Infancia
España opta por la prohibición para controlar el uso de las redes sociales en la infancia

Pedro Sánchez ha anunciado este martes en la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái estos días que implementará una serie de medidas legislativas para poner coto a las redes sociales. La propuesta, que sigue el camino marcado por Australia a mediados de diciembre, busca garantizar “un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales” y proteger “los derechos de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales, poniendo el foco especialmente en la responsabilidad de las plataformas y las grandes empresas tecnológicas para que pongan en marcha todos los instrumentos y medidas necesarias para cumplir este fin”, según aseguran desde el Ministerio de Juventud e Infancia. El paquete de medidas, recogido en el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales y promovido por dicho ministerio, se aprobará en el Consejo de Ministros de la semana que viene.

Ya el pasado mes de septiembre, el Congreso dio luz verde a la tramitación de la ley orgánica, muy alineada con los postulados europeos sobre este tema, para la protección de los menores en entornos digitales y se rechazó la enmienda a la totalidad presentada por Vox.

La redes sociales, un “Estado fallido”

El paquete legislativo, además de la regulación del acceso a los menores de 16 años a las redes sociales, incluye medidas para responsabilizar legalmente a los directivos de las empresas tecnológicas en caso de que se cometan infracciones o no se lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar la implementación de la norma, como la puesta en marcha de mecanismos para la verificación de la edad. También la manipulación de los algoritmos será delito, así como la no retirada del contenido ilegal. Se pedirá, además, a las plataformas, que pongan en marcha mecanismos para trazar los discursos de odio, muy presentes en redes sociales como X.

El presidente del Gobierno se ha referido a las redes sociales como un “Estado fallido”, un lugar en el que “se ignoran las leyes” y se permiten “delitos”

El Proyecto de Ley recoge la obligatoriedad de las multinacionales tecnológicas de implantar en todos los dispositivos un control parental gratuito por defecto que permita a los tutores legales restringir y controlar el acceso de dichas personas a servicios, aplicaciones y contenidos perjudiciales para menores, cuya activación debe producirse por defecto en el momento de la configuración inicial del equipo terminal; también se contempla el trabajo codo a codo con la Fiscalía para investigar a las plataformas que incurran en infracciones.

En su intervención, el presidente del Gobierno se ha referido a las redes sociales como un “Estado fallido”, un lugar en el que “se ignoran las leyes” y se permiten “delitos”. También ha hecho referencia a la desinformación y los delitos de odio. 

Sánchez también ha tenido palabras para el magnate Elon Musk, dueño de X, quien la semana pasada señaló públicamente al Gobierno español  por la decisión de regularizar la situación legal de medio millón de personas en España. Sánchez ha acusado a Musk de desinformar sobre esta medida y de permitir que Grok, la inteligencia artificial de X, genere contenido sexual.

Según el Parlamento Europeo, “el 25%  de los menores muestra un uso ‘problemático’ de los teléfonos inteligentes”

Tras los argumentos para la adopción de este paquete legislativo en España están la adicción y la dependencia —probada— que generan las redes sociales o la exposición a la publicidad, los algoritmos manipulados y los discursos de odio, entre otros. Según los datos que maneja el Parlamento Europeo, el uso de redes sociales presenta riesgos para la salud tanto física como psicológica de los menores, “el 25% muestra un uso ‘problemático’ de los teléfonos inteligentes”. En nuestro país, la edad media en la que los menores adquieren un móvil es de 11 años; y el 99% de ellos tienen cuentas activas en diferentes redes sociales. Según los datos disponibles, también es a los 11 años de media cuando los menores tienen acceso, por primera vez, a contenido pornográfico.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, también se han referido al espacio digital como un sitio regido hasta ahora por “la ley de la selva” y que por ello mismo trabajan en esta dirección, “para salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de evitar que la industria tecnológica siga haciendo caja con los derechos de las personas menores de edad”. El citado ministerio, además, está trabajando complementariamente en la elaboración de dos proyectos: por un lado, una Estrategia Nacional “para dar información, formación y acompañamiento a los entornos socioafectivos de niños, niñas y adolescentes” —cuyo texto se dará a conocer en las próximas semanas—; y una norma adicional para “proteger la identidad de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales y regular el sharenting; es decir, la sobreexposición de personas menores de edad en internet”. 

