Gobierno de coalición
Un nuevo gobierno para tiempos frágiles

Los debates han dejado algunas cuestiones interesantes encima de la mesa. La intensa polarización parlamentaria define un panorama político fuertemente dividido en bloques. El bloque de la derecha actúa de forma predecible. Discurso duro, sobreactuado: lo único que es cierto es que a la derecha le duele tanto perder el poder como poco le cuesta perder las formas.

Es necesario sin embargo hacer un apunte: Casado ha vuelto a deslizarse hacia la derecha radical, tratando de competir con Vox en ese terreno. No parece una buena idea. En Italia o en Francia, cuando lo que antiguamente fue el centro-derecha se deslizó hacia esas posiciones para tratar de frenar el auge de su adversario, sus resultados acabaron siendo desastrosos. La única excepción ha sido Boris Johnson, pero a costa de un Brexit que ha supuesto un giro geopolítico de consecuencias aun desconocidas. Son dinámicas que todavía no se han desarrollado en España, pero la dura competencia que se abre en el bloque de la derecha no permite descartar ninguna posibilidad.

La estrategia de la “crispación” a la que se ha lanzado la derecha tiene como objeto mantener prietas sus filas mientras resuelve sus contradicciones internas. Y aunque a veces es difícil identificar esa intención entre tanto ruido, la “crispación” tiende a relegitimar la acción política de la izquierda, que con políticas moderadas es capaz de aparentar estar haciendo más de lo que realmente hace.

La “crispación” parlamentaria sin política antagonista en la calle y sin alternativa política sistémica suele generar un ruido ensordecedor, pero pocos efectos sobre la materialidad dominante. Eso no significa que no haya que tomarse en serio las amenazas de la derecha, pero si identificar donde están en cada fase. Y en esta fase no provienen tanto de una derecha parlamentaria rabiosa, sino de ciertos aparatos del Estado autonomizados y con gran margen para cercenar las libertades y marcar la dinámica política sin haber sido elegidos. Gramsci utilizaba la expresión “parlamentarismo negro”: las estructuras “implícitas” del Estado asumen cada vez más protagonismo e imponen una tendencia autoritaria que desplaza al gobierno electo.

Democratizar implica reventar los mecanismos de casta y de reproducción social a través de los aparatos del Estado

Poulantzas también advertía de cómo en determinados momentos, el poder del Estado se desplazaba de un órgano a otro. La resolución de la Junta Electoral contra Quim Torra responde a esa tendencia: pérdida de poder de las instituciones representativas, aumento del protagonismo del poder judicial. Es una lástima que la izquierda española haya sido tan tibia ante este proceso y que, como es el caso del PSOE, lo haya reforzado durante décadas, por ejemplo, en el caso catalán.

Si realmente se quiere democratizar el Estado y la sociedad, urge abordar reformas profundas en ese terreno. Y no bastaría con relevar jueces y cambiar los métodos de elecciones: democratizar implica reventar los mecanismos de casta y de reproducción social a través de los aparatos del Estado. Facilitar el acceso a la carrera judicial con becas y promociones más accesibles para gente de un origen social diferente al de la burguesía del Estado podría ser una formula para desarmar un poder fuertemente ideologizado, al que la izquierda nunca se atrevió a cuestionar en la Transición.

Si la derecha ha optado por la “crispación”, Pedro Sánchez ha optado por volver al zapaterismo, dejando claro a quién lo quiera escuchar que su gobierno puede llegar a ser duro con la derecha, pero que en ningún momento va a cuestionar los consensos económicos fundamentales para el sistema. Es obvio que el gobierno PSOE-UP es mejor que cualquiera encabezado por la derecha y que también abre un escenario distinto a uno solo encabezado por el PSOE. En el terreno de las libertades civiles de las mujeres y de la comunidad LGBTI la diferencia con una derecha radicalizada es evidente. Esperemos que también haya diferencia en el terreno de la migración.

Sin embargo, también es necesario decir que su programa no cuestiona en ningún momento el marco neoliberal, a pesar de que introduce correcciones de carácter social positivas que serán previsiblemente gestionadas por los ministros de la izquierda. La mayoría de propuestas se vuelcan en paliar algunas de las medidas que el PP adoptó durante su última etapa de gobierno y sin duda, de ser aplicadas, aliviarán la situación de ciertos sectores de la sociedad, pero ni mucho menos recompondrán una clase trabajadora pulverizada, que sobrevive fundamentalmente por el reparto de renta intrafamiliar.

El anuncio de que el techo de gasto será respetado no augura una fuerte redistribución social a través del Estado y las tibias medidas en el marco de la regulación laboral o de vivienda anuncian un gobierno suave a la hora de enfrentarse a los poderes económicos. La ausencia de reformas estructurales tal y como las que proponía el viejo reformismo pre-neoliberal (un sector financiero estatal, propiedad pública de sectores clave de la economía productiva) están ausentes del programa de gobierno.

Más allá de que indica los límites de su ambición a la hora de enfrentarse al poder económico y de generar una nueva relación de fuerzas entre capital y trabajo, indica una intención política de no modificar en lo fundamental la composición de una clase trabajadora débil y a la defensiva, sin recursos sólidos para luchar en el seno del marco actual del Estado.

Se auguran, sin duda, contradicciones predecibles en el experimento eurocomunista, entre la posición del gobierno y los anhelos de lucha

En ese sentido, la lucha social por “reformas mediatas” jugará un papel clave. Salir del marco paliativo propio del reformismo sin reformas y exigir medidas que faciliten un rearme de lo que el neoliberalismo destruyó: una clase trabajadora densa, organizada, que podría luchar porque con su lucha había obligado al capitalismo a concederle marcos más favorables. Siendo conscientes de que el gobierno nace con la intención de evitar un enfrentamiento frontal con la patronal, es necesario aprovechar sin concesiones la oportunidad que se abre en ese sentido.

