Galicia
Una vivienda en alquiler por cada diez pisos turísticos: Galicia se asoma al abismo de la gentrificación

Jueves 4 de junio de 2026. La Consellería de Vivenda de la Xunta de Galicia acaba de publicar los datos consolidados sobre alquiler turístico. Hoy hay 32.359 viviendas catalogadas legalmente para ese uso en el territorio. Eso son, según el informe del Instituo Galego de Vivenda e Solo, 145.319 habitaciones reservadas para visitantes y un total de 312.485 plazas. En el mismo edificio de la rúa Berlín de Santiago de Compostela, la Administración gallega custodia otra base de datos, la que contiene los nombres de los inscritos e inscritas en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia. Hoy hay apuntadas como solicitantes 33.373 personas. 

Hay otros datos menos rigurosos, pero sí significativos. Los portales en línea de anuncios de alquiler como Idealista o Fotocasa apuntan a que hay entre 3.000 y 3.500 viviendas ofertadas en el mercado del alquiler. Es decir, hay una vivienda ofertada en alquiler por cada diez pisos turísticos disponibles en Galicia.

Alimentar y alentar el negocio turístico desde las instituciones tiene consecuencias graves para las poblaciones locales de los lugares objetivo. En este caso, las ciudades gallegas. No es solo una cuestión que parezca intangible como la pérdida de identidad cultural a través del empleo de la lengua o de las tradiciones propias en sus centros neurálgicos. Los efectos de la gentrificación son cuantificables y expulsan a los vecinos y vecinas más vulnerables de sus barrios dejándolas sin acceso a servicios básicos para el desarrollo de la vida y, en última instancia, sin poder acceder, siquiera, a pagar un alquiler de una vivienda digna cerca de sus redes o de su trabajo.

El problema es multicausal, pero la sinergia público-privada en los principales ayuntamientos de Galicia se revela fundamental. Los últimos datos del Observatorio de la Vivienda de Galicia, dependiente de la Xunta, ofrecen un testimonio difícilmente matizable: la presencia de viviendas turísticas en las siete ciudades gallegas se ha multiplicado por 20 solo desde 2017. Paralelamente, los alquileres siguen al alza.

En verano de 2017, siempre según el registro de la Xunta de Galicia, apenas había 256 viviendas de uso turístico en los grandes municipios gallegos. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo estrenó ese año esa denominación de vivienda de uso turístico y comenzó a medir su impacto desde entonces. Recién subidos los datos de comienzos de junio de 2026, a las puertas del verano, la fotografía es reveladora. Entre Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra y Ferrol suman hoy 5.579. Esto significa un aumento de más de un 2.080% en apenas nueve años. La tendencia, además, no parece que vaya cambiar de rumbo y va liderada, respectivamente, por las ciudades más grandes: Vigo y A Coruña.

Aunque ambos Gobiernos, dirigidos por los alcaldes del PSOE, Abel Caballero e Inés Rey, llevaban años no solo mirando hacia otro lado ante las alertas de la sociedad civil y de colectivos como Ergosfera, el Sindicato de Inquilinas, Os Ninguéns o una buena ristra de asociaciones vecinales de barrios afectados, sino que ambos consistorios tenían una apuesta decidida por hacer del turismo de masas un gran motor económico del eje atlántico. Eso ha cambiado levemente en A Coruña que, por la voluntad del Gobierno local, ha sido declarada oficialmente Zona de Mercado Residencial Tensionado hasta julio de 2028.

Compostela, la referencia en la limitación de las viviendas turísticas

Una línea recta de norte a sur que solo ha roto Santiago de Compostela desde el gobierno del Bloque Nacionalista Galego de Goretti Sanmartín. El departamento de Urbanismo de Santiago ha realizado esta misma semana 85 inspecciones a pisos turísticos dentro de su labor de control de la legalidad urbanística de estos alojamientos. Según explicó el concelleiro Iago Lestegás, en unas 15 actuaciones se constató que la actividad continuaba pese a las órdenes de suspensión, lo que evidencia que la mayoría de los propietarios están cumpliendo los requerimientos municipales. Además, el consistorio impuso este año tres sanciones derivadas de expedientes iniciados en 2025: dos por importe de 30.050 euros y una tercera de 18.030 euros, reducida un 40 % tras el reconocimiento de responsabilidad por parte del infractor.

Lestegás destacó que estas medidas están contribuyendo a reducir el número de viviendas turísticas en la ciudad. Según datos del INE, Santiago pasó de 661 pisos turísticos en agosto de 2024 a 374 en noviembre de 2025, un descenso del 43,4 %. También cayó un 25 % el número de alojamientos inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT), al pasar de 811 en enero de 2024 a 608 en junio de 2026. El edil, sin embargo, criticó que el registro autonómico siga incluyendo “cientos” de alojamientos que no cumplen los requisitos para operar y reclamó a Turismo de Galicia una mayor verificación previa antes de autorizar nuevas inscripciones.

El Ministerio de Vivienda pide a la Xunta que cierre 4.450 pisos turísticos ilegales 

En esta línea, hace apenas una semana, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, reclamó a la Xunta de Galicia que refuerce las labores de inspección sobre las viviendas de uso turístico y que actúe también contra aquellas que operan al margen de la normativa, después de que el registro único estatal detectase más de 4.450 inmuebles destinados al alquiler de corta duración en la comunidad.