Catalina Perazzo, directora de incidencia política de Save the Children, asegura que esta medida “no es una solución en sí misma, que puede dar una falsa sensación de seguridad y que es imprescindible que vaya acompañada de mecanismos de verificación de la edad eficientes y, sobre todo, de educación y acompañamiento en hacer un uso responsable de internet y las redes sociales. Perazzo explica que “las prohibiciones generales de acceso a las redes sociales basadas únicamente en la edad pueden resultar arbitrarias, no garantizan una mayor protección y pueden excluir a niños, niñas y adolescentes de espacios digitales seguros y diseñados para el ejercicio de sus derechos”.

¿Prohibir o acompañar?

Uno de los debates que generó el anuncio ya en septiembre tiene que ver con la posibilidad de no prohibir el acceso de los menores a las redes, sino de acompañarlos en el pensamiento digital crítico. 

Esta es la postura de Hungría Panadero, socióloga y directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que trabaja en el ámbito de las tecnologías digitales, la brecha digital, el abandono educativo prematuro, la participación y los derechos civiles. Desde la Fundació se apunta hacia la posibilidad de un consumo responsable, a pesar de los “retos” que esto supone. “Para ello es fundamental el acompañamiento y el fomento de un pensamiento crítico por el cual los usuarios puedan cuestionar lo que consumen. Habitamos un espacio, el digital, en el que somos consumidores pasivos, pero con nuestros likes viralizamos contenidos”, explica. Panadero considera que la prohibición puede resultar una respuesta “simple” a “un problema complejo”, además de poner en peligro “el acceso a la información y a la libertad de expresión”.

Hungría Panadero: “El foco legislativo tendría que estar en la responsabilidad y la transparencia de las grandes corporaciones tecnológicas; no en penalizar el acceso de los usuarios y usuarias”

“No podemos ignorar la voz de los adolescentes y los jóvenes, porque contradice la esencia de educar en la responsabilidad. Tenemos claro que prohibir no es educar y consideramos que este tipo de medidas retrasan el aprendizaje digital en una sociedad que ya es digital”. Desde la Fundació no se oponen de manera rotunda a la legislación propuesta por el Gobierno de Sánchez, pero apuestan por regular las plataformas, “no la población [...] El foco legislativo tendría que estar en la responsabilidad y la transparencia de las grandes corporaciones tecnológicas; no en penalizar el acceso de los usuarios y usuarias”, explica Hungría Panadero. Para ella, hay que poner la mirada en los patrones oscuros, los diseños adictivos, el scroll infinito o los algoritmos perversos, entre otros. “Hay que estar alerta, porque la línea entre la hipervigilancia y la libertad puede ser frágil”. Teme, Panadero, que la prohibición fomente algo parecido a la deep web pero en el ámbito de las redes sociales, “espacios digitales no regulados y sin supervisión donde los menores sean incluso más vulnerables”.

Desde Colectic, una cooperativa que trabaja por una tecnología que esté a disposición del cambio social, se cree que el paso dado por el Gobierno de Sánchez tiene sentido, sin embargo, el colectivo pone el foco en otras cuestiones. “Teniendo en cuenta las movilizaciones contra el uso de los móviles durante la infancia y la adolescencia, es normal que la medida que más llame la atención sea la de la restricción de acceso a menores de 16 años a redes sociales. Precisamente es una de las menos interesantes y con menos recorrido, puesto que no se centra a dar herramientas a la ciudadanía para moverse en esta esfera digital”. El colectivo dice huir de “posturas paternalistas” y apuesta por “reforzar aprendizajes sobre cultura digital con perspectiva crítica”. Invita a “tener la capacidad de discernir, ante un mundo de noticias falsas, el contenido de calidad”.

Colectic: “Echamos de menos una apuesta clara del Gobierno para generar una infraestructura digital pública, libre de intereses económicos, que garantice a la ciudadanía la posibilidad de participar, construir y disfrutar de nuestra vida digital”

Sin embargo, miran hacia la legislación concreta, y no solo la restricción que afectará a los y las menores de 16. “Las otras medidas nos permiten explorar otras cuestiones como: quién es responsable de los contenidos nocivos propagados por redes sociales, hasta dónde una plataforma es responsable legalmente de los contenidos que no solo aloja, sino que promueve a través de su algoritmo... Abre la puerta a poder defendernos legalmente ante los abusos de las grandes corporaciones”. En ese aspecto, los miembros de Colectic, a quienes gustaría ver en las redes “un espacio digital libre y seguro para todas”, se preguntan por los mecanismos que se pondrán en marcha desde la Fiscalía para poder garantizar que las infracciones cometidas por las grandes plataformas se puedan perseguir debidamente. 

