Energía nuclear
El visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear a la prórroga de Almaraz pone en alerta al ecologismo

Nuevo movimiento en la partida de ajedrez entre el lobby nuclear y los partidarios del fin de esta energía en España. El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acaba de dar luz verde a la prórroga de tres años de los dos reactores de la central de Almaraz (Cáceres) solicitada por sus propietarias. Dicho dictamen, de ser aceptado por el Gobierno, permitiría a la instalación operada por Iberdrola (al 53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%) funcionar hasta junio de 2030.

El CSN, que tenía la misión evaluar e informar al Gobierno sobre la posibilidad técnica de operar Almaraz tres años más sin riesgos de seguridad, ha emitido un informe “favorable”, pero “con condiciones” a esta nueva renovación del permiso de operación de Almaraz. El documento “se apoya en la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación”, para lo cual se han elaborado 29 documentos elaborados por 16 áreas especialistas del organismo involucradas en el proceso. 

Entre los aspectos analizados, “se encuentra la documentación relativa al estado del envejecimiento de las estructuras, sistemas y componentes de seguridad, el plan de gestión de vida o la calificación ambiental de equipos”, señala el CSN. En dicho informe no se incluyen inversiones obligatorias mandatadas por el organismo responsable de seguridad nuclear en España, aunque sí obligaciones técnicas que las propietarias tendrán que subsanar.

La decisión en manos del Gobierno va más allá de Almaraz, pues el sector cuenta con que su prórroga influiría en las ampliaciones de los permisos de Ascó I y II; Cofrentes; Vandellós II y Trillo

La decisión final, no obstante, corresponde al Gobierno, que ya había pactado en 2019 junto a propietarias y Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de los residuos nucleares, un calendario de cierre total del parque nuclear español entre 2027 y 2035 que empezaba con la clausura de Almaraz. 

La planta, que tenía una vida útil inicial estimada de 40 años, ya recibió una primera prórroga en 2020: hasta el 1 de noviembre de 2027 en el caso de la Unidad I, y hasta el 31 de octubre de 2028 en el caso de la II. De aceptarse la prórroga, la nuclear más antigua del parque español estaría operativa durante un total de 48 años.  

Una ampliación de la vida útil incompatible con el despliegue de renovables

Desde el ecologismo, las cinco grandes organizaciones españolas defensoras del medio ambiente en España —Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF— han lanzado un comunicado conjunto en el que exigen al Ejecutivo que respete el cierre acordado y rechace la prórroga de Almaraz. Las cinco remarcan que el informe del CSN solo valora la necesaria seguridad radiológica, “y solo puede mandatar inversiones adicionales para garantizar esa seguridad”. Sin embargo, añaden, “es el Gobierno de España quién debe evaluar la viabilidad en la transición ecológica, los efectos económicos para la ciudadanía y la gestión de los residuos radiactivos”.

El texto señala que la prórroga de Almaraz es incompatible con la política energética del Gobierno, y que “el retraso del cierre nuclear frenará la transición energética y la lucha contra el cambio climático”. Esa afirmación se basa en dos informes recientes que echan por tierra el argumento de que la prórroga de Almaraz, así como la posterior prórroga del resto de nucleares, supone menores emisiones de gases de efecto invernadero.

Greenpeace ha protagonizado este viernes un acción reivindicativa en Madrid por la cual varios activistas se han colgado del Arco de la Moncloa desplegando una enorme pancarta con una foto del presidente del Gobierno y la frase “Pedro, cumple tu palabra”

Ambas investigaciones, con conclusiones similares, alertan de que ampliar la vida útil de la nuclear implicaría un aumento del precio de la electricidad y, sobre todo, un retraso en el despliegue de las renovables que afectaría a todo el panorama energético español.

La primera, titulada Cierre nuclear y transición energética: el caso de Almaraz y elaborada por el director de la Cátedra de Transición Energética de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Eloy Sanz, y el investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Víctor García Carrasco, asegura que la prórroga de tres años supondría inicialmente una estabilidad del mercado y “unos precios menores a corto plazo”, según explica el propio Sanz. Sin embargo, a medio plazo tendría un efecto desincentivador en el desarrollo de las renovables por la pérdida de interés en la inversión en las mismas, lo que tendría graves consecuencias socioeconómicas. 

En concreto, el estudio, para el que se simularon diferentes escenarios del mercado eléctrico, asegura que los escenarios con prórroga de las nucleares podrían suponer unas pérdidas de inversión en renovables de hasta 26.129 millones, a las que habría que sumar 3.831 millones de euros de costes económicos.

La segunda investigación, elaborada por la catedrática de Economía del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y publicado el pasado enero, asegura la prórroga de la central cacereña podría reducir la inversión prevista en renovables en hasta un 50%, lo que podría incrementar el precio de la electricidad hasta en un 46,8% a partir de 2031.

Como remarcan las cinco organizaciones ecologistas, la menor disponibilidad de energía renovable respecto a lo planificado, debido a la desconfianza de los inversores ante el cambio de política energética previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), tendría como consecuencia un mayor uso de gas fósil en 2030 en la generación eléctrica. Dicho incremento se traduciría “en mayores emisiones que agravan el cambio climático, y en un sobrecoste acumulado en la factura eléctrica”.

Greenpeace, una de las cinco firmantes del documento, ha protagonizado este viernes un acción reivindicativa en Madrid por la cual varios activistas se han colgado del Arco de la Moncloa, en una de las entradas a la capital, desplegando una enorme pancarta con una foto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la frase “Pedro, cumple tu palabra”, seguida de “Di no a las nucleares”.

Una prórroga que podrían ser muchas

La decisión en manos del Gobierno va más allá de Almaraz, pues el sector cuenta con que su prórroga influiría en las ampliaciones de los permisos de funcionamiento de los reactores Ascó I y II; Cofrentes; Vandellós II (donde el accidente nuclear más grave registrado en Europa occidental supuso en 1989 el cierre de la la unidad I) y Trillo, todos con cierre programado entre 2030 y 2035. 

Como recuerdan las organizaciones ecologistas, el Gobierno impuso tres condiciones a una posible prórroga. La primera era la seguridad radiológica, a la que alude el informe favorable del CSN. La segunda establece que sea conveniente para la seguridad del suministro eléctrico. Sin embargo, para los colectivos ecologistas esta condición no se cumple: “Sus constantes paradas desde 2024, debido a su falta de rentabilidad, no perturbaron el consumo eléctrico del país. Además, fue la última tecnología en retomar la generación tras el apagón”.

La última condición estipula que la prórroga no debía hacerse a costa del bolsillo de la ciudadanía. Esta también se incumpliría, en opinión de las organizaciones ecologistas, debido a “un sobrecoste del recibo eléctrico estimado en cerca de 4.000 millones de euros, solo entre 2026 a 2033, a lo que se suma un posible encarecimiento de la gestión de los residuos nucleares”. Asimismo, el retraso en el cierre de las centrales “supondría seguir dependiendo de un sistema eléctrico encadenado a los elevados e inestables precios del gas”, insisten.