Un atentado en busca de autor: engaños sobre la bomba en la calle del Correo

El 13 de septiembre de 1974, la explosión de treinta kilogramos de dinamita reforzada con metralla en la Cafetería Rolando, en la calle del Correo de Madrid acabó con la vida de trece personas y dejó heridas a más de medio centenar. Fue uno de los primeros atentados con bomba en el que se registró una cantidad masiva de víctimas civiles. En las semanas siguientes, las pesquisas policiales, las detenciones y los “hábiles interrogatorios” dieron sus frutos. Se trataba de una prioridad.

Hacía menos de un año que un comando de ETA había volado al propio presidente del Gobierno en pleno barrio de Salamanca. El franquismo, que había hecho de la campaña sobre el mantenimiento de décadas de supuesta paz el mito legitimador de su perdurabilidad, veía como la realidad refutaba su propia propaganda. El antifranquismo, que venía de ganar campañas de opinión pública como el proceso de Burgos (1970) y el 1.001 contra la cúpula de Comisiones Obreras (1973) temió verse envuelto en una trampa.

Ni para sus perpetradores, ni para el conjunto de la oposición ni para el propio régimen el hecho dejó de tener efectos trascendentales en aquella fase final de la dictadura en que todos comenzaban a prepararse para lo que vendría después del eufemísticamente denominado “hecho biológico”. El atentado de la calle del Correo fue utilizado por todos para debelar al enemigo y reforzar sus posiciones. Pero, a pesar de su impacto en la memoria colectiva, durante más de cuatro décadas ha sido un atentado en busca de autor.

Un día otoñal de 1974 en el kilómetro cero

La Cafetería Rolando estaba próxima a la Puerta del Sol, epicentro de Madrid. Enfrente se encontraban las dependencias de la Dirección General de Seguridad (DGS) en lo que es hoy la sede de la presidencia de la Comunidad autónoma. En aquel siniestro caserón, centenares de hombres y mujeres antifranquistas sufrieron torturas a manos de los miembros de la Brigada Político Social (BPS), la policía política de la dictadura. Sus agentes frecuentaban la cafetería con solo cruzar la calle, un camino inverso al que muchos habían realizado antaño cuando se preparaban en la Academia Reus, añejo centro de formación del funcionariado de las fuerzas de orden público.

ETA tomó el bar como objetivo. Para ello, montó una red de información en Madrid apoyándose en personalidades de abierta militancia antifranquista como el dramaturgo Alfonso Sastre y su mujer, la escritora Eva Forest, ambos antiguos militantes del PCE, del que se habían distanciado.

En la labor de infraestructura colaboraron otros comunistas en trance de alejamiento del partido encabezado por Santiago Carrillo, como el albañil Antonio Durán Velasco, el piloto de aeronaves Vicente Sanz de la Peña y el exmilitar díscolo Bernardo Vadell. Los medios de propaganda de la dictadura, poco amigos de los innumerables y sutiles matices que adornan las escisiones de la izquierda, procedieron a una amalgama de responsabilidades en la que maridaron a ETA con la galaxia del PCE.

El 24 de septiembre fueron detenidos Juan Manuel Galarraga “Potxolo”, Faustino Estanislao Villanueva Herrera “Chapu” y José María Arruabarrena Esnaola “Tanque”. Junto a ellos, la policía aprovechó para ajustar cuentas con varios sospechosos habituales del antifranquismo: el escritor y editor Eliseo Bayo, su compañera Irene Falcón y la actriz e impulsora del sindicato del ramo María Paz Ballesteros. Todos ellos militaban en organizaciones desgajadas del PCE desde 1971 (la Oposición de Izquierda, OPI) y algunos en Comisiones Obreras. Era suficiente.

La manipulación sobre la autoría en clave anticomunista 

El diario Informaciones del 24 de septiembre dio cuenta de la rueda de prensa del Comisario General de Investigación Social, José Sáinz González, en la que acusó “a la ETA y a los miembros del partido carrillista” de la responsabilidad del atentado. Preguntado por los periodistas “sobre si la responsabilidad en este caso puede entenderse como partido o como miembros aislados del mismo, el comisario general preguntó a su vez: ¿Creen ustedes que ningún miembro del partido comunista ortodoxo pudiera actuar por su cuenta? No, el partido conocía los manejos de los sospechosos”.

El periódico ABC fue uno de los principales voceros de esta teoría. En su portada reprodujo la foto de los detenidos con el titular “ETA y el Partido Comunista” afirmando que los pisos francos donde habían tenido el material explosivo eran tanto de la organización terrorista como del PCE. Se trazó incluso una analogía con la metodología de los tupamaros uruguayos. Dos días después, el 26 de septiembre de 1974, el periódico de Luca de Tena publicó una portada con el titular “Indignación popular contra ETA y los comunistas” en la que jaleaba que “el brillante servicio de la Policía y la Guardia Civil, […] ha dejado bien clara la simbiosis entre ETA y el comunismo, a quien debe el país este acto incalificable acto de terrorismo”.

La BPS remachó esta versión interesada. El 28 de septiembre, de nuevo José Sáinz declaró que había una estrecha relación entre ETA y el PCE, asegurando que Eva Forest y Antonio Durán eran los elementos más destacados de esta alianza. Y acabó señalando: “No sé qué dirá don Santiago Carrillo. Ni nosotros decimos que a nivel de organización o comité ejecutivo o central estén implicados la ETA o el partido comunista. Lo que no cabe duda es que miembros de ETA y del partido comunista han colaborado en él”.

