Fronteras
La Regularización deja al descubierto el drama del padrón

El plazo para presentar la solicitud de regularización extraordinaria terminó el pasado 30 de junio, pero el proceso sigue, y queda mucho. Desde abril, 1.2 millones de personas que habitaban y trabajaban en el estado español solicitaron sus papeles para así acceder a derechos. El acompañamiento por parte de entidades y organizaciones sociales de estos miles de caminos de vida, ha destapado realidades que toca analizar, cómo este impactante 26% de solicitantes originarios de Colombia o el desorden que existe en los censos de los municipios, es decir el padrón.

“A la gente no empadronada le ha costado más acreditar que llevaba residiendo en el estado español el tiempo que se pedía, pero por suerte la normativa de la regularización permitía cualquier prueba en derecho, al igual que lo permite la regulación normal de los diferentes tipos de residencia a través de arraigo”, asegura Laia Costa, activista jurídica de la Fundación FICAT. “El problema es que a la hora de la verdad, siempre acaban pidiendo el empadronamiento”, denuncia la jurista. 

La trampa del padrón

La hora de la verdad, en este caso, puede ser la cita para la toma de huellas en la policía, necesaria para obtener la Tarjeta de Identidad de Extrajero (TIE) —un trámite casi imposible, por otro lado, porque desde hace meses, y previo a la regularización, es una odisea conseguir citas. “Hasta ahora siempre han pedido el padrón para huellas, pero con la regularización no deberían de pedirlo, lo dice muy claro la nueva instrucción, y esto debería abrir la veda a que no se pida más: porque ahora no y luego de nuevo sí?”, se pregunta la abogada.

“Esta es la primera regularización que se hace sin que sean obligatorios el contrato de trabajo, el pasaporte en vigor o el padrón y no vamos a permitir que sea una variable de ajuste para obtener la TIE: seguiremos luchando” asegura Vicky Canalla, portavoz del Movimiento Estatal RegularizaciónYA. Según Costa “esto será un problema grave, porque hemos visto muchísimas personas que no están empadronadas en el lugar donde viven o directamente no están empadronadas”.  Sin este documento, la policía puede denegarles la toma de huellas o exigirles desplazarse a provincias donde ya no residen para poder tramitar su tarjeta física.

Esto es lo que más está indignando a colectivos migrantes y antirracistas: el decreto de esta regularización extraordinaria se diseñó específicamente para ser flexible y no exigir el padrón como requisito obligatorio de entrada, porque el mismo gobierno es conocedor de las enormes dificultades que tienen muchas personas migrantes —y no migrantes— para conseguirlo. “Observamos personas que, incluso en la ciudad de Barcelona (donde todavía es posible hacerlo), han intentado de forma reiterada empadronarse en la sede de servicios sociales a través de la figura del empadronamiento sin domicilio fijo, y solo lo han conseguido después de muchos meses y muchas solicitudes” continúa Laia Costa. No todo el mundo tiene el tiempo, la energía o las herramientas para dar esa lucha.

Cada vez aparecen más casos de personas que alquilan una habitación “sin derecho a padrón”, según puede leerse fácilmente en anuncios

El falso “Sin derecho a padrón”

“Yo estoy empadronado en Girona, pero vivo en Barcelona. Intenté sacar el certificado de vulnerabilidad en los dispositivos del ayuntamiento de Barcelona pero no se me permitía sin el padrón. Finalmente fue más sencillo ir a Girona a gestionar mi expediente”. Así como este joven original de Perú que prefiere mantener el anonimato, muchas personas que han hecho una solicitud en el proceso de regularización extraordinaria han tenido algunas dificultades para tramitar su expediente por causa de su situación con el empadronamiento, a pesar de que no fuera requisito.

En su caso, el joven vivió en Girona un tiempo, se empadronó allá, y luego encontró un trabajo mejor en Barcelona y se mudó a la capital catalana sin cambiar su padrón. Pero la historia no suele ser esta. Según denuncian distintas abogadas y activistas que acompañan personas en situación de exclusión residencial, cada vez aparecen más casos de personas que alquilan una habitación “sin derecho a padrón”, según puede leerse fácilmente en anuncios de Idealista. 

“Habitación con ventilador y cerradura. No se permite empadronar, contrato estancias cortas prorrogables. 400€ más gastos“, predica un anuncio en esta plataforma en Alicante. “Se alquila una habitación sin padrón ni contrato para una o dos personas, pareja o madre soltera, 350€”, en Álava. “Habitación con ventana a patio interior. Sin aire. No se permite larga temporada. No se permite empadronar. 500 €”, en Málaga. “Habitación interior ideal para persona que solo vaya a dormir. 400€ sin derecho a padrón“, en Barcelona.

