Energía nuclear
Recordando Fukushima: Almaraz, de nuevo

El día 11 de marzo de 2011 ocurrió uno de los desastres mayores de la industria civil del átomo. En Fukushima, tres de los seis reactores en funcionamiento fueron afectados por un gran tsunami (el terremoto alcanzó magnitud 9), siendo destruidos los sistemas de refrigeración y consumándose una colosal catástrofe de alcance internacional cuyos efectos aún perduran. La vida en un amplio territorio y en el océano Pacifico está amenazada en sumo grado desde entonces y ya a nadie extraña que incluso China y Rusia tengan prohibidas las importaciones de cualquier producto de mar. Todavía permanecen en el interior de los reactores 900 toneladas de residuos radiactivos y aún se ignora cómo será el procedimiento de extracción y posterior sellado definitivo.

A nivel internacional los consorcios eléctricos nunca han dado importancia ni a los incidentes que, de manera continua, siguen siendo marca ineludible de cualquier reactor en el mundo (a día de hoy están en funcionamiento 403 reactores en 31 países, según datos de Greenpeace para 2024), ni por supuesto a los accidentes, siempre ocultados con el máximo sigilo. Así ocurrió en la catástrofe de Chernóbil (1986), que contaminando a media Europa (incluida España) se publicitó como un error de la época soviética que nada tenía que ver con la tecnología occidental atómica.

Desconexión nuclear

El otro problema de la energía nuclear

Enrique Dans

Energía nuclear

Problemas de la energía nuclear El otro problema de la energía nuclear

Enrique Dans

El precio que se asigna a la energía nuclear es una trampa.

El origen militar de esta denominada “industria para la paz”, que impulsó la construcción de las centrales nucleares, ha sido y sigue siendo amparado por la Agencia Internacional de la Energía Atómica, un conglomerado político-industrial al margen de cualquier regulación y control externo, ni siquiera por parte de la ONU. A pesar de no disponer de nuevos diseños que mejoren los actuales, de la imposibilidad de resolver la herencia maldita de los residuos radiactivos y de invertir cantidades ingentes de recursos económicos en ello, escuchamos ahora que con el nuevo trumpismo “Europa se va a salvar gracias al paraguas atómico militar del que dispone Francia” (E. Macron, declaraciones del 8 de marzo de 2025) .

De este modo, Francia, el país más nuclearizado del mundo en relación a su población, aprovecha la ocasión de subidón militar norteamericano y recuerda a la Unión Europea su condición: es el único país de la U.E. que posee la bomba atómica, misiles nucleares, submarinos nucleares de gran alcance y sus empresas electronucleares son estatales y multinacionales (EDF y Orano). Es, por tanto, un país sobresaturado de nucleares civiles por imperativo militar que, lejos de haber encarado la transición eléctrica renovable, se ha dedicado a vender sus nucleares como verdes, sin ningún éxito, amparándose en el Parlamento europeo, institución sin competencias legislativas ni ejecutivas.

¿Y Almaraz, que pinta en todo este tinglado político-electronuclear?

¿De que trata el debate abierto en la actualidad? Trata de intentar reabrir el calendario de cierre paulatino pactado con el Gobierno español en 2019 a través de una campaña de grandes inversiones en medios de comunicación por cuenta del lobby nuclear español conocido como Foro Nuclear. Un Foro donde tanto empresas del sector como de ingeniería, proyectos y consultorías de las propias compañías eléctricas españolas, apoyados por determinados partidos políticos, toman cuerpo de “único patrón nuclear español”. Incluso van más allá del propio negocio de las empresas propietarias de las nucleares. Anuncian amenazas de desconexión eléctrica, falta de competitividad y coste para el consumidor, intentando explicar que todo lo acordado fue un error.

Las empresas propietarias de la central de Almaraz (Iberdrola y Endesa como socios mayoritarios), desde 2004 fusionada con la central de Trillo en una única mercantil denominada Sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo AIE, ya tuvieron su propio debate en el momento de la negociación con el gobierno en 2019.

