Especulación urbanística
Colectivos de vivienda califican de vago e insuficiente el pacto PSOE-UP

Pese a incluir por primera vez en un pacto de Gobierno temas clave del movimiento por la vivienda, la falta de concreción de las propuestas amenazan con dejar todo en “papel mojado”.

Movilización contra los desahucios
Movilización en Valencia contra los desahucios.
4 ene 2020 06:00

Precaución y alarma en el sector inmobiliario, y demanda de mayor concreción en unas propuestas llenas de “buenas intenciones” y poca concreción entre las organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda. Las reacciones al acuerdo programático de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos no se han hecho esperar.

“Nos encontramos ante un listado de buenas intenciones, que no contemplan ninguna medida concreta y corremos el riesgo se conviertan en un nuevo brindis al sol”, era el resumen de la primera valoración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El colectivo que ha liderado la lucha por la vivienda desde hace una década reconoce que “por primera vez se habla de temas hasta ahora tabú como la regulación de los alquileres, la obligación de alquileres sociales en caso de vulnerabilidad o de convenios con la Sareb para movilizar pisos para el parque público de vivienda”. Sin embargo, la PAH critica “la falta de concreción y detalle” de la propuesta.

El programa acordado entre las dos formaciones progresistas propone, por ejemplo, “ampliar progresivamente el presupuesto actual en materia de Vivienda”, unas intenciones que no incluyen un cifra concreta ni mucho menos la demanda específica que trasladó esté colectivo al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de alcanzar el 3,5% del PIB para hacer frente a la crisis habitacional.

La PAH identifica un abordaje del problema erróneo, “como si el aumento de los precios del alquiler fuera solo un problema residual y en grandes poblaciones, cuando estamos hablando de un problema global vivas donde vivas”

Ante la propuesta de regular los precios del alquiler en función de índices de referencia, habilitando a las comunidades autónomas y ayuntamientos para declarar “zonas tensionadas” donde se puedan limitar las rentas, la PAH identifica “falta de de valentía y contundencia al no concretar la definición de zona tensionada y dejando que sean las comunidades y/o ayuntamiento las que regulen lo que creen conveniente”. Esta situación, señalan desde la PAH, puede crear una “brecha” entre diversas administraciones, “que solo fomentará una guerra entre pobres”.

El carácter opcional de esta medida no ha tardado en mostrar su lado oscuro y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por la popular Isabel Díaz Ayuso, anunció este 3 de enero que no secundará políticas que supongan “una intromisión en la esfera individual”.

De fondo, la PAH identifica un abordaje del problema erróneo, “como si el aumento de los precios del alquiler fuera solo un problema residual y en grandes poblaciones, cuando estamos hablando de un problema global vivas donde vivas”. En el peor de los casos, la declaración de “zonas tensionadas”, critican, no resolverá el problema de la burbuja del alquiler, sino que lo irá trasladando a otras zonas.

Otra de las medidas estrellas anunciada —“el realojo inmediato en determinadas condiciones de las personas inquilinas que no puedan hacer frente a la renta por carecer de recursos económicos o por situaciones de vulnerabilidad”— es calificada por la PAH como “insustancial” ya que “no hay viviendas en manos de la Administración Pública para garantizar esos realojos inmediatos”. 

Lo mismo ocurre con los alquileres sociales que el programa acordado entre PSOE y UP promete para las personas desahuciadas en situación de vulnerabilidad, un anuncio comprometido por la falta de un parque público de vivienda. Para este colectivo, además, “no basta con fomentar el alquiler social en estas situaciones, debe haber obligatoriedad a ofrecerlo previo al desahucio, por parte de los bancos, fondos buitre y grandes propietarios”.

Entre los grandes ausentes del pacto, la PAH señala la dación en pago, un derecho que no aparece en el acuerdo programático, que garantizaría “la defensa y segunda oportunidad” y que resolvería “la muerte civil de muchas familias”.

sin solución para La burbuja del alquiler

El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Catalunya celebra que el pacto “recoja diversas demandas sociales que hasta hace poco no estaban en la agenda”, algo que, según subrayan, solo ha sido posible gracias al “enorme trabajo de la sociedad civil y a las movilizaciones de los últimos tiempos”. Entre estas demandas, el sindicato destaca la regulación de los precios del alquiler. “Dijimos que lo conseguiríamos, y ya nadie duda de que lo conseguiremos”, señalan en el análisis de este acuerdo realizado por esta organización que ya ha resuelto con la negociación colectiva más de mil casos de aumento unilateral en el precio del alquiler por parte de los grandes tenedores.

