La semana política
Aves de paso

Entre las diez  y las once, su trabajo era poner puré de patatas en un recipiente rectangular de plástico. Una hora después, colocaría unas chocolatinas junto al plato ─pollo, guisantes y zanahorias, el citado puré─ que había montado junto a sus compañeras de la cadena de montaje. Antes de llegar a Ámsterdam nunca había pensado que esos platos los componían seres humanos. No había pensado en ello de ninguna manera. No sabía lo que era el trabajo just in time ni le había prestado mucha atención al concepto de logística. Era solo un curro temporal. Para salir del paso. Para pagarse las vacaciones. Algo temporal.

Le habría tenido que dar la razón a la secretaria de migración que dijo hace ya tanto tiempo que la migración laboral se debía, “¿por qué no decirlo?” al espíritu aventurero de la juventud. Nada que ver con el Vente a Alemania, Pepe, con los acordes de la postguerra y el desastre económico del Franquismo que sonaban en viejos programas de revival. No era un pobre migrante sino un “flexworker”, un ave de paso en una estructura empresarial con un modelo de negocio basado en la elasticidad en la gestión de la fuerza de trabajo. Pero ese tiempo ya pasó, y lo temporal se hizo crónico.

En mayo, la portada del semanario Elsevier en Países Bajos causó cierta polémica en España por plasmar en una caricatura algunos de los clichés respecto de la supuesta holgazanería de españoles e italianos. El contexto era la negociación del plan Coronavirus Recovery Fund, y el semanario condensaba la postura de los llamados “países frugales” en esa disputa. Los laboriosos neerlandeses frente a los bigotudos y hedonistas sureños. La revista omitía la existencia de decenas de miles de empleadas españolas en las cadenas logísticas. Un negocio, que, precisamente, se basa en la opción estratégica empresarial de no vincularse de ninguna manera con el presente y futuro de sus empleadas.

La entrada en vigor el viernes 1 de enero del Brexit dificulta aun más la situación de la población española migrada en Reino Unido. En primer lugar por el incremento de la burocracia asociada a la cancelación de la libertad de movimiento. También por factores sociales. El aumento de las expresiones racistas desde la campaña del referéndum de permanencia ha supuesto una subida vertiginosa de los crímenes de odio en Inglaterra y Gales. En marzo de 2020 se habían registrado 105.090 delitos de este tipo, por las 97.000 del año anterior. Obviamente, las personas españolas migradas no son el objetivo principal de estos ataques, pero la campaña contra los “spaniards” o más genéricamente contra los migrantes sudeuropeos en el norte es un mar de fondo que golpea en distintos países europeos a medida que avanza la extrema derecha.

Bienvenidos al Norte

Esta semana, el 29 de diciembre de 2020, la Fundación Primero de Mayo, de Comisiones Obreras publicaba en abierto un extenso e interesante informe sobre las condiciones de cerca de 50.000 migrantes económicos españoles en los Países Bajos. “Bienvenidos al Norte” parte de la constatación de que es imposible saber cuántas personas han emprendido ese camino hacia el corazón logístico de Europa en los últimos años. Deduce que los dos grandes grupos de migrantes ─quienes buscan la estabilización en el país de destino y quienes quieren usar su experiencia como trampolín y método de ahorro antes de retornar─ se hallan colapsados en un mismo tiempo muerto. Incapaces de ahorrar y de progresar laboralmente en la economía de los tiempos de Amazon y de la uberización de las relaciones laborales.

Tu algoritmo se ha comido mis derechos

Christian Martínez

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Explotación laboral

Tu algoritmo se ha comido mis derechos

Christian Martínez

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Las formas de explotación han crecido en la última década al ritmo de la economía basada en herramientas digitales. Varios sectores se han transformado en este tiempo, a la vez que se desconectaba a las personas trabajadoras de las formas clásicas de conflicto.