Ante estas acusaciones, el PCE respondió de forma contundente. Desde el proceso de Burgos y hasta hacia un año habían menudeado los contactos entre el PC de Euskadi y el Frente Obrero de ETA, que precisamente en la primavera de 1974 se separó de la organización armada para formar el partido abertzale socialista LAIA. Carrillo se preocuparía en 1975 de dejar claro a los periodistas Régis Debray y Max Gallo en Mañana, España que los comunistas habían advertido a ETA de que su deriva terrorista le conduciría “por el camino de la dispersión [y] la descomposición”.

El PCE acababa de lanzar en París la Juta Democrática y vio venir el golpe. Una asociación con la banda terrorista arrojaría al lodo sus esfuerzos por presentarse, tanto en el interior como a escala internacional, como una fuerza responsable capaz de aglutinar a un amplio segmento de la oposición, incluida la moderada y derrumbaría su apuesta estratégica por la reconciliación nacional. Este y no otro era el sentido en que apuntaban las insidias de la Brigada Política Social.

En el Mundo Obrero del 30 de septiembre, el secretario general respondió a las declaraciones del comisario de la “PIDE española” —empleando deliberadamente este símil peyorativo en plena euforia de la revolución portuguesa—. Enfatizó que el atentado de la calle del Correo era “un atentado fascista” y que los comunistas no compartían la táctica de ETA, aunque no creían que la organización estuviera implicada en dicho atentado.

Francisco Romero Martín, desde la cárcel de Carabanchel, manifestó que todo aquello era “una maquinación policíaca”. El PCE sostuvo que la acción llevaba “el sello de la Internacional negra, de los hombres que en España capitanea Blas Piñas [líder del partido fascista Fuerza Nueva]”. Para que no se le involucrara más en el atentado, el PCE se negó a dar asistencia letrada a los detenidos.

En una carta enviada por Alfonso Sastre a la por entonces abogada comunista Manuela Carmena afirmó “que sentía vergüenza por ellos” por no defender a su mujer en el juicio. La organización de abogados de Madrid, sin embargo —y quizás por haber sufrido hacía poco la confrontación con compañeros que se habían deslizado hacia la OPI, entre quienes se encontraba Francisco Javier Sauquillo— se descolgó de la directriz de la dirección de París y dejó que quien quisiera asistiera a los encausados a título individual.

Borrando rastros

Al cabo de nueve meses, y por carecer de pruebas concluyentes, la mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad. El caso pasó de la jurisdicción militar al Tribunal de Orden Público. Solo Eva Forest y otros dos detenidos permanecieron en la cárcel en situación de prisión provisional hasta la Ley de Amnistía de 1977. De lo que no se libraron los detenidos fue de las torturas de los miembros de la BPS, como Roberto Conesa y su discípulo predilecto, el tristemente famoso Antonio González Pacheco “Billy el Niño”, cuyo ensañamiento con las mujeres detenidas fue especialmente recordado tanto por Eva Forest como por Lidia Falcón.

En lectura interna, el atentado provocó la ruptura de ETA en dos ramas, ETA militar y ETA político-militar. Ante el impacto negativo en términos de opinión pública, la organización decidió negar su participación en los hechos. Como en el caso de Carrero, el resto de la oposición apostó por sostener la versión de la existencia de una mano negra en la lógica de la estrategia de la tensión. El régimen, pilotado por Carlos Arias Navarro en medio de la situación de caquexia terminal del generalísimo, aprovechó para endurecer sus posiciones de cara a la inminente extinción de su caudillo. Lo pagarían un año más tarde otros militantes encausados de ETA y el FRAP.

La magnitud de los daños y la muerte de civiles se impusieron en la lectura del acontecimiento. La versión canónica de la transición dejó establecida la naturaleza casi exclusivamente civil de todas las víctimas del atentado. Pero no fue así. Dos miembros del Cuerpo General de Policía murieron en él: Concepción Paíno, administrativa de la DGS y Félix Ayuso Pinel, inspector de policía.

Otros once agentes resultaron heridos: el comisario de 2ª de la Brigada Social, Conrado Delso Pérez “el Gitano” (citado en la querella argentina contra los torturadores de la BPS); el inspector-jefe Francisco Fernández-Valencia Matamoros; el inspector de 2ª Fernando Simón Salvat; los inspectores de 3ª José Ubach Taranco, Diego Robledo Hernández, José Ángel Anguiro Bardón, Marcelino Gutiérrez Rodríguez y Manuel Aparicio Fuente; el subinspector de 1ª José María Sauras Vázquez; el Sargento 1º Manuel Corrales Gómez; y el policía armado Pedro Chicote Alonso.

Todos ellos recibieron por ello la cruz al mérito policial con distintivo rojo, pero sus nombres se borraron de las posteriores crónicas reelaboradas del periodo, quizás para no reconocer que hasta uno de los aparatos más duros de la dictadura resultaba ya vulnerable en sus postrimerías.

Epílogo: la mano que meció la cuna

El 7 de noviembre de 2018, el diario GARA publicó el último boletín de ETA en el que la disuelta organización terrorista reconoce la autoría de 758 asesinatos y la comisión de un total de 2.606 atentados. Entre ellos, por fin, el de la calle del Correo. Concluye parcialmente un capítulo sin cerrar de la historia reciente.

Queda todavía en el aire conocer los entresijos de la investigación, las directrices gubernativas que llevaron a la intoxicación de la opinión por mediación de la prensa y lo que las fuerzas de seguridad del Estado averiguaron realmente sobre la naturaleza de un atentado tan luctuoso. Hubo quien pagó con torturas y cárcel el desvío consciente de la responsabilidad sobre la autoría. Los archivos policiales nos contarían esa historia tan interesante. Sería de desear que una nueva ley sobre secretos oficiales, adaptada a la realidad de los países de nuestro entorno, lo posibilitara. La sociedad española merece que se sepa la totalidad de la Historia.