Feminismos
Toni Morillas: “Lo que estamos haciendo es tan relevante que no vamos a dar ningún paso atrás”

Toni Morillas (Torredonjimeno, 1982) dirige el Instituto de las Mujeres desde que en abril de 2021 sustituyó a Beatriz Gimeno en el cargo cuando esta lo dejó para presentarse a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. La amplísima reforma de la Ley Orgánica de Salud sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que está liderando el instituto, es uno de los grandes retos de Morillas, que se muestra satisfecha con los avances que introduciría esta reforma —como la garantía de que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda producir en la Sanidad pública—. 

Pese a que los ataques contra las políticas públicas de Igualdad suelen tener como objetivo al Ministerio y a la ministra, Irene Montero, Morillas sabe que la institución que dirige no es ajena a la vorágine de la desinformación. Hablamos con ella en plena avalancha de ruido sobre las rebajas de penas a condenados por delitos contra la libertad sexual. 

En agosto de 2022 se envió el anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto al Congreso. ¿En qué fase está y cuáles son los próximos pasos?
Está ahora mismo en la fase de constitución de la de la ponencia en el Congreso de los Diputados y la fase que viene ya es la de la tramitación parlamentaria que ha sido por vía de urgencia, lo cual permite que se acorten todos los plazos de tramitación y que podamos estar en un marco en el que, muy probablemente, a finales de año podamos tener la reforma de la Ley 2/2010.

¿Finales de año no es un plazo muy optimista?
Bueno, somos optimistas porque hemos trabajado para que así sea. Obviamente luego la tramitación parlamentaria puede tener su ritmo.

Suena demasiado optimista después de haber asistido a varios retrasos en la ley trans en las últimas semanas. ¿Se puede esperar que ocurra lo mismo con la reforma de la ley del aborto, que también toca temas sensibles ideológicamente?
No esperamos que lo haya porque en los temas fundamentales hay un amplio nivel de acuerdo en la mayoría de investidura. La mayoría que que dio lugar al Gobierno de coalición tiene un nivel de consenso importante en torno a lo que son los principales elementos que plantea esta ley. 

¿Cuáles son?
El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es uno de los bloques centrales, además de lo que ya formaba parte del acuerdo del acuerdo del pacto de gobierno de coalición, que era restituir los derechos a las mujeres de 16 y 17 años y a las mujeres con discapacidad, es decir, la rectificación de lo que hizo el Partido Popular en el año 2015. Además de esto, hemos incorporado otro elemento que también ha sido ampliamente discutido como es garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública. Hemos incorporado el criterio de que se tenga que garantizar la IVE atendiendo al criterio de proximidad.

Y, por otro lado, está la puesta en marcha del instrumento del registro de objetoras y objetores de conciencia, un instrumento poderoso para regular la objeción de conciencia en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo porque va a permitir que las con las comunidades autónomas, las consejerías de Sanidad, dispongan de una herramienta de diagnóstico para radiografiar cuál es la realidad y a partir de ese diagnóstico poder tomar medidas que garanticen el objetivo último que es que todas las mujeres puedan tener garantizada con criterios de proximidad la interrupción voluntaria del embarazo. Esto no es menor, sobre todo teniendo en cuenta la reflexión que hacíamos en el proceso de participación previo que tuvimos con la sociedad civil y que ha dado lugar a los elementos más relevantes de modificación de la ley. Había un problema que tenía que ver con que más del 85% de los abortos se producían en la sanidad privada. 

Hay otro problema ampliamente conocido, que era el acoso en la puerta de la clínica a las mujeres y a las trabajadoras de las clínicas. Y otro problema más es que había comunidades autónomas enteras y provincias enteras en las que no se realizaban abortos, con lo que eso suponía en términos de desplazamiento, de gasto, etcétera. Por tanto, con este planteamiento, lo que hemos intentado es atender a esto fundamentalmente y también a una demanda histórica del movimiento feminista cuando se hizo la ley de 2010: que se avance hacia la garantía del aborto en la sanidad pública.

Entiendo que la reforma de la ley plantea dos temas susceptibles de chocar con los estamentos médicos. Uno es la objeción de conciencia, que se regulará, y el otro era la inclusión de la violencia obstétrica, que se eliminó. ¿Ha sido una cosa a cambio de la otra o no?
No ha sido una cosa a cambio de la otra. Nuestro objetivo y nuestra voluntad era que esta reforma permitiera reconocer la violencia obstétrica y que esta apareciera reconocida como una forma de violencia contra la mujer en el ámbito reproductivo. Que se reconociera también que, cuando hablamos de violencia gineco-obstétrica, estamos hablando de un tipo de violencia que responde fundamentalmente a un tipo de cultura biomédica que es hegemónica y que, por tanto, es necesario poner herramientas que sean capaces de transformar esa cultura. No lo hemos conseguido, y no lo hemos conseguido fundamentalmente porque fue una de las líneas rojas que nuestro socio de gobierno planteó. Bajo mi punto de vista, este es de los grandes temas que, además, nos habíamos propuesto como uno de los objetivos políticos importante.