Constituyen una fuerza de trabajo sin derechos de ciudadanía, a menudo están en situación de desprotección sanitaria. Son conocidos como “manitos” y confrontan directamente con otra población migrada, la polaca, con quienes no son infrecuentes las disputas. Viven en instalaciones subcontratadas por las Empresas de Trabajo Temporal, que crean empresas-pantalla con las que detraen el precio del alquiler de los salarios de la industria logística para la que trabajan. No es el único pico que les quitan las empresas. Al ser “flexworkers” no pueden acceder a las ventajas del empadronamiento en los Países Bajos y, a menudo, tampoco al mercado libre del alquiler. 

Bajo el mantra de la aventura o el emprendimiento, esta clase de proletariado internacionalizado sobrevive en situaciones análogas a la de determinadas capas de migrantes con papeles en España. Las trabas a los derechos de ciudadanía completa los sitúan en una zona gris. Sus contratadores cuentan con que son intercambiables, con que las empresas de enlace en nuestro país seguirán presentando esos trabajos “casi como un Erasmus laboral", señalan los autores del informe.

La retirada de la tarjeta sanitaria tras 90 días buscando trabajo en el extranjero es un derecho perdido. El Real Decreto Ley 7/2018 no ha restaurado el hachazo que el Partido Popular impuso en plena crisis económica a los emigrantes

Son el otro extremo de una cadena de discriminación que se da en su país de origen. “Al mismo tiempo que los derechos de la ciudadanía en el exterior se estaban deteriorando, sucedía un proceso similar entre los residentes en el territorio español, incrementándose la desigualdad social”, señalan las investigadoras Ana Fernández Asperilla y Susana Alba, autoras del ensayo Emigrar después de la crisis. Crecimiento económico y nueva migración española (Catarata, 2020).

El número de salidas a los mercados de trabajo extranjero alcanzó su pico en 2015, pero lo que constatan las autoras de Emigrar después de la crisis es que los trimestres acumulados de subida del Producto Interior Bruto no supusieron una vuelta a casa en la misma medida en la que se había producido el éxodo laboral. En el periodo entre 2009 y 2017, el incremento de la población española en Reino Unido fue del 98,6% y en Alemania del 121,4%.

El subregistro de personas españolas migradas se sitúa entre un 20% y un 60% de las cifras oficiales. Números que están desconectados de la realidad: casi la mitad de los trabajadores españoles en Países Bajos pasa por debajo del radar de la estadística oficial. La situación es similar en los grandes destinos de la migración española en Europa: Reino Unido, Francia y Alemania. El Instituto Nacional de Estadística solo recoge los datos de las personas que se han registrado en el censo consular de sus países de residencia. Un registro que, eventualmente, puede suponer desincentivos o pérdidas de derechos.

En los últimos años eso se ha expresado en el conflicto en torno al voto rogado o la retirada de la tarjeta sanitaria. El primero está en vías de restitución, pero quienes voten en las elecciones de Catalunya del 14 de febrero seguirán en el laberinto burocrático para el ejercicio de ese derecho que diseñó el Estado en 2011 mediante un pacto PSOE-PP apoyado por Convergència. Esa ley ha supuesto que la participación de emigrados españoles ha caído del 30% al 5%.

La retirada de la tarjeta sanitaria tras 90 días buscando trabajo en el extranjero es un derecho perdido. El Real Decreto Ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud no ha restaurado el hachazo que el Partido Popular impuso en plena crisis económica a los emigrantes: ya no paga los gastos sanitarios de españoles que se ponen enfermos o tienen un accidente en terceros países.

Son menos conocidas otras facetas de esa hispanidad de segunda que se ha desarrollado desde la crisis de 2008. Los pensionistas en el extranjero perdieron su derecho a disfrutar de los viajes del Imserso. El derecho a la educación es objeto de reclamaciones de padres y madres migrantes desde que se ha producido la degradación del programa de Agrupaciones de Lengua y Cultura Española (ALCE).