En una carta remitida a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, la ministra sostiene que resulta “incoherente” defender la necesidad de aumentar la oferta residencial para contener los precios mientras miles de viviendas permanecen destinadas a usos turísticos o temporales en una situación que considera irregular.

La misiva llega después de que el Tribunal Supremo anulase en mayo el registro estatal de alojamientos turísticos y de temporada. Rodríguez asegura que acata la resolución judicial, que atribuye a las comunidades autónomas la competencia exclusiva en esta materia, y por ello insta a la Administración gallega a ejercer las funciones de control y supervisión que le corresponden.

Según la ministra, los datos recopilados por el registro desde su puesta en marcha, en julio de 2025, evidencian que la actuación de la Xunta en este ámbito ha sido “insuficiente”. Como ejemplo, cita el caso de Santiago de Compostela, donde afirma que el número de solicitudes registradas superaba ampliamente el de licencias municipales concedidas, una circunstancia que, a su juicio, demuestra que la declaración responsable resulta un mecanismo de control insuficiente si no va acompañada de labores efectivas de comprobación.

La Xunta ha rechazado estas acusaciones y ha asegurado que es “falso” que existan más de 4.400 viviendas turísticas ilegales en Galicia. En una respuesta conjunta de las consellerías de Vivenda y Turismo, el Gobierno gallego sostiene que esos inmuebles carecían únicamente del número de registro estatal implantado por el Ejecutivo central, una obligación que, recuerda, acaba de ser anulada por el Tribunal Supremo.

El Ejecutivo autonómico defiende que mantiene una actividad inspectora continuada para detectar incumplimientos reales en el sector turístico y asegura que realiza alrededor de 4.000 actuaciones de control al año, incluidas las relacionadas con las viviendas de uso turístico.

Asimismo, la Xunta reivindica que Galicia lleva cerca de una década regulando este tipo de alojamientos y reprocha al Gobierno central una actuación “muy pobre o directamente inexistente” frente al problema del acceso a la vivienda. En este sentido, considera erróneo vincular de forma directa la crisis residencial con la actividad turística y defiende que la solución pasa por incrementar la oferta de vivienda y reforzar la colaboración institucional entre administraciones.

Las plataformas por el derecho a la vivienda convocan movilizaciones 

Ante esta situación, y en el marco de las protestas por todo el Estado español, colectivos y plataformas en defensa del derecho a la vivienda han convocado movilizaciones este fin de semana en las principales ciudades gallegas para denunciar el encarecimiento de los alquileres, la especulación inmobiliaria y las dificultades de acceso a una vivienda digna. Las protestas se enmarcan en unas jornadas de movilización que reclaman medidas urgentes para frenar la crisis habitacional.

La primera de las convocatorias tendrá lugar este viernes, 5 de junio, en Vigo. La manifestación arrancará a las 20h desde la Praza dos Cabalos, convocada por Alianza pola Vivenda. La organización denuncia que Vigo se ha convertido en la ciudad más cara de Galicia para vivir y considera insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora por las distintas administraciones.

El portavoz del colectivo, Juan Medela, ha defendido la necesidad de aplicar “medidas valientes y contundentes” que ataquen la raíz del problema, que sitúa en la especulación inmobiliaria. Entre las propuestas planteadas figuran la recuperación de las prórrogas obligatorias en los contratos de alquiler, una mayor regulación de los alquileres de temporada, la declaración de Vigo como zona de mercado tensionado y la ampliación urgente del parque público de vivienda mediante la incorporación de inmuebles ya construidos.

Además, la plataforma reclama una mayor atención a las personas sin hogar y la eliminación de los límites temporales de estancia en los albergues municipales. “La vivienda nos está costando la vida. Hace falta actuar de forma contundente y urgente. Si queremos ser la mejor ciudad para vivir, tenemos que tener donde vivir”, señaló Medela durante la presentación de la convocatoria.

Las protestas continuarán el sábado, 6 de junio, en tres ciudades gallegas. En Santiago de Compostela, la movilización partirá a las 12h desde la Alameda. A la misma hora se celebrará una manifestación en A Coruña, convocada por la Plataforma polo Dereito á Vivenda, que arrancará en la plaza de Ourense, frente a la Delegación del Gobierno.

Durante la presentación de esta convocatoria, el portavoz de la plataforma coruñesa, Santiago Lamelo, alertó del fuerte incremento de los precios de la vivienda en la ciudad. Según indicó, el coste de acceso a la vivienda se ha incrementado un 80 % en la última década, mientras que las viviendas de uso turístico han experimentado un importante crecimiento. Bajo el lema 'Ni alquileres por las nubes ni salarios por el suelo', el colectivo denuncia la expansión de los alquileres turísticos y temporales, la escasez de vivienda pública y las crecientes dificultades de la mayoría social para acceder a una vivienda digna.

“La vivienda es un bien básico, no un activo financiero”, defendió Lamelo, quien aseguró que muchas personas se ven obligadas a compartir piso, asumir alquileres desproporcionados o retrasar su emancipación. La plataforma ha avanzado además que mantendrá una campaña de movilización y presión social mediante actividades informativas, asesoramiento a personas afectadas, denuncias de posibles irregularidades y apoyo frente a desahucios.

La jornada de lucha concluirá en Ourense, donde está prevista una concentración a las 20h en la Rúa Sáenz Díez, número uno. Con estas convocatorias, las organizaciones participantes buscan trasladar a las administraciones la necesidad de adoptar medidas estructurales que garanticen el acceso a la vivienda y frenen el impacto de la especulación sobre el mercado residencial gallego.