Industria armamentística
Defensa no ha anulado la compra de misiles Spike a Israel pese al embargo aprobado en el Congreso

Tres contratos por valor de casi 1.200 millones de euros siguen perfectamente vigentes a pesar del embargo que, el 8 de octubre de 2025, convalidó el Congreso de los Diputados, decreto que establece medidas de control y veto a las compras a Israel, país que está cometiendo desde hace dos años un genocidio en Gaza. El Centre Delàs ha publicado hoy, 27 de marzo, un informe que detalla cómo el Ministerio de Defensa de Margarita Robles ha seguido con los “negocios como siempre” en al menos tres adquisiciones.

Se trata, según esta entidad independiente de análisis de paz, seguridad y defensa, de las compras de misiles contra carro Spike LR2 (287 millones euros), el suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad SILAM (697 millones euros) y el Acuerdo Marco POD Designador para sistemas de combate aéreo (207 millones).

En el caso de los Spike, cuyo contrato fue firmado en noviembre de 2023, con el genocidio en marcha, el Ministerio ha explicado que está en proceso de desconexión de la industria israelí, pero, como detalla el informe hecho público Defensa no ha aportado, en febrero de 2026, información concreta sobre cómo piensa sustituir la tecnología israelí. Se trata de un contrato cuya ejecución se extenderá, si nada lo impide, hasta 2028. "La Plataforma no recoge ninguna resolución de desistimiento o de resolución del contrato, por lo que dicho contrato sigue vigente, sintetiza el informe elaborado por Eduardo Melero para Delàs. El contrato está firmado con Pap Tecnos, filial de la israelí Rafael Advanced Defense Systems, la fabricante original de los misiles Spike.

Como en el caso de los misiles, el suministro de lanzacohetes sigue su curso. La plataforma de contratación del sector público, abierta al público, indica que se ha anulado “la publicación del anuncio de adjudicación” de dicho contrato, pero no que se haya producido un desistimiento del mismo, “por lo que sigue vigente”, señala el informe. En este caso también se trata de una adquisición por parte de Defensa aprobada con posterioridad al inicio del genocidio en Gaza.

En ambos casos, el informe plantea un minucioso examen de las alternativas de sustitución de misiles y del sistema de lanzacohetes, que lleva a inferir que dichas alternativas pueden encubrir la entrada de componentes de fabricación israelí —de la armera Rafael en el primer caso, de Elbit Systems— en la cadena de suministro. En el caso del Acuerdo Marco POD, el propio Ministerio de Defensa respondió a una solicitud de acceso a la información pública que no se había resuelto el contrato.

Delàs critica la contestación “en términos vagos y generales” del Ministerio de Defensa “a preguntas concretas sobre el plan de desconexión de la industria militar israelí y sobre si se habían anulado los contratos relativos a los misiles Spike, el sistema de lanzamiento de misiles de alta movilidad SILAM y el Acuerdo Marco sobre el POD Designador”, y acusa al Ministerio de haber desinformado tratando de hacer pasar la retirada de anuncios de adjudicación como si se tratase de desistimiento o cese de contratos.

El Gobierno además ha utilizado la cláusula de exclusión introducida en el embardo para permitir la compra de material israelí en cuatro proyectos aeronáuticos liderados por Airbus: A400M, A330MRTT, C295 y SIRTAP, en una excepción aprobada en diciembre de 2025.

“El Gobierno mantiene una política de opacidad sobre el Plan de desconexión de la tecnología militar israelí. Aunque suele ser mencionado por cargos del Ministerio de Defensa, no se ha hecho público ningún documento que recoja su contenido. Tampoco se han señalado los efectos concretos que ha tenido dicho plan”, señala Melero en su informe. “El análisis de los seis primeros meses de aplicación del Real Decreto-ley 10/2025 pone de manifiesto que ha afectado escasamente a las relaciones armamentistas entre España e Israel”, es la principal conclusión.