Explotación laboral
Investigados y condenados por explotación laboral siguen recibiendo millones de euros de la PAC

Concebida para garantizar la viabilidad de la agricultura europea, la Política Agrícola Común (PAC) constituye una de las principales partidas del gasto de la Unión Europea (UE). Pero detrás de las cifras, el sector sigue marcado por la precariedad: abundan los empleos informales, las jornadas abusivas y los salarios impagados. La Autoridad Laboral Europea calcula que casi uno de cada tres trabajadores agrícolas no cuenta con contrato, mientras que Oxfam advertía en 2024 de que “millones de trabajadores agrícolas migrantes [están siendo] explotados en los campos de Europa”. Con esta realidad de fondo, una investigación financiada por Journalism Fund Europe, una organización independiente para el fortalecimiento de la democracia, se propuso responder a dos preguntas: cómo los fondos de la UE sostienen un modelo laboral abusivo y si la reciente reforma de la PAC puede revertirlo. Para ello se rastreó una treintena de agricultores acusados de vulnerar derechos laborales, localizados en documentos judiciales y noticias, y cotejamos sus casos con los registros de pagos de la PAC, incluidas las bases de datos de Farmsubsidy.org y los archivos nacionales.

La Política Agrícola Común (PAC) absorbe el 25% del presupuesto total de la Unión Europea para el periodo 2021-2027: 270.000 millones de euros destinados al apoyo directo de ingresos agrícolas y otros 95.500 millones a programas de agricultura y desarrollo rural. Sin embargo, pese a este enorme volumen de recursos, la PAC parece estar fallando a los millones de trabajadores precarios que producen los alimentos de Europa. “Nos trataban como esclavos, con turnos de hasta 14 horas”, relata Mohammed sobre su experiencia como recolector de fruta en el sur de Francia. Este graduado marroquí en paro pagó 13.500 euros a un agricultor francés en 2023 con la promesa de un visado y un empleo digno, pero acabó en el campo, trabajando hasta 77 horas semanales sin cobrar las horas extras.

Un concejal del PP en Lugo fue condenado en 2024 a nueve meses de prisión por explotar a dos jornaleros migrantes irregulares. Ese mismo año recibió 41.000 € en subvenciones de la PAC

“Trabajábamos bajo la presión constante de nuestro supervisor, a menudo de rodillas durante largos periodos de tiempo y sin poder levantarnos para estirar las piernas”, sigue explicando Mohammed en la investigación. Entre 2017 y 2024, su empleador recibió algo más de un cuarto de millón de euros en fondos públicos, incluidos 15.000 euros el año siguiente a su detención y acusación por explotar a más de 60 trabajadores marroquíes. 

No se trataba de un caso aislado ni exclusivo de Francia. En España, un concejal del Partido Popular en Lugo, José Vázquez Barreiro, y dos familiares fueron condenados en 2024 a nueve meses de prisión cada uno por explotar a dos jornaleros migrantes irregulares que empleaba en su finca. Según el escrito de la fiscalía, los trabajadores pasaban hasta 13 horas al día en el puesto, sin contrato ni cotización a la Seguridad Social, y sin derecho a días libres ni vacaciones. Todo ello a cambio de un salario de apenas 700 euros al mes. Como parte de la sentencia, se les ordenó pagar a los dos trabajadores un total de 44.000 € en concepto de indemnización. Sin embargo, ese mismo año también la granja de Vázquez Barreiro, Casa do Coxo, recibió 41.000 € en subvenciones de la PAC, así como un total de 283.000 € desde el inicio de la investigación judicial en 2020. 

Otro agricultor de Jaén procesado en 2013 por la presunta muerte de un trabajador recibió entre 2014 y 2022 un total de 118.500 euros en subvenciones públicas

En Jaén, un agricultor —condenado en 2015 por explotación laboral y procesado en dos ocasiones por la presunta muerte de trabajadores agrícolas migrantes con una década de diferencia— recibió entre 2014 y 2022 un total de 118.500 euros en subvenciones públicas. De esa cantidad, 17.000 euros le fueron abonados en 2022, un año después de que un segundo trabajador, Ibrahima Diouf, de Senegal, desapareciera tras una discusión sobre salarios impagados. El agricultor está ahora a la espera de juicio por el presunto asesinato de Diouf. 