Iberdrola (propietaria al 53%) no quería seguir con las centrales nucleares debido a su posicionamiento internacional en energías renovables (representa el número uno a nivel mundial en eólica) y también al aumento de tasas que Enresa [...]  tenía congeladas desde el 2010

Iberdrola (propietaria al 53%) no quería seguir con las centrales nucleares debido a su posicionamiento internacional en energías renovables (representa el número uno a nivel mundial en eólica) y también al aumento de tasas que Enresa (empresa pública encargada de los residuos, desmantelamientos y almacenamiento) tenía congeladas desde el 2010, así como por los requerimientos de seguridad que el Consejo de Seguridad Nuclear (regulador independiente y no promotor de una industria nuclear) imponía en caso de continuar.

El objetivo de Endesa (propietaria del 36%, cuyo socio mayoritario es el estado italiano) era continuar otros diez años más, ya que tenía varias centrales térmicas en proceso de cierre y, carente de instalaciones renovables, le venía bien compartir los impuestos (estatales, autonómicos y locales), las tasas y nuevas inversiones en seguridad

De esa pugna surgió el acuerdo con el Gobierno y Enresa para continuar entre siete y ocho años más. Almaraz fue la única central que no tuvo la autorización de prórroga ya establecida de diez años, como siempre se han considerado en las renovaciones en España.

No era la primera vez que Iberdrola se enfrentaba con Endesa a cuenta de la continuación nuclear, pues ambos debían también cumplir en grandes inversiones de seguridad en las centrales, así como con la financiación del tratamiento de los residuos que ellos mismos generaban. Hasta el 2005 su gestión la pagamos todos a través de la factura eléctrica. En este contexto se gestó el culebrón del cierre de la central de Santa María de Garoña (Burgos), cuando el gobierno Rajoy incrementó los impuestos para reducir el déficit tarifario. Fue entonces cuando Iberdrola cerró dicha instalación por su cuenta, siendo multada por ello, y aunque se le permitió volver abrir, finalmente, desistió.

Iberdrola y Endesa, socias mayoritarias en Almaraz, no han formulado ninguna petición para prolongar la vida productiva de la instalación, según contempla la ley que lo regula (“Instrucción del CSN sobre requisitos de seguridad para la gestión del envejecimiento y la operación a largo plazo de centrales nucleares” BOE 30 noviembre 2017). Y eso, tres años antes de la fecha de expiración de la Autorización de Explotación, que para el reactor I fue en noviembre de 2024. Faltaría aún, también, hacer la petición para el reactor II, cuyo cierre está contemplado en octubre de 2028.

¿Conseguir financiación pública para Almaraz?

Así podría ser si nos dejamos embaucar por el Foro Nuclear Español, lobby que copia las tácticas francesas de manejo de la opinión pública, de negocio empresarial y de intensidad mediática con el único fin de conseguir financiación pública para nuevos proyectos nucleares de nueva generación que, en el país vecino, han sextuplicado su coste (19.000 millones de euros) y duplicado el periodo de construcción, y además con débiles presupuestos de las aseguradoras en riesgos nucleares (los casos de Flamanville, en Francia y Olkiluoto 3, en Finlandia). Ni plazos, ni costos, ni seguridad permiten creer en un renovado auge nuclear en el mundo, del mismo modo que nos siguen engañando, también, cuando piden fondos públicos para unos supuestos pequeños reactores modulares (SMR), a instalar en cada esquina del planeta, para los que existen docenas de diseños y propuestas diferentes y de los que no hay ni uno solo construido.

En España solo les queda, pues, pedir prorrogar la vida de lo que hay en funcionamiento dado el poco poder de influencia política europea para intentar construir nuevas centrales.

