Galicia
Trabajo sanciona con 3,5 millones a la Xunta por las condiciones de trabajo de sus auxiliares de conversación

La Xunta recurrirá la sanción de 3,5 millones de euros impuesta a Galicia en relación con el programa de auxiliares de conversación impulsado por el Ministerio de Educación. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha informado de que la Administración autonómica recibió la comunicación de la multa hace unos días y considera “inadmisible” que Galicia sea sancionada por aplicar un programa promovido por el propio Gobierno central. Pero lo uno no tiene que ver con lo otro.

En declaraciones a los medios, Rodríguez ha insistido además en que Galicia seguirá sin participar en esta iniciativa mientras no existan “certezas y seguridad” jurídica sobre sus condiciones de desarrollo. El objetivo, ha explicado, es evitar que puedan repetirse situaciones como la que ha provocado la sanción correspondiente a la provincia de A Coruña.

El conselleiro ha defendido la apuesta de la comunidad por el plurilingüismo y ha destacado que el programa de auxiliares de conversación llevaba años funcionando “bien” y con resultados satisfactorios. Sin embargo, ha señalado que la situación cambió durante el último año, cuando el Ministerio de Trabajo comenzó a realizar inspecciones para determinar si los auxiliares debían ser considerados trabajadores sujetos a la normativa laboral.

Según ha explicado, esta interpretación entra en conflicto con la posición mantenida por el Ministerio de Educación, que sostiene que entre los auxiliares y las administraciones participantes no existe una relación contractual de carácter laboral.

Las inspecciones se extendieron a distintas comunidades y provincias y desembocaron en sanciones de elevada cuantía. Rodríguez ha citado como ejemplos las multas de 19 millones de euros en el País Valencià y de cinco millones en Andalucía, a las que ahora se suma la sanción de 3,5 millones comunicada a Galicia.

El titular de Educación de la Xunta ha anunciado que la Administración autonómica recurrirá la multa “por todas las vías”, tanto en el ámbito administrativo como en los tribunales. A su juicio, “es absurdo” que una comunidad que aplica las directrices de un programa diseñado por el Ministerio de Educación termine siendo sancionada por otro departamento del Gobierno estatal.

Mientras no se aclare esta situación, Galicia mantendrá su decisión de no incorporarse al programa estatal y ya trabaja en “un programa alternativo” para continuar desarrollando esta línea de actuación.