Juicio del 1 de Octubre
Catalunya: el día del juicio

El juicio al Procés tiene múltiples dimensiones políticas: el Estado busca castigar a los responsables políticos del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 y,  algunos de éstos, dar la vuelta al proceso y convertirlo en un juicio al propio Estado.

BCN Manifestación "La autodeterminación no es delito"
Bajo el lema "La autodeterminación no es delito" decenas de miles de personas recorrieron las calles de Barcelona el 16 de febrero de 2019. Víctor Serri

publicado
2019-02-26 06:02

Al fin llegó el juicio. La Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) inició 12 de febrero las sesiones del juicio contra nueve consejeros del último gobierno de Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament durante la pasada legislatura —Carme Forcadell—, el entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) —Jordi Sànchez—, y el presidente de Òmnium Cultural —Jordi Cuixart—, acusados de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. En el caso de los consejeros Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, los únicos procesados en el TS actualmente en libertad provisional, los cargos son solamente de malversación y desobediencia.

Han quedado fuera del proceso —y ni siquiera han sido admitidos como testigos— el propio Puigdemont y sus consejeros Lluís Puig, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Meritxell Serret, ya que el magistrado instructor, Pablo Llarena, rechazó la condición impuesta por el Tribunal Superior del Estado de Schleswig-Holstein de excluir el cargo de rebelión para ordenar la extradición del president, por lo que renunció a ésta y, al poco, ante la previsible denegación por parte de las administraciones de justicia belga y escocesa de las extradiciones de Puig, Comín, Ponsatí y Serret, Llarena retiró directamente las peticiones.

Precisamente la ausencia en el juicio del máximo responsable político gubernamental ha sido un factor apuntado por un importante constitucionalista como motivo de nulidad del proceso. No hay que olvidar las elevadas penas solicitadas por la Fiscalía, que suman un total de 177 años de prisión, con un máximo de 25 años para el vicepresidente, Oriol Junqueras.

Cuestiones jurídicas aparte, no habrá pasado por alto al observador que el juicio tiene múltiples dimensiones políticas: el Estado busca castigar a los responsables políticos del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017; algunos de éstos, dar la vuelta al proceso y convertirlo en un juicio al propio Estado.

Febrero ha sido, pues, tan corto como intenso. Comenzó con la noticia de la decisión de Catalunya en Comú-Podem de no pagar la defensa de su diputado Joan Josep Nuet, procesado, como miembro de la anterior Mesa del Parlament, en el sumario contra ésta por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por la tramitación de los proyectos de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, cuyo mero debate había sido prohibido por el máximo intérprete de la Constitución española. El sumario, inicialmente incluido en la causa en el TS, finalmente se juzgará en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la Fiscalía pide para Nuet una multa de 30.000 euros y una pena de un año y ocho meses de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. La Fundació Alternativa, vinculada a Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), ha puesto en marcha una campaña de donaciones para sufragar los costes de la defensa, aunque Nuet, una de las voces críticas con la actual dirección de Catalunya en Comú-Podem y fundador, junto a Elisenda Alamany, de la corriente Sobiranistes, ha preferido mantener un perfil bajo, para no aumentar las tensiones en el seno de la coalición. 

El aplazamiento de la jornada de protesta también tenía que ver con la opinión, ampliamente extendida entre plataformas soberanistas y organizaciones sindicales, de que el trabajo de preparación previo a la huelga era insuficiente para garantizar las posibilidades de éxito del paro

