Extremadura
El TSJEX frena el enésimo “atajo” de la Junta para salvar la Marina de Valdecañas

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha emitido una resolución en el marco del procedimiento contencioso administrativo que enfrenta a la Federación Ecologistas en Acción de Extremadura con la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura. El conflicto se centra en el Decreto 180/2025 de 16 de diciembre, que ajusta los límites de zonas de especial protección de aves en la región. Esta área cuenta con un historial judicial de dos décadas, incluyendo resoluciones previas del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que ordenaron en firme la demolición total del complejo urbanístico ubicado en la isla del embalse.

Suspensión cautelar del Decreto 180/2025

A través del Auto 100/2026 fechado el 5 de junio de 2026, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha accedido a la medida cautelar solicitada por la organización recurrente. En consecuencia, el tribunal ha acordado la suspensión de la eficacia y ejecutividad del mencionado decreto, específicamente en lo relativo a la ZEPA Embalse de Valdecañas. Esta medida judicial evita la aplicación temporal de la norma mientras se resuelve el fondo del recurso.

Durante el procedimiento la Junta de Extremadura argumentó que el decreto no pretendía la descatalogación de espacios de la Red Natura 2000, sino la corrección de errores derivados de imprecisiones cartográficas. La administración sostuvo que la descripción original de los límites se basó en mapas en papel con escalas inadecuadas y que el actual ajuste se había realizado utilizando tecnología LIDAR de alta precisión. Según esta justificación oficial, el objetivo era hacer coincidir los límites con las cotas reales de máximo llenado del embalse y respetar las fronteras oficiales con Castilla La Mancha.

Razonamiento judicial sobre la falta de justificación ambiental

El auto judicial desestima la argumentación técnica de la Junta señalando que existe una extemporaneidad en el intento de corregir estas imprecisiones. La Sala expone expresamente que no aprecia una justificación técnica y ambiental real para el cambio de delimitación establecido en el decreto. Además, el tribunal indica que la exclusión de la zona protegida de la Isla Valdecañas excede la apariencia de una mera corrección de errores y puede suponer un atajo para resolver otros problemas derivados de las sentencias firmes previas de demolición.

Los magistrados fundamentan la suspensión en el riesgo procesal, advirtiendo que la entrada en vigor del nuevo decreto podría dificultar en extremo la ejecución de las sentencias firmes ya dictadas. El tribunal considera que la aplicación de la norma autonómica supondría la apertura de un nuevo frente litigioso sobre el fundamento de la orden de demolición, lo que haría perder la finalidad legítima al recurso interpuesto por los ecologistas.

Exención de fianza económica a la parte recurrente

En la parte dispositiva de su auto, el tribunal exime a la Federación Ecologistas en Acción de prestar caución o fianza económica para que la suspensión sea efectiva. El fallo judicial sustenta esta decisión en que la organización actúa en ejercicio de una acción popular orientada a la protección de un bien colectivo como es el medio ambiente, persiguiendo fines que trascienden el beneficio propio de la asociación y que resultan coherentes con los objetivos de acceso a la justicia plasmados en el Convenio de Aarhus.