Extremadura
Aulas que son infiernos: la comunidad educativa exige “poner pie en pared” ante la inacción de la Consejería

Con la llegada anticipada de las temperaturas extremas, las aulas de los centros educativos de Extremadura vuelven a convertirse, un año más, en auténticos hornos. La indignación en los claustros va en aumento ante una situación que se repite de manera cíclica cada fin y principio de curso. “Año tras año llegan las temperaturas extremas y seguimos trabajando en estas condiciones. Ni los niños ni las trabajadoras deberíamos estar por encima de lo que dice la ley”, denuncia un docente de la región.

El marco legal al que se aferra el sector educativo es claro: el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. En su Anexo III, la normativa estatal estipula de forma taxativa que la temperatura en locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares —como es el caso de las aulas— debe estar comprendida estrictamente entre los 17°C y los 27°C. Una barrera legal que, según denuncian los colectivos y sindicatos, se pulveriza sistemáticamente en decenas de colegios e institutos públicos de la comunidad autónoma.

La Junta delega la responsabilidad bajo el mantra de la “autonomía”

Frente a la realidad de unas infraestructuras educativas obsoletas y sin climatización adecuada, la respuesta institucional ha vuelto a encender los ánimos del profesorado. En un correo remitido esta misma semana a los equipos directivos por la Secretaría General de Educación de la Junta de Extremadura, la administración autonómica traslada su “apoyo y reconocimiento por el esfuerzo diario” y remite un paquete de instrucciones firmado por el Secretario General de Educación, José Pedro Catalán Durán.

Sin embargo, los textos oficiales dejan en evidencia la desconexión entre los despachos y la realidad a pie de aula. En el “Documento Informativo sobre Medidas Extraordinarias ante Altas Temperaturas”, la Junta estipula que solo con alerta amarilla del plan METEOALERTA se podrán adoptar medidas excepcionales como la reducción de la jornada lectiva. Una reducción que, según la propia resolución, no exime al centro de seguir atendiendo al alumnado cuyas familias lo soliciten, obligando a los equipos directivos a “organizar los recursos” para mantener comedores, transportes y aulas matinales con normalidad, lo que en la práctica significa mantener los centros abiertos en plenas horas de calor extremo.

El segundo texto, un “Anexo Orientativo” que ejerce de guía de recomendaciones, ha sido calificado por sectores docentes de “parche burocrático”. En él, la Consejería delega la salud comunitaria en un ambiguo “principio de flexibilidad y sentido común”. Entre las soluciones propuestas por la Junta de Extremadura se encuentran medidas como “reubicar grupos en aulas con mejores condiciones térmicas”, “favorecer el uso de gorras o protección solar”, “evitar actividades en exteriores” o instar a los propios centros a que utilicen o soliciten “ventiladores o climatizadores portátiles” si les resulta posible.

Aunque la Consejería saca pecho argumentando que hay actuaciones en marcha en unos 70 centros de Infantil y Primaria y promete una segunda convocatoria dotada con 20,7 millones de euros para otros 130 centros, la realidad es la de un escenario fragmentado y desigual que la Junta justifica bajo el argumento de la “autonomía organizativa de cada centro”.

La realidad a pie de aula (o de pasillo) no entiende de circulares institucionales. En imágenes a las que ha tenido acceso este medio, tomadas en un centro educativo extremeño a las 11:00 de la mañana, los termómetros interiores ya alcanzaban los 31,1°C, sobrepasando con creces el límite de 27°C fijado por la ley de prevención de riesgos, mientras en el exterior el mercurio rozaba ya los 39°C. La situación, lejos de aliviarse, empeora a medida que avanza la jornada laboral: hacia las 14:12 de la tarde, las mediciones sobre los pupitres escolares ya alcanzan los 31,5°C, con una humedad relativa en caída libre que roza el 26%, intensificando el bochorno ambiental dentro de la clase.

Sindicatos en pie de guerra: “Necesitamos aulas, no saunas”

Las organizaciones sindicales ya han comenzado a mover ficha. Sindicatos como CCOO Enseñanza Extremadura han lanzado campañas bajo lemas explícitos como “Necesitamos aulas, no saunas”, acusando directamente a la Consejería de hacer “caso omiso” y mantener en riesgo la salud de toda la comunidad educativa.

Desde las centrales sindicales se está instando a las trabajadoras a registrar las temperaturas de sus centros mediante termómetros y a enviar fotografías de las pruebas para demostrar de forma jurídica y pública la vulneración sistemática del RD 486/1997. “Pediría que tomemos medidas que eviten que tengamos que estar a mucho más de 27ºC por todo el cole, semanas y semanas”, afirma un profesor extremeño en activo, que insiste en la necesidad de que “alguien aplique la sensatez y la legalidad y pare esta situación cíclica”.

Un malestar sistémico que apunta a la huelga

El conflicto por el calor extremo no es un hecho aislado, sino la gota que colma el vaso de un profesorado exhausto. En las conversaciones de los trabajadores se exige ya a los sindicatos que convoquen movilizaciones contundentes. El malestar por las temperaturas se entrecruza con otras reivindicaciones históricas del sector de la educación pública que siguen sin resolverse en los despachos de la Junta: la falta de plazas docentes, las elevadas ratios de alumnos por aula, el estancamiento de los salarios y la sobrecarga burocrática del día a día, mientras las plantillas asumen voluntariamente multitud de actuaciones pedagógicas y proyectos que exceden sus obligaciones.

La mecha de las movilizaciones estatales ya está prendida. Las Técnicas Especialistas en Educación Infantil (TEI) se están coordinando en todo el país, y regiones como Madrid, Cataluña o el País Valencià —esta última con una convocatoria de huelga indefinida— marcan el camino a seguir para un sector que en Extremadura empieza a asumir que la única forma de que se respete la salud en las aulas es volver a vaciar los colegios para llenar las calles.