Eutanasia
Solo cuatro de cada diez de las personas que solicitan la eutanasia consiguen acceder a ella

El 25 de marzo de 2021 se publicaba en el BOE La Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia. Un hito histórico que entraría en vigor tres meses después. Por tanto, este miércoles 25 de junio de 2025 cumple cuatro años y desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente consideran que es tiempo de hacer balance. Para ello presentan un informe que titulan “La eutanasia se abre camino, pero lentamente”.

Y es que, según los datos a los que han tenido acceso y las estimaciones que han elaborado a partir de ellos, en estos cuatro años unas 3.000 personas han solicitado ayuda para morir, de las que solo unas 1.300 han finalizado con una eutanasia, esto es un 40%. De un lado, a una de cada cuatro personas se le deniega su solicitud y, del otro, una cuarta parte fallece durante la tramitación. Además, entre el 6 y el 10% de los solicitantes aplazan o revocan su solicitud.

En estos cuatro años unas 3.000 personas han solicitado ayuda para morir, de las que solo unas 1.300 han finalizado con una eutanasia, esto es un 40%

Explican que esto son solo estimaciones porque otro de los principales problemas es la ausencia de datos: "A junio de 2025, menos de la mitad de las comunidades autónomas han publicado el informe anual, obligatorio por ley, con sus datos del año 2024", denuncian.

Los datos disponibles indican que en 2021 se registraron 173 solicitudes y hubo 75 eutanasias, en 2022, fueron 576 y 288 respectivamente, en 2023, 766 solicitudes y 334 prestaciones y, tal y como indican desde DMD a falta de la publicación del informe anual del Ministerio de Sanidad con datos más pormenorizados, en 2024 se han registrado 960 solicitudes y se han realizado 427 prestaciones. "Un total de 2.475 solicitudes y 1.034 prestaciones en cuatro años no es una ingente cantidad de datos", se queja esta asociación, quienes no entienden por qué no se publica toda la información al día.

Un largo camino

Tal y como marca la ley, el camino para conseguir acceder a este derecho ha de atravesar una serie de trámites. En primer lugar, tiene que solicitarse a través de un denominado “médico responsable” que inicia el proceso. Tras esto, un “médico consultor” ha de examinar al solicitante y debe emitir un informe que pasará por la Comisión de Garantía y Evaluación, un órgano colegiado encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos. En total no se deben superar los 30 días en estas gestiones, sin embargo, tal y como denuncian desde DMD, esto se está demorando una media de 49 días, “un plazo inasumible para personas en una situación terminal”.

Fernando Marín, médico y vicepresidente de DMD expresa a El Salto que el principal obstáculo es encontrar un médico responsable. “Las principales barreras las están poniendo los profesionales”, destaca. Marín asegura que, más allá de la objeción de conciencia, hay una “objeción de conveniencia”. “Los médicos dicen que no porque no han recibido formación, porque no tienen apoyo por parte de la consejería, porque no tienen profesionales de apoyo, porque no ha quedado claro el tema de liberación de agendas y en algunos casos no hay voluntad política de reconocer su trabajo...”, enumera.

“Hay que acelerar los trámites, no es razonable que una de cada cuatro personas se muera esperando la eutanasia. En 30 días se puede tramitar todo perfectamente”, insiste Fernando Marín, de DMD

Así pues, el que falla es el primer escalón, pero no solo. El portavoz de DMD explica que también a veces hay dificultades para encontrar al médico consultor. El manual recomienda que este médico no tiene que haber tenido relación previa con el paciente, lo que dificulta mucho la tarea en áreas rurales. Desde DMD han contactado con el Ministerio de Sanidad para que se actualice este manual y se elimine este requisito, así como se introduzca la posibilidad de una consulta telemática con el médico consultor, teniendo en cuenta el estado de las personas demandantes. 

“El Ministerio de Sanidad no termina los trabajos. En abril hubo una reunión donde presentamos una nueva versión del manual y todavía no lo han publicado. Además, tienen que ponerse serios e insistir a las Comunidades Autónomas para que metan los datos”, expresa Marín. “Hay que acelerar los trámites, no es razonable que una de cada cuatro personas se muera esperando la eutanasia. En 30 días se puede tramitar todo perfectamente”, insiste, quien añade que incluso se puede hacer más rápido para enfermos terminales.

Barreras en los casos

Elena María Fernández Fernández falleció el 4 de junio de 2024 entre dolores, pese a tener registrado un testamento vital en el que solicitaba el acceso a la muerte digna. Su caso, que relató El Salto, ejemplifica algunas barreras que se encuentran las personas solicitantes: primero, la existencia de médicos objetores en el hospital que no garantizaban el servicio. El segundo, se vio obligada a actualizar su testamento vital, pese a que la ley no lo exige, por una mala praxis que se ha dado en Andalucía. Y a esto se añadió que el registro donde debería actualizar dicho testamento no concedía citas, algo que ya ha denunciado el Defensor del Pueblo andaluz.

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Elena murió con dolor tras una metástasis, después de sortear diversas barreras administrativas que no le permitieron someterse a una muerte digna. En España, casi un tercio de las personas mueren mientras se tramita su solicitud.

De otro lado están las personas que han solicitado el acceso a este derecho, lo han visto reconocido pero un recurso de un familiar lo ha paralizado: el caso de Noelia y Francesc, a los que desde hace 10 meses se les impide que se lleve a cabo la prestación de ayuda para morir. Ambos viven en la provincia de Barcelona y solicitaron la prestación de ayuda para morir que les fue aprobada.

Sin embargo, recursos judiciales interpuestos por sus familiares les hace vivir “en un contexto eutanásico de pérdida de dignidad por el deterioro irreversible de su calidad de vida y sufrimiento constante e intolerable”, denuncian desde DMD, quienes piden cambios legislativos para impedir la judicialización de la eutanasia.