Pero sí hemos dado un avance. Lo destaco partiendo de que no somos autocomplacientes y de que sabemos que es absolutamente insuficiente, pero es avance con respecto a lo que había: la propuesta de una serie de instrumentos en términos de política pública que nos van a permitir avanzar hacia el parto respetado. Existe una Estrategia de Atención al Parto Normal antiquísima, y ya en esa estrategia, que es del año 2007, había algunos planteamientos que son los que venimos defendiendo ahora también: hay que situar la toma de decisión de la mujer en el centro. Esto ya se contemplaba, pero lo que ha ocurrido es que el sistema sanitario en nuestro país no ha dispuesto de instrumentos de política pública lo suficientemente eficaces para que lo que dice esa estrategia llegara a todos los hospitales y a todas las mujeres.

Hemos planteado un bloque que tiene que ver con la recogida de información e investigación y que esto sea asumido como una obligación por parte del Estado. Me parece que esto es importante. Y, en segundo lugar, planteamos que pueda haber un protocolo común de actuaciones que nos permita poner el consentimiento informado en el centro y establezca cómo se concreta esa Estrategia de Atención al Parto para que llegue a todos los paritorios.

También hemos incorporado una parte que tiene que ver con la formación en el acceso al empleo público y en el currículum educativo de las Ciencias de la Salud que, de alguna manera, va a venir acompañando un proceso de cambio que también me gustaría destacar, porque ya también está ocurriendo, y está ocurriendo fundamentalmente liderado por matronas, por ginecólogas, por mujeres que son conscientes de que en algún momento de su trayectoria profesional, de manera inconsciente, han podido ser partícipes de la violencia obstétrica, y son conscientes y están comprometidas con avanzar hacia otro modelo de atención al parto.

Has dicho que esta fue una una de las líneas rojas, ¿ha habido otras?
Ha habido temas de discusión abierta y hay matices porque pertenecemos a espacios políticos diferentes. Pero creo que el elemento fundamental ha sido ha sido ese. 

Garantizar la educación sexual es uno de los puntos fuertes de esta reforma de ley y que también recoge la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Pero la educación sexual ha venido apareciendo y desapareciendo en diferentes leyes educativas con la idea siempre de transversalidad sin que se haya generalizado. ¿Qué va a cambiar con esta ley para que realmente se garantice cuando existen ya leyes y no está ocurriendo?
La pregunta es qué está fallando para que, habiendo marco normativo que ya establece la necesidad de que el currículum educativo incorpore de manera transversal la educación sexual, esto no esté llegando a las aulas. La reflexión la podríamos extrapolar también a lo que comentábamos antes de qué ocurre con la Estrategia de Atención al Parto Normal.

¿Qué es lo que hemos planteado en la reforma? En primer lugar, que en la medida en que estamos hablando de un derecho, la educación sexual tiene que formar parte de toda la etapa de la educación obligatoria, en primaria y en secundaria, y que los profesionales docentes tienen que tener formación especializada. En segundo lugar, esto exige que por parte de las comunidades autónomas, y también por parte de la Administración General del Estado, se garantice la formación del personal docente con enfoque de género y de derechos humanos. Y, en tercer lugar, de la misma manera que lo planteábamos en el ámbito de la salud, se incorpora también la educación sexual como parte del currículum de las Ciencias de la Educación y en la oposición al empleo público.

Serán las comunidades autónomas las que tendrán que aplicar las modificaciones del currículo que les corresponden por competencia directa para garantizar que la educación sexual sea un derecho. Desde nuestra competencia en el Instituto de la Mujeres, lo que ya hemos hecho es poner en marcha un programa piloto de educación sexual con el objetivo, de alguna manera, de poner sobre la mesa una muestra de cómo se puede abordar también la educación sexual. Y también con el objetivo de ponerlo a disposición de las comunidades para que pueda haber un aprendizaje, una reflexión en torno a esto y que la educación sexual deje de ser la asignatura pendiente que sigue siendo en nuestro país. 