El siguiente acontecimiento relevante de la política catalana fue la decisión de la Intersindical - Confederació Sindical Catalana —sindicato independentista no vinculado a ningún partido en concreto— de aplazar hasta el día 21 la huelga general contra el juicio, originariamente convocada para el 7 de febrero, fecha en que estaba inicialmente previsto el comienzo del juicio en el TS. No obstante, el aplazamiento de la jornada de protesta también tenía que ver con la opinión, ampliamente extendida entre plataformas soberanistas y organizaciones sindicales, de que el trabajo de preparación previo a la huelga era insuficiente para garantizar las posibilidades de éxito del paro. Este debate visibilizó las divisiones en el espacio de la izquierda independentista. Mientras la mayoría de sus organizaciones, desde Arran hasta la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), secundaron el paro, la minúscula Coordinadora Obrera Sindical (COS), que ni siquiera agrupa a la mayoría de los militantes independentistas de izquierda organizados sindicalmente, se desmarcó de la convocatoria, con un discurso tan inflamado verbalmente como desmovilizante fácticamente, que, en la práctica, la coloca en la misma posición que los sindicatos mayoritarios y, en el caso que nos ocupa, contradice la posición de la izquierda independentista, que ha destacado la necesidad de la movilización y la adopción de estrategias de ruptura ante el juicio como única vía de éxito para enfrentarse al TS, frente a las defensas meramente “técnicas” y “jurídicas”, tradicionalmente adoptadas por los procesados vinculados a los partidos independentistas “transversales”.

El juicio

El juicio se sigue con expectación en Cataluña ―la señal en directo la envía TVE y TV3 la retransmite―, pero, hasta la fecha, la indignación que causa no ha catalizado la protesta, como ocurrió, por ejemplo, con las manifestaciones y protestas a raíz de la detención de Puigdemont en Alemania, en marzo de 2018. La deslucida fotografía frente a los tribunales, que pretendía reflejar la unidad del soberanismo catalán en su sentido más amplio ―con representación del Govern y el Parlament y con un espectro político que iba desde el PDeCAT hasta la CUP e incluía a Catalunya en Comú-Podem, en la persona del teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens―, acabó convirtiéndose en una buena ilustración del momento político, incluyendo el pobre eslogan de “decidir no es delito” en negativo y renunciando a utilizar palabras como “autodeterminación” o “independencia”. También lo fueron los resultados de la huelga del 21 de febrero, que, a pesar de la masiva participación en las manifestaciones de la tarde, tuvo un seguimiento desigual ―con especial incidencia en el sector público y la universidad― y no consiguió imprimir fuerza al ciclo de movilizaciones que se esperaba abrir con la manifestación del 16 de febrero en Barcelona, a la que asistieron cientos de miles de personas. Como en ocasiones anteriores, destacaron el corte de carreteras y otras vías de comunicación, con amplia repercusión en los medios de comunicación, y hubo que lamentar de nuevo las cargas de las fuerzas antidisturbios de los Mossos d’Esquadra contra los manifestantes en el centro de Barcelona. Habrá que esperar, pues, a la manifestación del próximo 16 de marzo en Madrid para saber si el independentismo recobra músculo antes de la sentencia del TS.

Aunque el independentismo se encuentra desde hace meses en un impasse, el Gobierno de España, decidido a no cometer los errores del Ejecutivo de Mariano Rajoy, desplegó una campaña de relaciones públicas para contener los daños que el juicio pueda tener en la imagen internacional de España. No obstante, la campaña, que los medios de comunicación habían avanzado ya semanas atrás no tardó en seguir el camino de su predecesora, con pifias como la intervención en SkyNews de la secretaria de Estado para España Global, la exdiputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD) Irene Lozano, en la que comparó el referéndum catalán con una violación e instantes después se arrepintió de lo dicho.

Una de las partes en el juicio, la acusación popular de Vox, envía a decenas de sus militantes como público. Una sala de vistas con militantes del partido ultraderechista expresa más fielmente la naturaleza de la Administración de Justicia española de lo que lo haría un público con observadores internacionales acreditados

Tampoco contribuye a aumentar la confianza internacional en la justicia española el que la sala del TS se haya negado a reservar espacios para observadores internacionales, solicitados por diversas ONG. Alega el tribunal que las vistas son públicas y cualquiera puede asistir a ellas. Por eso, una de las partes en el juicio, la acusación popular de Vox, envía a decenas de sus militantes como público. Sea cual fuere la imagen internacional que ello desprenda, lo cierto es que una sala de vistas con militantes del partido ultraderechista que ejerce la acusación popular como público expresa más fielmente la naturaleza de la Administración de justicia española de lo que lo haría un público con observadores internacionales acreditados. Previsiblemente, Vox intentará convertir el juicio en una plataforma electoral a unas semanas de las elecciones generales y a tres meses de las elecciones municipales y europeas. 