En conjunto, los treinta casos examinados en la investigación evidencian una deficiencia estructural de la PAC: al no existir controles reales sobre el respeto de la legislación laboral, empresas agrícolas condenadas o bajo investigación por explotar a sus trabajadores han seguido percibiendo millones en ayudas de la UE sin consecuencias. La llamada “condicionalidad social”, incluida en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, se presentó como una novedad destinada a cambiar las cosas: por primera vez, las ayudas europeas estarían vinculadas al respeto de unas normas laborales básicas. Pero en la práctica, tal y como se ha diseñado y aplicado en su arranque, no está cumpliendo esa promesa. Esta investigación revela que en 2024, en su primer año de aplicación en España, solo se sancionó a 227 agricultores, la mayoría con reducciones simbólicas en las ayudas.

Problemas de transparencia en las ayudas

Los problemas de transparencia impidieron realizar un recuento más exhaustivo al equipo de investigación, por lo que es probable que la cifra real sea mucho mayor. Muchos expedientes judiciales resultan inaccesibles o aparecen fuertemente censurados, lo que protege la identidad de los agricultores investigados o condenados. Aunque es posible rastrear los pagos directos a agricultores individuales, una parte sustancial de los fondos de la PAC se canaliza a través de cooperativas y consorcios, cuya redistribución interna resulta opaca. Además, muchas de las empresas agrícolas analizadas están constituidas de manera que la entidad empleadora no coincide jurídicamente con la receptora de las subvenciones, y en numerosos casos la gestión y supervisión de la mano de obra se subcontrata a agencias temporales de empleo. Aun así, los resultados fueron reveladores.

Los 31 casos identificados (diez en España) abarcan un amplio espectro de violaciones laborales, desde prácticas cercanas a la esclavitud moderna hasta abusos generalizados en materia de salarios y horarios habituales en la agricultura europea. En todos estos casos en los que hay información disponible, descubrimos que los fondos del PAC siguieron pagándose a las empresas agrícolas una vez detectadas las infracciones o iniciadas las investigaciones por parte de la fiscalía, y en algunos casos incluso después de la condena, mientras se cumplía la sentencia.

Un ejemplo claro es una resolución de 2023 de la Inspección de Trabajo contra una empresa productora de frutos rojos en Huelva, en la que se constató el impago de horas extra y el incumplimiento de los límites legales de la jornada laboral en sus almacenes. La organización Jornaleras de Huelva en Lucha llevaba cinco años denunciando estos abusos. Aun así, tras confirmarse las infracciones, el productor —uno de los mayores beneficiarios privados de la PAC en España— vio cómo sus subvenciones crecieron: de 3,26 millones de euros en 2023 a 3,41 millones en 2024. 

En otro caso, el dinero siguió fluyendo incluso después de una condena penal. En 2022, un tribunal del Piamonte (Italia) sentenció a un avicultor, junto con su esposa y su madre, a tres años de prisión y a una multa de 8.000 euros por explotar a trabajadores migrantes. En apelación, la pena se redujo a poco menos de dos años. Los investigadores habían documentado sueldos insuficientes, jornadas no declaradas y mensajes de WhatsApp en los que la familia discutía cómo controlar a los trabajadores africanos. Ese mismo año, el granjero recibió más de 90.000 euros en ayudas públicas. Al año siguiente, mientras cumplía condena, la cifra aumentó a más de 110.000.

En Alemania, dos empresarios fueron demandados por no pagar lo prometido en 2021. Desde entonces, ambos han recibido unos 63.000 euros en fondos de la PAC

La mayoría de los casos de explotación laboral se concentraban en el sur de Europa, aunque también se detectaron en otras zonas. En 2021, 18 trabajadores georgianos viajaron a Alemania para la cosecha de fresas dentro de un acuerdo de empleo bilateral. Allí denunciaron malas condiciones de alojamiento y que solo se les pagó una fracción de lo prometido. Demandaron a sus dos empleadores en tribunales laborales alemanes. En 2023, uno de los agricultores aceptó abonar aproximadamente la mitad de los salarios pendientes, mientras que el segundo caso aún sigue abierto. Desde entonces, ambos productores han recibido en conjunto unos 63.000 euros en fondos de la PAC.

