Energía nuclear
Almaraz será un cementerio nuclear hasta 2073

La semana pasada vio la luz el 7º Plan General de Residuos Nucleares (PGRN) que viene a sustituir, con 8 años de retraso, al anterior, una estrategia que ha estado vigente durante los 17 anteriores y estaba manifiestamente obsoleta, como denuncia el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA). “La incapacidad de los anteriores gobiernos de abordar una gestión adecuada de los residuos nucleares está provocando una mala y peligrosa gestión de los mismos”, señala esta coalición de organizaciones sociales.

En este nuevo PGRN se abandona la idea de construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas, algo que celebra el movimiento vecinal y ecologista de oposición a esta instalación y que evitará el movimiento y transporte de residuos atómicos altamente peligrosos por las carreteras de todo el país. Sin embargo, esto que en principio sería una buena noticia va seguida de otras abiertamente inquietantes.

Almaraz: el cementerio nuclear que viene

Fernando Llorente Arrebola

Energía nuclear

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Fernando Llorente Arrebola

Análisis del horizonte en Extremadura ante el combustible consumido y los propios elementos centrales de los reactores atómicos, un peligro para la vida durante miles de años.

Este séptimo Plan retrasa la operación de almacenamiento definitivo hasta el año 2073, señalando que entonces se procederá a ubicarlos en un Almacenamiento Geológico Profundo. Un AGP que no se define ni se indica su posible ubicación ni su nivel de seguridad ante eventos como terremotos, guerras o ataques terroristas, ni sus previsiblemente disparados costes. Los residuos altamente radioactivos cuya peligrosidad letal se prolonga durante miles de años se enterrarán en algún punto de la península, como indican fuentes del movimiento ecologista, “por decreto de un gobierno cuyos miembros habrán muerto todos para entonces y que, de este modo, endosa la gestión de las basuras supertóxicas que hemos generado en los últimos decenios a las siguientes generaciones, generaciones futuras que no disfrutarán de la electricidad supuestamente barata producida pero que tendrán que pagar la gestión y vigilancia de la herencia envenenada que les legamos”.

Cuando hace medio siglo el movimiento antinuclear aducía que una de las principales razones para su oposición radical a la implantación de centrales nucleares era la imposibilidad de gestión segura y manejo de unos residuos tan peligrosos, la industria y los partidarios del tecnooptimismo contestaban que en el futuro habría alguna solución técnica para esos residuos. Como se temía, el futuro ha llegado y sigue sin existir solución. Ni siquiera el Almacenamiento Geológico Profundo que se ha ensayado en países del norte de Europa con mucha mayor capacidad técnica, económica y profesional que la desplegada en el Estado español, ha resultado medianamente satisfactoria, como ejemplifica el fracaso del depósito en una mina de sal de Gorleben en Alemania. Y es que, como sostenía el ecologismo hace 50 años y cómo sigue sosteniendo hoy, encontrar un emplazamiento suficientemente profundo, hermético y robusto para almacenar residuos venenosos por espacio de un millón de años aparenta ser imposible.

El Plan del Gobierno, vuelven a señalar activistas antinucleares, “da una patada al problema hacia el futuro y que se las vean con él los y las que vienen detrás”

El Plan del Gobierno, vuelven a señalar activistas antinucleares, “da una patada al problema hacia el futuro y que se las vean con él los y las que vienen detrás”. Entre tanto queda fijado el cese de la operación de las siete centrales nucleares que aún siguen en marcha para entre 2027 y 2035, lo que supone una prórroga respecto a la “vida” útil para la que fueron diseñadas y podría ser entendido como un regalo a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP a costa de la seguridad de toda la sociedad.