Tampoco ayuda a transmitir una buena imagen exterior de la justicia española el que la Fiscalía y la abogacía del Estado hayan pedido la comparecencia de 256 testimonios, un 85% de los cuales son policías. Como informa David Bou en el semanario Directa, un total de 219 son agentes y mandos de cuatro cuerpos de las fuerzas de seguridad españolas: Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía (CNP), Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana de Badalona. 119 corresponderán al CNP, de entre los que destacan el jefe superior de la Policía de Cataluña durante los meses previos y posteriores del referéndum, Sebastián Trapote ―que, como explica Bou, en 1974 “mató impunemente de un disparo a bocajarro a un vecino de Badalona”―; el comisario en jefe de la Brigada Provincial de Información, conocido como “verdugo de los movimientos sociales” catalanes cuando estuvo al frente del Grupo 6 de la policía secreta, durante la década de los 90 y principios de la de 2000, con varias denuncias de tortura y coacciones para la captación de infiltrados, y el comisario en jefe de la Brigada Policial de Policía Judicial de Barcelona, Santiago Lubián. También se citan a 63 agentes del CNP que formaron parte de la operación Copérnico, entre ellos el subinspector del Grupo 2 de la Unidad IV de las fuerzas antidisturbios, responsable de duros episodios represivos durante aquella jornada en las escuelas Mediterrània y Pau Claris de Barcelona.

Como apunta Bou, tanto él como otro agente que testificará durante el juicio están en la lista de los 33 policías imputados por el juzgado de Barcelona que investiga las cargas policiales. Finalmente, la Guardia Civil aportará el testimonio de 87 agentes, encabezados por el coronel Diego Pérez de los Cobos, procesado pero finalmente absuelto de las torturas infligidas a un activista vasco a principios de la década de los 90 y coordinador del operativo del 1 de octubre. Asimismo, funcionarios del Ministerio de Hacienda intentarán determinar los supuestos fondos públicos destinados a la organización, financiación y ejecución del referéndum, mientras que personal técnico y de tasación de patrimonio valorará el uso de los locales utilizados como centros de votación.

Para completar el cuadro de la neutralidad de las principales instituciones del Estado ante este proceso, el 20 de febrero el jefe del Estado, en el discurso de clausura del Congreso Mundial de Derecho, se descolgó con unas declaraciones contra la estrategia discursiva de algunas defensas. En la línea marcada en su discurso del 3 de octubre de 2017, en que se alineó inequívocamente con la política represiva del gobierno central, el rey de España reincidió en la actitud de apartarse del supuesto papel arbitral inherente a la figura de un jefe de estado que no es de carácter electivo y espetó que “sin el respeto a las leyes no hay convivencia ni democracia”. Pobre argumento, toda vez que, si de algo carece este juicio, es de las garantías procesales recogidas en los tratados internacionales, en la Constitución y en la propia legislación procesal y penal española.

El juicio se abrió con la intervención de las defensas, que solicitaron la nulidad de la causa. Fiel a la estrategia de ruptura que ha teorizado recientemente en Jo acuso. La defensa en judicis polítics, Benet Salellas, miembro del equipo de abogados de Jordi Cuixart, convirtió su alegato en una auténtica denuncia de la instrucción de la causa y de las decisiones tomadas por la Sala hasta el momento y, en general, de la actuación de las instituciones del Estado en la cuestión catalana.

