En pleno agosto de 2017, una publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) amenazaba la tranquilidad de las vecinas de Touro y O Pino. Atalaya Mining y Cobre San Rafael presentaban un megaproyecto para la reapertura de la antigua mina, cuyos efectos son aún visibles en la zona. Luego, la movilización vecinal y un proyecto con todo tipo de carencias provocaron que la Xunta, en 2020, tuviera que rechazarlo.

En este tiempo Cobre San Rafael ha seguido instalada en Touro, acentuando e invirtiendo cada vez más en su estrategia de greenwashing, de la mano de la Cámara Mineira y del propio Gobierno gallego. También siguieron los continuos vertidos y los daños ecológicos a los ríos Lañas y Brandelos, a pesar de las multas “leves a pesar de su reincidencia” de Augas de Galicia y los supuestos sistemas de tratamiento de la empresa.

La Xunta no sólo acompañó a la patronal en este proceso, sino que también siguió legislando a su favor, como demuestran la llamada ‘Lei Depredación’ o la figura de los ‘Proyectos Industriales Estratégicos’. Esta consideración implica que, según la Ley 3/2022 de 18 de octubre de áreas empresariales de Galicia, cualquier proyecto puede ser considerado estratégico si cuenta con una inversión de dos millones de euros, suponga la creación de 25 puestos de trabajo y acredite la titularidad del terreno donde se va a implantar el proyecto. Con esto, el Gobierno puede otorgar al proyecto un carácter prioritario en la tramitación, prevalencia sobre el planteamiento urbanístico vigente, a no sujeción a los títulos de competencia municipal, la concesión de subvenciones sin concurrencia competitiva o su declaración de utilidad pública e interés social a efectos expropiatorios, entre otros muchos beneficios.

La minera entregó en enero la documentación de un nuevo proyecto, que ocuparía más de 800 hectáreas, con una balsa de residuos tóxicos de 23 millones de metros cúbicos y 1,6 km de longitud

En ese marco, documentos a los que ha tenido acceso El Salto revelan que, el 23 de enero, la minera Cobre San Rafael solicitó a la Xunta la consideración de un nuevo megaproyecto de reapertura de la mina como Proyecto Industrial Estratégico. Hace falta recordar que la denegación de la Xunta del proyecto de reapertura anterior fue recurrida por la mercantil. A pesar de que este recurso está pendiente de sentencia por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la Xunta recibió y escondió a los ayuntamientos y a los vecinos la documentación de un nuevo proyecto.

Según explican en un comunicado 122 colectivos firmantes contrarios a la reapertura de la mina, la consideración como Proyecto Industrial Estratégico facilitaría los trámites antes mencionados a la promotora: “Se pretende que sea una tramitación exprés que impida la participación pública y que los organismos sectoriales no dispongan de tiempo suficiente para emitir sus informes. Debe tenerse en cuenta que el proyecto está compuesto por millares de páginas y cientos de documentos anexos”.

Desde que la Xunta recibió la documentación, además de unas elecciones donde el tema fue escondido, representantes de la Xunta y de las promotoras de los proyectos estuvieron reunidos en varias ocasiones. Una de ellas, la más visible, en el Encuentro de la patronal gallega y minera en Sober, donde estuvieron los conselleiros de Emprego y Medio Rural, el CEO de Atalaya Mining (promotora de Touro) o el organizador, con el apoyo de la Xunta, el lobista Venancio Salcines. A pesar de todo esto, la información ha estado escondida durante todo este tiempo, hasta la obtención de la documentación por parte de los colectivos y la ciudadanía.

“Lo único que ha cambiado en los últimos cuatro años ha sido la cantidad de dinero ‘invertido’ por la minera en propaganda y campañas de desinformación”, explican los colectivos.

Ante este nuevo megaproyecto, más de un ciento de colectivos vecinales y de la sociedad civil gallega firman un manifiesto en el que muestran el “más rotundo rechazo a la nueva tentativa de Atalaya Mining de forzar la aprobación de la apertura de la mina de Touro”. Según recogen en el comunicado, el proyecto es una “copia barata” del proyecto rechazado por la propia Xunta debido su inviabilidad y por sus impactos sobre el sistema fluvial del río Ulla y el Camino de Santiago. Además, advierten de las repercusiones “totalmente negativas en el tejido empresarial sostenible y ya consolidado en una comarca donde las tasas de desempleo son de las más bajas”.

El nuevo proyecto, según la documentación a la que se tuvo acceso y señala el comunicado, tendrá las siguientes características: “Una balsa de 23 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos, con 1,6 km de longitud y una altura similar a la de la Catedral de Santiago. El depósito de residuos está a menos de 500 metros del núcleo de población Arinteiro cuya población sería aniquilada en caso de un accidente”. Según los colectivos que firman el manifiesto contra esta reapertura, “el único que cambió en los últimos cuatro años ha sido la cantidad de dinero ‘invertido’ por la minera en propaganda y campañas de desinformación sobre la realidad del proyecto, que ocuparía más de 800 hectáreas”, incluyendo terrenos agrarios con producción y también el Polígono Industrial de Touro, donde se ubica la empresa Galchimia y en la que trabajan 50 personas.

Además, los colectivos anuncian una “movilización masiva y sin precedentes para impedir el fraude que supone declarar como proyecto industrial estratégico una propuesta que ya fue declarada ambientalmente inviable”.