El costoso y laborioso desmantelamiento de estas instalaciones comenzará tres años después de su cierre, y para que ello sea posible queda ampliada la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) de cada central, de cara a acoger los residuos del combustible gastado, que actualmente colmatan las piscinas de refrigeración, y los propios elementos contaminados de las instalaciones. A tal efecto se autoriza la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD), uno en cada central nuclear, que incluye el respectivo ATI y las nuevas instalaciones para al mantenimiento de los contenedores del combustible gastado y de los elementos estructurales de los reactores atómicos, contenedores que yacerán al aire libre en los terrenos de cada una de las centrales clausuradas.

En lo que respecta a Extremadura, el reactor 1 de Almaraz cesará de producir (de no darse más concesiones a sus dueños) en 2027, y el 2 en 2028. En 2030 comenzarán los onerosos y delicados trabajos de desmantelamiento y toda la basura se acumulará a cielo abierto en contenedores “seguros” a las puertas de la propia central hasta 2073. La conclusión desde el movimiento ecologista es que la comarca padecerá la amenaza de radiación, de accidente, y/o de guerra o ataque terrorista durante medio siglo más.

Según cálculos de la propia industria,  el coste del programa de gestión de residuos (de 1985 a 2100) alcanzará los 28.150 millones de euros (más de un 2% del PIB español), quedando aún por pagar 20.220 millones

Otra noticia de idéntico tono alarmante que contiene el Plan es la ampliación del cementerio nuclear del Cabril en Córdoba, que alberga la basura de Muy Baja, Baja y Media Actividad (de 60 a 300 años de “vida” letal). El Cabril actualmente ya se halla saturado por los residuos que proceden del desmantelamiento de la pequeña central de Garoña y ahora debe acoger la basura de las siete grandes que aún funcionan. Esto representaría para distintos organismos populares y ambientales de esa comarca andaluza una condena por siglos, aún a pesar de tratarse de un lugar de alto valor natural que, además, está lejos de todas las centrales nucleares operativas, por lo que resulta obligado mover residuos por las carreteras de todo el país, unos transportes demostradamente caros, inseguros y que difunden riesgos de contaminación y accidentes por toda la geografía nacional.

Según cálculos de la propia industria, el coste del programa de gestión de residuos (de 1985 a 2100) alcanzará los 28.150 millones de euros (más de un 2% del PIB español), quedando aún por pagar 20.220 millones, factura que deberían abonar las empresas que se han lucrado del negocio nuclear que finalmente será repercutida en el recibo de la luz, como de hecho ya se está denunciando desde diferentes instancias. Dado que el aporte al fondo gestionado por Enresa (menos de 8 euros por megawatio) es insuficiente, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico debe incrementar las tasas las nucleares hasta por lo menos 10 euros Mwh, lo que redundará en subidas de la factura eléctrica de los hogares y las empresas. Quedaría así en abierta cuestión la afirmación, sostenida durante décadas, de que la energía nuclear produce electricidad barata.

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El Movimiento Ibérico Antinuclear insiste en que “es prioritario que se avance, agilice y adelante una solución definitiva, comenzando por exigir transparencia a Enresa, quien debe informar a la sociedad de los conocimientos de que disponga, de los detalles de las estimaciones de costes que se dan en el 7º Plan y de cómo se espera financiarlos”, ya que como el lobby nuclear no ha aportado lo suficiente (hasta la fecha sólo 7.500 millones de los 28.000) para la gestión de los residuos y estos fondos disminuirán con el cierre progresivo de las nucleares, se teme que al final será la ciudadanía la que pague el coste de la aventura nuclear de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP.

El MIA también denuncia que el Plan deja sin resolver cuestiones como el manejo de los contenedores que sufran daños o problemas que eleven sus emisiones ionizantes y concluye “que este plan es una muestra clara de cómo la energía nuclear es cara, sucia y peligrosa”. “Tras más de medio siglo de operación de las centrales nucleares todavía no existe una solución satisfactoria para los residuos radioactivos. Es un terrible y envenenado legado a cientos de generaciones futuras que hay que abordar antes de que desaparezcan sus responsables”, denuncian.