Gobierno de coalición
Inflamar Colón y desinflamar Catalunya: Sánchez afronta una semana de bomberos y pirómanos

Ya han vuelto las luces de navidad a las grandes capitales y con ellas han vuelto los manifiestos de exaltos cargos del PSOE descontentos con la gestión de Pedro Sánchez. Las heridas de lo que sucedió en 2017 en Catalunya, el momento de mayor tensión de la democracia española tras el golpe de Estado de 1981, han vuelto a poner de acuerdo a una serie de abajo firmantes —entre los que están tres exministros de la época de Felipe González y uno de la de José Luis Rodríguez Zapatero—  en contra de la decisión del presidente de modificar dos delitos, los de sedición y malversación, para lo que se conoce como “desinflamar” la situación en Catalunya. La mayor novedad del manifiesto es que durante la jornada de ayer, 12 de diciembre, la noticia de su aparición estuvo durante varias horas en la portada de El Mundo, y fue publicada sin la limitación a no suscriptores, lo que evidencia la dimensión que el principal diario de la derecha da al movimiento llevado a cabo en los últimos días por Sánchez: ofensiva total. No es la primera vez, pero no por ello deja de ser total.

El movimiento de La Moncloa consta de cuatro elementos diferenciados e interrelacionados. Son la reforma del delito de sedición —anunciada el 11 de noviembre—, la reforma mediante la introducción de un tipo penal nuevo del delito de malversación —que ha entrado en juego a raíz de una enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya—, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial —fruto de la situación de enquistamiento en el órgano de control de los jueces que ha favorecido a la minoría parlamentaria conservadora—, y la subsiguiente designación de dos magistrados en el Tribunal Constitucional que modificaría la balanza de fuerzas en esa instancia a favor del sector progresista.

La fase de aprobación de estas modificaciones puede ser rápida, al menos ese es el deseo de Sánchez, quien no quiere que el “tema Catalunya” colee más allá de este final de año. El Gobierno quiere aprobar este jueves (15 de diciembre) el paquete que la Comisión de Justicia resuelva en la mañana de hoy. En ese paquete debe entrar la enmienda más polémica de las últimas horas, la referente a la malversación. Para que todo sea dirimido el jueves, la Junta de Portavoces debe aprobar un segundo pleno del Congreso, además del ya previsto, para el jueves. De ahí, la reforma penal pasaría al Senado y de vuelta a la Carrera de San Jerónimo, que puede aprobarlo antes de que termine 2022.

Fuera de la prensa madrileña, la jugada de Sánchez está clara. El presidente quiere una reforma exprés que evite pasos atrás en la llamada “desinflamación” de Catalunya —como la entrada de cargos intermedios del Procés como el secretario de Hacienda o la exdirectora de vicepresidencia— y que consolide su imagen de pacificador tras el enfrentamiento de 2017. Una imagen que Sánchez reforzó este domingo durante un acto en Barcelona, en el que defendió la necesidad de “sacar el debate político de los juzgados”. Para la prensa madrileña, los actos de Sánchez son “golpismo” sin demasiados matices.

Un paréntesis

Pablo Elorduy

La semana política

La semana política Un paréntesis

Pablo Elorduy

La alta magistratura del Estado ha encabezado una línea política en el sistema posterior al declive del bipartidismo, una línea sin la que el rearme del sistema de poder tras la crisis institucional abierta en 2011 habría sido mucho más difícil.

La derecha encendida

La campaña de los partidos de la fotografía de Colón —que en febrero de 2019 mostraron en esa plaza madrileña su rechazo a los primeros signos de cambio de posición del PSOE en torno al conflicto del Estado con Catalunya— ha adquirido los decibelios más altos desde finales de la pasada semana. No hay estrategia conjunta, sin embargo. El lunes, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, defendió en el Senado y por sorpresa la enmienda a la totalidad de su grupo a los Presupuestos Generales del Estado, aprobados ya en el Congreso, unos presupuestos por los que Sánchez ha pagado —a juicio del PP— un peaje a Esquerra Republicana de Catalunya. 

Feijóo, no obstante, basa su campaña en la reclamación de la convocatoria inmediata de comicios: #EleccionesYa es el lema que intenta mover el PP, con el argumento de que Sánchez ha modificado el rumbo sobre su propio programa electoral. En una entrevista con El Mundo, el senador gallego deslizó que no apoyará la opción de la moción de censura, que manejan los otros partidos de Colón, por su escasa viabilidad.