Juicio del 1 de Octubre
El abogado de Cuixart acusa un proceso penal lleno de vicios y defectos por las prisas por frenar el Procés

Varios de los abogados han pedido la suspensión del juicio hasta tener acceso a la totalidad de las pruebas, el grueso de ellas procedentes del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Así, el letrado expuso las numerosas irregularidades cometidas por el juzgado número 13 de Barcelona, la Fiscalía, la Policía Nacional y la Guardia Civil, el gobierno español y, por supuesto, el TS desde la aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, el 6 y 8 de septiembre de 2017. Entre estos episodios destacan el intento de la Policía de irrumpir en la sede central de la CUP sin orden judicial, el 20 de septiembre de 2017, el cierre de páginas web y la práctica de registros en empresas, imprentas, domicilios particulares, en búsqueda de material relacionado con el referéndum, con base en decisiones de un juzgado (el número 13 de Barcelona) que decía no estar investigando el referéndum. O los malos tratos infligidos por la Policía y la Guardia Civil durante el 1 de octubre, sobre los que no ha habido la investigación efectiva a cargo de la Fiscalía solicitada por el Consejo de Europa o entidades como Human Rights Watch o la Organización Mundial contra la Tortura, una omisión incompatible con los compromisos suscritos por España en materia de derechos humanos. O, posteriormente, la construcción de acusaciones que convierten en delito el ejercicio de derechos fundamentales como la libre expresión ―incluyendo el uso de lemas antifascistas como el ¡No pasarán!― o la manifestación pacífica. Salellas no dijo ―apenas hacía falta― que las fiscalías y los tribunales militares fascistas españoles también calificaban de “rebelión” el ejercicio de actividades políticas no violentas.

También se extendió en la larga lista de derechos vulnerados durante la instrucción y la determinación del órgano judicial competente: al juez predeterminado por la ley (el TSJC, para los que eran miembros del Diputación Permanente del Parlament en el momento de la interposición de la querella, y la Audiencia Provincial de Barcelona, para el resto), a la segunda instancia, a un tribunal imparcial e independiente (el fiscal general del Estado que interpuso la querella, Manuel Maza, había sido compañero de sala durante años de los miembros del tribunal juzgador) y a un juicio justo, lesionado también por razones lingüísticas, ya que gran parte de la documentación alegada como prueba está escrita en catalán, lengua que el tribunal no sabe, lo que obliga a la mediación de la traducción, con la inseguridad jurídica inherente, especialmente en España, cuya Ley de enjuiciamiento criminal (art. 441) no obliga a que las personas que ejerzan tareas de traducción o interpretación en procesos judiciales acrediten previamente conocimientos elevados de la lengua en cuestión. Por este mismo motivo, en este juicio se vulnera también el derecho a declarar en catalán con plenas garantías, con el efecto disuasorio contra el ejercicio de los derechos lingüísticos, al no poder ejercerse sin mediaciones.

Las vulneraciones del derecho a la defensa por motivos lingüísticos no se darían si el juicio se conociera en la Audiencia Provincial de Barcelona o en el TSJC. Otras conculcaciones de derechos denunciadas por la defensa de Cuixart son las del principio de legalidad penal —puesto que no existen preceptos penales sobre convocatoria de referenda o consultas no autorizados por la administración competente— o, por detenerse en algún sitio, de la presunción de inocencia, por el uso desproporcionado de la prisión provisional. En el caso de Cuixart y Sànchez, además, su encarcelamiento, el 16 de octubre de 2017 —inicialmente dictado por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela—, se dio antes de la votación en el Parlament de la declaración de independencia, de lo que se deduce un uso político, con ánimo ejemplarizante e intimidatorio contra el independentismo.

En definitiva, “la voluntad de los poderes del Estado de proteger a toda costa, incluso suspendiendo los derechos civiles y políticos democráticos, la unidad territorial española”. Nihil novum sub sole, en realidad, pues, como concluía el historiador Miguel Artola comentando la ley de 23 de marzo de 1906, más conocida como de jurisdicciones y que introdujo el delito de “ultraje a la nación” ―concepto, por cierto, vigente en el Código Penal actual (art. 543)―, el legislador español de la Restauración borbónica no consideraba “debatible” la “unidad de la patria” (Partidos y programas políticos, 1808-1936. I, Madrid: Alianza, 1991, p. 146).

