La masacre de Israel sobre el pueblo palestino no comenzó el siete de octubre, sino hace ya 76 años. Y en los últimos cuatro, tres de las grandes ciudades gallegas han tenido tiempo para comprar material policial a Israel por valor de más de medio millón de euros. Fundamentalmente, destinados a comprar chalecos antibalas para sus policías locales y portuarias. 

Todos ellos han sido facturados a la empresa armamentística israelí Guardian Homeland Security SA, señalada también por ser adjudicataria, el pasado 13 de abril, de la compra de placas balísticas nivel IV, adquiridas por el ministerio del Interior. Un hecho que ha generado un terremoto político en Madrid, con amenazas de ruptura desde Izquierda Unida y algunas menos impetuosas de los diputados y diputadas que representa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en Sumar.

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En un comunicado, el presidente, Yolanda Díaz y los ministerios implicados aseguran que no se ejecutarán los procesos abiertos con la empresa armamentística israelí.

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Los grandes adjudicadores gallegos son: el Gobierno de Vigo de Abel Caballero, con una licitación de 205.069,28 euros; y el de A Coruña, de Inés Rey, con otro contrato por valor de 208.500 euros. Ambos, Caballero y Rey, son los políticos del PSdeG-PSOE que más poder ostentan en este momento en Galicia tras la repetida debacle electoral del partido que dirige José Ramón Gómez Besteiro en su tierra: hoy apenas cuentan con nueve de los 75 escaños que forman el Parlamento gallego. Sin embargo, desde las alcaldías de las dos ciudades más pobladas manejan los mayores presupuestos de los municipios gallegos.

En Ourense, la ciudad gobernada por el partido derechista y populista de Gonzalo Pérez Jácome, el Estado de Israel también ha hecho caja con una compra de 82.237,65 euros también de equipos materiales para su policía local.

En el caso de Vigo, la memoria económica justifica el gasto para la compra de hasta 364 chalecos antibalas para sus agentes de la Policía Local. Según la información pública que hizo el Concello en verano de 2024, la plantilla está actualmente formada por 340 agentes, de los que aproximadamente 100 realizan labores de oficina, que no utilizan este tipo de protección, y los otros 240 sí son agentes de calle. Unas cifras de compra claramente desproporcionadas a sus usos, teniendo en cuenta, además, que buena parte de los efectivos que realizan tareas de tráfico o atestados en la ciudad no suelen emplearlos en su día a día.

Por parte de la ciudad de A Coruña, la dinámica es similar. El encargo contempla la adquisición de aproximadamente 300 chalecos para la plantilla de su policía. En el año 2023, el último actualizado oficialmente por el Concello de Inés Rey, el número total era de 328. La desproporción es análoga con la de Vigo, aunque el Gobierno de Caballero sugiere una motivación, también, antiterrorista, a pesar de que no ha habido en la ciudad ninguna amenazada de las que plantea: “En el seno de una sociedad hiperconectada y con acceso instantáneo a la información disponible sobre cualesquiera materias objeto de la pura imaginación, que la actual amenaza terrorista de naturaleza yihadista de ámbito global no disponga de modo alguno de los datos relativos a la adquisición de los chalecos”.

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En Ourense, más de lo mismo. El Gobierno de Jácome adjudica, el 20 de octubre de 2023, apenas dos semanas después del agravamiento de la masacre de Israel sobre el pueblo palestino en Gaza, la compra de cien chalecos antibalas de características similares a los anteriormente descritos. En la ciudad termal, los efectivos, entre oficina y calle, apenas llegan a los 114 agentes. A diferencia de los contratos de Vigo y A Coruña, la opacidad del líder de Democracia Ourensana se agrava: ni siquiera aporta a la plataforma de contratos del sector público ni la memoria justificativa del gasto ni tampoco la memoria económica.

Por último, para cerrar el negocio policial de Galicia con el Estado sionista, dos autoridades portuarias firman adjudicaciones similares a las mencionadas en los ayuntamientos: Ferrol y A Coruña. En el caso de Ferrol - San Cibrao, el contrato, además de incluir chalecos, añade tahalíes, grilletes, fundas de grilletes, portaguantes, linternas con funda y cinturones tácticos. Todo por 34.578,17 euros. En cambio, el de A Coruña asciende a 60.947,70 euros con propósitos similares.

Otros contratos millonarios pendientes con el Estado

Según reveló elDiario.es, la semana pasada, concretamente el 16 de abril, se cerró la compra de munición israelí por un importe superior a los cinco millones de euros. La publicación oficial de este contrato apareció dos días más tarde, el Viernes Santo —festividad estatal—, en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Esta operación no ha sido la única reciente con empresas de Israel.

En diciembre, el Gobierno español firmó un acuerdo con Elbit Systems LTD, una empresa israelí, para el suministro y mantenimiento de componentes clase IX del mortero embarcado Cardom, por un total de 50.000 euros. Asimismo, en agosto de 2024 se llevó a cabo otra compra de equipamiento militar, esta vez a Netline Communications Technologies, valorada en 390.000 euros, con el objetivo de incorporar sistemas de guerra electrónica y dispositivos de contramedidas.

Además, el 13 de abril se formalizó una adquisición por parte del Ministerio del Interior: placas balísticas de nivel IV, suministradas por la compañía israelí Guardian Homeland Security, con un coste de 319.331 euros.

En total, y de acuerdo con los datos del Centre Delàs, desde octubre de 2023 se han concretado 31 contratos de compra de material militar a Israel. De ellos, diez se han firmado después de octubre de 2024, a pesar de que el Ministerio de Defensa había anunciado la suspensión de este tipo de adquisiciones.