Según Yoan Molinero, investigador del Centro de Estudios sobre Migraciones de la Universidad de Comillas, estos casos muestran “la desconexión total entre las subvenciones y las condiciones sociales de producción”. “La excusa oficial, evidentemente, era que vigilar el respeto a la normativa es una prerrogativa de los Estados Miembros”, añade y continúa diciendo que “sin embargo, la otra gran pata de la rentabilidad de la agricultura europea reposa sobre la apropiación de plusvalía de su mano de obra. Sin la combinación de subsidios públicos y explotación no podría entenderse el dinamismo del sector”. 

La “condicionalidad social”

En 2021 surgieron expectativas de romper con este modelo de financiación defectuoso. Por primera vez, la Unión Europea vinculó sus subvenciones agrícolas al trato que reciben los trabajadores del campo, a través de una reforma de la PAC conocida como “condicionalidad social”. Maria Noichl, una eurodiputada socialdemócrata alemana y miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, fue una de sus principales defensoras. “Si alguien se comporta como un cerdo con sus trabajadores, no quiero que reciba dinero de Bruselas”, explicó a DeSmog sobre la premisa básica de su propuesta. “Ese dinero no pertenece a los agricultores, pertenece a los contribuyentes”, concluye. Noichl recuerda, sin embargo, la dura lucha que precedió al acuerdo. La Comisión Europea y el Consejo se resistieron en un principio, haciéndose eco de los lobbies agrícolas que tachaban la propuesta de exceso burocrático. Pero, tras forzar una votación plenaria en el Parlamento y gracias al respaldo de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, la medida sobrevivió, aunque muy recortada respecto a la idea inicial.

La reacción al acuerdo fue de entusiasmo. La Comisión lo celebró como “un paso histórico en la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas” y la federación sindical europea EFFAT lo aplaudió como “una gran victoria sindical”. Cuatro años después, Noichl se muestra mucho más escéptica. La eurodiputada reconoce que “no está realmente orgullosa de lo que hemos conseguido” y advierte que es “solo el primer paso... lo mínimo de lo mínimo”, en referencia a que, en su diseño final, la condicionalidad social solo cubre una parte muy limitada de la legislación laboral. Con la reforma, los agricultores deben cumplir las directivas sobre seguridad en el trabajo y sobre condiciones laborales transparentes, como tener un contrato por escrito, pero aspectos básicos como el pago del salario mínimo quedan fuera de su alcance.

“El nivel de las sanciones es demasiado bajo para que tengan un efecto disuasorio” asegura el eurodiputado francés Eric Sargiacomo

También Eric Sargiacomo, eurodiputado socialdemócrata francés y vicepresidente de la Comisión de Agricultura, expresó su decepción. “El nivel de las sanciones es demasiado bajo para que tengan un efecto disuasorio”, explicó en la investigación. Las sanciones oscilan entre una reducción del 1% al 10% de las subvenciones recibidas, llegando hasta el 30% en caso de reincidencia, y siempre se trata de una reducción única que se aplica sólo a los fondos del año en que se cometió la infracción.

Como señala la eurodiputada italiana del Partido Verde, Cristina Guarda, todo esto distaba mucho de la propuesta inicial que su agrupación política defendía en materia de condicionalidad social, según la cual “se retendrían por adelantado los pagos de la PAC a cualquier productor agrícola objeto de un procedimiento por abuso laboral grave, a la espera de una resolución o de la adopción de medidas correctivas”. Esto habría suspendido automáticamente las subvenciones europeas a empresas como la que actualmente está siendo investigada en Hellín, Albacete, por la brutal explotación de 150 trabajadores senegaleses y marroquíes. En 2024, cuando la Guardia Civil detuvo a 13 personas relacionadas con el caso, la empresa recibió 7.240,61 euros de fondos públicos y, en su forma actual, la condicionalidad social no ofrece ninguna garantía legal de que no seguirá recibiendo fondos de la PAC.

