Atrapadas por su agresor: mujeres españolas con hijos que sufren violencia machista en Irlanda

Tres mujeres españolas, separadas de irlandeses y con hijos en común, comparten su odisea en tribunales donde las han ridiculizado por “histéricas” mientras ignoras sus denuncias. Al mismo tiempo, nadie desde España hace nada. Calculan que hay al menos 30 mujeres en este calvario.
25N Madrid 2024 - 2
Elisa González Dos mujeres en la manifestación del 25N de 2024.
26 nov 2025 06:00

“Llevo 7 años, 50 juicios, con el costo económico que eso supone, y el problema en Irlanda, es que no nos dejan hablar abiertamente de lo que vivimos dentro de las puertas del juzgado. Todos los juicios de familia están bajo secreto de sumario, por la ley in camera rule. Al no poder contarlo, el abuso sigue a puertas cerradas”. Vanessa es una de las decenas de mujeres españolas que están atrapadas en Irlanda por abusos de exmaridos y padres de sus hijos. Mujeres que, en algún momento de su vida se casaron con un hombre irlandés, formaron una familia y que cuentan cómo acabaron siendo víctimas no solo del maltrato de su pareja, sino de un sistema judicial, policial y social que las revictimiza en cada episodio de violencia que se van encontrando. 

Vanessa, Cristina y S. A. han contado sus experiencias de maltrato machista y comentan conocer a más de 30 mujeres españolas que están viviendo lo mismo en Irlanda, sin que la embajada o el consulado español hagan nada más que recibirlas para escuchar. Ninguna da su apellido porque sus casos están abiertos y, por la mencionada ley, revelar abiertamente su historia se traduciría en infracción. 

Vanessa, Cristina y S. A. formaron una familia con un hombre irlandés y decidieron separarse cuando él comenzó a ser violento

Todas cuentan patrones similares. Formaron una familia con alguien y, cuando el hombre comenzó a ser violento y ellas decidieron dejarlo, él no quería. Cuando reportaron algún caso de violencia, se sintieron abandonadas por la Policía. Cuando decidieron ir más allá e interponer denuncias en los tribunales vieron cómo en el juicio las tratan como “mujeres extranjeras que solo quieren sacar el dinero al trabajador irlandés”, explican en sus relatos. Vanessa lo que ve como un patrón común es que están “discriminadas por ser mujeres y por ser extranjeras”. 

Lo que las tres mujeres cuentan es algo que en Irlanda ya ha sido estudiado. De acuerdo con el Instituto de Políticas Públicas, los niveles de violencia doméstica, sexual y de género son alarmantemente altos; y en un estudio presentado este año, científicos sociales de la Escuela de Trabajo Social y Social del Trinity College de Dublín y expertos de la Facultad de Derecho del University College Cork tenía como principal conclusión que personas y menores víctimas-sobrevivientes de abuso doméstico “están siendo retraumatizadas durante los procedimientos de tutela, custodia y acceso”.

Vivir maltrato en un país extranjero

El mayor problema que las tres mujeres españolas se encuentran es la falta de apoyo en un país extranjero y donde el machismo está socialmente (y judicialmente) muy aceptado. “Cuando comenzó la violencia física, no tuve valor de dejar la relación por mis hijos, él me amenazaba con quitármelos y yo estaba asustada, estaba en un país extranjero”, explica Cristina que comenzó a salir con su expareja en 2013.

Todo cambió la noche en que su ahora exmarido se puso tan violento que su hijo de 3 años intervino para pedir a su padre que dejara a su madre en paz. Los vecinos también habían escuchado los ruidos. Cristina llamó a la Policía y “a pesar de los testimonios aportados por los vecinos y el estado de ansiedad en el que me encontraron, los agentes me preguntó si quería que lo arrestaran; yo, por miedo y confusión, no supe responder, me hacía cargar con el peso de la que era su responsabilidad. Finalmente lo detuvieron, pero no por violencia, solo por intoxicación (había consumido alcohol) y desacato a la autoridad. Un año y medio después, los vecinos y yo seguimos esperando a que esos policías nos tomen declaración escrita”. 

