Galicia
La Xunta incumplió el procedimiento de declaración como proyecto industrial estratégico de la mina de Touro

En el Consello de la Xunta del 24 de junio se acordó la declaración de proyecto industrial estratégico  (PIE) la reapertura de la mina de Touro. El acuerdo llegó justo una semana después de la filtración de documentación que demuestra que la Xunta conoce y oculta el proyecto desde enero.

La declaración como PIE requiere de un procedimiento administrativo recogido en el artículo 79 de la Ley 1/2015 que regula la política industrial gallega. Ese artículo, modificado en octubre de 2022, señala en su apartado 79.2 que, como paso preciso para su declaración, la Consellería de Industria tiene que remitir a los ayuntamientos “la solicitud presentada con la documentación que la acompaña” para que, en un plazo de 15 días, los ayuntamientos notifiquen su “conformidad o disconformidad” con el plan urbanístico en vigor.

Manuel Taboada (PP), alcalde de O Pino: “Yo sé lo que leí en la prensa y el resumen que hacen los lunes en el Consello de la Xunta (...) Oficialmente aquí no ha llegado nada”

Dos días después del acuerdo del Consello da Xunta que declaraba PIE el proyecto, se celebró un pleno en el Ayuntamiento de O Pino. Su alcalde, Manuel Taboada (PP), confirmó que, para entonces, no había llegado ninguna documentación “ni la solicitud como PIE ni todos los documentos que la empresa envió a la Xunta” y reconoció que se enteró del nuevo proyecto por la prensa: “Yo sé lo que leí en la prensa y el resumen que hacen los lunes en el Consello de la Xunta. Oficialmente aquí no ha llegado nada”. En respuesta a los grupos municipales BNG y PSdeG, el alcalde del PP confirmó que lo único que remitió a la empresa fueron “informes técnicos” en materia de urbanismo que ya se habían hecho “hace dos o tres años”.

En el Ayuntamiento de Touro, el alcalde Roberto Castro (Movimiento Vecinal de Touro), explica que lo único que recibió el Ayuntamiento fue “una solicitud de informe de compatibilidad urbanística”. El mismo trámite que, por ejemplo, solicita una ciudadana cuando quiere poner un galpón en una finca. Ahonda el alcalde que este informe es “uno de muchos” de los que tanto la empresa como la Xunta han ido solicitando desde el año 2017, incluso después de la declaración de impacto ambiental (DIA) negativa al proyecto anterior.

Al preguntarle al alcalde de Touro por el artículo 79 de la ley 1/2015, repite cuál fue el único requerimiento de la Xunta: “Un informe de compatibilidad urbanística con un proyecto para conocer el ámbito geográfico que engloba y su actividad”. En ningún caso el Ayuntamiento notificó la conformidad o disconformidad, como marca la ley, ni fue entregada toda la documentación que acompaña la solicitud como PIE, que por la documentación a la que tuvo acceso El Salto, se componen de muchos más anexos, proyectos técnicos de infraestructuras del proyecto y otras solicitudes.

Roberto Castro (MVT), alcalde de Touro: “Lo único que ha recibido el Ayuntamiento es una solicitud de informe de compatibilidad urbanística”

El 27 de junio, esta redacción se puso en contacto con la Consellería de Industria para conocer la información que se le dio a la ciudadanía y preguntar por la documentación enviada a los ayuntamientos con anterioridad al acuerdo del Consello da Xunta. No ha obtenido respuesta a ninguna de las dos cuestiones. Lo cierto es que, siempre según la versión de los ayuntamientos, la Xunta no habría cumplido con el procedimiento.

La catedrática en Derecho Administrativo Alba Nogueira de la USC, en consulta al Salto, confirma que la Xunta tenía que haber enviado esa documentación en el procedimiento previo a la declaración como PIE: “Esta ley ya retira competencias a las administraciones locales y hace que el posicionamiento del Ayuntamiento en materia urbanística no sea vinculante. Por si fuera poco le quitas también la opción de mostrar su disconformidad, estás vaciando totalmente su papel”.

Considera además que los efectos del PIE chocan directamente con la Ley 7/1985 de Régimen Local, que recoge que será la administración local quien “ejercerá en todo caso como competencias propias” entre otras, la materia de urbanismo: “Plan, gestión y ejecución y disciplina urbanística”. Además, recuerda Nogueira la importancia de que cada Ayuntamiento reciba toda la documentación del proyecto, y no sólo el ámbito geográfico y el tipo de actividad. Este incumplimiento, según Nogueira, podría rematar incluso con la nulidad de la declaración del proyecto como PIE. La Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino advierte de la “indefensión” de las vecinas, que “no debería ser tomada a la ligera por ningún representante público”.

Sobre el posicionamiento del Ayuntamiento de Touro en el nuevo proyecto, el alcalde Roberto Castro señala que, por lo de ahora, se está “en una fase de ruido porque no se sabe si el proyecto va a ir más allá”. Aunque el Gobierno municipal no va a hacer manifestaciones a favor o en contra hasta que el proyecto sea público, el alcalde señala que en los últimos años “ha habido un greenwashing y una batería de eufemismos según evolucionaba la respuesta social” y asegura que, en todo caso, “defenderá los intereses de la ciudadanía”.

El nuevo proyecto minero para Touro

El 23 de enero, la minera de Touro enviaba la documentación y la solicitud para la consideración como proyecto industrial estratégico del proyecto Cobre San Rafael. Tras la filtración de la documentación, 133 colectivos se posicionaron en contra y, justo una semana después, la Xunta acordaba declararlo estratégico tras casi medio año en el cajón.

En otro de los documentos a los que ha tenido acceso El Salto, Cobre San Rafael presenta la solicitud como una “pequeña” empresa, con tan sólo 16 empleados en el último ejercicio. Con todo, compromete una inversión de casi 200 millones de euros y la contratación, mientras dure la explotación minera, de 394 personas, tan sólo el 20% de ellas mujeres. El nuevo proyecto ocuparía más de 800 hectáreas, contaría con una balsa de residuos a pocos metros de Arinteiro y recoge también una línea de alta tensión “LAT 66 kV Portodemouros-Touro”, adjunta también en la solicitud como PIE, con su correspondiente documento ambiental y listado de propietarias expropiadas por su construcción.

En los planes de la empresa, las operaciones en la mina comenzarían en septiembre de 2027 y la construcción en el primer trimestre de 2025, aunque parece imposible realizar los trámites y estudios para esa fecha. Con todo, la Conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, coincidía con esos plazos: “En un año y pico debería estar funcionando”, declaraba el día antes del acuerdo del Consello da Xunta. Hace falta recordar que María Jesús Lorenzana, además de Conselleira, es la Presidenta de la sociedad público-privada de la Xunta, Abanca, Sogama y Reganosa que ideó e impulsó la celulosa de Altri en la Ulloa.

La plataforma vecinal de Touro exige una reunión para que la ciudadanía pueda informarse del proyecto. Invitan a las Consellerías, Direcciones Xerais y departamentos implicados en el proyecto “a realizar una visita guiada por la zona que se verá gravemente afectada si esto va para delante”. Y remata: “Sabemos que no podrán descartar esta invitación si realmente se deben al pueblo, ya que con la empresa sabemos que ya se han reunido, ahora le toca a los vecinos y vecinas”.