Islas Canarias
Salvamento Marítimo denuncia un traslado ilegal que puso en peligro la vida de 57 personas en Canarias

El pasado 21 de julio, el buque de Salvamento Marítimo Miguel de Cervantes fue utilizado de forma irregular para transportar a 57 personas migrantes que habían sido rescatadas y desembarcadas en Arguineguín (Las Palmas) y que Ministerio de Interior decidió movilizar hasta Santa Cruz de Tenerife.

“El incidente ha supuesto una clara vulneración de la normativa de seguridad marítima y de prevención de riesgos laborales”, denuncia Manuel Capa, Delegado del Comité de Empresa de SASEMAR, la flota de Salvamento a la que pertenece el buque Cervantes. El traslado se realizó en travesía nocturna y con la implicación de tres agentes del orden público, sumando un total de 73 personas a bordo en una embarcación con capacidad máxima para 26 y sin botes ni materiales de seguridad suficientes, tal y como lo exige la normativa internacional.

“Se ha preferido que el Miguel de Cervantes ejerciera de transporte de migrantes en condiciones de masificación a bordo, incertidumbre y en todo caso con insuficiente capacidad de los dispositivos de salvamento”, expresa la denuncia presentada ante la Dirección General de la Marina Mercante y en la cual se exige el cese de forma urgente de este tipo de traslados.

“Se ha preferido que el Miguel de Cervantes ejerciera de transporte de migrantes en condiciones de masificación a bordo, incertidumbre y en todo caso con insuficiente capacidad de los dispositivos de salvamento”

El documento argumenta además que este tipo de traslados en ningún caso pueden considerarse como urgentes o de fuerza mayor, porque las migrantes se encontraban ya en tierra, esperando a ser embarcadas en el muelle de las Palmas. De ninguna manera el incidente denunciado puede acogerse a las excepciones contempladas en la normativa acerca de las circunstancias de “fuerza mayor”, reclama la denuncia, ya que se trataba “de un simple traslado de migrantes que pudieron haber sido desembarcados en el puerto de llegada”.

Según informan fuentes del equipo de Salvamento, fue el propio Director General de la Marina Mercante, Benito Núñez Quintanilla, quien habría cedido a las presiones del Ministerio del Interior y del Delegado del Gobierno para dar una exención al buque de forma que pudiese realizar este transporte fuera de los márgenes de las leyes de seguridad marítima internacional.

Unos hechos que se han repetido en otras ocasiones y que han sido denunciados, al menos desde 2018, de forma reiterada y ante distintos órganos, como son el Comité de Salud y Seguridad, la Capitanía Marítima de Algeciras o la misma Dirección General de la Marina Mercante. Reclaman responsabilidades también del Director de Operaciones de SASEMAR, Germán Erostarbe, que “en ningún momento puso objeción alguna a esta situación grotesca”, pese a al acuerdo firmado por esta institución en la que se comprometen a no realizar este tipo de operaciones.

Además del riesgo para la vida de las personas trasladadas sin las condiciones mínimas de seguridad, la utilización ilegal de este buque para tareas que no son de su competencia significó dejarlo inoperativo ante cualquier eventualidad que pudiera suceder en el mar; por ejemplo un derrame de crudo o un hundimiento, que habrían quedado sin la asistencia del Cervantes. “Existían muchas opciones para realizar este transporte”, indican fuentes de Salvamento, ya que se podrían haber utilizado varios barcos de pasajeros presentes en la zona, siendo esta la opción más coherente y humanitaria para el traslado de personas en estas circunstancias.

Preocupación ante las condiciones de retención de las personas migrantes que llegan a las Islas Canarias

Irene Ruano Blanco

Migración

Preocupación ante las condiciones de retención de las personas migrantes que llegan a las Islas Canarias

Irene Ruano Blanco

Las personas migrantes que arriban a las islas están siendo retenidas de manera preventiva y  durante las 72 horas que permite la legislación en lugares como naves o almacenes que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene, que por otro lado deberían extremarse a cuenta de la situación sanitaria.