Como parte negativa, al igual que la PAH, el Sindicato de Inquilinos catalán critica la falta de “concreción en las medidas” y el planteamiento de “propuestas ineficaces”.

La forma en la que se aborda la regulación de los precios del alquiler se lleva buena parte de la críticas. Para el Sindicato, esta regulación “debería ser obligatoria” —y no opcional, como recoge el pacto— en todas las zonas donde haya una “desproporción entre el precio del alquiler y los ingresos”. Una situación que se produce en casi todo el territorio, reconocen, ya que “el alquiler no debería suponer más de un 20% o un 30% de los ingresos”.
El otro gran peligro, que ya afecta a los actuales índices de referencia —como el que impulsó la Generalitat en 2017—, es que estos índices reflejen el precio actual de mercado y “legitimen los precios actuales hiperinflacionarios”
Lo único que debería decidir las administraciones locales es el tipo de regulación que aplican, señalan: “De lo contrario, se producirán desajustes entre ciudades y comunidades autónomas, que pueden agravar las tendencias especulativas en aquellas donde no haya ningún tipo de regulación”.

El otro gran peligro, que ya afecta a los actuales índices de referencia —como el que impulsó la Generalitat en 2017—, es que estos índices reflejen el precio actual de mercado y “legitimen los precios actuales hiperinflacionarios”. Y ponen como ejemplo el Estado de Berlín, que ha establecido un índice de precios con niveles pre burbuja, en este caso, con los precios del alquiler del año 2014.

La reforma del régimen jurídico y fiscal de las Socimis —el vehículo financiero preferido por los fondos buitre para especular con la vivienda— es uno de los aspectos positivos del pacto para el Sindicato de Inquilinos. Sin embargo, vuelve a ser insuficiente, según su valoración. La aplicación de un gravamen del 15% a estas sociedades “no es una mala noticia” para el Sindicato, pero “si se quiere corregir el uso especulativo que hacen los fondos buitre de las Socimi, se debería poner el foco de atención no solo en que tributen —y que paguen Impuesto de Sociedades como cualquier otra empresa, no al 15% sino al 20% o al 25%— sino que además promuevan un alquiler estable y alquiler social para personas en situación de vulnerabilidad, como ya se hace en Catalunya en el caso de los grandes tenedores”.
Desde el Sindicato de Inquilinos apelan a “más organización y más movilización para que este texto programático no se quede en papel mojado”
Una de las críticas más duras al pacto se destinan a la regulación de los pisos turísticos. Para el Sindicato de Inquilinos se trata de un “grave error” que se traslade a las comunidades de propietarios la decisión sobre el uso turístico de las viviendas: “No se puede dejar en manos de las decisiones aisladas de comunidades propietarios una cuestión que afecta gravemente al interés general, sino que deben ser las administraciones locales y autonómicas con normativas urbanísticas de limitación de usos. De lo contrario, seguirá aumentando el número de viviendas que pierden su función residencial para ser convertidas en hoteles clandestinos”.

A pesar de todo, para el Sindicato de Inquilinos, la batería de propuestas significan un “avance”, conseguido gracias la lucha colectiva, ya que incluyen “muchas de las cuestiones que el movimiento por la vivienda ha puesto en la agenda”, especialmente la regulación de los precios del alquiler: “Cuando empezamos a plantear algunas de ellas, algunos nos miraban como marcianos. Parecía impensable que pudieran entrar en un acuerdo de gobierno”.

Sin embargo, la falta de concreción del pacto traslada la aplicación de las propuestas a los “acuerdos que se fragüen durante la legislatura” y al desarrollo legislativo de cada una de ellas. Por ello, desde esta organización que agrupa más de 2.000 familias en Catalunya, apelan a “más organización y más movilización” para que “este texto programático no se quede en papel mojado”.

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