajo del 15%.

Hay dos factores que, a grandes rasgos, explican esta situación. El primero, tiene que ver con la propia estructura de nuestra economía y su relativa incapacidad para mantener niveles de inversión suficientes para crear empleo estable y de calidad, lo cual está vinculado a la crisis de acumulación que arrastra el capitalismo desde los años 90 y su dificultad para mantener sus tasas de beneficio si no es a costa de una devaluación permanente de los salarios y la privatización progresiva de sectores básicos del estado de bienestar. El segundo, muy relacionado con el primero, tiene que ver con una correlación de fuerzas desfavorable para la clase trabajadora, en términos de lucha sindical de las condiciones de trabajo.

El turismo como motor y la industria como sumidero

El parón global provocado por la crisis del coronavirus ha puesto sobre la mesa la debilidad y la poca capacidad para la diversificación de nuestra economía. Esto se debe, por un lado, al papel del turismo como motor principal de la economía (lo que se ha venido a llamar el “monocultivo del turismo”), un sector caracterizado por su estacionalidad y sumamente dependiente del exterior. Un turismo de sol y playa, insostenible medioambientalmente, y que solo genera empleo débil y precario.

A esto hay que sumar, además, la incapacidad del sector de la construcción -especialmente a partir de la crisis del 2008- como generador de empleo, y la progresiva destrucción de nuestro sector industrial. Tenemos poca industria porque se ha ido externalizando la producción de la cadena de suministros, lo que nos hace muy dependientes de compras del exterior, como estamos viendo con esta crisis y las dificultades para garantizar equipos de protección a los trabajadores y trabajadoras, especialmente del sector sanitario y de cuidados.

Un tejido industrial que ha ido menguando y cuya pervivencia depende más de los intereses de algunos sectores tan nocivos medioambientalmente como el del automóvil o la industria asociada a la construcción. La recuperación y transformación de la industria, y en general, de nuestra economía, requiere discernir en qué bienes, servicios y sectores se quiere crecer para atender las necesidades de las comunidades y las personas, y qué sectores productivos deben ser desmantelados por superfluos o contaminantes.

La política de concertación como cómplice

Lejos de replantear el modelo, la incapacidad de nuestra economía para generar empleo estable y de calidad encontró, por la vía rápida de las reformas laborales del PP y el PSOE, el camino para flexibilizar el mercado laboral, haciendo norma la precariedad y la temporalidad. Aquí entra en juego el segundo factor, que como hemos visto en los últimos meses, está teniendo un papel central.

Se trata, ni más ni menos, de una política de concertación que ha sido aceptada desde hace años por los agentes sociales y económicos dominantes, y que está basada en dos dinámicas contrarias a los intereses de la clase trabajadora: una patronal a la ofensiva, capaz de imponer reformas laborales esenciales para el mantenimiento de sus beneficios y de imponer su poder político sobre las relaciones de fuerzas, y una parte importante de las direcciones sindicales que está asumiendo los marcos del capital, es decir, de la productividad, de la necesidad de competir a la baja con otras economías, del consumo indefinido de recursos fósiles, etc.

La incapacidad de nuestra economía para generar empleo estable y de calidad encontró, por la vía rápida de las reformas laborales del PP y el PSOE, el camino para flexibilizar el mercado laboral

Bajo esta política de concertación, se genera un marco perfecto para anular la potencia transformadora del movimiento sindical y se suprimen las fuerzas de las que extrae su razón de ser el movimiento obrero. En definitiva, se limitan nuestras capacidades a la mera aceptación o no de los empleos, y se pasa a formar parte de la correa de transmisión de lo que se ha venido a llamar la “paz social”, que no es más que paz construida para los de arriba a costa de que las de abajo paguemos la factura.

En resumen, se ha construido un castillo de naipes que a la primera de cambio se viene abajo. Y en este escenario, se hace más evidente que la no derogación de las reformas laborales por parte del nuevo Gobierno, tendrá graves consecuencias para la clase trabajadora.

En este escenario, se hace más evidente que la no derogación de las reformas laborales por parte del nuevo Gobierno, tendrá graves consecuencias para la clase trabajadora

Medidas sin horizonte de cambio

Llegados a este punto, y con un escenario de crisis devastador, el Gobierno no está asumiendo la situación como un punto de inflexión para plantear alternativas orientadas a la protección de los intereses generales de las mayorías trabajadoras. Más bien al contrario, parece que todas apuntan a preservar los intereses de la patronal.

Así vemos cómo la presión de la patronal está teniendo efectos directos en las medidas decretadas, como la definición de los sectores esenciales, permitiendo la actividad en empresas como el telemarketing o la industria del automóvil, el retórico “permiso retribuido recuperable” o la “prohibición” del despido que realmente no es tal cosa ya que, en la práctica, se podrá despedir bajo la fórmula de la improcedencia, lo que sólo implica elevar ligeramente el coste del despido de 20 a 33 días.

