Extremadura
Extremadura se movilizará “contra el saqueo y el expolio de sus recursos” el 7 de septiembre en Mérida

Casi medio centenar de colectivos han convocado una movilización en Mérida el próximo 7 de septiembre, con motivo de la celebración del acto de entrega de las Medallas de Extremadura por parte de la Junta de Extremadura en el Teatro Romano de esta ciudad, con el objetivo de denunciar “las políticas de expolio y saqueo de los servicios públicos y los recursos naturales de Extremadura llevados a cabo por la coalición de PP y Vox, encabezado por María Guardiola”.

La movilización comenzará con una manifestación que partirá desde el Parque de las 7 sillas a las 19 horas, finalizando en una concentración a las puertas del Teatro Romano, con el objetivo de protestar ante el 'paseíllo' del poder político, económico y social que desfilará ese día en la entrada de esta ceremonia.

Unidos bajo la plataforma 'Colectivos en Lucha de Extremadura', denuncian en un comunicado conjunto que “asistimos con gran preocupación a la proliferación de macroproyectos extractivos de dimensiones gigantescas por toda nuestra geografía que no dejan nada bueno en Extremadura”.

En este sentido hacen referencia explícita a “las macroplantas de biogás del todo innecesarias y con unos perjuicios muy importantes para las poblaciones cercanas a su lugar de instalación, que ni tan siquiera generan empleo en la zona”. Lo mismo ocurre según ellos “con las macroplantas fotovoltaicas que inundan nuestros campos en una región que exporta el 80 por ciento de la energía que produce”.

Además, añaden que “los proyectos mineros, de centros de datos y plantas de hidrógeno no hacen más que profundizar en el expolio y el saqueo, entre otras cosas, del agua que atesoramos en Extremadura”, y ven la Central Nuclear de Almaraz y su prórroga “como una parte más del colonialismo energético al que nos tienen sometido Iberdrola, Endesa y Naturgy”.

Por su parte opinan que “el problema no es la tecnología, sino el modelo que imponen las grandes eléctricas ya que el autoconsumo fotovoltaico y el aprovechamiento del biogás a pequeña escala tendrían muchos beneficios para las familias extremeñas”.

Capítulo aparte dedican a los servicios públicos, tanto sanitarios como educativos y de dependencia. En su opinión “necesitados de más personal y financiación para reducir las ratios y listas de espera”. Defienden “el derecho a una vivienda digna y asequible ante la especulación progresiva con los alquileres en nuestra región”.

La agricultura extremeña, según Colectivos en Lucha Extremadura, “necesita ayuda para dejar de depender de decisiones de unos pocos que imponen precios en origen por debajo o al nivel de los costes de producción que arruinan a nuestro sector primario”. Además reivindican “el papel fundamental de la ganadería extensiva para evitar incendios” y exigen “aumentar la inversión y plantilla en nuestros equipos de bomberos para evitar catástrofes”.

Finalizan el comunicado denunciando “la decisión de la Junta de Extremadura de eliminar los fondos para la Agencia Extremeña de Cooperación que les llevará a la desaparición, así como que se desentiendan de la apertura de edificios públicos cerrados desde hace tiempo que podrían servir de refugio para la población migrante que viene a nuestra tierra buscando un futuro mejor”; consideran “una aberración la eliminación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura en una tierra en la que la barbarie y la sinrazón se cebaron con las personas que creían y defendían la paz, la libertad, la igualdad y la democracia”; y reclaman “mayor inversión en lo fundamental para la vida en lugar de apoyar la industria de la guerra y el genocidio como la fábrica de armamento de Rheinmetall en Navalmoral de la Mata”.

Por todo ello hacen un llamamiento para que la ciudadanía extremeña se movilice en masa el próximo 7 de septiembre en la manifestación que tendrá lugar en la capital regional, y confirman que ya se están organizando autobuses para asistir desde diferentes lugares de Extremadura como Miajadas, Vivares, Plasencia o La Coronada, entre otros, municipios afectados por la construcción de macroplantas de biogás y biometano.