El Plan de Retorno del primer Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido resultados modestos. A comienzos del pasado año, 20 personas habían encontrado un trabajo que les ha permitido regresar en buenas condiciones. Los Presupuestos Generales de 2021, aprobados en diciembre, apenas consignan un millón de euros de las cuentas públicas para un programa que parece ser visto como incompatible con la situación de recrudecimiento de la crisis. 

Neolengua

Cuando la Administración no sabe qué hacer, o implícitamente no quiere que la situación cambie en absoluto, se enarbola un lenguaje sentimental, vacío de contenido práctico. A los dos lados de la cadena de migración se desarrolla una neolengua que apenas tiene que ver con los derechos.

En los lugares de destino, la palabra que sirve comodín es “integración”. Es responsabilidad individual del migrante tratar de ser asimilado por la sociedad pero, a falta de políticas públicas, resuelven los autores del informe Bienvenidos al Norte, esa supuesta integración ha pasado a ser más bien un factor de culpabilización (y autoculpabilización) de la víctima ante la segregación racial.

En los lugares de origen, la neolengua es uno de los principales ingredientes del Plan de Retorno aprobado por la Dirección General de Migraciones. A falta de un presupuesto ambicioso y ante la constatación de que la problemática viene derivada de la necesidad de “mejorar la calidad de nuestro empleo, combatiendo la precariedad y apostando por un modelo de relaciones laborales más justo e inclusivo”, el Plan, señalan Fernández Asperilla y Alba enarbola las virtudes de las personas trabajadoras migradas, y su candidatura al retorno, en cuanto han adquirido “resiliencia, humildad, madruez, sociabilidad y determinación”. Las más de las veces se establece la distinción, anticonstitucional, entre españoles “de origen” y “no nativos” y se señala a los primeros como los que se desea retornar.

Las palabras huecas acompañan un discurso lleno de clichés que van desde la “fuga de talentos” o la necesidad de “repatriar cerebros” y que omiten los derechos de miles de trabajadores de baja cualificación ─pese a que una mayoría son licenciados universitarios─ y no apuntan a la razón de su marcha que, antes de la aventura, es un mercado de trabajo con la impronta de los bajos salarios y la temporalidad de los contratos. Un modelo, armado ideológicamente por la Reforma Laboral de 2012, que se extiende desde los empleos con menor cualificación a la investigación y a sectores que se han determinado estratégicos durante 2020 como el de las profesionales de enfermería.

La negativa de la ministra de Economía Nadia Calviño a tocar la reforma laboral de 2012 y el alineamiento de Pedro Sánchez y Calviño para no incrementar el salario mínimo interprofesional en 2021 suenan como un portazo en las aspiraciones de esas miles de personas que encuentran más alicientes en la precariedad del trabajo “flexible” en países de la Unión Europea que en un retorno bajo condiciones igual de dudosas que las que les llevaron a marcharse.

Ese ‘no’ a aumentar salarios y restaurar la negociación colectiva como vía de restitución de derechos se complementa con el discurso del “shock” del Ministerio de Seguridad Social sobre la necesidad de reforma del sistema de pensiones para reducir en un 5% la factura anual. La perspectiva de regresar a un mercado laboral con trayectorias flexibles y enormes lagunas de cotización, es inquietante para la población migrada que, en contra del tópico, se sitúa más entre los 30 y los 40 años que entre las capas más jóvenes y “aventureras” del proletariado.

Como en la crisis de 2008, la tentación de reducir las tasas de paro favoreciendo implícitamente el éxodo de licenciados es más fuerte que la voluntad de transformar las condiciones para retener a esa fuerza laboral, y con ella su consumo, sus cotizaciones y su contribución a la economía. Una vez abierta de par en par la puerta de salida nadie ha mostrado demasiado interés en que se respeten los derechos de esos españoles por el limbo.