Los niños y las niñas tienen que poder acceder a la educación sexual cuanto antes, si puede ser en la educación infantil, tanto mejor

Este verano han estado saltando alarmas constantes sobre supuestos pinchazos a mujeres en discotecas para cometer delitos sexuales. Estamos viendo esta semana cómo se está creando alarma con el tema de las reducciones de condena por la Ley de Libertad Sexual. En este contexto de terror sexual que viene denunciando el feminismo, ¿cuál es la educación sexual que se puede dar y cómo garantizar que no se convierta en un campo de batalla, incluso entre feministas?
El planteamiento que nosotras hacemos para avanzar hacia una cultura sexual del consentimiento es que, además de la reforma del Código Penal que supone la ley, es fundamental que fortalezcamos los instrumentos de prevención y de protección. Y ahí el papel de la educación sexual es clave. Yo creo que hay aportaciones por parte del feminismo en torno a cómo abordar la prevención de la violencia, pero también sobre cómo abordar una sexualidad que sea libre y que sitúe a las mujeres también como sujeto de deseo. 

La reflexión que tenemos que hacer es partir de ahí. Los niños y las niñas tienen que poder acceder a la educación sexual cuanto antes, si puede ser en la educación infantil, tanto mejor, porque más herramientas van a tener para prevenir abusos sexuales, para tener habilidades comunicativas, para que cuando haya abuso puedan recurrir a una persona que les provea de seguridad y que pueda poner en marcha los dispositivos para protegerla.

Cuando defiendes el acceso de la educación sexual cuanto antes, ¿no te da miedo que te venga la extrema derecha a acusarte de apología de la pederastia? En otras palabras, ¿de qué forma condiciona este contexto de violencia política el trabajo que se hace en políticas de igualdad?
¿Pretenden condicionarlo? Sin duda. La violencia política con la que la que se ataca a las mujeres feministas que están impulsando las principales transformaciones que estamos viviendo en nuestro país pretende lanzar un mensaje a las mujeres, y en particular a las mujeres feministas, de disciplinamiento. La mala noticia es que es tan relevante lo que estamos haciendo y hay tantas vidas en juego que no vamos a dar ningún paso atrás. La fuerza de la ética, de la convicción, del feminismo y de lo que estamos haciendo está por encima de la cultura del miedo que pretenden generar. Las feministas hemos sufrido históricamente ataques, no es nada nuevo, y más cuando se está en posiciones de responsabilidad política, de poder, cuando se tiene la posibilidad de cambiar las leyes, de cambiar la política pública, de darle la vuelta a los privilegios, de cambiar la norma y las reglas del juego.

Lo que tienen que encontrar enfrente quienes pretenden amedrentarnos es un frente unido, una alianza fuerte y sólida para combatir un proyecto político autoritario que pretende devolvernos a las mujeres a los roles más clásicos del patriarcado

Lo que tienen que encontrar enfrente quienes pretenden amedrentarnos es un frente unido, una alianza fuerte y sólida para combatir un proyecto político autoritario que pretende devolvernos a las mujeres a los roles más clásicos del patriarcado. Nosotras tenemos que contraponer el proyecto democratizador que representa el feminismo en toda su amplitud. Cuando hablamos de un proyecto democratizador estamos hablando de democratizar desde la cama, a la casa, los parlamentos. 

El Instituto de las Mujeres ha sacado hace poco otra campaña sobre violencia estética y es la segunda que hemos conocido en los últimos meses. ¿A qué responde este enfoque?
Esta campaña continúa un trabajo que es referente del Instituto de las Mujeres a través del Observatorio de Imagen de la Mujeres que consiste en canalizar las quejas y fiscalizar cómo a través de los medios de comunicación y de la publicidad se construye una imagen de las mujeres que reproduce estereotipos de género. Este trabajo lo lleva haciendo el Observatorio mucho tiempo y estamos intentando darle una nueva visibilidad.

Lo hicimos con la acción comunicativa del verano y lo hemos hecho este otoño, con la campaña Soy real, soy auténtica, donde básicamente lo que pretendemos poner sobre la mesa cómo los estereotipos de género nos condicionan y cómo hay toda una serie de violencias y de discriminaciones que se producen en el ámbito de lo estético y que afectan a la autopercepción que las mujeres tenemos sobre nosotras y a nuestra salud. Los datos en relación a los trastornos de conducta alimentaria son realmente aterradores. En ese sentido también hemos lanzado una cátedra con la Universidad de Granada para que no solo hagamos ese trabajo de sensibilización sino que también podamos apoyar investigaciones sobre cómo opera esa discriminación y que esto pueda dar lugar a a políticas públicas concretas. 

