Análisis
La guerra que no resuelve nada: Irán entre el frente externo y la crisis interna

El regreso de los combates entre Irán y Estados Unidos ha llevado el acuerdo de alto el fuego de junio al borde del colapso. La disputa por el estrecho de Ormuz y el renovado bloqueo naval de Washington han agravado la situación. Una vez más, los titulares se centran en misiles, petroleros, precios del crudo y rutas de navegación. Pero dentro de Irán, la guerra significa mucho más que un conflicto militar o diplomático.

El estado de guerra se ha convertido en una manera de gobernar el país. Las protestas se retrasan, se justifica la represión y el régimen gana tiempo. Todo esto, sin embargo, no resuelve ninguna de las crisis que enfrenta la población iraní.

Un alto el fuego en el que no se dejaba claro quién debe ostentar el control de Ormuz

El acuerdo de 14 puntos firmado a mediados de junio entre Estados Unidos y la República Islámica tenía como objetivo detener la guerra; y partía de dos premisas clave: la reapertura del tráfico comercial a través de Ormuz y el establecimiento de un período de 60 días para continuar con las negociaciones. La redacción del acuerdo, no obstante, era vaga y una de las incógnitas que quedó pendiente de resolución fue quién tenía derecho a controlar el paso de los barcos.

Teherán interpretó el acuerdo como el reconocimiento de la autoridad de Irán sobre la vía marítima. Washington y los estados árabes del sur del golfo Pérsico lo vieron de otro modo. Para ellos, Irán solo había prometido garantizar el libre paso. La cancelación de los permisos para la venta de petróleo iraní, los ataques a barcos y las renovadas operaciones militares pusieron al descubierto la debilidad del alto el fuego. Durante unos días el conflicto quedó pausado, sí, pero nunca se resolvió la disputa principal.

Los y las trabajadoras continúan en pie de guerra

Para la población dentro de Irán, el regreso a la guerra significa algo muy diferente de los cálculos que hacen los gobiernos. Los ataques de Estados Unidos e Israel amenazan las ciudades, destruyen infraestructuras y ponen en riesgo vidas cotidianas. Al mismo tiempo, la República Islámica hace uso de esa amenaza exterior para reforzar el control interno. Estas dos realidades no se anulan mutuamente. La guerra exterior deja a la sociedad expuesta a la destrucción; y el gobierno utiliza esa misma guerra para restringir aún más a esa sociedad.

El gobierno ha usado el conflicto para convertir su crisis de legitimidad en una cuestión de seguridad nacional

Tras el inicio de los ataques el 28 de febrero, los tribunales y los organismos de seguridad de Irán ampliaron el significado de “colaboración con el enemigo y espionaje”. La actividad política, el periodismo, el trabajo en derechos humanos e incluso las publicaciones en línea pueden quedar ahora bajo esas etiquetas. Los grupos de derechos humanos han reportado más de 6.000 detenciones desde el inicio de la contienda. Entre los detenidos hay manifestantes, periodistas, abogados y miembros de minorías étnicas y religiosas. Los juicios se han acelerado y las condenas se han endurecido. Las ejecuciones políticas han continuado. Las autoridades cortaron el acceso a internet a gran escala durante 88 días. Incluso tras el restablecimiento del servicio, las restricciones severas han permanecido.

Todo esto no ha respondido únicamente a la emergencia de la guerra. El gobierno ha usado el conflicto para convertir su crisis de legitimidad en una cuestión de seguridad nacional. En este contexto, una protesta de trabajadores puede convertirse en “perturbación de la producción”. La crítica al Estado puede convertirse en “debilitamiento del frente interno”. Informar sobre manifestaciones puede convertirse en” ayudar a la propaganda enemiga”. El gobierno trata de borrar la línea entre la seguridad del país y la supervivencia del sistema político. Defender el país significa, en estas circunstancias, obedecer al gobierno. Sin embargo, la ciudadanía no tiene un papel real en las decisiones sobre la guerra, la paz o la política exterior.

Las mismas demandas que existían antes de la guerra han regresado tras meses de bombardeos, cortes de internet y represión

A pesar de todo, la represión y el clima de seguridad no han logrado detener completamente la protesta social. Los días 11 y 12 de julio, trabajadores municipales de Minab, empleados de la empresa de perforación Dana Energy, trabajadores de los Altos Hornos de Ahvaz y jubilados de telecomunicaciones y del sector del acero llevaron a cabo una serie de protestas y huelgas en varias ciudades. Sus demandas eran inmediatas y básicas, y protestaban por salarios que no han sido abonados, los seguros que han sido cancelados, las malas condiciones laborales, la falta de instalaciones adecuadas durante el calor extremo, problemas con la atención sanitaria o problemas con el aumento de las pensiones, entre otros. El 13 de julio, enfermeros y trabajadores sanitarios protestaron en Yazd, Shiraz y Neyshabur. Denunciaron salarios impagados, remuneraciones injustas, sueldos bajos y retrasos en los pagos del servicio de enfermería.

Estas protestas no son comparables en tamaño ni alcance con el levantamiento nacional del pasado invierno. Aun así, importan. Demuestran que la guerra no ha reconstruido la relación entre el gobierno y la sociedad. Las mismas demandas que existían antes de la guerra han regresado tras meses de bombardeos, cortes de internet y represión.

