Guerra en Ucrania
Denuncian que Europa persigue excluir a los hombres ucranianos en edad militar de sus políticas de protección

El 24 de febrero de 2022 Rusia atacó a Ucrania. La ofensiva motivó la salida de un número récord de personas que buscaron protección en Europa, especialmente en los países vecinos. También motivó una respuesta sin precedentes por parte de Bruselas al activar la Normativa de Protección Temporal, que agilizaría la acogida de miles de ucranianos en un momento de gran solidaridad y conmoción por el estallido de una guerra en Europea. 

Si bien las organizaciones de la sociedad civil dieron la bienvenida a que se facilitara la llegada a quienes huían de la guerra, el hecho de que esta herramienta de protección temporal se pusiera en marcha por primera vez para atender a personas blancas y europeas, mientras poblaciones que huían de otras guerras o situaciones conflictivas, en Siria, Afganistán o Mali chocaban contra la Europa fortaleza, levantó acusaciones de racismo hacia las políticas europeas de asilo.

Cuatro años después, la Comisión Europea está preparando el camino para renovar un año más el compromiso de la acogida temporal con una propuesta que está resultando también polémica, pues en un momento en el que Ucrania tiene problemas para reclutar soldados para su ejército, y prohíbe desde el principio de la guerra la salida de hombres en edad militar, la Comisión Europea se plantea excluir a esta población de la posibilidad de acceder a la acogida temporal, condenándolos a la irregularidad en caso de que huyan del país, en una propuesta presentada el pasado 26 de junio y que deberá corroborarse en los próximos días.

Así, en una  declaración conjunta presentada el lunes 13 de julio por parte de la Plataforma Internacional de Cooperación de Migrantes Indocumentados (PICUM), el Consejo Danés de Refugio, y el Comité Internacional de Rescate, y apoyada por múltiples entidades, se advierte de que la última propuesta de la Comisión Europea para extender el régimen de protección temporal y que podría favorecer a 4,4 millones de personas, corre el riesgo de abandonar a cientos de miles de hombres. 

Ganna Dudinska, asesora principal de políticas de protección del Comité Internacional de Rescate, una de las organizaciones firmantes de la carta, recuerda que tras cuatro años de guerra, quienes vinieron han construido sus vidas en Europa: “los 4,4 millones de personas que actualmente gozan de protección en la UE necesitan claridad, certeza y políticas que les proporcionen una situación jurídica estable y una perspectiva de futuro basada en las necesidades reales de las personas, sin que se vean limitadas por exclusiones”.

La propuesta de prórroga, trae, según alertan las organizaciones, novedades importantes. En particular denuncian la intención de excluir de la directiva a quienes tienen restricciones para salir del país, una condición que afecta a los hombres en edad militar, reflejando, según recuerdan las organizaciones, disensos internos bajo el marco de “conciliar la protección temporal con la capacidad general de Ucrania para defenderse”. Un marco que se aleja, insisten, de la naturaleza jurídica y propósito de la Directiva de Protección Temporal, introduciendo un elemento de exclusión para acogerse al refugio. 

Las organizaciones denuncian que aunque la limitación se presente como un criterio neutral la medida afectará fundamentalmente a los varones de entre 23 y 60 años, siendo por tanto discriminatoria. Preocupante es también que, bajo esta modificación, la Unión Europea trasladaría a Ucrania la posibilidad y responsabilidad para decidir quién tiene derecho a protección temporal, algo problemático tanto desde una perspectiva sobre el sentido de la directiva, como en su vertiente pragmática, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el país.

Además, los cambios en el mecanismo de verificación de documentación para acceder a la protección internacional, recuerdan, obligan al solicitante a mostrar su derecho a recibir protección, una exigencia que choca contra las dificultades para acceder a documentación emitida en el país, tras cuatro años de conflicto.  Por otro lado, “el hecho de que una persona no esté autorizada por la ley ucraniana a salir del país no determina necesariamente si tiene necesidades de protección según el derecho internacional o europeo”, insisten desde las organizaciones firmantes. 

Esta exclusión, alertan, puede condenar a ciertos grupos a la irregularidad, generando sufrimiento humano y consecuencias adversas también para los Estados miembros. Además, contribuye a normalizar que el derecho a la protección se ajuste, coyunturalmente, en función de objetivos políticos y no a las necesidades de protección de las personas. Todo ello en un marco de desinversión en la protección a las personas ucranianas en muchos estados miembros, una reducción del presupuesto que ha redundado en menor apoyo habitacional, o en dificultades en el acceso a la sanidad.

Con estas palabras lo define Laetitia Van der Vennet, responsable sénior de defensa de derechos de PICUM: “Esta decisión supone que muchos hombres ucranianos que huyen de la guerra pasarían a encontrarse en situación irregular en la UE, lo que los expondría a una mayor inseguridad, explotación y abusos”. Para complicar más las cosas a medio plazo, las organizaciones lamentan que la gran mayoría de los estados no se hayan puesto a trabajar en procesos de transición de la protección temporal a la residencia regular o el retorno voluntario cuando se den las condiciones. También señalaban que los enfoques de algunos de los países como República Checa y Suecia, con un importante enfoque en la empleabilidad, puede acabar excluyendo a gente. 

La Comisión y el Consejo instaban en 2025 a ir preparando el camino ante un eventual cambio de la situación, pues la prórroga de la acogida temporal, año a año, genera incertidumbre en las personas afectadas. “Las prórrogas no deben convertirse en el vehículo para reducir progresivamente la protección mediante nuevas exclusiones o la disminución del apoyo, al tiempo que se posponen las decisiones difíciles sobre la futura transición para dejar atrás la protección temporal”.

Los firmantes de la carta incluyen una larga lista de organizaciones europeas internacionales como nacionales,  adheriéndose a la declaración organizaciones de Dinamarca, Malta, Alemania, República Checa, Italia, Bulgaria o Finlandia, así como varias españolas.