El hombre acabó arrestado por violencia contra la Policía y recuerda Cristina que por la ausencia de medidas cautelares en Irlanda pasó una noche en el calabozo, “y al día siguiente estaba de vuelta en casa”. Desde entonces, la situación fue empeorando hasta el punto de tener que pedir una orden de protección. Pero su marido fingía palizas de su mujer y gritando “no me pegues” para que lo oyeran los vecinos y acabó pidiendo él también una orden de protección de ella. 

A Cristina, la Policía no la ha tomado en serio cuando pide protección. Pero sí toman en serio a su exmarido cuando hace lo mismo

“Salvo la orden de protección, no se me permitió presentar más denuncias por violencia machista”. Y es que hay un problema: las leyes de violencia machista están “en pañales en Irlanda, los delitos se engloban dentro de lo que llaman violencia doméstica”, explica Cristina. Lo que está viviendo es que la Policía a ella no la ha tomado en serio cuando pide protección pero sí toman en serio a su exmarido cuando hace lo mismo. Tanto que ella sí acabó arrestada por una de las acusaciones de él, pero al revés la Policía no ha tomado nunca en serio su testimonio. En Irlanda se requieren dos años de separación para poder divorciarse, lo cual complica aún más la situación. 

“Yo me he presentado a juicios en los que ni siquiera me han dejado presentar las pruebas, lo que me dicen los abogados es que el juez no tiene paciencia… y mientras, una de las soluciones que le propusieron desde la administración fue asistir a terapia de “pareja” y cursos de comunicación”. Cristina lo tacha como farsa: ella está denunciando a su pareja por violencia psicológica y física, y la solución que le han propuesto es comunicarse mejor en pareja.

En este vaivén de historias donde las mujeres están comentando que no las toman en serio, Cristina cuenta cómo su ex sustrajo a los niños del hogar familiar, sin comunicar dónde estaban, algo que constituye un delito en Irlanda si no hay consentimiento. Aun así, “no se le aplicaron represalias”.

Sin hogar y decenas de miles de euros gastados

Vanessa llegó a estar sin hogar durante seis meses, viviendo en un refugio. No le permiten irse a España porque la ley prima que su hija tenga que estar cerca de su padre, aunque la hija amenaza con suicidarse cuando tiene que estar con él, como cuenta con tristeza su madre. Y, en caso de que ella se fuera a pasar una temporada con su familia a su país él podría usar este viaje para atacarla, como una de las tantas acusaciones que le hace frente a los tribunales con el objetivo de tacharla de mala madre. 

Vanessa conoce a su expareja desde 2007. Comenzaron una relación en 2013, cuando ella se mudó a Dublín a buscar trabajo, tras quedarse sin empleo en España. “Me quedé embarazada. Cuando me mudé a su casa comenzó un calvario de maltratos. La primera vez que fui a denunciar un maltrato a un juzgado de Irlanda fue horroroso y me tuve que ir a un refugio para mujer”. Cuenta que le pusieron un abogado por la administración que decía no entender qué es lo que ella quería denunciar. “No hay especialización en violencia de género, no me pusieron ni un traductor porque dijeron que eso iba a enfadar al juez y durante el juicio mi representante legal junto con el resto de presentes en la sala tomaban decisiones sobre mi caso sin contar con mi versión de los hechos”. Le negaron una orden de alejamiento. 

“Estando sola en otro país eres una víctima más fácil para un maltratador y más cuando no hay una ley específica que recoja la violencia de género. He sufrido abuso psicológico, mental, físico, financiero, chantaje emocional…y también sufrí abuso sexual”, cuenta Vanessa

Vanessa afirma haberse gastado más de 100.000 euros. Como recuerda Cristina, una hora de abogado cuesta entre 300 y 350 euros. En su caso, la lista de abusos es larga: “Estando sola en otro país eres una víctima más fácil para un maltratador y más cuando no hay una ley específica que recoja la violencia de género. He sufrido abuso psicológico, mental, físico, financiero, chantaje emocional… y también sufrí abuso sexual”, cuenta Vanessa. 