Hay que recordar, además, que los ERTE fueron concebidos arbitrariamente como puertas de salida para todas las empresas, sin distinguir entre aquellas pequeñas y medianas empresas independientes que de otra forma no podrían proteger momentáneamente a sus plantillas, y aquellas que, con beneficios suficientes para mantener el empleo, podrán hacer de esta medida una forma para flexibilizar aún más sus condiciones. No hay certezas, además, de que estos ERTE no se conviertan en despidos definitivos en un contexto inmediato en el que la economía ya está cerca de alcanzar tasas negativas de crecimiento. Si las cifras enunciadas al inicio se materializan, la imposibilidad de millones de personas para atender los bienes esenciales como la vivienda o los suministros básicos profundizará en un escenario de pauperización masiva difícilmente superable. Lejos de atajarlo, la única vía posible que ofrece el Gobierno es el endeudamiento doméstico, lo que profundizará y ampliará socialmente el llamado círculo vicioso de la pobreza.

La única vía posible que ofrece el Gobierno es el endeudamiento doméstico, lo que profundizará y ampliará socialmente el llamado círculo vicioso de la pobreza

En lo que refiere al eje central del estado de alarma, el ámbito sanitario, tampoco las medidas se han caracterizado por su contundencia. La toma bajo control público de la sanidad privada no parece que se haya hecho efectiva en su totalidad –y complejidad-, poniendo a todo el personal sanitario del sector privado al servicio de la lucha contra la pandemia, igualmente asegurando con ello unas condiciones laborales dignas, en salario y en medidas de seguridad. Tanto en centros hospitalarios, como en clínicas, pero también en la ayuda a domicilio, ayuda a personas dependientes, personas mayores solas o para cualquiera que necesite asistencia, lo que hubiera permitido generar empleo de forma inmediata y apuntalar la necesidad de preservar el servicio publico como garantía de nuestros derechos.

La Renta básica no como parche, sino como solución

Y de entre todas las medida puestas en marcha, y teniendo en cuanta las graves consecuencias de la pérdida masiva de empleo, se ha establecido por parte del gobierno un denominado Ingreso Mínimo Vital, el cual estará limitado en el tiempo, y cuya cantidad no cubre ni de lejos las necesidades mínimas vitales de una familia que solo reciba ese ingreso.

Por eso es mas necesaria que nunca una Renta Básica Universal para las iguales, no como medida parche y limitada en el tiempo, sino como una medida con la que poner fin al exclavismo que supone hoy en día los contratos de trabajo, los cuales, ligados al sistema consumista al que el capitalismo nos ha llevado, hacen que el trabajo asalariado se convierta en una condena y no en una opción de vida.

La Renta Básica Universal no solo supondría erradicar miles de situaciones dramáticas que estamos viviendo con esta crisis, sino desde hace décadas. Y un factor muy importante, supondría también un empoderamiento de la clase trabajadora, la cual, como ya hemos señalado, no tendría ligado su sustento económico vital a un trabajo cada vez mas precario y en peores condiciones, pudiendo someter a mas presión a la patronal con el fin de mejorar las condiciones laborales y sociales.

Es por esto que ahora mas que nunca, un gobierno autodenominado de izquierdas, debe de llevar a cabo esta medida y asegurar a toda la toda la ciudadania una Renta Básica que cubra las necesidades vitales.

Renta básica
La tensa espera del ingreso mínimo vital

La accesibilidad, el nivel de condicionalidad, el encaje entre las rentas mínimas existentes o el alcance a la población migrante son algunas de las incógnitas por despejar en plena cuenta atrás hacia la implementación del ingreso mínimo vital. 

Recuperar los intereses del movimiento obrero

La “nueva normalidad” no está escrita. Su forma y fondo serán el resultado de si se imponen los intereses de la patronal o de las trabajadoras y trabajadores. Por ello, recuperar la fuerza del sindicalismo es imprescindible para salir de esta crisis con más derechos. Organizarse en los centros de trabajo, animar a las millones de trabajadoras y trabajadores no sindicados a sumarse en defensa de los intereses de las clases populares. Tenemos que recuperar las mejores tradiciones del movimiento obrero para luchar por la distribución del empleo reduciendo la jornada laboral sin mermar los salarios, repartir el trabajo productivo y reproductivo, derogar las reformas laborales impuestas por el PSOE y el PP y poner en marcha una renta básica que además de asegurar condiciones vitales mínimas, mejore las condiciones de lucha de las trabajadoras y trabajadores.

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El calentamiento global también modificará el mundo laboral. La diferencia entre cientos de millones de desempleados y una transformación social inclusiva dependerá de las políticas públicas y la rapidez y determinación con las que se aborden dichos problemas.

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