Se ha repetido y repetido, pero este tal concepto del “derecho al padrón” no existe. El padrón no es un derecho, y si lo fuera no lo concedería el propietario, fondo de inversión o arrendador de turno. Quien debe garantizar el acceso al padrón es el ayuntamiento. Tan sencillo como que “El padrón es el registro administrativo donde deben constar inscritas las personas que viven en un municipio”, tal como predica el artículo 16 de la Ley 7/1985. Y para las personas que no puedan empadronarse allá donde vivan, como explicaba Laia Costa, existe la figura del empadronamiento en domicilio ficticio o sin domicilio fijo. 

La ley frente a los alcaldes que no empadronan

La instrucción del 29 de abril de 2020 desarrolla claramente que es obligatorio “empadronar a toda persona que reside en el municipio con independencia de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda” o de las “circunstancias físicas, higiénicas o sanitarias o de cualquier otra clase que afecten al domicilio”. En consecuencia, la norma establece que las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, habitaciones subarrendadas, okupas, etc., e incluso en ausencia total de techo) “pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón”.

La obligación recae en los ayuntamientos, no en los propietarios, debiendo empadronar a todos los habitantes de su municipio, todos. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es muy distinta. Desde la Red de Entidades por el Padrón denuncian que “actualmente, el padrón se ha convertido en una herramienta de negación de derechos por parte de la mayoría de partidos y de muchos ayuntamientos”. Un nuevo informe de la Federación ECAS evidencia que por lo menos 60 ayuntamientos de Cataluña “vulneran la obligación de empadronar y convierten el padrón en una barrera administrativa que excluye de manera estructural.”

Según Sonia Lacalle, abogada de Cáritas y miembro de la Red de Entidades por el Padrón, ante esta realidad es necesario desmontar “una falsedad interesada: el padrón no “otorga” derechos. Nadie tiene derecho a la educación, a la salud, a los servicios sociales o a iniciar un procedimiento de regularización porque un ayuntamiento le empadrone. Los derechos los otorgan, reconocen y desarrollan las leyes”. “Los derechos no nacen del padrón”, reitera para más rotundidad, “nacen de las leyes. Precisamente por eso resulta tan grave que una administración utilice el padrón para bloquear su ejercicio”, continua Lacalle

“El padrón se ha convertido en una herramienta de negación de derechos por parte de la mayoría de partidos y de muchos ayuntamientos”

Exclusión residencial y padrón

“La realidad es que estamos viendo muy pocos empadronamientos en domicilio ficticio en otros municipios de Cataluña que no sean Barcelona”, lamenta la jurista Laia Costa. Por más que las categorías europeas ETHOS sobre exclusión habitacional dejan claro que si hay riesgo de perder la vivienda debe considerarse que se vive en infravivienda, muchas administraciones locales se niegan a empadronar sin domicilio fijo a estas personas.

La traba no es menor en un territorio asfixiado por los precios de la vivienda. Según el último informe de la Fundación FOESSA (impulsada por Cáritas), el 24% de los hogares españoles sufre algún rasgo de exclusión residencial. Cataluña lidera con creces esta problemática: las situaciones asociadas a la dificultad para pagar, el hacinamiento, la infravivienda o los alquileres inseguros afectan a una de cada cuatro personas (el 25%). En este ranking de exclusión habitacional, a Cataluña le siguen Baleares y Canarias; precisamente, las tres comunidades autónomas con más turismo de España.

“Tenemos la ciudad patas arriba”, asegura Delia Cerare, portavoz de la PAH en Barcelona. En las asambleas de la plataforma llegan cotidianamente “familias a las que no les quieren alquilar nada y familias que logran alquilar con la condición de que no se empadronen ahí”, relata. “Normalmente son subarriendos, y lo que solemos hacer es acompañarlos a empadronarse de todos modos pero si la propiedad se entera hay conflicto, los echan. Sino, buscamos de empadronarlos en otros sitios, incluso otros municipios, o acaban pagando por empadronarse”. Las mafias han creado un mercado también del padrón, se están cobrando de 500 a 2.000€ por empadronar.

Esta misma exclusión es la que está provocando que para los arrendadores de pisos y habitaciones, empadronar a sus inquilinos sea visto como un riesgo financiero. Muchos temen perder deducciones fiscales, ayudas al alquiler o prestaciones sociales condicionadas a los ingresos de la unidad familiar (como el Ingreso Mínimo Vital, pensiones no contributivas, el bono social de la luz o becas de estudio). A esto se suman miedos infundados y mitos recurrentes, como el temor a que los inquilinos “okupen” la vivienda si se empadronan en ella.

El resultado de este laberinto burocrático y social acaba impactando en el último paso para conseguir los papeles. “El padrón no puede volver a ser un problema a la hora de sacar la TIE. Es muy importante que la sociedad y el gobierno tomen conciencia de la necesidad y la urgencia de empadronar a todas las vecinas y vecinos que viven y trabajan en un municipio”, asegura Vicky Canalla, portavoz de RegularizaciónYA. “Estamos decepcionadas con la falta de sanciones para los ayuntamientos que no empadronan, que no son solo los que están en manos de la ultraderecha”, zanja la portavoz.