Acabó en la calle. Al tener que cuidar de su hija cuando era pequeña, en un país lejos del apoyo de su familia, no podía trabajar por la incompatibilidad de horarios, ha gastado decenas de miles de euros en abogados y su marido le pasa una pensión mínima. Durante seis meses estuvo sin hogar. A todo esto se suma cómo la sociedad y la administración la trata: “Vivo sintiendo que tengo que dar muchas explicaciones de todo porque nadie me cree. En la concepción social, los hombres no son machistas. Aquí las malas somos las mujeres por quejarnos. Nos tacha de histéricas, despechadas, aprovechadas que queremos el dinero de los hombres”. 

Tanto es así que explica Vanessa que cuando realiza acusaciones sobre el incumplimiento de las normas por parte de mi expareja, “desde servicios sociales o juzgados van a consultarle a él si es cierto lo que yo digo sobre él. Me ha sucedido que la Policía no ha querido aceptar mis denuncias y me he sentido cuestionada infinidad de veces, teniendo pruebas de ello”. 

“Tengo pruebas de médicos, hospitales, colegio… sobre el maltrato físico y psicológico, que ha sufrido mi hija, pero a cambio me han acusado de alienación parental. Es decir, dicen que pongo a mi hija contra su padre. Él incluso ha agarrado a mi hija del cuello”, explica Vanessa.

Lo primero: que los hijos puedan estar con el padre, a pesar de todo

Desde el colegio han realizado “informes porque se preocupan por cómo ven a mi hija, pero luego no quieren ir a juicio a declarar”. Vanessa se siente como secuestrada en un país en el que no quiere vivir. Al primar el derecho del padre a estar con su hija, eso la tiene retenida en Irlanda. Si ella quisiera irse a España, su expareja podría denunciarla por abandono y la situación actual se complicaría. La custodia es compartida pero el padre no pone gran interés en pasar tiempo con la menor. 

El caso de S. A. es similar. Está obligada a vivir en Irlanda por la obligación de que su exmarido pueda ver a su hijo, aun estando probado que el hombre no se presenta a muchas de las visitas y de que esté pasando una pensión mínima (100 euros mensuales) para su manutención porque alega que no trabaja, aunque S. A. cree que sí lo hace. “El tribunal decidió no mirar las cuentas bancarias y confiar en su palabra”, explica.

S. A. está atada a un hombre, que ya tiene un tercer hijo con una tercera mujer, que no le permite regresar a España aunque incumple el régimen de visitas al menor 

S. A. decidió separarse al tener a su hijo: “no quería que viviera en un ambiente de tensión, peleas e inseguridad”, explica. Desde entonces lleva una odisea de mínimo dos juicios cada año. El mayor problema es verse atada a un hombre, que ya tiene un tercer hijo con una tercera mujer, que no le permite regresar a España aunque incumple el régimen de visitas al menor. S. A. cuenta que “sólo tiene acceso un día y medio a la semana, no le obligan a nada más y si no viene por él no pasa nada, pero si yo no dejo a mi hijo ir me acusan de estar rompiendo el acceso”. 

Cuidar a un hijo estando lejos de la red familiar complica mucho más la independencia de la mujer. “He estado 5 años sin poder trabajar, yendo a juicios pidiendo que el padre ayudara más. Estoy sola aquí, no podía encontrar un trabajo que me permitiera criar a mi hijo. La mayoría de las veces que iba a juicio con abogada ganaba él, que ni siquiera llevaba abogado, la razón no se si es porque es hombre o porque es irlandés”. Y comenta cómo una de las veces la jueza se burló de ella por pedir más dinero a su expareja, tachándola de ser una aprovechada. 

S. A. es profesora de primaria y el pasado verano le pidió al juez poder ir en las vacaciones escolares a España ya que su expareja solo ve a su hijo un día y medio a la semana y ni siquiera asiste todas las semanas. Su petición fue denegada. “Y así es siempre, se les permite a ellos elegir y disponer y nosotras tenemos que aceptar”, explica.

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