Una economía de guerra que afecta a los más vulnerables

Las raíces económicas de estas protestas tampoco han desaparecido. Se han profundizado. Las cifras oficiales sitúan la inflación anual de junio en el 62%. La inflación interanual ha alcanzado el 88,6%. Los hogares con menos ingresos soportan, como siempre, más presión que los más ricos. En estas condiciones, varios meses de salarios impagados o la pérdida del seguro no son solo una disputa administrativa. Para una familia que gasta la mayor parte de sus ingresos en alimentación, alquiler, medicamentos y transporte, el retraso en el cobro de los salarios puede significar rápidamente la aparición del endeudamiento, la renuncia a tratamientos médicos y la no cobertura de las necesidades más básicas.

La guerra agrava esta crisis de dos maneras. Desde el exterior, los bloqueos, las sanciones, los ataques a infraestructuras y la interrupción del comercio debilitan la economía. Desde el interior, el gobierno distribuye el coste de esa presión de manera muy desigual. Las redes vinculadas al poder político y de seguridad tienen mejor acceso a divisas extranjeras, contratos, importaciones y rutas comerciales no oficiales. Los asalariados reciben inflación, retrasos en los pagos y servicios públicos más deteriorados. La economía de guerra, por tanto, no consiste solo en resistir a un enemigo exterior: transfiere el coste de la crisis a quienes menos papel tuvieron en crearla.

Dificultades para organizarse ante el malestar y un gobierno aprovecha la coyuntura

Sin embargo, el regreso de las protestas laborales no significa que vaya a desencadenarse de inmediato un levantamiento nacional. La sociedad iraní está agotada. La sangrienta represión de las protestas del invierno pasado, las detenciones masivas, las ejecuciones y el corte de internet más prolongado en la historia del país han generado un miedo profundo.

Los grupos de trabajadores independientes, las redes estudiantiles y las organizaciones civiles siguen bajo una fuerte presión. Los movimientos de protesta tienen dificultades para comunicarse entre sí. Muchas familias, además, también tienen que hacer frente al duelo, el desplazamiento interno, el desempleo y la inseguridad provocada por la guerra. En estas condiciones, las protestas suelen comenzar en lugares pequeños y concretos: un lugar de trabajo, frente a una oficina gubernamental, en torno a una demanda clara.

La guerra actúa, por tanto, tanto como herramienta de control como fuente de inestabilidad. Puede comprarle tiempo al gobierno, pero el precio de ese tiempo no deja de subir

Pero el reducido tamaño de estas protestas no significa que el gobierno haya reconstruido el consenso social. Existe una diferencia fundamental entre la estabilidad creada por las fuerzas de seguridad, los cortes de comunicaciones y el miedo al castigo, y la estabilidad construida sobre el consenso, la participación y las instituciones capaces de resolver problemas.

La República Islámica ha restaurado cierto orden en las calles, pero no ha acercado los salarios a los precios, no ha mejorado los servicios públicos, no ha reconstruido la confianza perdida. Y no ha creado ninguna vía significativa para que los ciudadanos participen en la política. A corto plazo, la guerra ha otorgado al gobierno tres ventajas: crear una sensación compartida de amenaza, ayudar al Estado a concentrar más poder y desviar la atención de la responsabilidad interna.

Esta es una guerra que drena recursos financieros, impulsa la inflación al alza, destruye infraestructuras y extiende el malestar. La guerra actúa, por tanto, tanto como herramienta de control como fuente de inestabilidad. Puede comprarle tiempo al gobierno, pero el precio de ese tiempo no deja de subir.

Una brecha interna difícil de cerrar

La crisis de Irán no puede entenderse únicamente a través de la disputa nuclear, el estrecho de Ormuz o las relaciones con Occidente. En el centro se encuentra un sistema político que niega a la población el derecho a formar partidos y organizaciones, expresarse libremente y decidir su propio futuro político. Incluso un nuevo acuerdo que pause la guerra y levante algunas sanciones no cerrará automáticamente esta brecha interna.

El gobierno puede aprovechar una menor presión exterior para reconstruir sus recursos; puede hacerlo sin cambiar su relación con la ciudadanía. Los bombardeos y el bloqueo tampoco democratizarán esa relación. Los ataques extranjeros pueden destruir infraestructuras y debilitar la economía, pero no otorgan poder político a la sociedad. De hecho, los últimos meses han demostrado lo contrario: cada nueva fase de la guerra ha dado al Estado más margen para convertir el país en una zona de seguridad y criminalizar la protesta.

Esta es la historia de un sistema que se ha vuelto cada vez más dependiente del gobierno de emergencia para mantener el control

Irán se encuentra ahora entre una guerra exterior y una crisis interna sin resolver. El gobierno usa la guerra para retrasar el regreso de la política a la sociedad. Pero las protestas en hospitales, fábricas, municipios y reuniones de pensionistas demuestran que ese retraso no puede durar eternamente.

No estamos ante el colapso inmediato del gobierno. Tampoco ante la posibilidad de una estabilidad completa. Esta es la historia de un sistema que se ha vuelto cada vez más dependiente del gobierno de emergencia para mantener el control, mientras su capacidad para satisfacer las necesidades ordinarias de la sociedad no deja de menguar.