No basta con que los sindicatos vuelvan a salir en las fotos como agentes sociales reconocidos por el Estado: es necesaria una propuesta que permita un marco de relaciones laborales y derechos adaptado a los nuevos tiempos. La prohibición del despido en empresas con beneficios, la renta básica o asociar directamente el pago del alquiler y otras cuestiones a la renta podrían ser consignas que permitieran a la izquierda social ir planteando tareas que recompongan un panorama político más favorable, sin caer en la parálisis a la que suele inducir el monopolio de la política por el parlamento. En ese sentido, la mayor sensibilidad de Unidas Podemos a este tipo de cuestiones es sin duda positiva. El asunto fundamental es que UP ha firmado un mecanismo de funcionamiento en el que se compromete con el PSOE a consensuar toda la linea política: se auguran, sin duda, contradicciones predecibles en el experimento eurocomunista, entre la posición del gobierno y los anhelos de lucha.

La ausencia de la economía en los debates políticos de investidura ha cedido todo el protagonismo de la discusión a la crisis territorial. Lo primero, por algo obvio: si hay un gobierno PSOE-UP es porque el independentismo vasco y catalán así lo han permitido.

Cualquiera que haya vivido el 15M es consciente de que afirmaciones que relacionasen “15M” con “entrar en un gobierno encabezado por el PSOE” hubieran generado mofa o algo peor

Pero la cuestión territorial ya no es solo la cuestión independentista, que por supuesto jugará un rol central en los próximos años. Existen en el Estado español dos tendencias en ese sentido. Por un lado, la tendencia a la recentralización dura que propone Vox. Por otro lado, una tendencia a la sindicación territorial. Ante la ausencia de instituciones de clase fuertes, la gente vota a partidos de su región para que defiendan sus intereses negociando con el Estado Central. Esa tendencia todavía no es democratizante porque no se plantea la cuestión del auto-gobierno, todavía no es confederal porque no se plantea otro tipo de alianzas entre territorios al margen del estado central. Pero ante una política estatal cada vez menos apegada al terreno y una polarización ideológica cada vez más asfixiante, no deberíamos descartar evoluciones en un sentido nuevo e inesperado.

Aunque reste popularidad a este artículo en un contexto de sobreactuación progresista, es necesario también señalar que este acuerdo de gobierno supone la culminación transformista del proyecto de Podemos. Cualquiera que haya vivido el 15M es consciente de que afirmaciones que relacionasen “15M” con “entrar en un gobierno encabezado por el PSOE” hubieran generado mofa o algo peor. Es fácil constatar que la experiencia de los últimos años no ha cumplido los objetivos por los que nació y que, entre seguir manteniéndolos y buscar otros menos ambiciosos, ha escogido lo segundo. Se puede discutir si se está de acuerdo o no, si es lo mejor o lo peor, pero es una evidencia que sólo un cínico puede negar que se ha optado por lo segundo.

Sin duda, la habilidad como político de Pablo Iglesias ha sido determinante para que el proceso transformista de Podemos terminase con ministros. Sin embargo, el espacio UP llega a esta situación muy debilitado tanto a nivel electoral como a nivel militante. Su débil estructuración en la sociedad le resta mucho margen de error ante un Partido Socialista infinitamente superior en recursos. Si Podemos quiere sobrevivir a una experiencia arriesgada, a la que llega con una mala relación de fuerzas y renunciando a los elementos fundamentales de su programa, tendrá que ser consciente de lo frágil de su posición y prepararse para conflictos con el PSOE.

Por último, no puedo evitar terminar con una reflexión. Para la izquierda minoritaria que se queda fuera de la experiencia de gobierno que viene, se abre una situación nueva. Miguel Romero hablaba de la necesidad de un “izquierdismo razonable”. Me parece que marca bien los retos de los sectores que aspiran a seguir luchando por cambiar el sistema político, superar el actual marco constitucional y transformar la sociedad con un horizonte poscapitalista: jugar en el terreno de juego actual significa valentía a la hora de defender ideas y pragmatismo para ir encontrando grietas y consignas de lucha desde fuera de las instituciones, pero tratando de incidir en ellas. Organizar esa posición política inconformista no será fácil, pero sigue siendo necesaria ante la deriva catastrófica del mundo (concretada en una debacle ecosocial ignorada por todo el marco político oficial) pero también en el aquí y ahora: sin una presión crítica desde abajo y a la izquierda, las conquistas que se consigan en los próximos años serán escasas.

No parece buena idea dejarle el monopolio de la crítica a una derecha desquiciada y fuera de control. Desde luego, debe hacerse desde la independencia política y organizativa: esa izquierda alternativa solo podrá reconstruirse desde fuera del gobierno, en tensión con él, pero (y aquí me arriesgo, porque es cierto que UP no se ha caracterizado por la gestión democrática de la diferencia) ojalá que también en diálogo con sus sectores más a la izquierda.

Los tiempos son frágiles, inestables, difíciles. Una nueva crisis económica acecha. La extrema derecha asoma. Hay prisa, pero necesitamos tiempo para reconstruir un proyecto radicalmente transformador. A pesar de todas los límites, quizá el actual gobierno nos de un poco de margen para componer una fuerza social constituyente, que abra nuevas posibilidades. Ahora que está tan de moda hablar del Frente Popular, estaría bien recordar que lo realmente esperanzador en los años 30 era la existencia de un poderoso movimiento obrero organizado en sus propias instituciones. Si queremos hacer realidad las pesadillas de la derecha española, esa es la tarea que urge retomar.