El Gobierno y la Iglesia firman un acuerdo para la reparación de las víctimas de pederastia clerical

La Iglesia se hará cargo de las reparaciones económicas a las víctimas en un sistema mixto en el que participarán las personas afectadas y el Defensor del Pueblo.
Acuerdo Iglesia Estado 2026
Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Luis Argüello, presidente de la CEE, y Jesús Díaz Sariego, presidente de la CONFER firmando el acuerdo.
8 ene 2026 10:35

Este jueves, el Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha firmado un acuerdo histórico con la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y la Conferencia Episcopal Española (CEE) en el que se comprometen a la creación de un sistema mixto para reparar a las víctimas de la pederastia clerical. 

El acuerdo se centra en abordar los casos prescritos que no se pueden resolver por vía judicial al tratarse de agresiones que se cometieron hace décadas. En el proceso, además del Gobierno y la Iglesia, tendrá un papel fundamental el Defensor del Pueblo, que en un informe publicado en 2023 estimaba que más de 400 mil personas habrían sido víctimas de pederastia por parte de la institución.

Un sistema mixto

El mecanismo consistirá en el inicio de un proceso en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones; en un segundo paso, el caso irá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que realizará una propuesta de reparación específica. El caso llegará en último lugar a la comisión asesora creada en el seno de la Iglesia. Una comisión parte del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (Priva), el mecanismo que gestiona de forma interna y sin garantes por parte de una institución externa, los casos que llegan a la Iglesia. 

La Iglesia se encargará de las reparaciones económicas que estarán exentas de tributación.

La institución eclesiástica emitirá un informe que debatirán las partes y, una vez aceptada, la resolución será definitiva. Si hubiera desacuerdo, el Gobierno expone que: “Si hubiera disconformidad con la propuesta, ya sea de la persona solicitante o de la PRIVA, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime”. Si no se llegase a un acuerdo, la resolución final correrá a cargo de la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

La víctima podrá optar a pedir una reparación simbólica, restaurativa, espiritual o económica. Una vez que la propuesta se acepte, el sistema recoge que sea la Iglesia quien se encargue de las reparaciones económicas. La Conferencia Episcopal ha expuesto sobre esta cuestión que “el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la renta Además, como expone esta institución, la responsabilidad de la Iglesia no está basada en una “obligación jurídica”, sino en “el compromiso moral” de la Iglesia.

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