Es sorprendente que a la Presidenta de la Junta de Extremadura se le haya escapado el deseo de que sea el Estado quien compre parte de las nucleares a fin de que les salgan rentables a sus propietarios actuales (efectivamente, el gobierno de Bélgica acaba de realizar una operación semejante) y que, sin embargo, no haya exigido un plan de emergencia nuclear para un entorno de 50 km de la central. O, por ejemplo, copiando a Cataluña, impulse un Fondo de Transición Nuclear para amortiguar el cierre durante el periodo de desmantelamiento. Eso cuando, desde el propio Ministerio para la Transición Ecológica ya ha sido anunciado un informe de impacto económico, petición que desde el movimiento ecologista lleva demandándose desde 2015.

Es sorprendente que a la Presidenta de la Junta de Extremadura se le haya escapado el deseo de que sea el Estado quien compre parte de las nucleares [...] y que, sin embargo, no haya exigido un plan de emergencia nuclear para un entorno de 50 km de la central

Según la presión del lobby, modificar el calendario de cierre sería también una respuesta a la deriva militar en Ucrania. Repiten, entonces, que el pacto de 2019 se firmó en condiciones que la situación de guerra en dicho país ha alterado, ignorando que sus disposiciones ya son firmes, entretanto, atendiendo la propia legislación española y de planes integrados de energía y clima (2023-2030) y a las políticas de gobierno de desmantelamiento y gestión de residuos ( 7º Plan General de Residuos Radiactivos, diciembre 2023), todo ello al amparo de las normativas del Unión Europea.

Cada estado europeo ha legislado sus propias políticas concretas para llevar adelante el acuerdo de París (2015), tratado internacional vinculante acerca de la emergencia climática. Así, España decidió cerrar en primer lugar todas las centrales de origen fósil y, a continuación, todas las nucleares. Desde luego, en ninguna COP (Cumbres Mundiales del Clima) se ha admitido a las nucleares como solución al cambio climático y, aunque es cierto que en su fase de generación las emisiones de CO2 son menores que las producidas por gas, teniendo en cuenta todo el ciclo completo, desde la minería al almacenamiento profundo, resultan ser altamente emisoras del mismo. (“Centrales nucleares, emisiones de CO2 y cambio climático.” Fuhem. 2017)

Porque las nucleares no reducen los gases de efecto invernadero, aumentan los residuos radiactivos mortales y la probabilidad de accidentes y hacen que enormes inversiones económicas se sigan dedicando o bien a proyectos disparatados con el fin de inyectar vida a una tecnología fallida desde sus comienzos, o bien a apoyar seguir produciendo armas nucleares. Y todo esto, no olvidemos, en detrimento de unas energías renovables con emisiones mucho menores.

Mirando a la central de Almaraz, la propia organización de ayuntamientos del entorno de la centrales nucleares (AMAC) ya dejó claro en su informe de noviembre de 2021(“Informe de Impacto Socioeconómico del Cierre de la Central Nuclear de Almaraz”) que, a pesar de los millones recibidos en los pueblos del entorno de la central, en estos más de cuarenta años no se ha conseguido un desarrollo empresarial para el momento de cierre, como tampoco ha servido para aumentar la población ni se ha reducido el paro. Sólo los diez años de construcción de la central fueron los que supusieron un cierto empuje urbano en Navalmoral de la Mata, donde viven la práctica totalidad de empleados de la central y que, ahora ya jubilados, seguirán viviendo en ella.

En cualquier caso, el debate nuclear sólo gira en torno al 20% del consumo energético final total, y no se esperan incrementos en este sentido, máxime cuando en estos últimos veinte años su demanda sigue teniendo bajadas considerables. No es extraño, de este modo, que las megacorporaciones eléctricas apelen ahora a los grandes centros de datos para seguir con su modelo de distribución centralizada, donde las centrales nucleares son las privilegiadas, ante el temor de que las energías renovables supongan la alternativa que, en parte, permita prescindir, con un modelo mas descentralizado y de comunidad energética local, de las grandes centrales eléctricas.