Infancia
La ley de infancia que debate hoy el Congreso alude a la violencia obstétrica y prohíbe el síndrome de alienación parental

El Congreso debate hoy, 15 de abril, el dictamen de la Comisión de Derechos Sociales del Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, un proyecto que el 9 de junio de 2020 pasó por el Consejo de Ministros. La ley, conocida como “Ley Rhodes” por el apoyo que ha tenido esta ley por parte del pianista víctima de abusos sexuales en la infancia, recoge el guante de las asociaciones de infancia al incluir la ampliación del plazo de prescripción de los delitos graves contra menores, un plazo que comenzará cuando la víctima haya cumplido 30 años y no 18 como ahora.

Otra de las marcas de esta ley es que refuerza el deber de comunicación de actos o indicios de violencia y que instaura la obligatoriedad de grabar un único interrogatorio al menor víctima de un delito como prueba, es decir, generaliza la prueba preconstituida que recomiendan organismos internacionales para evitar la revictimización de los menores. Además, contempla la redacción en un año desde su eventual aprobación de una ley que permita desarrollar una red de juzgados especializados similar a como se hizo a través de la Ley de Medidas contra la Violencia de Género.

En el plazo transcurrido desde junio, el texto ha sufrido algunos cambios de calado. Algunos responden a  la advertencia que hizo el Ministerio de Igualdad sobre la necesidad de “ampliar la perspectiva de género” y en otros a las peticiones de organizaciones de infancia. Algunas señalan que en lo que queda del proceso —debate en el Congreso este jueves y luego en el Senado, antes de publicarse en junio si sigue la tramitación de urgencia como hasta ahora— hay margen de mejora.

Novedades: violencia de género y violencia obstétrica

El texto que se debate hoy incluye un apartado de nueva creación que se refiere específicamente a situaciones de violencia de género en pareja, en el que determina que las administraciones deberán actuar de manera integral atendiendo tanto a la situación de violencia que vive el niño o niña como a la que vive la madre.

Además, el proyecto de ley —impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales aunque heredero de una propuesta del Gobierno socialista en 2018—, recoge la prohibición del Síndrome de Alienación Parental (SAP), un supuesto síndrome sin respaldo científico que expertas en violencia de género denuncian como una herramienta que juega en los juzgados en contra de las madres. “Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para evitar que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración”.

El texto contempla ahora la posibilidad de denuncia por parte de niños y niñas sin necesidad de valorar su madurez, como recogía la primera versión del texto

Save The Children señala entre las mejoras una profundización en la escucha a la infancia. Entre los cambios más significativos en ese sentido, señala que la nueva redacción contempla la posibilidad de denuncia por parte de niños y niñas sin necesidad de valorar su madurez —como recogía la primera versión del texto—. “Es un avance el que puedan denunciar, creemos que se da un paso que es que se ha entendido que nos tenemos que adaptar y poner las herramientas para que los niños nos puedan explicar”, explicaba este miércoles Catalina Perazzo, de Save The Children, en una rueda de prensa para explicar el momento en el que se encuentra la ley.

Otra de las incorporaciones al texto que celebra Save The Children se encuentra en el capítulo sobre prevención de la violencia en el ámbito familiar, donde se indica que las administraciones públicas deberán tomar medidas para “proporcionar un entorno obstétrico y perinatal seguro para la madre y el recién nacido”. Pese a que no hay más alusiones ni se desarrolla este aspecto, Perazzo celebra que la ley haga finalmente alusión a este tipo de violencia, una petición que habían trasladado las organizaciones de infancia, explicó el miércoles.

Asuntos pendientes: autoridad para los agentes sociales

Para Save the Children, existen varios aspectos que requieren una atención especial. Entre ellos, y a la espera de conocer el texto definitivo que se someterá a debate, se encuentran la definición de qué se considera violencia y que sea acorde a la Convención de los Derechos del Niño, la explicación sobre qué son los entornos seguros y cuáles son los requisitos para considerarlos como tal.

También ven crucial la eliminación de los Servicios Sociales como agentes de la autoridad, como contemplaba el texto en junio de 2020, algo que organizaciones de infancia entienden entienden desfavorable a la infancia y la adolescencia por darle al personal de servicios sociales una presunción de veracidad que podría acentuar el desequilibrio que ya existe: “Pondría obstáculos a una garantía jurídica en todos los procedimientos”, explicaba Perazzo para aclarar la posición de Save The Children. Save The Children espera además que se someta a debate la ampliación de la prueba preconstituida hasta los 16 años obligatoria y una necesaria valoración del interés superior del menor para los casos entre los 16 y los 18 años.

Save The Children y Plataforma de Infancia creen que sería positivo aumentar la edad en la que se aplica la prueba preconstuida, que evita a las personas menores tener que testificar varias veces

También la Plataforma de Infancia, que reúne a 73 organizaciones, ve margen para la mejora, coincide en este asunto y espera que la prueba preconstutida sea aplicable a todas las personas menores de edad. Además, señalan que el proyecto de ley no aborda suficientemente la necesidad de reforzar la protección de los niños y niñas privados de cuidado parental y sugieren crear una figura análoga al coordinador de protección que contempla la ley en los centros educativos.

Otro tema relevante para la Plataforma de Infancia es el procedimiento para determinar la edad de los niños y niñas migrantes que llegan a España. En este sentido, recuerda que el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo y el propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas han urgido reiteradamente a España a modificar este procedimiento. “Consideramos que el Proyecto de Ley ha ido mejorando durante su tramitación, pero no podemos permitirnos que esta ley, que va a ser ejemplo en el mundo, deje fuera cuestiones esenciales”, asegura Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia. 

Algunas madres que han denunciado abusos sexuales a sus hijos e hijas por parte de familiares piden que la prohibición del SAP sea retroactiva y recuerdan que su uso permite a algunos agresores convivir con las víctimas

Por otra parte, algunas madres de niños y niñas que han denunciado abusos sexuales cometidos por familiares, piden que la prohibición del Síndrome de Alienación Parental que consagra el proyecto de ley, de continuar su trámite según lo previsto, sea retroactivo: “Es absolutamente necesario analizar todas las sentencias y los informes de los equipos psicosociales o cualquier agente jurídico en el que se haya diagnosticado un SAP y sus eufemismos, pues para defender al supuesto agresor sexual, utilizan el invento de un pederasta”, señalan en un escrito enviado a El Salto.

Además, piden la suspensión automática de las visitas desde que se produce una denuncia por abusos hasta final del proceso. “Los juzgados están torturando a la infancia y a las víctimas de violencia de género”, mantienen: “Hay muchos menores a los que se les ha dejado en una situación absoluta vulnerabilidad y riesgo por la aplicación del SAP y están conviviendo ahora mismo con su agresor sin poder salir de la situación”.