Extractivismo
València se suma a las protestas contra una minera canadiense en Panamá

Se ha cumplido más de una semana de la firma de la ley 406 sobre el Contrato Minero entre el gobierno panameño de Laurentino Cortizo y Minera Panamá, filial de la empresa canadiense, First Quantum Minerals, una de las mayores extractoras de cobre de todo el mundo, la cual también opera en el Estado Español. Un acuerdo que ha desatado movilizaciones multitudinarias, sacando a las calles a amplios colectivos de estudiantes, maestros, obreros, ambientalistas y sociedad en general. Tanto en Panamá como en otros países: en el extranjero, la diáspora panameña también ha protestado en las calles y frente a los consulados de su gobierno. Se han registrado acciones en protesta al Contrato Minero en México, Estados Unidos, Alemania, Irlanda y en ciudades españolas como Madrid y Barcelona, así como también a las puertas de la minera en Canadá.

En la ciudad de València, un colectivo integrado por personas panameñas ha convocado, este jueves 2 de noviembre a las 10 horas una concentración frente al consulado de Panamá, en la Av. del Puerto 308, con el lema “No al contrato minero”. Para Lamar Bailey, miembro del grupo de panameñas convocantes, el Contrato Minero es “la gota que derramó el vaso de un disgusto acumulado por el costo de la vida y otros problemas sociales”. En este momento crecen las protestas en el mundo contra el acuerdo de explotación de la mina de cobre más grande de Centroamérica. En Panamá, los choques entre manifestantes y policía ha dejado varios heridos y decenas de detenidos. Los bloqueos de las rutas y los paros laborales han paralizado el país. 

En Panamá, los choques entre manifestantes y policía ha dejado varios heridos y decenas de detenidos

La compañía y el gobierno destacan que desde febrero de 2019 la mina produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, aportando nada más y nada menos que el 4% del PIB y el 75% de los ingresos por exportaciones. El ejecutivo de centro izquierda, Cortizo —o Nito, como también le llaman— y su ministro de Comercio, Federico Álvaro, han señalado en múltiples ocasiones que la mina genera 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos. Además, Cortizo afirma que con las regalías se aumentarán las pensiones y los aportes al seguro social, pero sobre todo que se trata de recursos cruciales para el presupuesto estatal. 

Las personas manifestantes están preocupadas por los daños medioambientales debido a las operaciones de la mina propiedad de la canadiense First Quantum. Panamá dispone de grandes reservas de cobre en el oeste, en la zona del Cerro Colorado y en Donoso, en la caribeña provincia de Colón, donde está la gigantesca mina a cielo abierto, a 240 km de la capital. Se tratan, según Bailey, de actividades ecocidas pues “es un país pequeño que conecta dos océanos a través de bosques tropicales y ríos, el impacto será muy grave para toda la vida que se desarrolla en esta área tan extensa”. La activista afirma que se están destruyendo miles de hectáreas con una biodiversidad impresionante, “montañas, ríos que ahora se convierten en lavaderos de cobre están siendo destrozados”. Y es que parte de los depósitos de minerales de Panamá están en áreas importantes de biodiversidad como el Corredor Biológico Mesoamericano.

Parte de los depósitos de minerales de Panamá están en áreas importantes de biodiversidad como el Corredor Biológico Mesoamericano

Uno de los motivos que más a violentado a la sociedad panameña ha sido que el acuerdo fue firmado a espaldas de la ciudadanía. En solo cuatro días, el Congreso aprobó el 20 de octubre una ley que selló el acuerdo firmado este año entre la minera canadiense y el gobierno. “El pueblo es soberano, y no ha sido tomado en cuenta”, afirma Bailey, quien además sostiene que tiene un fuerte componente colonial: “El gobierno con este acuerdo no puede controlar a la minera, se le permite crear sus propios aeropuertos y policía, que prácticamente no se pueda entrar a revisar, sus reservorios privados de agua. Se trata claramente  de un enclave colonial”. El contrato podría extenderse hasta por 40 años, por lo que Lamar señala que “es un problema actual, pero que también se lo heredaremos a las próximas generaciones”. 

Las protestas comenzaron como un cuestionamiento a las prácticas destructoras del medio ambiente, pero después se sumaron las críticas a las compensaciones económicas. Aunque el nuevo contrato ofrece 375 millones de dólares al año, diez veces más que el anterior acuerdo, esto no es suficiente para amplias capas de la población. Finalmente, las protestas llamaron la atención respecto al fuerte aumento del costo de la vida que se viven en los últimos tiempos; Panamá es uno de los países más desiguales de Latinoamérica.

Todo este contexto generó, con el paso de los días, un fuerte movimiento soberanista y antiimperialista. Panamá tuvo un enclave colonial durante casi 100 años bajo control estadounidense, y después de décadas de lucha lograron liberarse, “Panamá no tiene vocación de colonia”, afirma Lamar, y “no permitiremos que se destruya nuestro patrimonio natural, finalmente la Tierra es lo más importante”. Por eso, los manifestantes exigen la derogación de la ley minera, aunque algunos sectores ahora piden paralizar totalmente las concesiones y que se decrete una moratoria. “Hay 15 concesiones de minería y 103 solicitudes, nos preocupa porque está claro que la actividad minera no es sostenible”, concluye Lamar Bailey. El viernes pasado Cortizo prohibió las nuevas concesiones de minería metálica, pero mantuvo el contrato con First Quantum, motivo por el que las movilizaciones han continuado y se han expandido a otras ciudades del mundo.