La campaña del verano generó una gran polémica cuando varias mujeres denunciaron que se había usado su imagen sin su consentimiento. ¿Cómo se ha resuelto?
Esta institución resultó dañada porque una campaña bien pensada y bien enfocada resultó tener una mala ejecución de la que nosotras no tuvimos responsabilidad, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotras contratamos una ilustración, firmamos los documentos de cesión de derechos que teníamos que firmar, y la mala ejecución por parte de la contratista nos ha generado un daño. Hemos extraído algunos aprendizajes en torno a cómo enfocar todo lo que tiene que ver con con las campañas de comunicación y de publicidad. Pero, sin duda, nosotras resultamos dañadas con eso. En este momento no hemos recibido demandas de indemnización y ha quedado entre la artista y ellas. 

Hay que volver al origen de la ‘ley del solo sí es sí’ y decir que es una conquista del movimiento feminista y que supone un cambio de paradigma en el cómo se concibe la violencia sexual en nuestro ordenamiento jurídico

Esta semana el debate ha girado en torno a la reducción de condenas en aplicación de la ley de libertad sexual. ¿A qué crees que responde esta alarma que se está generando y qué responsabilidad tiene el Ministerio de Igualdad?
Creo que hay que volver al origen de la ‘ley del solo sí es sí’ y decir que es una conquista del movimiento feminista y que supone un cambio de paradigma en el cómo se concibe la violencia sexual en nuestro ordenamiento jurídico y cuáles son los instrumentos que tenemos desde la ley penal a la prevención, protección y demás. Ese cambio de paradigma también requiere de un proceso de transición y de unificación de los dos tipos penales y es necesario que haya un criterio que permita que la interpretación que se haga de la de la ley por parte del Poder Judicial se ajuste y atienda a cuál es el objetivo de la ley.

Lo que estamos viendo es una mala aplicación de la ley y algunas interpretaciones que benefician a los agresores. También estamos viendo otras 54, concretamente, que hacen una interpretación distinta en beneficio de las víctimas. Por lo tanto, probablemente la reflexión que tenemos que hacer es cómo hacemos para garantizar que la interpretación que se haga de la ley sea una interpretación feminista y que atienda al objetivo del legislador, que no era otro que el de garantizar la seguridad y la protección de las mujeres.

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El Instituto de las Mujeres se cambió de espacio e inició unas obras para albergar el archivo de Marisa Mediavilla. ¿Cuándo estará listo ese espacio?
Estamos con la obra de la biblioteca y esperamos que a mediados de año las podamos tener finalizadas para poder albergar 30.000 ejemplares. Cuando esté terminada la obra, que yo espero que sea como muy tarde en mayo o junio, habrá una biblioteca y podremos resignificar este espacio. Creo que estamos haciendo un esfuerzo importante, tanto con el traslado a este edificio, que era una demanda histórica por parte de las trabajadoras, como a través de las actividades que organizamos en el propio Instituto. La biblioteca de mujeres será una referencia en el ámbito de la investigación y de la documentación. 

Uno de los cometidos, entiendo, del Instituto de las Mujeres es el contacto, el diálogo, con el movimiento feminista. ¿Hay un diálogo abierto entre el instituto y el movimiento feminista?
Sí, claro. El instituto dialoga permanentemente con el movimiento feminista. Lo que pasa es que el movimiento feminista, afortunadamente, es plural, es diverso y se expresa de diferentes maneras. Nosotras tenemos líneas de diálogo y de trabajo abiertas con organizaciones que son muy diversas. Ahora estamos con el proceso de debate que va a culminar con la elaboración de una Estrategia Estatal de Cuidados y que ha permitido poner en marcha un nuevo instrumento de participación, la Mesa Asesora por los Cuidados, que es un espacio donde están representadas más de 70 organizaciones feministas y en diciembre termina el proceso con esa elaboración de ese documento base que recoja las aportaciones de la sociedad civil a la futura estrategia. El trabajo que estamos haciendo con el movimiento feminista creo que es amplísimo.

Hay un sector del movimiento feminista que es claramente contrario a las políticas que está llevando a cabo el Ministerio de Igualdad. ¿Se puede dialogar con un sector que en ocasiones muestra afinidad con las tesis de la extrema derecha?
Nosotras dialogamos con todo el movimiento feminista, pero también tenemos unos posicionamientos políticos muy claros y tenemos muy claras cuáles son nuestras responsabilidades. Decidimos y tomamos posición. Ahora, insisto, en el Consejo de Participación de las Mujeres hay muchas organizaciones, y hay organizaciones que son profundamente críticas con el trabajo que hacemos del Ministerio de Igualdad. Pero nosotras asumimos la responsabilidad institucional que tenemos, asumimos que el movimiento feminista es diverso y asumimos también que hay debates en el movimiento feminista que son muy intensos. Lo que tenemos que intentar es que siempre se produzca en el marco de los derechos humanos y del respeto, de manera que podamos, como ha hecho históricamente el movimiento feminista, encontrar mínimos que nos permitan seguir avanzando juntas.