“No venimos aquí a hacer un teatrillo, un paripé”, explicó el líder ultra Santiago Abascal para defender la opción de la moción de censura, que cuenta a priori con el apoyo de Ciudadanos y de la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo. La moción de censura, para la que se está haciendo un casting de candidatos “neutrales”, no ha sido aun registrada. El ridículo final de la moción que planteó Abascal en octubre de 2020, la menos apoyada de las cinco que se han presentado desde la restauración de la democracia en 1978, planea sobre una propuesta que sirve, eso sí, como termómetro de la temperatura que está alcanzando el antisanchismo en la previa del año electoral 2023.

Los cambios previstos

El cambio en el delito de malversación presentado el pasado viernes por Esquerra interpreta que quienes malversen dinero público sin ánimo de lucro personal deben cumplir penas de menor volumen que quienes se enriquezcan personalmente. El lunes, el PSOE planteaba una enmienda transaccional que no modificaba el espíritu de la propuesta de ERC.

De ser aprobada la modificación, el nuevo tipo —433— acarrearía una pena de hasta tres años de prisión para aquellos cargos públicos que hayan hecho mal uso de fondos sin intención de lucrarse personalmente, en lo que se considera “desvío presupuestario irregular”, una conducta que ya existe en otras legislaciones de países del entorno.

A primera hora de la mañana del 12 de diciembre, Unidas Podemos anunciaba que se desmarca de la enmienda sobre el delito de malversación que es un “acuerdo entre el PSOE y ERC” según la coalición confederal, que ha interpretado que existen dudas sobre “la futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces”. La sombra de la alarma social ante las rebajas de penas provocadas por la interpretación de determinados jueces de la Ley del Sí es Sí ha llevado a UP a ser cauto en una ley que se puede interpretar como una rebaja que beneficiará a políticos corruptos. Aunque se desmarcó de la presentación de la enmienda, UP se mantendrá en sintonía de su socio de Gobierno para la aprobación del paquete de propuestas.

El mismo viernes, y ante el temor de que la opinión pública entendiese que la reforma del delito de malversación está destinado a aligerar las condenas por corrupción, PSOE y UP presentaron otra enmienda que contempla hasta tres años de cárcel para aquellos cargos públicos que no sean capaces de justificar un incremento de 250.000 euros de su patrimonio durante el periodo de ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después del abandono de dichas funciones.

El PNV, partido sensor en el Congreso, ha anunciado que votará a favor de la enmienda en lo que Aitor Esteban, su portavoz, entiende que es una vuelta al Código Penal de 2015, tras una reforma destinada a castigar el ‘proceso de participación ciudadana’ impulsado por Artur Mas en noviembre de 2014.

Con esta reforma, el Gobierno de Sánchez busca que los tribunales apliquen las medidas más suaves a una serie de cargos del Procés que están a la espera de juicio por el delito de malversación y se revise a la baja la condena de inhabilitación a los líderes independentistas en la sentencia de octubre de 2019 publicada por el Supremo.

Respecto al texto avanzado en noviembre, se introduce asimismo una enmienda de calado, con la que UP y PSOE plantean una modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial con vistas a eliminar la obligatoriedad de los tres quintos para que el Consejo General del Poder Judicial elija a los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponden. De salir adelante, se elegirían a los dos con más votos. Ese desbloqueo, que obligaría al Constitucional a elegir a sus miembros cinco días después de la entrada en vigor de la ley, llevaría a otro: el Gobierno podría designar a sus dos candidatos, que ya ha escogido y son el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex del Ministerio de la Presidencia Laura Díez Bueso.

El paquete de medidas legislativas serán contestadas por PP y Vox también en los tribunales. El viernes, ambos partidos anunciaron que presentarán recursos de inconstitucionalidad a la reforma del sistema de elección del TC y la del delito de malversación. De este modo, puede darse la paradoja de que el Constitucional renovado estudie la legalidad de la enmienda que sirvió para su renovación. Feijóo anunció el viernes que, de llegar al poder, su partido volverá a "tipificar como delito la sedición y cualquier forma de corrupción”.

A pesar de la inflamación, la calle tendrá que esperar. La nueva foto de Colón no llegará hasta el sábado 21 de enero. De momento, la convocatoria ha partido de la bala perdida Rosa Díez, otra antisanchista con pasado socialista, y todavía no la han secundado ninguno de los partidos de la anterior foto.