La semana política
Obediencia

Se oyen los sonidos de unas ollas. Son las nueve de la noche y nadie en casa sabe a qué se debe. Los primeros días de este largo confinamiento hubo graves confusiones y aplaudimos a una cacerolada convocada por los bots de Vox. Ahora, el principio de precaución, o la pura y llana desidia, disuaden de salir a acompañar las ocurrencias de algún vecino. Cuesta también salir a aplaudir a las ocho de la tarde. Muchas tardes, el aplauso interrumpe un instante de concentración. Otras veces es que no apetece. Si la sanidad ha sido capaz de sobrevivir (malamente) al expolio sostenido durante dos décadas, también sobrevivirá sin nuestros ánimos. Nos decimos eso, pero al día siguiente andamos inquietos y cumplimos con el ritual: son las ocho de la tarde y detenemos el tecleo del ordenador. Unos aplausos y a por la siguiente rutina. 

Semana cinco de confinamiento. El Gobierno comete un error de bulto que se ve obligado a rectificar a las pocas horas. La portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anuncia que los niños y las niñas solo podrán salir a supermercados, farmacias y bancos, acompañados de sus padres y madres. La rectificación no tapa el clamor: ¿Qué pasa? ¿Que la vida se limita a trabajar y comprar? El Gobierno plantea una norma absurda, incomprensible también bajo el prisma de la “gente de orden” a la que apela desde el comienzo de la crisis. Pone en peligro el marco de responsabilidad compartida que se había afanado en construir durante más de un mes. Si el plan para que salga la chavalería no tiene ni pies ni cabeza, ¿no es posible que entre las normas que cívicamente hemos seguido ─incluso aplaudido─, entre esas normas que nos hemos explicado unos a otros, haya otras igualmente absurdas?

El control ha funcionado por un imperativo interiorizado por la mayoría social, la necesidad de seguridad y de pertenencia han sido el motor para la obediencia

España es un país tranquilo, pacífico o pacificado por las armas y la miseria en el pasado, pero tranquilo. Y eso nos da cierta seguridad. No hay, de momento, focos de insurrección como las banlieues francesas, apenas unos cuantos barrios en todo el territorio donde no llega la capacidad sancionadora de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Las policías, cuarto pilar del plan del estado de alarma, han propuesto más de 670.000 multas en las seis semanas de limitaciones al tránsito. Pero la base para controlar la situación no ha sido la burorrepresión, y desde luego tampoco el abuso de poder. Al contrario, el control ha funcionado por un imperativo interiorizado por la mayoría social. La necesidad de seguridad y de pertenencia han sido el motor para la obediencia. Seguridad: saber que no nos contagiamos ni contagiamos a nadie. Pertenencia: estamos comprometidos con una comunidad a la que sentimos nuestra, formada por viejas y niños, grupos de riesgo y también personas despreocupadas. Por los abuelos de otros, por nuestras madres y sus amigas, por las hijas de nuestros colegas. 

El compromiso, la resiliencia de la sociedad, es firme siempre y cuando no se derrame el despotismo, que no se pretenda anular completamente nuestro sentido crítico. Eso es lo que se puso en duda el jueves. Si los legisladores improvisan una norma, o peor, si lanzan globos-sonda para ver cuáles son las reacciones, surge la duda legítima de si esos legisladores están estirando demasiado la broma. Los límites funcionan porque operan bajo una lógica de diálogo: ponernos límites salva vidas. Las exigencias crean muros, no se explican, solo se imponen. Y, a la larga, no funcionan.

La gran conspiración

Pero la estrategia de Jair Bolsonaro en Brasil o de Trump de infravalorar la enfermedad covid-19 no ha arraigado en la extrema derecha española. El conjunto de la sociedad acata y obedece las consignas del Gobierno. Menos de un 3% de la población cree que las medidas tomadas contra el covid-19 son “poco o nada” necesarias en la controvertida encuesta de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas. El coronavirus pasa a ser el primer problema para los españoles por encima del paro. Un 39% de los encuestados cree que había que haber tomado medidas “más estrictas” para evitar que se salga a la calle. Lo lógico es que Vox no quiera jugar demasiado duro animando al macho ibérico a salir a contagiarse contra el Gobierno. 

seguridad ciudadana

No hay prisa por derogar la ley mordaza. Ese fue el mensaje de Fernando Grande-Marlaska en la primera rueda de prensa de los cuatro superministerios dedicados a la crisis del covid-19. Lo volvió a repetir el 23 de abril. El Gobierno se compromete, y el pacto de coalición así se lo exige, a desmontar la llamada Ley de Seguridad Ciudadana. Pero Grande-Marlaska no tiene ninguna inquietud por cumplir ese compromiso a corto plazo.