Asimismo, Salellas ―diputado en el Parlament por la CUP durante la pasada legislatura― se encaró con el meollo del conflicto, con una interesante defensa, no solo del derecho a defender el derecho de autodeterminación, sino de la aplicabilidad de éste a Cataluña, con una exposición de los dictámenes del Tribunal Supremo canadiense sobre la legitimidad de un referéndum unilateral (20 de agosto de 1998) y del Tribunal Internacional de Justicia sobre la no vulneración de los pronunciamientos del Consejo de Seguridad de la ONU de una declaración unilateral de independencia, si ésta no va acompañada de actos de fuerza (26 de julio de 2010).

Con todo, la intervención de la defensa de Cuixart, a pesar de su marcado carácter de denuncia de la estrategia represiva en que se enmarca este juicio, basa su argumentación sobre restricciones desproporcionadas de derechos fundamentales en abundante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde es probable que acabe este juicio.

En la misma línea, el vicepresidente del gobierno de Puigdemont, Oriol Junqueras, también asumió la dimensión política de los hechos por los que se le procesa, argumentando que “votar no es delito” y contraatacando contra los acusadores, como corresponde a toda estrategia política digna de tal nombre, en este caso haciendo notar que sí lo es “impedir por la fuerza” una votación. En cambio, Dolors Bassa, consejera de Trabajo propuesta por ERC, negó el carácter vinculante del referéndum del 1 de octubre, igual que el consejero de Cultura, Santi Vila (CDC), que, en la línea defendida en su momento por Catalunya en Comú, declaró que el referéndum no era tal, sino “una movilización”.

Igualmente, los consejeros Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull (CDC y PDeCAT), además de la mencionada Bassa y Carles Mundó (ERC), alegaron que, ante la prohibición del TC, dejaron las tareas organizativas para el referéndum en manos de la sociedad civil y, en línea de la estrategia defensiva de Artur Mas ante el TSJC por la consulta del 9 de noviembre de 2014, Bassa, Turull y Rull negaron incluso la desobediencia ante el TC, argumentando que, en el momento de convocatoria del reférendum, el TC aun no había suspendido la Ley del referéndum, en la que se amparaba el Decreto.

Los presupuestos y Cataluña

Un día después del comienzo del juicio, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del gobierno de Pedro Sánchez, que se arrastraba desde hacía meses, se estrellaba definitivamente en el Congreso de los Diputados, al aprobarse las enmiendas a la totalidad al proyecto, con los votos de PP, Ciudadanos, ERC, el PDeCAT, Foro Asturias y Coalición Canaria. Los dos partidos soberanistas representados en la cámara cumplieron finalmente con su advertencia al gobierno, que una semana antes había roto públicamente las negociaciones con la Generalitat, con motivo de la tan cuestionada como sobrevalorada figura del “relator”. Una ruptura que, desde Cataluña, fue interpretada como una claudicación ante la manifestación que el PP, Ciudadanos y Vox habían convocado en la Plaza Colón de Madrid para ese fin de semana, contra el diálogo del gobierno con los partidos independentistas y reclamando la convocatoria de nuevas elecciones.

Así las cosas, el 8 de febrero, la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, comparecía con semblante serio tras la sesión del Consejo de Ministros, en sustitución de la portavoz, Isabel Celaá, lo que ya era todo un indicio de la importancia de la situación. La Moncloa, dijo, “no aceptará nunca un referéndum de autodeterminación”. Nuevamente se presentó, en toda su crudeza, el nudo gordiano del conflicto político que mantiene atenazada a Cataluña desde hace años. En otoño de 2005, la campaña de recogida de firmas y manifestaciones impulsada por la derecha española contra el Proyecto de Estatuto de Autonomía aprobado por el Parlament amedrentó al gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y provocó una renegociación muy a la baja de su contenido (el presidente de la comisión parlamentaria que elaboró el texto final, el socialdemócrata Alfonso Guerra, se ufanó de haberse “cepillado” el texto inicial).

