Galicia
Altri dice que su exclusión de la red eléctrica es “política” tras negociar durante meses su celulosa con Feijóo

La multinacional portuguesa de producción de pasta de papel Altri ha dicho que es una decisión “puramente política” la exclusión de la planificación de la red eléctrica de la macrocelulosa que plantea para Palas de Rei (Lugo) y ha avisado de que no renunciará a emplear “todos los mecanismos de recurso administrativo a su alcance” para conseguir sus objetivos.

A través de un comunicado emitido por Greenfiber, la sociedad instrumental creada por el grupo portugués junto con la gallega Greenalia para promover la fábrica, la empresa ha señalado que “no se ha recibido comunicación oficial sobre la inclusión o exclusión de 'Gama' [nombre comercial de la celulosa] en dicha planificación”. “Cuando se notifique la decisión, se procederá a analizar detalladamente los argumentos técnico-económicos aplicados y se estudiará la posibilidad de presentar alegaciones siguiendo el curso administrativo habitual una vez la planificación de red se eleve a público”, añade.

En cualquier caso, no se queda corta en descalificar la decisión del Gobierno central: “De producirse la exclusión, todo apuntaría a que se está ante una decisión puramente política, que no está basada en criterios técnicos, como debería ser”, dando a entender que la creación de una enorme fábrica de celulosa en el corazón territorial de Galicia con todas las afecciones ecológicas que supondría es una suerte de destino técnico.

Bajo la misma retórica de la multinacional papelera, que sigue haciendo serios esfuerzos de propaganda en la prensa gallega, también habría sido técnica la negociación durante meses con el Gobierno gallego del entonces presidente de la Xunta de Galicia, Albert Núñez Feijóo —presentaron juntos el proyecto—; sería técnica la decisión de absorber 46 millones de litros de agua al día, devolverla hasta tres grados por encima de la temperatura media del río Ulla, expropiar las tierras agrarias de vecinos y vecinas de A Ulloa, crear una sociedad público-privada ad hoc y, por supuesto, aspirar a recibir 250 millones de euros de dinero público. Hacia el final del comunicado, el giro discursivo se vuelve sinuoso: “La potencial exclusión del proyecto de la planificación eléctrica supondría obligar al territorio a renunciar a una instalación que contribuiría a su descarbonización”.