“Podemos regular, legislar y sancionar, pero el problema de fondo es que hemos dejado en manos de empresas multinacionales el diseño del espacio digital que conocemos hoy. Echamos de menos una apuesta clara del Gobierno para generar una infraestructura digital pública, libre de intereses económicos, que garantice a la ciudadanía  la posibilidad de participar, construir y disfrutar de nuestra vida digital”, insisten desde la formación.

Francia pone a X en el punto de mira

En el momento en el que se escriben estas líneas la Fiscalía de París, con la colaboración de Europol, está registrando las oficinas de X en Francia por una supuesta manipulación de algoritmos que habría podido favorecer las injerencias extranjeras. La red social propiedad de Musk también está denunciada en el país galo por haber permitido “contenidos ilícitos generados por Grok” y que constituyen un delito penal.

El pasado 27 de enero Francia se convertía en el primer país en suelo europeo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años. Se prevé que la medida entre en vigor en septiembre, con el inicio del curso escolar. Desde entonces también estará prohibido que los menores acudan con teléfonos móviles a las escuelas y los institutos.

En el resto de Europa, países como Irlanda, Italia o Dinamarca también tienen a las redes sociales en el punto de mira y estarían preparando leyes similares a la francesa o la española. En Grecia, el pasado mes de mayo, el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis, puso en marcha Kids Wallet una aplicación móvil operada por el Estado por la cual los padres pueden monitorear el consumo de internet de sus hijos e hijas.

Australia, país pionero

Australia fue el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. Lo hizo a mediados de diciembre pasado y sentó las bases legislativas en este tema. Se obligó a ocho plataformas —Facebook, Instagram, Tik Tok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Twitch, Kick y Threads— a que pusieran en marcha mecanismos para que la norma se pudiera implementar correctamente y se amenazó con multas de hasta 50 millones de dólares si no se seguía la normativa.

Quedaron excluidas, en aquel momento, redes como YouTube Kids, Google Classroom, Roblox y LinkedIn; pero el gobierno australiano advirtió que si detectaba que los menores se estaban trasladando a otras plataformas, la lista podría ampliarse. En este país, el Gobierno aseguró que las redes de los menores, las que ya existen, no serían eliminadas de manera definitiva —a menos que ellos así lo decidan— y que se podrían reactivar una vez el menor cumpla los 16.

Algunos argumentos en contra de la normativa tienen que ver con la protección de datos en cuanto a los procedimientos de verificación de la edad y la identidad a través de la verificación facial; o el “derecho a la comunicación política”

La medida no fue bien recibida por algunos sectores de la población y activistas digitales, como los que componen el Digital Freedom Project, que aseguraron que esta normativa puede tener efectos negativos en los adolescentes con discapacidades o jóvenes residentes en zonas remotas que dependen de las redes sociales para “estar conectados” con otras personas de su edad.

Otros argumentos en contra de la normativa tienen que ver con la protección de datos de la población en cuanto a los procedimientos de verificación de la edad y la identidad a través de la verificación facial; o el “derecho a la comunicación política”, presente en la Constitución australiana. 

El Parlamento Europeo, por la misma senda

El pasado 26 de noviembre, el Parlamento Europeo votó a favor —con 483 votos—  de incrementar la protección digital de los menores. Hubo 92 votos en contra y 83 abstenciones. Según el Eurobarómetro 2025, más del 90% de la ciudadanía europea cree que es urgente tomar medidas para proteger a los menores en el ámbito digital.

Como en Australia, en Europa, se plantean multas y posibles prohibiciones para las plataformas que no cumplan con las medidas que se impongan en un futuro, como la prohibición de la ejecución de de algoritmos de recomendación basados ​​en la interacción y recompensas en los juegos en línea. Se investigarán, asimismo, las herramientas de IA generativas. Además, está previsto el desarrollo de una aplicación de verificación de identidad, herramienta que no eximiría a las plataformas de su responsabilidad “de garantizar que sus productos sean seguros y apropiados para la edad desde su diseño”.

El 97% de los menores se conecta a internet de manera diaria; y el 78% de los jóvenes de entre 13 y 17 años revisa sus dispositivos al menos cada hora.

En un informe presentado por el mismo Parlamento Europeo a principios de noviembre, justo unos días antes de la votación de la resolución, y que lleva por título La protección online de los menores, se concluye que el 97% de los menores se conecta a internet de manera diaria, y que el 78 % de los jóvenes de entre 13 y 17 años revisa sus dispositivos al menos cada hora. Otro de los datos que se destacan es que uno de cada cuatro menores hace un uso disfuncional de su móvil.