Huelga general
Las huelgas generales y las movilizaciones recorren Europa con el coste de la vida en el centro del conflicto

La huelga general convocada en España para el próximo 11 de noviembre por el derecho a la vivienda y contra el coste de la vida se inscribe en un otoño de movilizaciones sindicales en distintos países europeos. Italia afronta una huelga general este viernes 30 de octubre y otra convocada por CGIL para el 20 de noviembre, mientras las organizaciones sindicales francesas llaman a una jornada de huelga y manifestaciones el 5 de noviembre tras las numerosas protestas iniciadas por el derecho a la educación. Las convocatorias responden a conflictos nacionales diferentes, pero comparten una preocupación: las dificultades de la población trabajadora para mantener sus condiciones de vida con unos ingresos que no siempre acompañan el aumento de los gastos básicos.

En España, la convocatoria impulsada por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por sindicatos como CGT, CNT, CCOO, UGT, Co.Bas, Solidaridad Obrera o la Unión de Actores y Actrices a nivel estatal -más todas las convocatorias a nivel autonómico- y otras organizaciones sindicales y sociales incorpora una reivindicación que tradicionalmente ha ocupado un lugar secundario en la acción sindical: el acceso a una vivienda digna y asequible. Los sindicatos relacionan el encarecimiento de los alquileres con la pérdida de poder adquisitivo y reclaman también subidas salariales, avances en la negociación colectiva y mejoras de las condiciones laborales. Algo que encaja con la huelga de consumo a la que llaman antes de la cita del 11N. 

Para Ana Belén Muñoz Ruiz, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, esta conexión forma parte de una transformación más amplia de las formas de acción colectiva. “Se observa un proceso de transformación del derecho sindical que incluye el derecho de huelga y que nos acerca a un ‘sindicalismo social’ como concepto”, explica a preguntas de El Salto. “El fenómeno sindical viene mutando desde hace algunos años, donde nuevos sindicatos (que, en realidad, son asociaciones) utilizan la palabra ‘sindicato’ de forma instrumental para democratizar, visibilizar cuestiones sociales que en la actualidad son relevantes”, añade la experta para quien “la nueva dimensión de la huelga se explica no como repertorio de acción colectiva sino como marco cultural que legitima la acción colectiva y donde la clase trabajadora sigue estando en el centro”.

La huelga española permite observar esa evolución: la vivienda se incorpora a una convocatoria laboral porque el coste del alquiler condiciona la capacidad adquisitiva y las posibilidades de sostener una vida digna. La reivindicación desborda el centro de trabajo, pero mantiene en el centro a quienes dependen de sus salarios para vivir. El sociólogo Carlos Prieto Rodríguez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, sitúa estas transformaciones en un proceso más amplio de cambio de las relaciones laborales. En su libro ‘Las metamorfosis del trabajo y de la relación salarial’, Prieto analiza cómo, desde los años ochenta, la flexibilización del empleo ha contribuido a precarizar las condiciones laborales y a reducir los derechos de las personas trabajadoras. Una evolución que ayuda a contextualizar las reivindicaciones que atraviesan las movilizaciones europeas, desde la recuperación del poder adquisitivo hasta la defensa de unas condiciones de vida dignas.

“Es probable que surjan nuevas iniciativas conjuntas entre el Sindicato de Inquilinas y los sindicatos tradicionales”, indica la profesora en Derecho del Trabajo Ana Belén Muñoz Ruiz

En este sentido, la huelga española también abre una discusión sobre las relaciones entre el sindicalismo tradicional y las organizaciones sociales que trabajan en ámbitos como la vivienda. Para Muñoz Ruiz, es probable que la colaboración continúe más allá de la convocatoria de noviembre. “Si tenemos en cuenta que la problemática de la vivienda va a precisar de tiempo, medidas y esfuerzo en su resolución, es probable que surjan nuevas iniciativas conjuntas entre el Sindicato de Inquilinas y los sindicatos tradicionales”, indica a este medio. 

La experta plantea que la respuesta a problemas que aparecen simultáneamente en diferentes países debe combinar las políticas de los gobiernos con instrumentos adaptados a las particularidades territoriales. “Además de la acción de los gobiernos, en el terreno laboral contamos con instrumentos que se adaptan a las singularidades territoriales. El ejemplo paradigmático es el convenio colectivo”, explica y destaca la importancia de los acuerdos interconfederales para el empleo y la negociación colectiva, que orientan la negociación en los distintos territorios y pueden contribuir a reducir la conflictividad laboral.

 Los complementos salariales podrían contribuir a mejorar la capacidad económica de las plantillas, aunque no sustituirían a las políticas públicas de vivienda

“En el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, en su fase de borrador, aparecen referencias a la problemática de la vivienda y se proponen algunas líneas de actuación, como el impulso de complementos salariales que mejoren la capacidad de renta para facilitar el acceso a una vivienda digna en especial en aquellos convenios colectivos de territorios que impacte especialmente esta problemática”, señala. La propuesta abre una vía para trasladar parte del problema habitacional a la negociación entre sindicatos y patronales. Los complementos salariales podrían contribuir a mejorar la capacidad económica de las plantillas, aunque no sustituirían las políticas públicas necesarias para ampliar el acceso a una vivienda asequible.