Fallos en la implementación de los nuevos controles

2024 fue también el año en que la condicionalidad social empezó a aplicarse en España, un año después que en Italia, Francia y Austria y antes que en el resto de Estados miembros de la UE, previsto para 2025. En la práctica, la realidad ha sido más desigual. En Francia, la investigación revela que aún no se han aplicado sanciones en virtud de la condicionalidad social a ningún pago de la PAC, a pesar de que el país se encuentra supuestamente entre el grupo de Estados miembros que introdujeron voluntariamente la medida de forma anticipada. “Todavía no existe ningún canal de comunicación entre los organismos pagadores de la PAC y la Inspección de Trabajo”, explica Lucas Dejeux, de la Confédération Générale du Travail (CGT), uno de los cinco grandes sindicatos de Francia. “No hemos recibido ningún memorándum interno sobre el tema... No hay nada en absoluto”, añade. Otros dos inspectores de trabajo corroboraron extraoficialmente este fallo en la aplicación.

En Austria, otro de los primeros países en adoptar esta medida, el balance no es mucho mejor. Solo un agricultor recibió reducciones de sus pagos de la PAC en virtud de la condicionalidad social tanto en 2023 como en 2024. Según las cifras facilitadas por el Ministerio de Agricultura, en el primer año en vigor en España “el número total de beneficiarios afectados por reducción por infracciones del 2024 es de 227” y “el porcentaje de reducción mayoritariamente aplicado a los beneficiarios es de un 3% [de sus subvenciones de ese año]”. Esta cifra resulta muy pequeña si se compara con el número de infracciones laborales detectadas cada año en la agricultura. Aunque el informe de 2024 aún no se ha publicado, en 2023 la Inspección de Trabajo registró 7.449 infracciones en este sector.

La reforma de la PAC es “más bien una medida cosmética para ofrecer una apariencia de cambio mientras se mantiene el statu quo” de las subvenciones, explica Yoan Molinero

Según Molinero, más allá del reducido abanico de infracciones contempladas, otra razón por la que la condicionalidad social “solo afectaría a unos pocos agricultores es que solo se aplicaría a los pagos directos básicos de la PAC, mientras que la mayor parte de la financiación del sector hortofrutícola —donde se producen los peores abusos laborales— se recibe a través de otros regímenes de pago de la PAC que quedan completamente excluidos del reglamento”. En este sentido, la condicionalidad social en su forma actual “no es tanto un primer paso en la dirección correcta para proteger a los trabajadores”, afirmó Molinero, “sino más bien una medida cosmética diseñada para ofrecer una apariencia de cambio mientras se mantiene el statu quo de la PAC”.

Además, Vicente Jiménez Sánchez, responsable de Agricultura de Comisiones Obreras, señala que los gobiernos miembros siempre tienen la opción de tomar la normativa europea como base mínima para mejorarla al transcribirla a la legislación nacional. “Pero lo único que ha hecho el Gobierno español es copiar y pegar directamente la normativa europea en la legislación nacional, sin intentar convertirla en una herramienta reguladora eficaz”, insiste Jiménez Sánchez que asegura que “los ministerios de Agricultura y Trabajo deberían haberse sentado con los agentes sociales y haber acordado un mecanismo eficaz”.

Ahora que el Partido Popular Europeo (PPE) se alinea cada vez más con las fuerzas de extrema derecha en los debates sobre política agrícola, la próxima reforma de la PAC podría diluir aún más la condicionalidad social. La nueva propuesta de la Comisión eximiría a las explotaciones de menos de diez hectáreas de los controles y sanciones, lo que en la práctica situaría a alrededor del 70% de las explotaciones fuera del alcance de las sanciones. “Los derechos de los trabajadores no pueden depender del tamaño de la explotación”, afirma Cristina Guarda. “Es como decir que la explotación es aceptable siempre que se produzca a pequeña escala. Que nos paguen mal no nos da derecho a violar los derechos de los demás”, resalta la eurodiputada italiana del Partido Verde que cree que “los agricultores con un historial grave de violaciones laborales, explotación o prácticas antisindicales no deberían tener acceso a los fondos públicos”. Sin embargo, la actual tendencia política en Europa hace que esto parezca más lejano que nunca.