Por ello, el Estatuto aprobado por las Cortes españolas fue recibido fríamente en Cataluña —con una participación inferior al 50 % en el referéndum de ratificación— y la rebaja adicional que impuso el TC al texto aprobado por las Cortes y plebiscitado supuso un impulso enorme para el movimiento independentista, hasta entonces claramente minoritario. Ahora, el Gobierno español no está dispuesto a negociar un referéndum de autodeterminación por las consecuencias políticas que acarrearía, mientras que el gobierno catalán no puede aceptar otra cosa que un referéndum de autodeterminación pactado, pues es la única manera de que sus resultados sean reconocidos internacionalmente.

La negativa de ERC y PDeCAT fue recibida con duras críticas por parte del grupo socialista y de Unidos Podemos, aunque dos de sus diputadas, Marta Sibina, por En Comú Podem, y Alexandra Fernández, de En Marea, rompieron la disciplina de voto y votaron en contra. Los spin doctors de Ferraz pronto convirtieron el rechazo de los partidos soberanistas a los “presupuestos más sociales de la historia” en un activo electoral, descargando la culpa en el independentismo y liberando el suficiente espacio de maniobra para un pacto postelectoral con Ciudadanos, que sería bienvenido por la Unión Europea, por sus promesas de “estabilidad” macroeconómica frente a una fuerza como Podemos, no ya únicamente por lo que representa, sino por su evidente crisis interna.

En el espacio político de Podemos, las consecuencias han sido más explosivas, y no sólo a cuenta del intercambio de mensajes entre Carles Puigdemont y la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, tras unas primarias y prepolíticas declaraciones de esta última. El 19 de febrero Elisenda Alamany abandonaba tanto Catalunya en Comú-Podem como el grupo parlamentario. “Hasta aquí hemos llegado, dejo el grupo parlamentario de Catalunya en Comú-Podem, porque la dirección del partido ha tomado un rumbo que se aleja de los ideales fundaciones de los comunes”, declaró Alamany. En un comunicado publicado en su canal de Telegram, Alamany alegaba que “se ha cambiado el ideario por la puerta de atrás, sin ningún tipo de debate participativo, borrando los ideales fundacionales de los comunes: ya no se habla de república catalana ni del proceso constituyente con el derecho a la autodeterminación en su centro”. Tras la marcha de Xavier Domènech, continuaba, “ha habido una voluntad de eliminar la pluralidad y se ha depurado a las personas que representaban el proyecto inicial”. “La dirección de Catalunya En Comú ha tenido una posición tibia sobre la represión, llegando a obviar en muchas ocasiones el concepto de ‘presos políticos’ y hablando en tercera persona, cuando tenían al compañero Nuet procesado. El ejemplo más flagrante de esta posición tibia lo hemos podido ver en las últimas semanas. Mientras juzgan al gobierno de nuestro país, mientras líderes políticos y sociales son acusados en el Tribunal Supremo por poner urnas, el principal mensaje y obsesión de Cataluña en Comú ha sido defender la aprobación del presupuesto del PSOE. Ésta ha sido una actitud obsesiva, que contrastaba con un PSOE pasivo con la aprobación del presupuesto del Estado. Se ha hecho de muleta de un partido socialista que ha sido incapaz de hacer gesto alguno para una solución democrática entre Cataluña y España, para rebajar la presión de la represión o por el diálogo”.

Este 2019 ya prometía ser un año político movido, debido a las elecciones municipales y europeas, en las que se esperan cambios sísmicos en el sistema de partidos español. Las fuerzas de izquierda retroceden en las encuestas de intención voto, el centro se tambalea y Vox avanza. La convocatoria de elecciones generales aumenta la intensidad del voltaje. ¿Terminará el sistema en sobrecarga?

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