La convocatoria española incorpora también la exigencia de subidas salariales de entre el 4% y el 7%, así como una actualización del salario mínimo interprofesional. Los sindicatos reclaman, además, avances en la negociación colectiva, reducción de jornada y mejoras de las condiciones laborales. La defensa del sistema público de pensiones y de la protección social ante las bajas médicas también ha entrado en el debate sobre los motivos de la huelga. La patronal CEOE cuestionó inicialmente la naturaleza laboral del paro y anunció que lo impugnaría, al considerar que sus reivindicaciones se centraban en cuestiones de vivienda y política general. Los sindicatos defendieron que la convocatoria está vinculada a las condiciones de vida de las personas trabajadoras, como ha ocurrido en otras huelgas perfectamente respaldadas de forma legal y social. 

Francia e Italia, malestar social compartido

En Francia, la CGT ha llamado a generalizar la huelga el 5 de noviembre para reclamar mejoras salariales, defensa del empleo y recursos para los servicios públicos. La convocatoria se produce tras una reunión entre el primer ministro, Sébastien Lecornu, y las organizaciones sindicales el 21 de octubre, que terminó sin compromisos concretos sobre las principales reivindicaciones. Sin olvidar las semanas de revuelta social que iniciaron los estudiantes de secundaria pidiendo una mejora de las condiciones de la educación pública y a la que se han ido sumando numerosos colectivos y sectores laborales. 

La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, ha cuestionado la respuesta del Gobierno de Macron a estas reivindicaciones: “Para evitar la catástrofe, hay que responder a la cólera social. Escuchar a los jóvenes, escuchar a los trabajadores y trabajadoras, escuchar a los pensionistas” afirma la líder sindical que sostiene que el aumento de los precios, los salarios estancados y el deterioro de los servicios públicos están alimentando el malestar. La CGT denuncia también el aumento de los despidos y la falta de perspectivas laborales para la juventud. Por su parte, la secretaria general de la CFDT, Marylise Léon, también reclamó respuestas sobre los salarios. “Cuando decimos que ya hay una cólera que está creciendo, hay que aportar respuestas; hay que responder desde hoy mismo a la cuestión de los salarios», señaló en Public Sénat. La jornada del 5 de noviembre cuenta con el respaldo de CFDT, CGT, FO, UNSA y FSU. Las organizaciones reclaman medidas sobre salarios, empleo, industria y servicios públicos, y rechazan que el coste de la vida siga reduciendo la capacidad económica de trabajadores y pensionistas.

El 5 de noviembre en Francia y el 30 de octubre y 20 de noviembre en Italia se esperan paros generales

El Gobierno de Giorgia Meloni se enfrenta a dos convocatorias de huelga genera en menos de un mes. La primera, impulsada por la Unione Sindacale di Base (USB), se celebra este 30 de octubre y denuncia el encarecimiento de la vida, los bajos salarios, la precariedad y las políticas de rearme. La segunda, convocada por la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), tendrá lugar el 20 de noviembre y busca presionar al Gobierno en torno a las políticas presupuestarias.

La USB reclama que los recursos públicos se destinen a salarios, pensiones, educación, sanidad y servicios públicos en lugar de aumentar el gasto militar. En su convocatoria, el sindicato resume sus demandas en una consigna: ‘Bajad los precios, bajad los alquileres y las hipotecas, bajad las tarifas, bajad las armas. Subid los salarios, subid las pensiones’. La organización denuncia que los precios de la energía, la alimentación y la vivienda absorben una parte creciente de los ingresos de las familias, mientras los salarios no recuperan el poder adquisitivo perdido. La huelga pretende convertir ese malestar en una movilización nacional y reclama también reducciones de jornada sin pérdida salarial, empleo estable y freno a las externalizaciones y la precariedad.

“Cuando haces huelga no lo haces solo para defender tus derechos, sino también para extender esos derechos a otras personas”, indica Maurizio Landini, líder del sindicato italiano CGIL

La segunda convocatoria italiana, impulsada por CGIL, fue anunciada por su secretario general, Maurizio Landini, el 17 de octubre, durante una manifestación en Roma. El dirigente reclamó respuestas al Gobierno ante la próxima ley presupuestaria y denunció la regresión de derechos, la precariedad y los bajos salarios. “Los derechos no los ha regalado nunca nadie y ahora luchamos para conseguir los derechos que los jóvenes no tienen”, afirmó Landini, según recogió la agencia ANSA.

“Cuando haces huelga no lo haces solo para defender tus derechos, sino también para extender esos derechos a otras personas”, sostuvo el dirigente sindical que añade que CGIL convoca el paro para contribuir a un proceso de cambio que vuelva a situar “el trabajo, los derechos y la justicia social” en el centro de las políticas públicas. Aunque en ambas convocatorias tienen puntos distintos de arranque, el poder adquisitivo es el paraguas central de ambas. 

Algo que para la profesora en Derecho del Trabajo Ana Belén Muñoz Ruiz no es casual. Para ella, las respuestas a problemas que se repiten en diferentes países deben combinar las políticas públicas con mecanismos de negociación adaptados a las realidades territoriales. La evolución de las movilizaciones permitirá comprobar si las reivindicaciones se traducen en cambios concretos y si las alianzas entre sindicatos laborales y organizaciones sociales se mantienen más allá de las jornadas de protesta. En el caso español, la huelga del 11 de noviembre será una prueba de hasta qué punto la vivienda puede consolidarse como una cuestión central de la acción sindical. En Francia e Italia, las convocatorias de las próximas semanas medirán la capacidad de presión de las organizaciones frente a los gobiernos y sus políticas económicas.