Es difícil condensar un programa político en el título de una ley mejor de lo que se hizo en 2012. El concepto de seguridad se ha constituido, desde el año 2001 y el atentado contra las torres gemelas, como una revisión permanente, y a la baja, de las ideas básicas de libertad. El discurso securitario se ha propulsado a través de la aceleración tecnológica y las posibilidades de una monitorización constante y torpe de la actividad de la ciudadanía, como se ha visto con la consigna de seguimiento en redes sociales aplicada por la policía en esta crisis. 

Es el tiempo de acatar los límites por el principio de seguridad, pero las normas absurdas o injustas no funcionarán bajo ninguna circunstancia

A cambio, el significado de libertad se ha visto desde entonces acaparado por quienes demandan menores ataduras para la elusión fiscal y el abaratamiento del despido. El viernes 24, un grupo de políticos, empresarios e intelectuales, encabezados por José María Aznar y la estrella emergente de la FAES, Cayetana Álvarez de Toledo, publicaban un manifiesto para que la epidemia de coronavirus no sea un pretexto para el “autoritarismo”. El mismo Aznar que el de la foto de las Azores.

La segunda palabra del sintagma seguridad ciudadana oculta más de lo que muestra. La ley se aplica por igual a todos, incluso a esos “no ciudadanos” a los que no se reconoce. Esas personas sin papeles a las que intencionadamente se deja fuera de ese sentimiento de responsabilidad compartida, pertenencia y seguridad bajo la que funciona la obediencia cuando no funciona bajo la coerción. Cerradas las fronteras exteriores, se mantienen todas las barreras internas para las personas migradas.

El virus ha puesto en cuarentena la revisión de una norma injusta, que desde su promulgación ha sido denunciada porque castiga formas de protesta legítima y activismo y amenaza los derechos de reunión pacífica, expresión e información. Al contrario, no solo no se ha derogado la ley mordaza, si no que ha sido la norma general de aplicación durante la pandemia. También para castigar a las redes de apoyo mutuo. En Barcelona, la Red de Cuidados Antirracistas ya ha sido sancionada tres veces durante el reparto de comidas a sin papeles y migrantes.

Desobediencia y desbordamiento

“Hay otras cuestiones a las que hacer frente”, explicó el ministro de Interior para justificar que la ley mordaza esté más viva que nunca. Entre 2015 y 2017, los dos primeros años de vigencia de la ley, se impusieron 73.000 multas en base a los artículos 36.6 y al 37.3. En cinco semanas se ha recurrido al primero de esos artículos más de medio millón de veces.

Cerca de 670.000 propuestas de multa por saltarse el estado de alarma

Ter García Ana Álvarez

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Burorrepresión

Cerca de 670.000 propuestas de multa por saltarse el estado de alarma

Ter García , Ana Álvarez

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De cada 10.000 habitantes en España, cerca de 142 han recibido una propuesta de sanción por parte de los distintos cuerpos policiales en el marco del estado de alarma. En Aragón, la proporción se dispara a cerca de 760 personas multadas por cada 10.000 habitantes.

Son tiempos para aceptar los límites, para construirlos y establecerlos de forma que contribuyan a salvar el mayor número de vidas que sea posible. Así nos lo hemos dicho unos a otros. Pero es la desobediencia a las exigencias injustas e irracionales lo que provoca los cambios.

Al comienzo de la crisis, el plan de choque social impulsó al Gobierno a tomar las medidas de intervención socioeconómica. La amenaza de una huelga de alquileres supuso una presión fundamental para contrarrestar al poder económico. Las moratorias del pago de las hipotecas aprobadas durante la pandemia tampoco se entienden sin la movilización de afectadas por las hipotecas de 2012, sin los escraches que tanto costaron al movimiento de la vivienda y sin los stop desahucios de los que la justicia se ha cobrado vendetta en la sentencia de Isa Serra. Es el tiempo de acatar los límites por el principio de seguridad, pero las normas absurdas o injustas no funcionarán bajo ninguna circunstancia. Por muchas multas que se impongan. Por muchas ganas que tengamos de solucionar nuestros problemas con un aplauso a las ocho de la tarde.